SERVICIOS INVERSIONES Y ASESORIAS BIONORTEC LTDA. CONTRA INSPECCION COMUNA DEL TRABAJO DE PUERTO CISNES

Coyhaique, diecisiete de septiembre de dos mil quince.

VISTOS:

De fojas 12 a 14, comparece don Rodrigo Wainraihgt Galilea, abogado, en representación de Servicios, Inversiones y Asesorías Bionortec, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Puerto Cisnes, representada por su Inspector Comunal del Trabajo (S) don nombre reservado, por su actuar, que estima ilegal en tanto se negó a tramitar un recurso de reconsideración de multa administrativa, presentado dentro de plazo, afectando la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, solicitando en definitiva, que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, conociendo del recurso, deje sin efecto la Resolución Ordinaria número 186, de fecha 21 de julio de 2015, debiendo la recurrida admitir a tramitación la reconsideración administrativa planteada por su representada respecto de la resolución de multa 3899/15/11, acompañando la documentación que se agregó de fojas 1 a 11.

A fojas 16 se declara admisible el recurso de protección.

De fojas 57 a 69, la recurrida, Inspección del Trabajo de Puerto Cisnes, informando el recurso, solicita su rechazo, en todas sus partes, por carecer de fundamentos jurídicos al no existir una acción ilegal o arbitraria que lo haga procedente, con expresa condena en costas, acompañando la documentación agregada de fojas 25 a 56.

A fojas 71, se trajo los autos en relación y en la vista de la causa compareció la abogada doña Dina Victoria Sierra Salas, por la parte recurrida.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de fojas 12 a 14, comparece don Rodrigo Wainraihgt Galilea, abogado, en representación de Servicios, Inversiones y Asesorías Bionortec, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Puerto Cisnes, representada por su Inspector Comunal del Trabajo (S) don nombre reservado, por su actuar, que estima ilegal en tanto se negó a tramitar un recurso de reconsideración de multa administrativa, presentado dentro de plazo, afectando la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, solicitando en definitiva, que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, conociendo del recurso, deje sin efecto la Resolución Ordinaria número 186, de fecha 21 de julio de 2015, debiendo la recurrida admitir a tramitación la reconsideración administrativa planteada por su representada respecto de la resolución de multa 3899/15/11.

SEGUNDO: Que, fundamentando su recurso, refiere, como hechos, que con fecha 8 de julio de 2015, se solicitó reconsideración administrativa de la multa cursada por el fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Puerto Cisnes, don nombre reservado, mediante Resolución número 3899/15/11, notificada a su representada con fecha 27 de mayo de 2015. Que con fecha 24 de julio del presente año, se recepciona carta de la Inspección Comunal del Trabajo de Puerto Cisnes, que contiene el Ordinario número 186, de fecha 21 de julio de 2015, mediante el cual se informa que “En relación a la presentación de ANT., mediante la cual se solicita reconsideración de la (s) multa (s) indicada (s) en la misma, se informa a UD., que no dio cumplimiento a los requisitos que le permiten a este Servicio conocer de tal solicitud, pues esta: no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación (1) Por ello, no resulta posible para este Servicio admitir a tramitación tal solicitud, saluda a UD.,”.

Al respecto, refiere que el acto de la administración denominado Ordinario N° 186, recibido mediante carta entregada en el domicilio de su representada, con fecha 24 de julio de 2015, es ilegal y arbitrario, toda vez que, como lo han señalado en reiteradas ocasiones los Tribunales de Justicia, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo, para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo, no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos, ya que se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse, en forma supletoria, el artículo 25 de la Ley N° 19.880, que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que alude a días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos y, en consecuencia, existiendo regulación expresa acerca del cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos, esta modalidad prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Agrega, que es un hecho que la Inspección del Trabajo no reconoce que la carta fue presentada con fecha 8 de julio de 2015, depositada con esa fecha para ser remitida a la Inspección del Trabajo mediante carta certificada depositada en Correos de Chile, lo que se acredita con la respectiva boleta y colilla de pago y envío de dicha empresa, esto es, conforme a lo razonado anteriormente, dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación que fue practicada con fecha 27 de mayo de 2015, de lo que fluye que la actuación de la Inspección Comunal del Trabajo de Puerto Cisnes, constituye un acto ilegal en tanto se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo, afectándole la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, lo que corresponde sea enmendado por esta vía, solicitando, como peticiones concretas, se deje sin efecto la Resolución Ordinaria número 186, de fecha 21 de julio de 2015, debiendo, la recurrida, admitir a tramitación la reconsideración administrativa planteada por su representada, respecto de la resolución de multa 3899/15/11.

