Protección contra Dirección de Vialidad de Aysén

En Coyhaique, a trece de septiembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Que, de fojas 15 a 21 vuelta, comparece don Patricio Riccardi Fonseca, abogado, en representación de la empresa Constructora H-H Limitada, Rut N° RUT reservado, representada, a su vez, por don nombre reservado, empresario, cédula de identidad N° RUT reservado, todos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado, quién deduce recurso de protección en contra de la Dirección de Vialidad de Aysén, Rut N° RUT reservado, representada por su Director don nombre reservado, Rut N° RUT reservado, ingeniero civil, o quién lo subrogue o represente legalmente, o haga las veces de tal, domiciliado en domicilio reservado, por incurrido ésta en un acto arbitrario e ilegal, específicamente, el acto jurídico plasmado en la Resolución Exenta DV. OR. N° 847/2017 de fecha 08 de junio de año 2017, que en su resuelvo primero aplica, a la recurrente, una multa de 228 UTM en el contrato denominado "MEJORAMIENTO CAMINO X-730, CRUCE RUTA 7-BAHIA MURTA .TRAMO: KM 0,00 A KM 4,426, COMUNA DE nombre reservado IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN" a cargo de la empresa Constructora H. y H Limitada, adjudicada según Resolución DV. OR. N° 025 de 23.05.14, según lo señala el recurrente, sin justificación ni argumentación plausible en derecho, hecho que afectaría las garantías constitucionales contempladas en artículo 19 N° 2, N°22, y n°24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se acoja el presente recurso de protección y, en definitiva, se resuelva: 1) Que, se deja sin efecto la Resolución Exenta DV. OR. N° 847/2017 de fecha 08 de junio del año 2017, ya referida, y; 2) Que, la Resolución impugnada ha conculcado las garantías constitucionales indicadas disponiéndose como medida para restablecer el imperio del derecho, la inmediata derogación de la multa aplicada por el acto impugnado, y; 3) Con costas del recurso, por carecer el acto administrativo impugnado de causa, y fundamentación.

A fojas 23 se declaró admisible el recurso de protección y se ordenó pedir informe a la recurrida.

De fojas 58 a 65, evacuó informe, la recurrida, quién sostuvo pidió el rechazo del recurso de protección, por improcedente e infundado, con expresa condenación en costas.

De fojas 68 a 69, el Consejo de Defensa del Estado, asume la representación judicial de la recurrida.

A fojas 71, se trajeron los autos en relación.

De fojas 72 a 78, corre minuta de alegato presentada por el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la recurrida.

A fojas 80, se certificó el estado de acuerdo de la causa.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de fojas 15 a 21 vuelta, comparece don Patricio Riccardi Fonseca, abogado, en representación de la empresa Constructora H-H Limitada, Rut N° RUT reservado, representada, a su vez, por don nombre reservado, empresario, cédula de identidad N° RUT reservado, todos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado, quién deduce recurso de protección en contra de la Dirección de Vialidad de Aysén, Rut N° RUT reservado, representada por su Director don nombre reservado, Rut N° RUT reservado, ingeniero civil, o quién lo subrogue o represente legalmente, o haga las veces de tal, domiciliado en domicilio reservado, por incurrido ésta en un acto arbitrario e ilegal, específicamente, el acto jurídico plasmado en la Resolución Exenta DV. OR. N° 847/2017 de fecha 08 de junio de año 2017, que en su resuelvo primero aplica, a la recurrente, una multa de 228 UTM en el contrato denominado "MEJORAMIENTO CAMINO X-730, CRUCE RUTA 7-BAHIA MURTA .TRAMO: KM 0,00 A KM 4,426, COMUNA DE nombre reservado IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN" a cargo de la empresa Constructora H. y H Limitada, adjudicada según Resolución DV. OR. N° 025 de 23.05.14, según lo señala el recurrente, sin justificación ni argumentación plausible en derecho, hecho que afectaría las garantías constitucionales contempladas en artículo 19 N° 2, N°22, y n°24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se acoja el presente recurso de protección y, en definitiva, se resuelva: 1) Que, se deja sin efecto la Resolución Exenta DV. OR. N° 847/2017 de fecha 08 de junio del año 2017, ya referida, y; 2) Que, la Resolución impugnada ha conculcado las garantías constitucionales indicadas disponiéndose como medida para restablecer el imperio del derecho, la inmediata derogación de la multa aplicada por el acto impugnado, y; 3) Con costas del recurso, por carecer el acto administrativo impugnado de causa, y fundamentación.

Como fundamento de su recurso y, en cuanto a los hechos, señala, respecto a la cronológica contractual, que:

a) Según Resolución DV. OR. N° 025 de 23.05.14, la recurrida contrató la Obra.: "MEJORAMIENTO CAMINO X-730, CRUCE RUTA 7-BAHIA MURTA, TRAMO: KM 0,00 A KM 4,426, COMUNA DE nombre reservado IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN”, siendo la empresa adjudicataria la recurrente Constructora H. H. Limitada. Con Toma de razón el día 18.07.14;

b) Con fecha 22 de julio del 2016 se suscribe acta de recepción provisoria con reservas, Comisión de la Dirección de Vialidad Aysén nombrada por Resolución DV.OR 1112-16;

c) Con fecha 28 de diciembre del año 2016, según oficio de la recurrente N° 1917, informa resultados de la medición de retroreflectancia horizontal del contrato, e instruyendo el repintado de los sectores en donde no se cumple lo especificado. Dándose plazo hasta el día 17 de febrero del 2017;

d) Con fecha 21 de febrero del año en curso se remite, por la recurrente, Oficio 06/17, solicitando nombrar la comisión receptora del contrato, para la recepción definitiva, ya que se dio cumplimiento a las observaciones indicadas por el mandante;

e) Con fecha 24 de febrero del presente año se constituye la comisión receptora de la Obra de la Dirección de Vialidad nombrada por Resolución DV.OR. 1112-16, levanta acta de Recepción Provisoria, señalando literal (5) que: "Después de recorrer detenidamente las obras, y haber verificado el cabal cumplimiento del contrato, la Comisión acuerda recibirla de forma provisional y sin observaciones.";

f) Con fecha 2 de junio del presente año don nombre reservado, inspector fiscal del contrato, por Ordinario 90, sugiere la aplicación de la multa de 3 UTM diarias, por un período de 76 días desde el 01.12.2016, al 14 de febrero del 2017 contando dicho plazo desde la fecha en que la comisión otorgó plazo para subsanar las observaciones, señala literal la página 2 del informe: "Se tiene que la medición de la retroreflectancia de esta demarcación no cumplió en determinados sectores, por lo anterior, se mantuvo la observación a este ítem en los tramos donde no se cumplió la retroreflectancia. Con fecha 28.12.2016, vía Ord. N° 1917 el Director Regional de Vialidad de la Región de Aysén, instruye el repintado de los sectores en donde no se cumple con lo especificado dándose para lo anterior plazo hasta el día 17 de febrero del 2017.";

g) Con fecha 8 de junio del presente año por Resolución impugnada por este recurso se aplica la multa que se impugna en este recurso;

h) Con fecha 12 de junio del presente año se presenta apelación por el recurrente de la multa impugnada oficio 019/17, que no fue resuelta por la recurrida, limitándose a remitir por Chile-express copia de la Resolución impugnada y de la apelación, lo anterior, al domicilio de la recurrente con fecha 21 de junio del año 2017:

A este respecto, sostiene, el recurrente, que de los hechos surge claramente la existencia de un error del mandante, ya que aplica la multa en el periodo 1.12.2016 al día 14 de febrero del presente año, cuando por oficio 1917- 2016, entregando los resultados de la retroreflectancia, instruyó el repintado de los sectores en donde no se cumple lo especificado otorgando plazo hasta el 17 de febrero del año en curso, por lo cual por ese mismo hecho no puede aplicar multa, ya que contradijo la decisión adoptada anteriormente por la misma situación.

