RENDIC HERMANOS S.A con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE COYHAIQUE

En Coyhaique, a treinta de Septiembre del año dos mil veintidós.

VISTOS:

Que, con fecha 4 de Agosto, del año 2022, comparece don Rodrigo Donoso Baraona, abogado, en representación de Rendic Hermanos S.A., ambos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Coyhaique, representada por el Jefe de dicha institución, don nombre reservado, por la dictación de la Resolución de Multa (S) N° 7778/22/3, de 30 de Junio del año 2022, por la que le impone a su representada una multa de 60 U.T.M., con la que priva, perturba o amenaza sus derechos constitucionales, solicitando se la deje sin efecto, con costas.

Con fecha 22 de Agosto, del año 2022, la recurrida Inspección Provincial del Trabajo evacua el informe solicitado, por el que pide el rechazo de la acción constitucional intentada.

Con fecha 26 de Septiembre del año 2022, se ordenó traer los autos en relación y se procedió a la vista de la causa con fecha 28 de Septiembre del mismo año, sin que comparecieran los abogados de las partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente, para fundamentar su acción, señala que sirvió de antecedente para la resolución que impugna, el Ord. N° 503, de 30 de Marzo del año 2022, del Jefe del Departamento Jurídico y Fiscal de la Dirección del Trabajo, el cual se originó por una solicitud de la Federación Nacional de Sindicatos Unimarc, para determinar la legalidad de las cláusulas del anexo de contrato y su validez, según el artículo 10, N° 3, del Código del Trabajo, en que agregan a los contratos de trabajo de sus dependientes la conformación del cargo de “operador de tienda”, y las distintas obligaciones que derivan de dicho anexo.

Agrega, que en dicho Ord. N° 503, se informa que el referido cargo no se ajusta a derecho, al no otorgar certeza a los trabajadores acerca de las labores a realizar en los supermercados.

Refiere que, producto de lo anterior, se han hecho más de 160 fiscalizaciones, entre las cuales se encuentra el presente proceso, y se dispuso imponer una multa, fundada en no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios.

Expone, que el acto impugnado excede el ámbito de competencia al interpretar cláusulas contractuales, por lo tanto la multa carece de todo fundamento. Lo que hace la resolución es decir que la manera de definir el cargo es ambigua y no daría certeza jurídica, resultando contrario al artículo 10, N° 3, del Código del Trabajo, en relación al artículo 506, del mismo texto legal.

Indica, que dicha conclusión resulta ser arbitraria, ya que en el contrato de trabajo suscrito entre los trabajadores individualizados en la Resolución y Rendic Hnos. S.A., se determina clara y específicamente en qué consiste el cargo de operador de tienda y los lugares en que debe prestar servicios. Por tanto, es un caso de un acto jurídico que carece de fundamento suficiente.

Sostiene, además, que la Resolución reclamada resulta ser ilegal, ya que extiende las atribuciones de la Inspección del Trabajo, se desconoce el principio de legalidad, al realizar una interpretación de la cláusula contractual.

Luego, indica las garantías constitucionales que estima conculcadas, señalando las contempladas en el artículo 19, numerales 2, 3, inciso 5°, 21, 22 y 24, de la Constitución Política de la República.

Finalmente plantea, además, que la Resolución impugnada carece de base jurídica, ya que la cláusula cuestionada cumple cabalmente el ordenamiento legal, ya que en el contrato de trabajo correspondiente al cargo de operador de tienda, como en el anexo del mismo, las funciones de dicho cargo están claramente definidas y especificadas y también el lugar donde deben desarrollarse.

Solicita, en definitiva, se deje sin efecto la Resolución impugnada, con costas.