TERCERO: Que, evacuando el informe solicitado, don Christian Aros Troncoso, abogado, en representación de la recurrida, luego de una relación de hechos, refiere, en cuanto a la procedencia de la acción de protección, que debe tenerse presente que la misma debe ser rechazada por el solo hecho de desconocer, el recurrente, los mecanismos de impugnación concedidos por el Código del Trabajo, en su artículo 512, que reproduce, ya que el recurrente hizo mal uso del recurso administrativo que establece el artículo 511 del citado Código, respecto de la Resolución de Multa N° 3899/15/11, pero en contra de los resuelto por ese Servicio, e informado mediante Ordinario N° 186, de 21 de julio de 2015, no recurrió ante el Juzgado del Trabajo correspondiente, como indica expresamente el artículo 512 del texto legal señalado, sino que decidió recurrir a la jurisdicción cautelar de garantías constituciones, para revisar una actuación administrativa, respecto de la cual la propia normal legal establece un procedimiento de impugnación jurisdiccional específico, por lo que, claramente, este procedimiento es improcedente.

Expresa, en cuanto a la reconsideración administrativa y la naturaleza del plazo, que del artículo 50 del Código Civil, que reproduce, se infiere que, por regla general, para el cómputo de los plazos se comprende los días feriados, a menos que expresamente se señale que el plazo es de días útiles o días hábiles, en cuyo evento, los días feriados no se contarán para el cómputo de aquél, y que el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo no señaló expresamente que dicho plazo era de días útiles, por lo que concluye se trata de un plazo de días corridos, citando, además, el artículo 435, inciso tercero, en cuanto dispone que los plazos de días que establece el Título I del Libro V, se entenderán suspendidos durante los feriados, lo que excluye el plazo del artículo 512, que está ubicado en el Título Final, del Libro V, del Código del Trabajo.

Hizo presente, además, lo dispuesto en el Dictamen número 290/17, de 11.01.1996, de la Contraloría General de la República, el que, en síntesis, consigna lo ya informado por la recurrida, en base a los mismos fundamentos de orden legal, ello antes de la Ley 19.880, sin embargo, a partir de la vigencia de ésta, dispuso que el plazo era de días hábiles, pero luego, a fines del año 2009, se emitió el Dictamen número 64.985, del 20.11.2009, que concluye con que el plazo para reclamar de las multas administrativas cursadas por los Inspectores del Trabajo, que prevé el artículo 512 del Código antedicho, es de días corridos, criterio que se ratificó con la Circular número 73, de 8 de junio de 2010, reafirmado por Dictamen número 49.126, de 20 de octubre de 2008 y por Dictamen número 17.344, de 10 de marzo de 2014. Cita, posteriormente, jurisprudencia que, según expone, avalarían sus argumentos, sin dejar de explicitar que los Dictámenes de la Contraloría General de la República son vinculantes a su servicio y no puede obrar en contrario.

Expresa, seguidamente, que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que reproduce, se colige que para que proceda el recurso es necesario que el acto u omisión contra el cual se entabla, sea arbitrario o ilegal y que vulnere alguno de los derechos a garantías que indica la norma señalada (siendo estos requisitos copulativos) y, en el caso particular, la recurrente indica que el Servicio, al declarar inadmisible su solicitud de reconsideración administrativa habría vulnerado lo dispuesto en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República (igualdad ante la ley), lo que no es efectivo por cuanto el Ordinario Nº 186, de fecha 21 de julio de 2015, acto contra el cual se entabla el recurso, no es arbitrario, ni ilegal y no vulnera la garantía denunciada, ya que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los medios y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener o una inexistencia de los hechos que fundamentan su actuar, lo que no ha tenido lugar en este caso, por cuanto el Servicio que representa se ha limitado a actuar conforme a la doctrina e instrucciones vigentes del Servicio y de la Contraloría General de la República, en la materia de que se trata, quienes han realizado diversos análisis a fin de dilucidar el tipo de plazo a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo, pudiéndose estar o no de acuerdo con la interpretación realizada, pero que por ser vinculante para el servicio, fue aplicada en el caso, pero ello no significa que al resolver de la manera como se hizo, al dictar el Ordinario Nº 186, se haya actuado en forma arbitraria como dice el recurrente.