Realizando un análisis del acto recurrido, pide, el recurrente, tener presente que, en cuanto a la naturaleza jurídica del contrato, monto, modalidad de contratación y plazo contractual, que el Contrato es uno de Obra pública, contratado por la normativa de Derecho Público. Reglamento para Contratos de Obra Pública (Decreto N° 75 - 2004. Ministerio de Obras Públicas). Que, el mandante aceptó la oferta de la Constructora H. H. Limitada, sociedad, del registro de obras mayores, por un monto ascendente a $879.932.266 IVA incluido. Modalidad de contratación sistema de precios unitarios ofertados, y estados de pagos mensuales. Plazo de ejecución original 300 días corridos, garantía boleta de garantía o póliza de seguro, equivalente al 3% del contrato. La imputación presupuestaria o estados de pago son cancelados por el mandante, de acuerdo con el convenio mandato suscrito para tales efectos entre la Dirección de Vialidad y el Gobierno Regional de Aysén.

En lo que respecta a las multas del contrato, sostiene, el recurrente, que en caso de multas aplica el artículo 163 y siguientes del Reglamento para contratos de obra pública ya indicado, y el artículo 7.12.1 de las bases administrativas para Contratos de Obras Públicas. Señalando, que el artículo 163 del Reglamento, dice: "Si el contratista no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo contractual, incluyendo las eventuales ampliaciones de plazo concedidas, pagará una multa diaria igual a la razón "K x P / d", en que "K" es un factor a ser definido en las bases o, ante el silencio de las mismas, tendrá un valor de 0,50; "P" es el monto de las obras contratadas, incluyendo ampliaciones y disminuciones del monto del contrato si las hubiere, actualizado a la fecha de pago de la multa, de acuerdo al sistema de reajuste contemplado en las bases administrativas; y "d" es el número establecido de días corridos de duración del contrato, incluyendo eventuales aumentos de plazo concedido. Las bases administrativas podrán fijar multas por atrasos parciales en la ejecución de la obra, las que se descontarán del estado de pago siguiente al de la aplicación de la multa. Si las bases administrativas no han fijado el porcentaje de la multa, ésta corresponderá a la indicada en el inciso anterior, calculada sobre el monto total de la parcialidad atrasada. La multa total no podrá exceder del 15 % del valor del contrato en los términos definidos en el inciso primero de este artículo. Sin perjuicio de la aplicación de las multas dispuestas en los incisos anteriores, se podrá imponer al contratista cualquiera otra de las sanciones establecidas en este reglamento.".

En relación al acto en contra del cual recurre de protección, expone, el recurrente, que deduce protección en contra de la Resolución Exenta DV. OR. N° 847/2017 de fecha 08 de junio del año 2017, que en su resuelvo primero aplica multa de 228 UTM en el contrato "MEJORAMIENTO CAMINO X-730, CRUCE RUTA 7-BAHIA MURTA .TRAMO :KM 0,00 A KM 4,426, COMUNA DE nombre reservado IBAÑEZ,PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN" a cargo de la empresa constructora H. y H Limitada.

En cuanto al plazo de presentación del recurso, sostiene, el recurrente, que según el Autoacordado de Tramitación del recurso de protección el plazo de interposición del mismo es de 30 días corridos desde la ejecución del acto u ocurrencia de la omisión, o según la naturaleza de éste, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, de manera que el recurrente se encontraría dentro del plazo legal, ya que: a) La Resolución impugnada por ese recurso se dictó el 8 de junio de 2017; b) Se presentó apelación administrativa el 12 de junio de 2017 por el recurrente, la cual no habría sido resuelta, limitándose la Administración a entregar por Chile Express con fecha 21 de junio del presente año la Resolución impugnada y el recurso de apelación sin tramitar ni resolver.

En lo que dice relación al derecho y garantías constitucionales conculcadas, refiere, el recurrente, que como lo ha sostenido reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que, en esa misma disposición, se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Y, sostiene, además, que conforme a los antecedentes de hecho expuestos, el acto del cual se recurre de protección es arbitrario e ilegal, y vulnera los derechos consagrados en el artículo 19 N° 2, N° 22 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Respecto a las razones por las cuales el acto administrativo impugnado es arbitrario e ilegal, sostiene, el recurrente, que está afectado por una actividad concreta y real generada por el recurrido que se puede calificar de ilegal y arbitraria. Y, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto de artículo 1° del Código Civil o arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien lo comete y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas.

Respecto a la ilegalidad del acto impugnado, sostiene, además, que contraviene lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos, N° 19.880, que expresa literal; principio de imparcialidad: "La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la sustanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte. Los hechos v fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sean que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos".

Y, sostiene, al efecto, que al carecer de razonabilidad y fundamentos suficientes, el acto impugnado afecta con ello la garantía de igualdad ante la ley al ser el recurrente discriminado arbitrariamente en comparación a otras empresas constructoras v personas que, contratando con la Dirección de Vialidad Región de Aysén, no son multadas o privadas de su patrimonio, o éstas últimas tienen derecho a que se exprese razonamiento fundado en el Acto y el recurrente no. Sostiene, además, que como consecuencia del referido actuar arbitrario de la Administración, se ha vulnerado respecto del actor la garantía fundamental de la igualdad ante la ley, en tanto fue objeto de un trato discriminatorio en relación a aquellas empresas constructoras y personas que, contratadas en similares o iguales condiciones, o por pactos o convenciones análogas, no se vieron sometidas a una decisión como la que se consigna.

En cuanto a la arbitrariedad del acto recurrido, sostiene, el recurrente: a) No hay fundamentos explicitados en la resolución impugnada, y las citas legales y administrativas que contiene, resultan abiertamente insuficientes para justificar la aplicación de la multa ni el monto; b) Es arbitraria porque de los hechos surge claramente la existencia de un error del mandante, ya que aplica la multa en el periodo 1.12.2016 al día 14 de febrero del presente año, cuando por oficio 1917/28- 12.2016, entregando los resultados de la retroreflectancia, instruyó el repintado de los sectores en donde no se cumple lo especificado otorgando plazo hasta el 17 de febrero del año en curso, por lo cual por ese mismo hecho no puede aplicar multa, ya que contradijo la decisión adoptada anteriormente por la misma situación. Siendo, además, este oficio un eximente de multa en el periodo ya que existe autorización expresa de la Administración Activa y; c) Es arbitraria, entonces, porque el actuar de la Administración Activa no puede ser contradictorio, multando en un periodo por no cumplir observaciones, cuando anteriormente por su Autoridad Máxima se concedió un lapso para salvar las observaciones, siendo este hecho un eximente claro de responsabilidad infraccional. En orden lógico, sostiene, hay actuar arbitrario donde existe contradicción, e instrucciones distintas referente a la misma situación jurídica.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, su privación, perturbación y amenaza, refiere, el recurrente, en particular, respecto a la garantía constitucional de igualdad ante la ley establecida en el art. 19 N° 2, que la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución recurrida que dispuso la aplicación de la multa da a entender que el recurrente ha sido objeto de una diferenciación que carece de razonabilidad, contrastándose la finalidad que el legislador previo al establecer la facultad de aplicar multas siendo por tanto discriminado arbitrariamente y vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

En este sentido, sostiene, además, el recurrente, que debe tenerse presente que el artículo 11 de la Ley N° 19.880, dispone, en lo que importa, que: "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares", razón por la cual resulta necesario que el acto que se dicte al efecto contenga el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta su decisión (aplica criterio contenido en dictamen N° 13.207, de 2010 de Contraloría).

Sostiene, el recurrente, que la idea anterior se refuerza aún más si se tiene en consideración que la Ley N° 19.880, sobre Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, con el claro propósito, entre otros, de promover la transparencia de las actuaciones de la Administración Estatal, establece normas básica a fin de que el procedimiento permita el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten. Entre estas reglas, aplicables en forma supletoria, se encuentra el inciso cuarto del artículo 41, que dispone que toda decisión, por cierto enmarcada en el ámbito de las atribuciones propias de la Administración, debe ser fundada. Y, en tal sentido, la motivación de los actos administrativos se encuentra consagrada a nivel constitucional en el artículo 8°, inciso segundo de la Constitución Política, en el artículo 11, inciso segundo, y artículo 13 de la Ley N° 19.880, que establecen las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, y reiterado en el artículo 41, inciso tercero de la mencionada Ley, donde se exige a la Administración que sus decisiones contengan la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustentan. Señala, que en este caso, la Resolución impugnada no precisa las razones de la multa, careciendo de todo fundamento y contraría el plazo que otorgó la propia Autoridad para salvar observaciones; tornándose ilegal la resolución, al carecer de razonabilidad y fundamentos suficientes. Tales normas no eximen a ningún acto administrativo de la obligación de motivar, razón por la que debe cumplirse con este requisito por imperio expreso del principio de juridicidad y legalidad de nuestro ordenamiento jurídico.