SEGUNDO: Que, la parte recurrida, al evacuar el informe de rigor, plantea que la empresa recurrente interpuso un reclamo judicial, con fecha 26 de Julio del año 2022, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, pidiendo se deje sin efecto la multa y en subsidio, se rebaje al mínimo. Dicho reclamo judicial tiene el Rit N° I-10-2022, y se fijó fecha de audiencia monitoria para el día 9 de Septiembre del presente año, a las 10:30 horas. Agrega que, con fecha 4 de Agosto del año 2022, se dedujo el presente recurso de protección.

Sostiene, que el Inspector Provincial del Trabajo no ha tenido participación en los hechos que se describen en el recurso, esto es, la multa cursada por el fiscalizador, don nombre reservado. Además, el Inspector Provincial no puede revisar el acto, porque la recurrente optó por reclamar judicialmente y no administrativamente, de acuerdo con el artículo 511, del Código del Trabajo. Por lo tanto, el recurso de protección es improcedente en su contra.

Señala, también, que la presente acción de protección se ha utilizado como sustituto procesal, en circunstancias que no está destinado a reemplazar procedimientos específicos, no es la vía idónea. Existen otras acciones como la reconsideración administrativa del artículo 511, del Código del Trabajo o la acción ordinaria de reclamación del artículo 503 o 512, del mismo Código. La reclamación de las multas está en el artículo 503, inciso 3°, del Código laboral. Además, debe considerarse la presunción de veracidad del artículo 23, del D.F.L. N° 2 de 1967.

Expone, luego, sobre la inexistencia de algún acto ilegal o arbitrario. La aplicación de la multa fue en ejercicio de las facultades propias que tienen los fiscalizadores, según el artículo 1, del D.F.L. N° 2 y artículo 505, inciso 1°, del Código del Trabajo. La facultad de fiscalizar se encuentra ligada a la de calificar situaciones de hecho. La multa fue cursada, luego de realizarse un procedimiento administrativo de fiscalización.

Indica que, al ser tan variadas las funciones a que se obliga el trabajador, no se pueden entender como funciones específicas, aun cuando se encuentren explicitadas en el contrato. No se señala cuál sería la función principal y las complementarias. El fiscalizador ha actuado dentro del ámbito de sus atribuciones.

Finalmente, expresa la inexistencia de conculcación de garantías constitucionales, y solicita el rechazo de la acción intentada, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección fue concebido para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente cuando éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de algunas de las Garantías Constitucionales contempladas en el artículo 19, de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, la arbitrariedad, necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte, la existencia de ilegalidad, conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho o más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

QUINTO: Que, de acuerdo con los antecedentes ventilados por las partes, se concluye que la materia discutida consiste en dilucidar si la aplicación de una multa administrativa resulta ser ilegal o arbitraria para el recurrente.

SEXTO: Que, conforme a lo expuesto en autos, basta con considerar que el conflicto surgido entre las partes se encuentra actualmente siendo conocido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, por medio de la causa Rit N° I-10-2022, motivo por el cual resulta improcedente emitir un pronunciamiento en cuanto al fondo de lo planteado en la presente acción de protección, dado que, evidentemente, pueden adoptarse decisiones contradictorias, teniendo presente que Tribunal de Letras del Trabajo constituye la sede natural y especializada para conocer y resolver esta clase de asuntos, ello sin perjuicio de las eventuales impugnaciones que puedan deducirse contra la sentencia que se dicte y que pudiere conocer este Tribunal de Alzada.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, ante la impertinencia de conocer un conflicto de esta naturaleza, a través de la vía constitucional intentada, se concluye que no existe un acto u omisión que haya provocado la privación, perturbación o amenaza de alguna garantía fundamental, por lo que no queda otra alternativa que desestimar el presente recurso de protección planteado, al encontrarse la situación denunciada bajo la protección de un procedimiento legal que garantiza el respeto de los derechos de todos los intervinientes.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio de 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones posteriores, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido por don Rodrigo Donoso Baraona, abogado, en representación de Rendic Hermanos S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Coyhaique.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el Ministro Titular don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Rol N°: 1162-2022 (Protección).-