Manifiesta, que un acto ilegal es aquél en que no se atiende a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida contrariando la ley, y que el hecho de que tanto el Servicio como la Contraloría General de la República sostengan que el plazo a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos y no de días hábiles, como indica alguna jurisprudencia judicial, no significa que la actuación del Servicio que representa sea ilegal; que el recurrente indica que la decisión plasmada en el Ordinario Nº 186, vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 2, pero no señala cómo tal actuación habría vulnerado dicha garantía, y que en ningún caso se ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley ni ha establecido diferencias arbitrarias, sino que se ha aplicado al caso concreto, tanto la interpretación realizada por ese Servicio, como por la Contraloría General de la República, respecto del referido plazo, interpretación que se aplica a todas las reconsideraciones presentadas fuera de plazo y no solamente se ha aplicado a la recurrente, como debería ser el caso para que existiera una discriminación a su parte, y si la recurrente no estaba de acuerdo con lo resuelto, debió haber aplicado el procedimiento del artículo 512 del Código del Trabajo, respecto del Ordinario, pero no haber incoado la acción constitucional pues son cosas muy distintas estar en desacuerdo con la decisión adoptada por un órgano administrativo, que haber sufrido vulneración de una garantía constitucional y, en definitiva, la Inspección del Trabajo de Cisnes ha actuado conforme a las instrucciones vigentes del Servicio y a los dictámenes de la Contraloría General de la República, que le son vinculantes, sin que se haya incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno que prive, perturbe o amenace alguna garantía constitucional, de aquéllas protegidas por el recurso de protección.

CUARTO: Que, como la Excma. Corte Suprema lo ha manifestado reiteradamente, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal, que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, de lo referido, aparece que es requisito indispensable de esta acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho del que incurre en él y, además, que a consecuencia de ello, se cause alguna de las situaciones antes indicadas, afectando una o más de las garantías preexistentes y protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de un recurso, como el que se ha deducido.

Que, además, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, en su Número 1, dispone que, el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las Garantías Constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

SEXTO: Que, de los antecedentes existentes, aparece que los actos denunciados como ilegales y arbitrarios por parte de la empresa Servicios, Inversiones y Asesorías Bionortec, consiste en que luego de haberse dictado por la recurrida la Resolución de Multa N° 3899/15/11, de fecha 15 de mayo de 2015, notificada con fecha 27 de mayo del mismo año, por la cual se condenó a ésta al pago de la suma de 40 UTM, equivalentes a $1.739.960, con fecha 8 de julio de 2015, se solicitó la reconsideración administrativa de ésta, y con fecha 21 de julio de 2015, se dictó por la recurrida el Ordinario N° 186, notificada al recurrente con fecha 24 del mismo mes y año, mediante la cual se desestimó su presentación arguyéndose para ello que ésta no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos contados de su notificación; hechos estos que deben tenerse como ciertos dado que no han sido objeto de controversia por las partes, discrepándose sólo en una interpretación de la norma del artículo 512 del Código del Trabajo, que establece que el Director del Trabajo hará uso de la facultad que señala el artículo anterior, esto es, 511 del mismo cuerpo legal, para dejar sin efecto la multa o rebajar ésta en las condiciones que en el mismo se señala, mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de 30 días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa.

SÉPTIMO: Que, para dilucidar lo que ha sido discutido mediante la presentación de este recurso cabe indicar, en primer lugar, que la recurrida, en su escrito de fojas 57 y siguientes, señaló que la acción de protección debe ser rechazada por desconocer el recurrente los mecanismos de impugnación concedidos por el propio Código del Trabajo, en específico la jurisdicción ordinaria, puesto que la resolución a que se hizo referencia precedentemente, expresa, en su inciso segundo, que ésta será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo dentro de 15 días de notificada y en conformidad al artículo 474 de este Código, y que el recurrente no hizo uso ante este tribunal, sino que decidió presentar el recurso de protección que se conoce, para revisar una actuación administrativa, respecto de la cual la propia norma legal establece un procedimiento de impugnación jurisdiccional específico, por lo que claramente el recurso cautelar es improcedente.