Sostiene, también, que así las cosas al actuar el recurrido de la manera antes referida, se vulnera la igualdad ante la ley que reconoce la Carta Fundamental, en tanto se otorga un trato diferente al recurrente en relación a otras personas y empresas que no son multadas por una decisión como la que se consignó en la citada resolución, acto que es arbitrario y contradictorio. Y, agrega, que, desde el punto de vista del recurrente o de quien debe soportar los actos de la administración, se manifiesta que la fundamentación permite a las personas conocer la causa, el fin y el derecho en que se pretende apoyar o sustentar, pues y como se puede ver en el caso, la fundamentación de la multa hubiese bastado para apercibir a la Administración que es contradictoria con la propia decisión de la misma Autoridad, que en el hecho impide la aplicación de la multa, a sola lectura del texto de la instrucción del Director de Vialidad de Aysén.

Del análisis de la citada resolución, advierte que ésta es contradictoria, y carece en lo absoluto de basamento, no se sustenta en los criterios objetivos, y además, dicha resolución impugnada, fue apelada, limitándose la Administración a devolver los antecedentes al recurrente y, señalarle, vía verbal, que debía recurrir a la Justicia para revisar su situación, ya que se le indica no le favorecen algunos Dictámenes de la CGR.

Señala, que acorde con lo que viene razonando, aparece que la situación descrita, constituye efectivamente acto de discriminación de parte de la entidad recurrida, que afecta derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de nuestra Carta Fundamental.

Como segunda Garantía Constitucional conculcada, sostiene, el recurrente, que ésta corresponde a la Garantía Constitucional del artículo 19 N° 22 de la Constitución Política del Estado, es decir, la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica. Y, al efecto, señala que el recurrente fue discriminado por la Dirección de Vialidad de forma arbitraria, ya que se le aplica una multa en un lapso, respecto al cual fue autorizado para levantar observaciones y eximido entonces de multas por decisión de la Autoridad en ese periodo. Exponiendo, que como ya señaló, anteriormente, en la contradicción de instrucciones del mandate existe arbitrariedad, ya que a juicio del Inspector técnico de obra debe aplicarse multa, situación que fue refrendada por su Director, cuando anteriormente la misma Dirección otorgó plazo para subsanar observaciones en los términos que fue detallado anteriormente.

Añade, a este respecto, que el acto es arbitrario, porque se remite además a citar normas y documentos, lo cual no permite conocer la razonabilidad del acto, debiendo la Administración siempre expresar los fundamentos y, a razonar, que es distinto a enumerar antecedentes, máxime si la misma recurrida ya había resuelto la situación sobre la materia informando por escrito su decisión de otorgar plazo al recurrente.

Expresa, que lo anterior discrimina a la recurrente respecto de otras personas y empresas que son absueltas de multas por tener justa causa y razones fundadas como debió acontecer en este caso y, además, que existe discriminación arbitraria porque otras empresas y personas al ser contratadas por la recurrida en convenciones al efecto no son multadas, ni privadas de derecho sin respetar las garantías constitucionales, cumpliendo con el requisito de discriminación e arbitrariedad que exige la Carta Magna en este sentido para impugnar el acto infundado del cual se reclama.

Como tercera Garantía Constitucional conculcada, sostiene que ésta corresponde a la señalada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política del Estado, es decir, al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Añadiendo, al efecto, que la multa en comento aplicada por la Resolución impugnada afecta el patrimonio de la constructora recurrente, ya que las obras contratadas se encuentran terminadas y recepcionadas y, el contrato, en lo esencial, terminado, siendo descontada la multa del estado de pago que le pertenece y es propiedad de la constructora recurrente, habiendo constancia, además, que las obras se encuentran terminadas y fueron revisadas y recepcionadas por la recurrida.

Por todo lo anterior, mérito de lo expuesto, artículos 7, 19 N° 2, N° 22, y N° 24, artículo 20 de la Constitución Política del Estado, artículo 11 y 46 de la Ley N° 19.880; y lo señalado en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, normas expuestas, y jurisprudencia señalada, pide el recurrente a ésta Corte tener por deducida acción constitucional de protección en contra de la Dirección Regional de Vialidad de Aysén RUT. RUT reservado, representada por su Director; o quien lo subrogue o represente legalmente, o haga las veces de tal, acogerlo a tramitación, y resolver en definitiva:

1) Que, se deje sin efecto la Resolución Exenta DV. OR. N° 847/2017 de fecha 08 de junio del año 2017, que en su resuelvo primero aplica multa de 228 UTM en contrato "MEJORAMIENTO CAMINO X-730, CRUCE RUTA 7-BAHIA MURTA,TRAMO:KM 0,00 A KM 4,426 , COMUNA DE nombre reservado IBAÑEZ,PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN" a cargo de la empresa constructora H. y H Limitada;

2) Que, la Resolución impugnada ha conculcado las garantías constitucionales indicadas, disponiéndose como medida para restablecer el imperio del derecho, la inmediata derogación de la multa aplicada por el acto impugnado, y;

3) Lo anterior, con costas del recurso, por carecer el acto administrativo impugnado de causa, y fundamentación.

SEGUNDO: Que, de fojas 58 a 65, corre el informe de la recurrida Dirección Regional de Vialidad, Región de Aysén, señalando, su Director, don Leonardo Osvaldo García Godoy, que en cumplimiento a lo ordenado por ésta Corte, evacua informe al tenor del recurso interpuesto, solicitando su rechazo.

Señala, el recurrido, como antecedentes del recurso de protección, que el recurrente, deduce recurso de protección contra de esa Dirección Regional de Vialidad de Aysén, por incurrir- supuestamente- en la dictación de un acto arbitrario o ilegal plasmado a través de Resolución Exenta DV.OR N° 847 de fecha 8 de junio del presente año, que aplica la multa de 228 UTM respecto al contrato "MEJORAMIENTO domicilio reservado, CRUCE RUTA 7 — BAHIA MURTA, KM 0.000 AL 4.426, COMUNA DE nombre reservado

IBANEZ, PROVINCIA DEL GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN", adjudicado a la empresa Constructora H y H, mediante resolución D.V. N°0025 de fecha 23/05/2014 y, a entender de la recurrente, sin justificación alguna, afectando de esta forma las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2, 22 y 24 de nuestra carta fundamental, explicando, en su presentación, que el error del mandante, radica en la circunstancia de haber aplicado una multa por el periodo que va desde el 1.12.2016 al 14 de febrero de 2017, cuando por oficio N° 1917-2016 el habría ordenado el repintado de los sectores en donde no se cumple con lo especificado, concediendo de esta forma la Dirección Regional de Vialidad, un plazo adicional hasta el 17 de febrero del presente, indicando que de esta forma la administración se contradice con la decisión adoptada anteriormente.

En cuanto al acto recurrido, sostiene, el informante, que el recurso se interpone contra la Resolución Exenta DV.OR N° 847 de fecha 8 de junio del presente año, que aplica la multa de 228 UTM al contrato "MEJORAMIENTO domicilio reservado, CRUCE RUTA 7— BAHIA MURTA, KM 0.000 AL 4.426, COMUNA DE nombre reservado IBANEZ, PROVINCIA DEL GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN", adjudicado a la empresa Constructora H y H, mediante resolución D.V. N°0025 de fecha 23/05/2014, acto administrativo que en caso alguno puede ser calificado de arbitrario e ilegal.

En lo que dice relación a los antecedentes del contrato, sostiene, la recurrida, que:

1) El contrato MEJORAMIENTO domicilio reservado, CRUCE RUTA 7 — BAHIA MURTA, KM 0.000 AL 4.426, COMUNA DE nombre reservado IBANEZ, PROVINCIA DEL GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN fue adjudicado mediante resolución D.V. N°0025 de fecha 23/05/2014 y, en cuanto a los plazos de ejecución de la obra esta contemplaba: Fecha de Inicio: 21/07/2014; Fecha Término Legal: 05/06/2016; Fecha Término Real: 10/06/2016.

