INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMA NOS con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES ONES

Coyhaique, a veintiséis de junio del año dos mil veinticinco.

VISTOS:

Con fecha 13 de mayo de 2025, comparece don Joaquín Bizama Tinado, abogado, Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en favor de nombre reservado, ciudadana colombiana, con residencia temporal en Chile, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por su Director, don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario de haber omitido la resolución de la solicitud de permanencia definitiva de la afectada por más de 24 meses, vulnerando con ello los derechos constitucionales a la integridad psíquica y a la igualdad ante la ley, establecidos en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República, respectivamente; solicitando, en definitiva: “1.- Que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión consistente en la falta de resolución dentro de los plazos legales de la solicitud de permanencia definitiva realizada por doña nombre reservado con fecha 9 de mayo de 2023, sin que haya habido hasta la fecha, un acto administrativo terminal del procedimiento que resuelva la petición indicada.

2.- Se declaren vulnerados los derechos a la integridad psíquica y a la igualdad ante la ley, consagrados en el artículo 19 N° 1 y 2, respectivamente, de la Constitución Política de la República.

3.- Que se ordene a la administración, resolver la solicitud de permanencia definitiva, en un plazo de treinta días desde que el fallo de la presente acción constitucional se encuentre firme y ejecutoriada, teniendo especial atención en el hecho de que la afectada cumple con todos los requisitos para que se le otorgue la permanencia definitiva y que, además, cuenta con un importante arraigo social y laboral en Chile.

4.- Se impartan instrucciones al recurrido, a fin de que tanto sus protocolos de actuación, como sus actuaciones se adecuen a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos.

5.- Se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, poniendo fin a los actos y omisiones arbitrarios e ilegales descritos con antelación respecto de la afectada.” (sic)

Con fecha 16 de mayo de 2025, se declaró admisible el recurso de protección interpuesto y se pidió informe a la recurrida.

Con fecha 19 de mayo de 2025, la recurrida evacua el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Con fecha 21 de junio de 2025, se trajeron los autos en relación.

Con fecha 24 de junio de 2025, se llevó a efecto la vista de la causa, alegando en esta causa, de manera presencial, por el recurso, el abogado don Luciano González Gronemann; quedando la presente causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamenta su recurso en lo sustancial, que luego de contar con residencia temporaria, con fecha 9 de mayo de 2023, realiza solicitud de residencia definitiva, ante el Servicio Nacional de Migraciones. A la solicitud se le asigna el número identificador ID 64212802. Hasta el día de hoy, transcurridos ya más de dos años después de haber presentado su solicitud, no ha tenido respuesta y al realizar seguimiento virtual de su solicitud, ésta aparece en etapa de “resolución”, desde hace más de un año.

Precisa que la recurrente ha intentado tener respuesta por parte de la Oficina Regional del Servicio Nacional de Migraciones, quienes han indicado que tal situación se encuentra fuera de su alcance, pues dicha solicitud se realiza vía online a nivel central, escapando del marco de sus atribuciones.

Señala que tal situación ha devenido en serias afectaciones al ejercicio de sus derechos fundamentales, toda vez que, le ha impedido, entre otras privaciones y perturbaciones, poder realizar una serie de trámites para los cuales es requisito contar con residencia definitiva, como son poder contar con cuenta corriente o tramitar un crédito ante instituciones bancarias, trámites ante el Servicio de Impuestos Internos, instituciones previsionales o de salud, entre otras. Añade que todo esto es particularmente importante considerando que doña nombre reservado ha constituido su propio negocio en el rubro de la venta de ropa, con su local ubicado en domicilio reservado, comuna de Coyhaique y trabaja también en la estación de servicio Shell ubicada en domicilio reservado.

Refiere que la recurrente, lleva 6 años en Chile, y reside en domicilio reservado años doña nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, quien ya cuenta con residencia definitiva en el país, por lo que el retardo en obtener su residencia definitiva no solo la afecta a ella sino a todo el grupo familiar. Agrega que no cuenta con antecedentes penales ni en Chile ni en su país de origen.