OCTAVO: Que, en relación a lo anterior, debe tenerse presente lo establecido por el artículo 20, inciso primero, de la Constitución Política de la República, en cuanto éste señala que el recurso de cautela de derechos y garantías constitucionales que dicha Carta Fundamental reconoce, procede, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el afectado, ante la autoridad o los tribunales correspondientes y, en consecuencia la alegación anterior debe ser desestimada.

NOVENO: Que, en cuanto al fondo de lo debatido, la recurrida expresa que de acuerdo al artículo 50 del Código Civil, se infiere que por regla general para el cómputo de los plazos se comprende los días feriados, a menos que expresamente se señale que el plazo es de días útiles o días hábiles, en cuyo evento, los días feriados no deben contarse para el cómputo.

Que, a su vez, el artículo 512 del Código del Trabajo, en su inciso primero, al establecer el plazo de 30 días que en el mismo se contiene, no señaló expresamente que este plazo es de días útiles, por lo que no cabe sino concluir que dicho plazo es de días corridos y, por ende, para su cómputo deben considerarse los días feriados y que, además, a fin de realizar una interpretación armónica de las normas del Código del Trabajo, debe tenerse presente que el inciso tercero del artículo 435 de dicho cuerpo legal señala que, los términos de días que establece el Título I del Libro V, se entenderán suspendidos durante los feriados por lo que excluye al plazo del artículo 512, el cual se encuentra ubicado en el Titulo Final del Libro V del Código del Trabajo y que, además, cuando el Código del Trabajo ha querido que el plazo sea de días útiles o hábiles, lo ha señalado expresamente, como en el caso del artículo 435 inciso tercero.

DÉCIMO: Que, no obstante lo anterior, debe tenerse presente y así lo ha establecido la Excma. Corte Suprema (causa Rol 2418-12), que el plazo de 30 días que se establece en la ley para presentar la solicitud de reconsideración que señala el artículo 512 del Código del Trabajo, es de carácter administrativo y no judicial y, teniendo tal calidad, de administrativo, no le son aplicables las normas que respecto de los plazos judiciales se establece en el Código del Trabajo, debiéndose recurrir a la supletoriedad de la Ley 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos, que rigen los Órganos de la Administración del Estado, en específico en su artículo primero y, por ende, a las disposiciones de su artículo 25, que dispone, en lo que corresponde, que los plazos de días establecidos por esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos y cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente.

UNDÉCIMO: Que, de lo señalado con antelación, necesariamente debe concluirse, entonces, que el plazo que establece el artículo 512 del Código Laboral, para solicitar reconsideración de la multa administrativa impuesta por infracción a la legislación laboral o de seguridad social, es de días hábiles, lo que además, como lo señaló también la Excma. Corte Suprema, resulta de toda lógica si se considera que los servicios administrativos, en general, permanecen cerrados al público durante los días inhábiles y no disponen, también en general, de sistema de recepción de solicitudes que deban presentarse dentro de un lapso determinado.

DUODÉCIMO: Que, por tanto, de acuerdo a lo ya expresado en los motivos anteriores, lleva a la conclusión que por aplicación de la norma establecida en el artículo 25 de la ley ya indicada, el recurso de reconsideración a la multa impuesta que fuera presentado ante la recurrida, Inspección Comunal del Trabajo de Puerto Cisnes, fue interpuesto dentro de término legal y al no haberlo estimado así esta última, incurrió en infracción de ley, vulnerando la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, razón por la cual el recurso de protección planteado debe ser acogido y así se declarará, sin perjuicio de dejar también sentado que si bien la recurrida presentó diversa doctrina de la Dirección del Trabajo y dictámenes de la Contraloría General de la República, éstas no son vinculantes de modo alguno para este órgano jurisdiccional.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y lo dispuesto en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República; artículo 20 de la misma Carta Fundamental, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don Rodrigo Wainraihgt Galilea, abogado, en representación de Servicios, Inversiones y Asesorías Bionortec Ltda., en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Puerto Cisnes, representada por don nombre reservado y, en consecuencia, se deja sin efecto el Ordinario número 186, de 21 de Julio del año 2015, que informa la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración de multa administrativa impuesta mediante Resolución N° 3899/15/11, de 15 de mayo de 2015 y, por ende, la recurrida deberá admitir a tramitación dicho recurso de reconsideración presentado por el