2) Con fecha 22 de Julio de 2016 se celebra la Recepción Provisional con reserva y, en la mencionada acta se deja establecido que tras recorrer detenidamente las obras la comisión determina la existencia de observaciones en la ejecución de los siguientes ítems: 704-5 DEMARCACIÓN DEL PAVIMENTO, LINEA LATERAL CONTINUA en su totalidad, es decir 8.787 km; luego tal como consta en anexo "Observaciones Recepción Provisional con Reservas" para este ITEM 704-5 las observaciones contemplan la partida "Desprendimiento y Falta de Adherencia de la Demarcación Ejecutada". Que, ahora bien, esta partida contiene la retroreflecctancia que va implícito dentro de la partida pintura de pavimento, según consta en las especificaciones técnicas; 410-4 PAVIMENTO DE HORMIGÓN ULTRADELGADO DE CEMENTO HIDRÁULICO CON FIBRA ESTRUCTURAL PARA CAMINOS DE BAJO TRÁNSITO en una cantidad de 14.445 m3, en anexo se detallan las observaciones a este ítem anexo que forma parte del acta de recepción provisional con reserva, entre ellos fisuras en pavimento, exceso de rayado superficial y en otras mediciones sin rayado superficial; 410-4A SOBREESPESOR DE 2 CM PARA PAVIMENTO DE HORMIGÓN ULTRADELGADO DE CEMENTO HIDRÁULICO CON FIBRA ESTRUCTURAL PARA CAMINOS DE BAJO TRÁNSITO en una cantidad de 3.64 m3. Las observaciones fueron detalladas en anexo que forma parte del acta de recepción provisional con reserva y que contemplan: fisuras en pavimento, exceso de rayado superficial y en otras mediciones sin rayado superficial.

A este respecto, sostiene, la recurrida, que en función de estas observaciones y de acuerdo a lo establecido en el artículo 168 del Reglamento Para Contratos de Obras Públicas, en adelante RCOP, la comisión elabora un acta de recepción provisional con reservas y concede un plazo al contratista hasta el día 30.11.2016 para subsanar las observaciones detectadas, este plazo se considera apropiado para que el contratista pueda cumplir con el ITEM, siéndole importante señalar que, dado que la observación del ítem 704-5. Demarcación de Pavimento Línea Continua, "desprendimiento y falta de adherencia", es evidente que la solución significa demarcar nuevamente y cumplir con la especificación técnica correspondiente para que se considere terminada la partida, y por lo tanto subsanada la observación, entonces la demarcación debe cumplir con las especificaciones técnicas, entre ellas el cumplimiento de la retrorreflectancia y, así las cosas, las especificaciones técnicas aprobadas por Resuelvo DV. OR. N° 25 de fecha 23 de mayo que adjudica el contrato en comento señala:

1.- Descripción y Alcances:

"esta especificación se refiere a la provisión y aplicación de pintura tipo acrílica para señalización horizontal de eje de calzada y/o líneas separadas de pistas y bordes. Los materiales deben cumplir con las exigencias señaladas para ser aplicados en trazos longitudinales, continuos y segmentados, definidos en el proyecto o donde lo indique la inspección fiscal"(especificaciones técnicas del contrato).

3) Con fecha 21 de Noviembre de 2016 mediante oficio N° 082/2016, el contratista informa al Inspector Fiscal que las observaciones se encuentran terminadas, solicitando iniciar el proceso de recepción correspondiente y, en función de lo anterior el día 24 de Noviembre de 2016 el Laboratorio Regional de Vialidad procede a controlar la retrorreflectancia de la demarcación, se trata de uno de los controles receptivos para establecer si la obra ejecutada se ajusta a lo indicado en la especificación técnica correspondiente y de esta manera verificar que se dió cumplimiento a lo instruido por la comisión de recepción provisional. El resultado de este ensayo es informado mediante certificado N° 299 de fecha 29 de noviembre de 2016, en donde se detalla el incumplimiento de la especificación técnica correspondiente a una de las partidas observadas en el acta de recepción provisional, la partida 704-5 DEMARCACIÓN DEL PAVIMENTO, LINEA LATERAL CONTINUA (km). El requisito de retrorreflectancia es de 200 milicandelas, como se puede observar en el certificado 299, gran parte de las mediciones se encuentran por debajo de esta medición. Que, además, a fin de verificar las reparaciones de las otras dos partidas observadas en el acta de recepción provisional e informar al suscrito, la comisión se constituye nuevamente en el lugar de las obras el día 01 de diciembre de 2016, constatando que las observaciones relativas a las partidas 410-4 PAVIMENTO DE HORMIGÓN ULTRADELGADO DE CEMENTO HIDRAULICO CON FIBRA ESTRUCTURAL PARA CAMINOS DE BAJO TRÁNSITO (m3) y 410-4A SOBREESPESOR DE 2 CM PARA PAVIMENTO DE HORMIGÓN ULTRADELGADO DE CEMENTO HIDRÁULICO CON FIBRA ESTRUCTURAL PARA CAMINOS DE BAJO TRÁNSITO (m3) se encontraban subsanadas.

Agregando, el informante, que tal como se puede apreciar, existe una completa correspondencia entre las observaciones efectuadas en el acta de recepción con reserva de fecha 22 de julio de 2016 con aquellas que se revisan nuevamente con fecha 01 de diciembre de 2016, en la que solo queda por subsanar la contemplada en la partida 704-5, esto es, "DEMARCACIÓN DEL PAVIMENTO, LINEA LATERAL CONTINUA" según anexo a acta. Y, agrega, que en función de lo, anteriormente, señalado, es evidente que el contratista a esa fecha, es decir, al 1° de diciembre de 2016, aún no había dado cumplimiento a la totalidad de las reparaciones indicadas por la comisión en el acta de recepción provisional con reserva dentro del plazo establecido para ello, pues el ítem 704-5 aún permanecía inconcluso y, por otra parte, el contratista no solicito una modificación del plazo antes del vencimiento de este, tal como lo establece el primer párrafo del artículo 168 del RCOP, y el artículo 26 de la Ley 19.880, que regula los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, no siendo posible adicionar un plazo al entregado por la comisión.

Agrega, también, que por otra parte, el inciso tercero del artículo 168 del RCOP establece que si el contratista no subsanara los reparos observados dentro del plazo fijado, éstos podrán ser ejecutados por la Dirección, en la forma señalada en el inciso 2° del artículo 167, con cargo a las retenciones, quedando a beneficio fiscal el saldo de ellas en concepto de multa, si las hubiere y, del hecho, se dejará constancia en la Hoja de Vida del contratista. Señalando, asimismo, que claramente esta es una condición facultativa para la Dirección y no impositiva, por lo que la Dirección opta por dar un plazo al contratista para subsanar las observaciones y poner término al contrato y no tomar la opción que signifique ejecutar los reparos con cargo a las retenciones del contrato, es decir ejecutar los trabajos por cuenta del contratista, lo que no lo excluye de las responsabilidades que por su propio incumplimiento se generen, como lo es la aplicación de multas administrativas, de modo tal que, esa Dirección, teniendo presente que las observaciones efectuadas por la comisión de recepción provisional no se encontraban subsanadas conforme consta en informe de medición de retroreflectancia Horizontal, correspondiente al ITEM 704-5 "demarcación de pavimento", ante el silencio del contratista, pues permaneció en absoluta inejecución — siendo esta la obligación principalmente contraída- y actuando en función de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 167, con fecha 28 de diciembre de 2016, mediante ORD N° 1917, le instruye al contratista el repintado de los sectores en donde no se cumple con lo especificado, dándole un plazo para ello hasta el día 17 de febrero de 2017.

Informa, además, que le es pertinente señalar que esta fecha en ningún caso corresponde a un aumento y/o modificación al plazo dado por la Comisión de Recepción, para subsanar las observaciones indicadas en el acta de recepción provisional con reservas ya que para ello se deben cumplir al menos tres condiciones: a) Que sea solicitado por el contratista, lo que en la especie no ocurrió; b) Que esta solicitud sea realizada antes del vencimiento del plazo original y; c) Que lo anterior se sancione a través de un acto administrativo. Señalando, además, que no es obligación de esa Dirección, recordarle al contratista el alcance y aplicabilidad de todos los instrumentos legales que regulan la relación contractual, pues todos ellos se entienden conocidos por el contratista y esto es ratificado en la suscripción y protocolización del documento de adjudicación del contrato.