Sostiene que el acto ilegal y arbitrario de la autoridad recurrida contra el que se dirige esta acción de protección es la omisión de resolución de la solicitud de permanencia definitiva de doña nombre reservado, la cual fue realizada por la afectada con fecha 9 de mayo del año 2023, sin que a la fecha exista un pronunciamiento por parte de la autoridad. Añade que de esta forma y excediendo de manera clara todos los plazos establecidos en la Ley N°19.880 sobre procedimientos administrativos, se ha generado a través de una actuación a título de omisión, ilegal y arbitraria, una privación, perturbación o al menos amenaza a los derechos a la integridad psíquica e igualdad ante la ley del amparado.

Expone que la actuación de la administración, en este caso imputada a título de omisión, es ilegal por cuanto infringe disposiciones concretas de la Ley N°19.880, la cual rige de manera supletoria y subsidiaria a todos los procedimientos seguidos por particulares ante los órganos de la Administración del Estado, en los que se encuentra el Servicio Nacional de Migraciones, sirviendo además de criterio orientador para interpretar las normas especiales de la materia que se trate.

Indica que, dentro de los principios infringidos por la actuación imputada a título de la omisión de la administración en el presente caso, se encuentra el principio de celeridad, al no impulsar de oficio la resolución de la solicitud interpuesta por la amparada, con la finalidad de que se resuelva en forma definitiva su condición migratoria.

Refiere que el principio conclusivo en este caso, a pesar de haber transcurrido con creces el plazo legal para resolver la solicitud del afectado, no se ha dictado el acto decisivo acerca de su solicitud de permanencia definitiva.

Precisa que, además, se ha infringido el principio de inexcusabilidad, por cuanto la administración del Estado no está facultada para omitir su pronunciamiento sobre la solicitud realizada por las amparadas, ya que, por el contrario, está expresamente obligada a resolver esta solicitud en función de tal principio, el cual no puede dejar de cumplir como consecuencia del mandato constitucional señalado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Señala que el acto recurrido consistente en la omisión de respuesta de la administración ha vulnerado los derechos a la integridad síquica y la igualdad ante la ley de doña nombre reservado, garantías respectivamente consagradas en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Aclara que la omisión de la recurrida ha vulnerado el derecho de la igualdad ante la ley de la afectada, ya que se ha producido una dilación indebida en la respuesta por parte del Servicio Nacional de Migraciones, brindando un tratamiento diferenciado en relación con trato dispensado a otras personas que, en situación jurídica equivalente, han visto tramitadas sus solicitudes a la administración sin entorpecimientos ni dilaciones como la de este caso, de más de dos años. Este tratamiento diferenciado carece de fundamento razonable y genera un perjuicio a la afectada, por lo que constituye una discriminación prohibida por el artículo 19 N° 2 de la Constitución. Agrega que, por otra parte, el retardo injustificado del Servicio Nacional de Migraciones respecto a la solicitud de residencia definitiva condena a la amparada a permanecer injustificadamente como ciudadana de segunda clase, en espera de la respuesta a dicha solicitud.

Finalmente indica que, el acto recurrido, que infringe los plazos establecidos en la Ley 19.880 para resolver la solicitud de residencia definitiva de doña nombre reservado, la mantiene en una situación de constante incertidumbre, pues no tiene conocimiento efectivo sobre el estado de su solicitud –presentada hace ya 24 meses- no tiene certeza de cuándo podrá acceder a la residencia definitiva; situación que afecta su vida personal, pues no sabe si podrá permanecer en el país junto a su familia, situación que a cualquier hombre o mujer promedio le causaría serias perturbaciones. Toda vez que se trata de una persona que cuenta con arraigo social y familiar en nuestro país, específicamente en la ciudad de Coyhaique, donde reside también su familia constituida por su pareja y su hija de 12 años.

SEGUNDO: Que, doña María José Astudillo Vásquez, abogada, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el informe requerido, solicita el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto del extranjero recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías reconocidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los antecedentes de hecho, expone que con fecha 09 de mayo de 2023, la recurrente solicitó ante esta autoridad el beneficio de la permanencia definitiva, mediante la solicitud N° ID 64212802 y con fecha 14 de julio de 2023, se le notifica que su solicitud es incompleta, atendido a que no acompañó certificado de antecedentes penales del país de origen apostillado o debidamente legalizado, además los certificados de cotizaciones presentados se encontraban incompletos debido a que no registraba el pago de las últimas dos cotizaciones, por lo que solicitó subsanar. Agrega que, el 28 de julio de 2023, la solicitante acompaña únicamente certificados de AFP y Fonasa complementados.