4) Que, finalmente el contratista concluyó la demarcación del pavimento con fecha 14 de febrero de 2017, situación que fue constatada por el Inspector Fiscal, por lo que solicitó, al laboratorio Regional, la realización de los controles receptivos correspondientes, en función de lo cual el día 16 de febrero de 2017, el laboratorio regional realiza los controles y elabora certificado N° 48 de fecha 21 de febrero de 2017, donde se establece que las observaciones han sido subsanadas y la ejecución de la partida se ajusta a la Especificación Técnica correspondiente. Señalando, además, que con fecha 21 de febrero de 2017 el contratista mediante OFICIO 06/17 comunica al Inspector Fiscal que con fecha 13 y 14 de febrero de 2017 ha dado cumplimiento a las observaciones existentes, concluyendo de esta forma las observaciones efectuadas el día 14 de febrero de 2017.

5) Que, conforme a lo anterior, teniendo presente la carta del contratista, el certificado N° 48 de fecha 21 de febrero de 2017, del laboratorio regional de Vialidad, donde se establece que las observaciones (retroreflectancia) de la partida se ajustan a la Especificación Técnica correspondiente, la comisión procede a constituirse con fecha 24 de febrero de 2017, recibiéndose provisoriamente la obra.

6) Que, con fecha 02 de junio de 2017 el Inspector Fiscal de la Obra mediante ORD N° 90, de acuerdo a artículo 165 en relación al 167 ambos del RCOP informa al Director Regional la aplicación de una multa por atraso en la entrega de la obra de 228 UTM, considerando una sanción diaria de 3 UTM, por un periodo de 76 días, desde el 01 de diciembre de 2016 al 14 de febrero de 2017.

7) Que, en mérito de lo anteriormente expuesto a través de Resolución exenta DV.OR N° 847 del 08 de Junio de 2017 se aplica multa ascendente a 228 UTM por incumplimiento a los artículos 167 y 168 del RCOP y de acuerdo a lo indicado en el artículo 111 del RCOP.

8) Que, con fecha 12 de Junio de 2017, mediante oficio 019/17, el contratista, recurre en apelación al Director Regional, solicitando se deje sin efecto la multa aplicada, indicando que, a su entender, las observaciones de retrorreflectancia corresponden a nuevas observaciones y no a las observaciones realizadas originalmente en el acta de recepción con reserva, que observó para la demarcación del pavimento, desprendimiento y falta de adherencia de la pintura, recurso que se encuentra pendiente de resolver. Sin embargo, señala, la recurrida, que la observación realizada por la comisión "desprendimiento y falta de adherencia", claramente implica pintar nuevamente, tal como ya ha expresado, por lo que la nueva demarcación debía cumplir con las especificaciones técnicas, entre ellas el cumplimiento de la retrorreflectancia que se indica en la especificación correspondiente, de lo contrario la observación no es posible considerarse subsanada.

9) Que, con fecha 11 de Julio se dicta resolución DV.OR N° 023 que aprueba el acta de recepción de fecha 24.02.2017, reintegra la suma de $ 124.364, autoriza la devolución de retenciones por $ 52.634.641 y cobra multa de acuerdo a lo indicado en resolución DV.OR. exenta N° 847 del 08 de Junio.

En cuanto a su alegación de que el recurso de protección no es la vía idónea y la acción deducida corresponde ser ejercida en sede distinta, toda vez que se trata de un juicio de lato conocimiento, hace presente, el informante, que la Doctrina y la Jurisprudencia califican el recurso de protección en forma unánime de naturaleza cautelar y, por tanto, no pueden resolverse por esta vía, conflictos de lato conocimiento, tal como se expresa en el artículo 20 de la Constitución Política, el cual señala: "El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1°, 2°, 3° inciso cuarto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 11°, 12°, 13°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21°, 22°, 23°, 24° y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes".

Así las cosas, sostiene, el recurrido, que del tenor del recurso aparecen una serie de cuestiones previas que necesitan ser acreditadas por parte de la recurrente, y que son revisadas por ese servicio a raíz del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución recurrida, como lo son: La procedencia de la imposición de la multa conforme a la normativa vigente MOP, los criterios que sobre la materia ha adoptado la contraloría a través de sus dictámenes. Incumplimientos que por cierto poseen un tratamiento específico y la discusión de ellos, posee tramitación administrativa conforme lo dispone la Ley 19.880, pues se debe analizar en definitiva si el contratista ha dado cumplimento a cabalidad con el procedimiento contemplado en el artículo 166 y siguientes del RCOP, hecho lo anterior, si era procedente cursar multas administrativas, conforme a las alegaciones que efectúa el contratista, pues indica dos circunstancias:

1) Que se habrían solicitado reparaciones a nuevas observaciones a las observadas por la comisión de recepción provisional, y; 2) Que la administración emitiría decisiones contradictorias al conceder a su entender plazo adicional según consta en Ord. 1917 de 2016, para ejecutar las reparaciones para luego cobrar multas.

Sosteniendo, a este respecto, el recurrente, que como se verá todo lo anterior, requiere de un análisis pertinente, el cual por lo demás ya se había principiado por el contratista al presentar apelación a la multa administrativa. Que, lo anteriormente expuesto, ha sido confirmado por la jurisprudencia más reciente de nuestros Tribunales de Justicia. Y, en efecto, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 2 de diciembre de 2008, declaró inadmisible el recurso de protección interpuesto en la causa Rol N° 11.106-2008, en atención a las consideraciones que a continuación expone:

"Vistos y teniendo presente:

1.- Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales;

2.- Que los hechos descritos en la presentación de fojas 1 exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso, al tener establecido un procedimiento especial en el cual podrán interponerse todas las alegaciones que en derecho correspondan, condiciones en la que tiene aplicación la norma de inadmisibilidad establecida en el N° 2 del auto acordado respectivo, por lo que no será admitido a tramitación.

Y de conformidad, además, con lo que señalado N° 2, inciso segundo del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara inadmisible el interpuesto a fojas 1".

En cuanto a la inexistencia de un acto arbitrario o ilegal, informa, la recurrida, que el recurso de protección es absolutamente improcedente dado que no se cumplen los requisitos señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, esto es: la existencia de un acto ilegal y arbitrario que afecte la garantía constitucional del recurrente, conforme expondrá: Y, señala, en este sentido, que cabe tener presente que se ha entendido por la Jurisprudencia que un acto es Arbitrario cuando: "18°.- (...) carece de basamento, sea de hecho o, tratándose de un acto público, también de derecho; el que teniéndolo, no desarrolla mediante argumentos comúnmente aceptables por la sana razón, la concatenación entre sus causas y sus efectos; el que exhibe vacíos causantes de incoherencia entre sus premisas y su conclusión; en fin, el puro fruto del capricho o la sinrazón;" (Corte de Apelaciones de Santiago, Protección N° 8595-2010).

Señala, también, que tal como ya ha expuesto través de Resuelvo exento N°847 de 8 de junio de 2017, la Dirección Regional de Vialidad, aplicó la multa de 228 UTM al contratista Constructora H y H, por haber incurrido esta en las hipótesis señaladas en los artículos 167 y 168 en relación al 111 del RCOP, y al informe evacuado por el Inspector fiscal del Contrato.

En lo que respecta a las normas aplicables a los contratos de obra pública, informa que el Decreto N° 75 del MOP Reglamento para Contratos de Obras Públicas regula todo el actuar de la administración, las obligaciones contraídas por el contratista, así como las sanciones a la inobservancia de éste. Y, el artículo 142 prescribe qué "El contratista debe ejecutar los trabajos con arreglo a las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos generales y de detalle, perfiles y pliego de condiciones del proyecto. Dichos antecedentes se interpretarán siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica". Que, además, el Titulo IX se refiere a la recepción de las obras, señalando a partir del artículo 166 detalladamente el proceso para recibir las obras por parte de la administración. Que, a saber el inciso 1° del artículo 166 señala que "Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitará por escrito la recepción de la obra al inspector fiscal, quien deberá verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato, con la debida certificación de calidad de las obras que se indique en el Proyecto y en el plazo que se indique en el mismo.". Que, asimismo, el artículo 167 del RCOP establece que: "Si de la verificación de la obra efectuada por la comisión de recepción, resulta que los trabajos no están terminados o ejecutados en conformidad con los planos, especificaciones y reglas de la técnica, o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, ésta no dará curso a la recepción provisional y elaborará un informe detallado a la Dirección, proponiendo un plazo para que el contratista ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones que determine. Y, cuando el contratista no hiciere las reparaciones y cambios dentro del plazo que la Dirección le fije por oficio ésta podrá llevar a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del contratista, incluso por trato directo o administración directa, cuando se trate de obras menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantías del contrato. Y, lo anterior podrá ser causal de suspensión del Registro de Contratistas, a proposición de la Dirección correspondiente, quien propondrá además el período de suspensión, sobre la base de la importancia del incumplimiento; asimismo la Dirección quedará facultada para aplicar las multas consignadas en el inciso 20 del artículo 111 y se dejará constancia en su Hoja de Vida. A solicitud del contratista y por razones fundadas, la Dirección podrá modificar el plazo inicialmente fijado para las reparaciones.

Que, además, una vez subsanados los defectos observados por la comisión, el contratista solicitará nuevamente la recepción al inspector fiscal, quien verificará su término e informará a la comisión para que ésta proceda a efectuar la recepción provisional en un plazo no superior a 20 días desde dicho informe, fijando como fecha de término de la obra, la indicada en el oficio del inspector fiscal, adicionada con el plazo que el contratista empleó en ejecutar las reparaciones, plazo este último que deberá ser certificado por el propio inspector fiscal. En ningún caso el contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o negarse a reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el inspector fiscal".

Informa, además, que el artículo 168, establece que: "Cuando los defectos a que se refiere el artículo anterior no afecten a la eficiente utilización de la obra y puedan ser reparados fácilmente, la comisión procederá a recibirla con reservas, autorizando la devolución al contratista de las retenciones conforme se indica en el artículo 169, salvo una suma equivalente a 5 veces el valor en que se avalúa el costo de las reparaciones por realizar. La comisión le fijará al contratista un plazo para que efectúe las reparaciones y la Dirección podrá ordenar la explotación inmediata de la obra. A solicitud del contratista y por razones fundadas, la Dirección podrá modificar el plazo fijado para las reparaciones.

Una vez vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, la comisión deberá constituirse nuevamente para constatar la ejecución de los trabajos y levantará, si procede, un Acta de Recepción Provisional, señalando como fecha de término de la obra la indicada en el oficio del inspector fiscal.

Si el contratista no subsanara los reparos observados dentro del plazo fijado, éstos podrán ser ejecutados por la Dirección, en la forma señalada en el inciso 2° del artículo 167, con cargo a las retenciones, quedando a beneficio fiscal el saldo de ellas en concepto de multa, si las hubiere. Del hecho se dejará constancia en la Hoja de Vida del contratista.

Conforme a lo anterior, el inciso 2° del artículo 111 del mismo RCOP establece que "El incumplimiento de cada orden será sancionado con una multa diaria aplicada administrativamente, durante el lapso en el cual no sea acatada, de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales, en los contratos del Registro de Obras Menores y de 3 a 8 unidades tributarias mensuales en los del Registro de Obras Mayores o de un Registro Especial, salvo que las bases administrativas establezcan condiciones distintas a las señaladas".

Informa, además, que es del caso que conforme a lo expuesto la Dirección de Vialidad aplicó la Multa menor que corresponde a los contratos del Registro de Obras Mayores, esto es 3 UTM por cada día de incumplimiento.

En lo que dice relación a la procedencia de la multa administrativa y sus fundamentos, informa, la recurrida, que conforme a todo lo antes expuesto, queda en evidencia:

a) Que, al haber sido recibido las obras con reserva, la comisión de recepción provisoria determinó un plazo para que el contratista subsanara los defectos de que adolecía, tal como se explicó para 3 item, fijándose como fecha límite el 30 de noviembre de 2016;

b) Que, al informar el contratista que las observaciones se encontraban subsanadas, con fecha 21 de Noviembre de 2016 mediante oficio N° 082/2016, el día 24 de Noviembre de 2016 el Laboratorio Regional de Vialidad procede a controlar la retrorreflectancia de la demarcación, dando resultado negativo para 4 mediciones. Por lo que el ítem 704-5 DEMARCACIÓN DEL PAVIMENTO, LINEA LATERAL CONTINUA, aun no se encontraba íntegramente subsanado;

c) Que, conforme lo anterior, el contratista se encuentra en la hipótesis prevista en el artículo 167 del RCOP, pudiendo ordenarse por la administración la ejecución de ellos con cargo a las retenciones del contrato quedando a beneficio fiscal el saldo de ellas en concepto de multa, incluso por trato directo o administración directa, cuando se trate de obras menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantías del contrato. Lo anterior podrá ser causal de suspensión del Registro de Contratistas, a proposición de la Dirección correspondiente, quien propondrá además el período de suspensión, sobre la base de la importancia del incumplimiento; asimismo la Dirección quedará facultada para aplicar las multas consignadas en el inciso 2° y por razones fundadas, la Dirección podrá modificar el plazo inicialmente fijado para las reparaciones.

Informa, también, que a través de ORD N° 1917 la Dirección Regional de Vialidad, instruye al contratista el repintado de los sectores en donde no se cumple con lo especificado, dándole un plazo para ello hasta el día 17 de febrero de 2017. Lo anterior, a fin de que el contratista reparara lo observado y no proceder a aplicar las sanciones que incluso son más gravosas y severas para el contratista, pero tal como ya ha expresado latamente, lo anterior no significa que el contratista quede eximido de sanciones, toda vez que el mismo artículo 167 establece la procedencia de multas administrativas, conforme lo expresa el inciso 2 del art, 111 RCOP y lo instruido por la Contraloría Regional de Aysén para situación análoga.

Sobre la materia, señala, que la Contraloría Regional de Aysén a través de los Oficio Ord N° 3793 de 2016; N° 4513 de 2016 y N° 68 de 2017, que acompaña se ha pronunciado respecto a la procedencia de las multas aplicables al contrato conforme lo determina el artículo 167 del RCOP, en un caso similar como el que en estos autos se debate, lo anterior fundándose en los dictámenes 12.148 de 2013 y 91.683 de 2014 de la Contraloría General de la República, así el último de los oficios que indica que "sobre el particular es menester recordar que el precitado oficio de esta entidad Fiscalizadora requirió a esa entidad que informe por una parte las razones por las que no ha aplicado las multas a que se refiere el artículo 167 del Decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de obras Publicas...", el caso analizado se refiere a incumplimiento del contratista a efectuar las reparaciones dentro de plazo concedido por la comisión de recepción provisoria.

d) Que, desde el día 1 de diciembre de 2016 el contratista incurrió en atraso en efectuar las reparaciones observadas por la Comisión de recepción provisoria, lo que se subsanó con fecha 14 de febrero de 2017, según se expresa por la Comisión de recepción provisoria de fecha 24 de febrero de 2017.

Que, ahora bien, señala el recurrente que: a) No existen fundamentos explicitados en la resolución, y que las citas legales resultan abiertamente insuficientes para justificar la multa ni el monto; b) Que, existiría un error al considerar la multa desde el 01 de diciembre de 2016 al 14 de febrero de 2017, cuando habría sido la misma dirección quien habría concedido un plazo para el cumplimiento (ORD N° 1917/2017) y; c) que el actuar de la administración es contradictorio por haber concedido este plazo adicional y luego multar al contratista.