Aclara que, por lo anterior, con fecha 14 de enero de 2025, se le notifica que su solicitud podrá ser rechazada, debido a que no ha acompañado certificado de antecedentes penales del país de origen apostillado o debidamente legalizado, documento esencial para resolver su solicitud, otorgándosele nuevamente un plazo de 10 días hábiles para cumplir con lo solicitado bajo apercibimiento de rechazar su solicitud.

Refiere que el 17 de enero de 2025, la extranjera acompaña el documento solicitado, ingresando con esa fecha su solicitud a etapa de Resolución, etapa en la que se encuentra actualmente.

En cuanto al derecho, expone que como es de público conocimiento, el aumento exponencial de los movimientos migratorios hacia el país, de carácter voluntarios o forzosos, proveniente de diversos países, pero principalmente de nacionales de Venezuela y Haití, tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad. Específicamente, en el periodo correspondiente al año 2020 al año 2024, esta autoridad registra alrededor de 635.000 solicitudes de residencia definitivas recepcionadas por este organismo público. Agregas que todo lo anterior significó un justificado y razonable retraso por parte de la autoridad migratoria en la resolución de este tipo de trámites que ha sido reconocido como por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de residencia definitiva, en los términos de artículo 27 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo.

Indica que, sin perjuicio de lo anterior, esta parte entiende que el plazo establecido en el artículo 27 de la referida Ley, es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo. En consecuencia, se impone como un plazo “no fatal”, esto es, un plazo referencial y prudencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado, además a su respecto no se ha establecido la sanción de caducidad.

Señala que no existe vulneración de garantías fundamentales, debido a la protección jurídica que gozan los solicitantes de residencia definitiva, ya que la solicitud de residencia definitiva del recurrente se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder el extranjero a un certificado que acredita tal situación, en los términos del artículo 1 N° 25 de la Ley de Migración y Extranjería, y del artículo 45 del Decreto N° 296 de 12 de febrero de 2022, Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería. Añade que la Ley de Migración y Extranjería ha establecido una serie de normas protectoras que tienen por objeto asegurar el legítimo ejercicio de los derechos de todos los extranjeros solicitantes de un permiso de residencia definitiva. En efecto, en virtud de los artículos 38 y 45, en relación con el artículo 43, todos de la Ley de Migración y Extranjería, todo ciudadano extranjero que ostente un certificado de residencia definitiva en trámite mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional.

Indica que, por un lado, el artículo 38 de la Ley de Migración y Extranjería protege la libertad personal y la seguridad individual de todos los extranjeros que ostentan un certificado de residencia en trámite, determinando que son libres para entrar y salir del país, sin limitaciones, aun cuando el permiso de residencia que poseía anteriormente haya perdido su vigencia. Añade que los extranjeros residentes en Chile también pueden acreditar su condición migratoria regular en el país si es que éstos poseen una cédula de identidad vigente.

Finalmente expone que, y vinculado a lo anterior, la Ley de Migración y Extranjería, en su artículo 43 inciso final, protege el legítimo ejercicio de los derechos de los extranjeros al establecer, de pleno derecho, la prórroga de la vigencia de la cédula de identidad de extranjeros, siempre y cuando su titular pueda acreditar que mantiene una solicitud de permiso de residencia en trámite. Agrega que, mantiene entonces la contraria, a la fecha de este informe, condición migratoria regular en el país y cuenta con un documento de identificación vigente y válido para ser presentado ante cualquier organismo público y privado, por lo que es posible descartar cualquier vulneración de sus garantías fundamentales por el mero hecho de que su solicitud de residencia no se encuentre resuelta.

TERCERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, en ese ámbito, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, en tal orientación, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo, se afecte una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, la recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario e ilegal, en síntesis, en haberse omitido la resolución de la solicitud de permanencia definitiva de la afectada por más de 24 meses, vulnerando con ello los derechos constitucionales a la integridad psíquica y a la igualdad ante la ley, establecidos en el artículo 19 N°1 y 2 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

SÉPTIMO: Que, sin embargo, de los antecedentes sometidos al conocimiento de esta Corte, y a través de la aplicación de los criterios que reglan la sana crítica, es posible inferir que las afectaciones que el recurrente invoca como vulneradoras de la plena realización de una vida cotidiana en el país, y en base a las cuales fundamenta la interposición del presente libelo, se originan supuestamente por no contar con residencia definitiva, todo lo cual le impediría la realización de múltiples trámites de carácter cotidiano, tratándose, desde luego, de un migrante en situación regular, respecto del cual no consta orden de expulsión alguna o antecedentes similares en su contra.

OCTAVO: Que, para una mejor ilustración de la controversia, se debe tener presente que, de los antecedentes existentes, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, constan los siguientes hechos:

1.- La recurrente, nombre reservado, extranjera, de nacionalidad colombiana, con fecha 9 de mayo de 2023, solicitó, ante el Servicio Nacional de Migraciones, mediante la plataforma web https://www.extranjeria.gob.cl/, el beneficio migratorio de la residencia definitiva, ante el Servicio Nacional de Migraciones, asignándosele el número identificador ID 64212802.

2.- Con fecha 14 de julio de 2023, el Servicio Nacional de Migraciones, informa a la recurrente que, su solicitud de permanencia definitiva no se encuentra en condiciones de avanzar a la siguiente etapa de análisis y procesamiento de antecedentes, debiendo adjuntar la documentación solicitada y cancelar los derechos de la residencia definitiva. Se le informe que, en caso de no presentar esta documentación en un plazo máximo de 60 días a contar de esta fecha, su solicitud podrá ser rechazada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Migración y Extranjería.

3.- El 14 de enero de 2025, se le notifica a la recurrente el previo rechazo de su solicitud debido a que debe adjuntar el certificado de antecedentes vigente de su país de origen debidamente legalizado y/o apostillado, requisito exigido para otorgar el permiso de residencia definitiva, disponiendo de un plazo de 10 días hábiles, contados desde la presente notificación, para realizar los descargos respecto de la causal invocada, debiendo acompañar todos los documentos que sirvan de sustento a sus aseveraciones, a través de la plataforma dispuesta para ello.

NOVENO: Que, para la resolución del presente conflicto, resulta importante tener presente la siguiente normativa:

Lo previsto en la Ley N°21.325, en su artículo 38, dispone que: “Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los requisitos que exigen esta ley y su reglamento.

Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredita que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de residencia que posea no se encuentre vigente.”.

El artículo 43, el cual prescribe: “Cédula de identidad. Los residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de entrada en vigencia del respectivo permiso de residencia.

El Servicio tendrá acceso a la información actualizada de las cédulas de identidad que el Servicio de Registro Civil e Identificación haya otorgado a los residentes, con la identificación completa, nacionalidad, fecha de nacimiento y número de cédula y vigencia respectiva.

La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo deberá expedirse de conformidad con los nombres y apellidos y plazo de vigencia que registre el permiso de residencia respectivo.

Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.”

A su turno, el artículo 156, dispone que: “Créase el Servicio Nacional de Migraciones como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior.

El Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública establecido en la ley Nº 19.882, que regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

Su personal estará afecto al decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y al régimen de remuneraciones contemplado en el decreto ley Nº 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal que señala y su legislación complementaria.”.

Por su parte, el N°5 y 6 del artículo 157, indica que: “Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional de Migraciones las siguientes funciones: 5. Resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en el exterior.

6. Resolver los cambios de categorías y subcategorías migratorias para los extranjeros que así lo soliciten.”.

DÉCIMO: Que, en este estadio, el ordenamiento jurídico ha contemplado una norma especial para el caso, y que prevé las consecuencias que en la vida cotidiana puedan enfrentar los solicitantes, mientras no se les otorgue la residencia, sea ésta, temporal o definitiva, disponiendo la mantención de la vigencia de la cédula de identidad de los extranjeros que cuenten con un certificado de residencia en trámite vigente, o hasta que la recurrida resuelva la solicitud de éstos UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, a juicio de esta Corte, no se verifica perturbación o afectación alguna, ni siquiera en grado de amenaza, por el hecho que el servicio recurrido haya excedido en más de seis meses la tramitación de la respectiva solicitud de la recurrente, pues no resulta verificable en los hechos, que ésta se encuentre impedido o imposibilitado de realizar trámites ante cualquier entidad pública o privada con su cédula de identidad, siempre y cuando se trate de extranjeros en situación regular en el país, como es el caso de la solicitante.