Señala, además, que los argumentos esgrimidos por el contratista carecen de sustento, tal como sigue:

a) El Resuelvo impugnado por esta vía contiene los fundamentos en sus considerados, esto es Informe del Inspector Fiscal consignado a través de Ord. N° 90 de 2017, que forma parte de esta, así como los artículos infringidos, 167 y 168 del RCOP y la sanción que corresponde conforme los señalan los mismo artículos, esto es el inciso 2° del 111 del mismo cuerpo legal;

b) No existe error alguno en cuanto a la forma de computar la multa, esto es desde el 01 de diciembre de 2016 al 14 de febrero de 2017, toda vez que el contratista debía subsanar las observaciones señaladas por la comisión de recepción provisional a más tardar el 30 de noviembre de 2016, circunstancia que no efectuó sino hasta el 14 de febrero de 2017;

c) No existe contradicción alguna con el actuar de la administración, tal como reza el inciso 2° del artículo 167 del RCOP, "Cuando el contratista no hiciere las reparaciones y cambios dentro del plazo que la Dirección le fije por oficio, ésta podrá llevar a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del contratista, incluso por trato directo o administración directa, cuando se trate de obras menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantías del contrato. Lo anterior podrá ser causal de suspensión del Registro de Contratistas, a proposición de la Dirección correspondiente, quien propondrá además el período de suspensión, sobre la base de la importancia del incumplimiento; asimismo la Dirección quedará facultada para aplicar las multas consignadas en el inciso 2° del artículo 111 y se dejará constancia en su Hoja de Vida. A solicitud del contratista y por razones fundadas, la Dirección podrá modificar el plazo inicialmente fijado para las reparaciones.", de este modo el Ord. 1917 solo viene a consignar un plazo, a fin de, en caso de que no estén reparadas, arbitrar los mecanismos para llevar a cabo los trabajos por cuenta del contratista, salvando la facultad inclusive para imponer multas por el actuar del recurrente de autos.

Razón por la cual, informa que la Resolución recurrida ha sido dictada conforme a las atribuciones de esa Dirección y no ha sido arbitraria, toda vez que se explica de que forma el contratista ha vulnerado el plazo en el cual debía efectuar las reparaciones, y estas no debían sobrepasar el 30 de noviembre de 2016, circunstancia que no ocurrió sino hasta el 14 de febrero del presente.

Informa, además, que indica el recurrente, por otra parte, que el acto dictado es ilegal por cuanto vulnera lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 19.880 que expresa el principio de imparcialidad en el actuar de la administración, y lo cierto es que ese órgano ha actuado con imparcialidad frente al recurrente, pues tal como ha expresado, fue el mismo contratista H y H, quien no cumplió con las especificaciones técnicas de la obra, tras él mismo haber indicado que estas se encontraban terminadas, y siendo revisadas se le concede un plazo adicional para subsanar, como máximo el 30 de noviembre de 2016, constando ya en este informe, que a través de carta de fecha 21 de febrero de 2017, el contratista indica expresamente que: "comunicamos a Ud. que con fecha 13 y 14 de febrero de 2017, se ha dado cumplimiento total a las Observaciones indicadas por Oficio Ord. N° 1753 y Ord. N° 1917 de ésa Dirección...", de modo que tal como ha expresado esa Dirección Regional, ha ajustado su actuar al Reglamento para Contratos de Obras Publicas y los lineamientos dados sobre la materia por la Contraloría General de la Republica así como de la Contraloría Regional de Aysén.

En lo que dice relación a la vulneración de garantías constitucionales, informa que el recurrente señala que el acto plasmado en el Resuelvo Exento N° 847 de 8 de junio de 2017, vulneran la garantías establecidas en el artículo 19 N°2, 22 y 24 de la Constitución Política de la República. Añade, además, que no ha existido, vulneración alguna al derecho de igualdad ante la ley consagrado en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política del estado, señalando que, como ha expuesto, previamente, no han existido diferencias arbitrarias en la decisión de la autoridad, toda vez que existen motivos fundados para proceder al cobro de la multa tal como ha expuesto, y se han dado estricto cumplimiento a los preceptos sobre recepción provisional de las obras, toda vez que ponderados todos los elementos se adquirió convicción respecto a que durante el proceso se constataron deficiencias solo atribuibles al recurrente. Proceder de una forma distinta, significaría desconocer la normativa administrativa que aplica a todos los contratitas que se adjudican contratos de obras públicas siendo lo anterior una evidente infracción a este principio constitucional.

Informa, que tampoco se ha vulnerado el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el estado y sus organismos en materia económica, consagrado en el artículo 19 N° 22 de nuestra Constitución Política, pues tal como ha expresado anteriormente, la Dirección Regional de Vialidad no ha procedido de forma arbitraria, y el plazo que se le concedió no lo fue modificando, dado por la comisión de recepción provisional, sino que lo fue para proceder a tomar la determinación de ejecutar las obras a costa del contratista tal como señala el art. 167 del RCOP.

También, informa, que no ha existido arbitrariedad, indica el recurrente que otras personas y empresas son absueltas de multas por tener causa justificada y razones fundadas, sin embargo nada de lo anterior ha sido expresado realmente por el contratista y, como se puede apreciar, no se ha indicado en ningún momento cuales fueron las razones que tuvo el contratista para dilatar la ejecución de la partida contratada con la administración. Por otra parte, también se ha hecho presente en este recurso que existe una apelación pendiente, la cual no ha sido resuelta.

En cuanto al derecho de propiedad supuestamente conculcado, informa que esa Dirección de Vialidad, no ha vulnerado norma alguna, sosteniendo que el mismo artículo 169 establece que: "Si después de efectuada la recepción provisional de la obra, resulta que los trabajos están ejecutados sin defecto alguno y en conformidad a los planos, especificaciones y reglas de la técnica; que no hay saldos pendientes en contra del contratista, y que éste o alguno de sus subcontratistas nada adeudan a los trabajadores de la obra por concepto de remuneraciones o imposiciones, se devolverán las retenciones efectuadas conforme a lo dispuesto en el artículo158, y la garantía adicional contemplada en el artículo 98, si la hubiere. De modo que dando cumplimiento a lo anterior, mediante Resuelvo DV. OR. N° 23 de 11 de julio de 2017, se procede a efectuar la devolución de las retenciones descontándose las multas, las cuales, como ya ha hecho referencia, han sido calculadas conforme lo dispone la reglamentación, por lo que no existe vulneración alguna a esta garantía Constitucional.

Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, resulta ser que los actos u omisiones reprochados en el presente recurso en caso alguno corresponden a actuaciones ilegales y/o arbitrarias de ese Ministerio, sino todo lo contrario, informa que el actuar de esa Dirección, ha sido en todo momento efectuado con estricto apego a la normativa que rige su actuar, y los actos realizados han sido ejecutados dentro de las competencias de la autoridad, por lo que éstos no adolecen de arbitrariedad y no han podido violar la garantía constitucional invocada.

Por todo lo anterior y, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, D.F.L N° 850 de 1997, Decreto N° 75 MOP y demás normas pertinentes, pide, la recurrida, a ésta Corte, tener por evacuado su informe, en los términos señalados y con el mérito de este, rechazar en todas sus partes el recurso de autos, por improcedente e infundado, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, a la audiencia de la vista de la causa, efectuada el día 8 de septiembre de 2017, concurrieron a alegar en estrados el abogado don Patricio Riccardi Fonseca, sosteniendo el recurso y, el abogado de la recurrida don nombre reservado, en contra de éste.

El primero de dichos letrados, solicito que fuera acogido el recurso, con expresa condena en costas, por estimar que la multa de 228 UTM aplicada a la recurrente es ilegal y arbitraria. Arbitraria porque la empresa lo que hizo fue cumplir estrictamente lo instruido por Vialidad, se le otorgó un plazo hasta el 17 de febrero de 2017, y posteriormente el inspector técnico de la obra dice que el plazo no fue cumplido por lo que el Director de Vialidad visó el informe que contradice el plazo y aplica sanciones, en circunstancias que la recurrente cumplió dentro de ese plazo con las instrucciones perentorias que se le dieron, y que incluso en la respuesta del recurso, el Director de Vialidad, reconoce el otorgamiento del plazo, por lo que no correspondía sanción alguna. La arbitrariedad se debe a los sucesivos actos contradictorios de la administración, puesto que Vialidad dice que otorgó el plazo para no sancionar a la empresa pero igualmente la termina sancionando, por lo que la Resolución que motiva el recurso de protección quebranta la legalidad, no hay razonabilidad en el acto atacado, y el informe 90 es una correspondencia entre el inspector técnico y el Director de Vialidad donde se observa que no hay razonamiento, y no se le comunicó a la empresa recurrente.