DUODÉCIMO: Que, los preceptos transcritos en el motivo Noveno, incluidos en un cuerpo normativo que viene a modernizar la legislación vigente en esta materia, corrobora lo razonado por estos sentenciadores y, reafirma que la circunstancia denunciada, esto es, el solo hecho de no existir pronunciamiento por parte de la recurrida acerca de la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, no es antecedente suficiente para conculcar los derechos invocados, pues tanto del tenor del recurso como de los conocimientos que emanan de las máximas de la experiencia, es posible concluir que el único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país es la cédula de identidad y es, precisamente, el artículo 43 de la Ley N°21.325, el que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho, de tal instrumento, mientras se tramita la solicitud recaída sobre la situación migratoria de un extranjero, precaviendo cualquier perturbación incluso en grado de amenaza, por el hecho que el Servicio tarde más de seis meses en tramitar la petición respectiva. Así, no resulta efectivo que la extranjera esté impedida de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada, tratándose de extranjeros en situación regular en el país, no advirtiendo esta Corte que existan impedimentos que obsten al desarrollo del proyecto de vida de la recurrente, al mantenerse la vigencia de su cédula de identidad, pudiendo entrar y salir del país y, desplazarse dentro de éste, siempre y cuando cuente con un certificado de residencia -temporal o definitiva- en trámite vigente, como efectivamente ocurre en este caso.

DÉCIMO TERCERO: Que, dilucidado lo anterior, ahora en cuanto al tiempo transcurrido desde el ingreso de la solicitud de 09 de mayo de 2023, no existe transgresión al artículo 27 de la Ley N°19.880, desde que, tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia en relación a este plazo, el mismo no es fatal y que tal norma debe interpretarse en el sentido, que la Administración se encuentra obligada a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable, en consecuencia, no logra configurarse una omisión ilegal o arbitraria, en los términos que exige el arbitrio de protección.

DÉCIMO CUARTO: Que, en virtud de las consideraciones consignadas en los motivos precedentes, no habiéndose acreditado que la demora en la dictación del acto administrativo terminal suscite efectivamente una privación, perturbación o amenaza a la garantía constitucional invocada, ni aún en grado de amenaza, el presente recurso deberá ser desestimado de la manera que se dirá.

Lo anterior, es sin perjuicio que la entidad recurrida deberá culminar por su parte, la tramitación de la solicitud ID 64212802, de 09 de mayo de 2023, de la actora, que se encuentra actualmente en etapa de Resolución, debiendo emitir el pronunciamiento favorable o desfavorable, acerca de la solicitud de residencia definitiva analizada, dentro de un plazo razonable.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RESUELVE:

Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por el abogado, don Joaquín Bizama Tinado, en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin perjuicio que la entidad recurrida deberá emitir pronunciamiento, dentro de un plazo razonable, acerca de la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, de conformidad al artículo 37, de la Ley N°21.325 y al artículo 46, del Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022.

Acordada con la prevención del Sr. Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza, quien hace presente la falta de legitimación activa del Instituto Nacional de Derechos Humanos para comparecer en calidad de interviniente, en el presente recurso de protección, toda vez que las normas referidas en el Tercer Otrosí de su presentación, de la Ley 20.045, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se refieren en términos amplios a la facultad de aquel para deducir acciones legales, ante los tribunales de justicia, en el ámbito de su competencia, dentro de las cuales no se encuentra la materia específica de migración que nos convoca.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de Ministro Titular, don José Ignacio Mora Trujillo y, del voto de prevención, su propio autor.

No firma el Ministro Titular don Luis Moisés Aedo Mora, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse haciendo uso de permiso administrativo.

Rol Corte Nº 115-2025 (Protección).