Por su parte, el segundo de dichos abogado, pidió el rechazo del recurso por cuestiones de forma, por estimar que es improcedente la vía cautelar respecto de un asunto técnico entre la empresa y la Administración del Estado, y cita Jurisprudencia al respecto. En cuanto al fondo, pide su rechazo porque no hay arbitrariedad ni ilegalidad, se hizo una reserva de la recepción de la obra y se le dio a la empresa recurrente plazo hasta el 30 de noviembre de 2016 sin que se subsanaran las observaciones y por eso conforme al contrato y al Reglamento de Obras Públicas se le aplicó la multa, y el hecho que Vialidad haya autorizado un repintado no significa que se hayan superado las observaciones que provocaron finalmente la multa, y el Director de Vialidad lo que dijo es que se cumplieron las observaciones en el plazo otorgado, y con ello no se agravó más la multa, pero ello no significa que se hayan superado las irregularidades de no entregar la obra dentro del plazo, y tampoco hay discriminación porque el Director de Vialidad resuelve caso a caso dentro de sus facultades.

CUARTO: Que, en forma previa a analizar el fondo del recurso, es menester analizar los presupuestos de procesabilidad del recurso de protección y, que son: 1) Que, exista un interés, porque todo derecho, es en sí, un interés protegido por la ley, y si el interés falta desaparece la protección; 2) Una calidad o titularidad de la acción, denominada actualmente por los tratadistas “legitimación activa”, porque la acción corresponde al titular del derecho o a su representante legal; y, 3) Una capacidad procesal, es decir, la aptitud para actuar personalmente en el juicio.

Que, en el presente caso, estima esta Corte que concurren todos los requisitos ya mencionados, desde que la empresa recurrente tiene interés que está protegido por la ley, es titular de la acción y por lo tanto goza de legitimación activa, y además, dispone de capacidad procesal, esto es, tiene actitud para actuar en la presente acción cautelar.

Pero, además, de los mencionados requisitos, debe concurrir un cuarto y que consiste la existencia de un derecho comprometido, porque no se concibe que la sentencia acoja una acción, sin un derecho que le sirva de fundamento y cuya protección se pide, requisito que se analizará a continuación.

QUINTO: Que, al respecto, y según se expone en el recurso de protección que corre de fojas 15 a 21 vuelta, la empresa Constructora H y H Ltda., representada por nombre reservado, deduce la acción cautelar contra la Resolución Exenta DV. OR. N° 847/2017 de fecha 08 de junio de año 2017, que en su resuelvo primero aplica multa de 228 UTM respecto del contrato "MEJORAMIENTO CAMINO X-730, CRUCE RUTA 7-BAHIA MURTA. TRAMO: KM 0,00 A KM 4,426, COMUNA DE nombre reservado IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN" a cargo de la empresa recurrente, Constructora H. y H Limitada, adjudicada según Resolución DV. OR. N° 025 de 23.05.14, disponiéndose, además, como medida para restablecer el imperio del derecho, la inmediata derogación de la multa aplicada por el acto impugnado, con costas del recurso, por carecer el acto administrativo impugnado de causa, y fundamentación, resolución dictada por don nombre reservado, Ingeniero Civil, en su calidad de Director Regional Subrogante de Vialidad de la Región de Aysén, que dice relación con el contrato de construcción, ya referido, ya que dicho decreto, aplicó a la recurrente la multa ya referida por incumplimiento de lo indicado en los artículos 167 y 168 del R.C.O.P. o Decreto MOP. N° 75 de 02.02.04, de acuerdo a lo establecido en el artículo 111 del R.C.O.P. y, según lo indicado en el informe de incumplimiento emitido por el Inspector Fiscal a través de Ord. N° 90 de fecha 02.06.2017, disponiendo, además, la resolución atacada, tener presente que dado que la multa indicada se expresa en UTM, el valor de la UTM a aplicar, en lo que respecta a dicha multa, será la correspondiente al mes en que se curse el estado de pago en el cual se deduce la multa.

SEXTO: Que, en consecuencia, lo que se pide en sede de protección no es otra cosa que, en un contrato administrativo suscrito por las partes, bajo las normas de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, esta Corte deje sin efecto una Resolución Exenta y la aplicación de multas, en circunstancias que el recurso de protección fue creado para evitar el daño que se pudiere originar por actos u omisiones ilegales o arbitrarias respecto del legítimo ejercicio de derechos, taxativamente señalados por el constituyente, que se encuentran establecidos indubitadamente, esto es, respecto de la existencia de un derecho claro y no dubitado, en el que no exista controversia y en donde sea evidente la arbitrariedad o ilegalidad, todo lo cual escapa en el presente caso en el que se pide el análisis de interpretaciones de normas jurídicas o dilucidar criterios de aplicación de leyes o contratos, que escapan al procedimiento breve y sumarísimo, q ue exige el recurso de protección, puesto que lo planteado dice relación con cuestiones de fondo, de lato conocimiento, que requiere de otras acciones ajenas al recurso de protección. Es más, la reiterada Jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado textualmente “Resulta ajeno a la naturaleza del recurso de protección el dilucidar cuestiones de hecho que deben ser materia de prueba, lo que es propio de un juicio de lato conocimiento que permita resolver con propiedad acerca de las pretensiones de las partes.” (Corte Suprema, Fallo 22 de marzo de 2002, en Revista Gaceta Jurídica 261 página 34). De ahí que la acción cautelar de protección, dada su naturaleza y finalidad, no es apta ni procedente para obtener declaraciones sobre la validez, nulidad o interpretación o el cumplimiento o incumplimiento de contratos civiles o administrativos, materias todas que requieren ventilarse en un procedimiento de lato conocimiento, a menos que la autoridad administrativa, en la interpretación o cumplimiento o incumplimiento del contrato con el Estado, sea palmariamente errónea, de tal forma que aparezca configurada una ilegalidad o arbitrariedad, lo que no ocurre en el presente caso.

SÉPTIMO: Que, por las razones expuestas precedentemente, esto es, no ser esta sede de protección la vía idónea para reclamar de una materia dubitada, el recurso deberá ser declarado inadmisible y, por consiguiente, resulta innecesario entrar a analizar las peticiones deducidas por la recurrente y que dice relación con el quebrantamiento de los derechos constitucionales que se denuncian como infringidos, esto es, la garantía referida a la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica, y el derecho de propiedad, consagradas en los N° 2, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, por resulta ello innecesario y, por ello, se omitirá todo análisis y pronunciamiento sobre el fondo del recurso mismo.

Que, por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el mérito de autos y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara SIN LUGAR, el recurso de protección interpuesto de fojas 15 a 21 vuelta, por don Patricio Riccardi Fonseca, abogado, en representación de la empresa Constructora H-H Limitada, representada por don nombre reservado, todos ya individualizados, en contra de la Dirección de Vialidad de Aysén, representada por su Director don nombre reservado o quién lo subrogue o represente legalmente, o haga las veces de tal, por la dictación de la Resolución Exenta DV. OR. N° 847/2017 de fecha 08 de junio de año 2017, por no ser el asunto planteado en el recurso una materia para ser resuelta en sede de protección, omitiéndose, por consiguiente, todo análisis y pronunciamiento sobre el fondo de lo analizado en el recurso, por ser ello innecesario, sin costas.

Acordado lo anterior, con el voto en contra del señor Ministro Titular don Sergio Fernando Mora Vallejos, quién fue de opinión de acoger el presente recurso de protección, teniendo presente para ello lo siguiente:

1°) Que, lo discutido dice relación tan solo con la procedencia de la sanción que le fuera aplicada a la recurrente y que fluye de los documentos acompañados, razón por la cual se estima, en primer lugar, que la existencia de un procedimiento contencioso administrativo no obsta al ejercicio de la acción cautelar deducida, tanto porque ésta puede ejercerse sin perjuicio de otros derechos cuanto porque evidentemente la amenaza de un perjuicio económico en contra de la empresa recurrente es real e inminente.

2°) Que, en segundo lugar y, en cuanto al fondo de lo debatido, y conforme al mérito de los antecedentes que fluyen del recurso, especialmente del informe evacuado por el Director Regional de Vialidad, don Leonardo Osvaldo García Godoy, aparece con absoluta claridad y nitidez que la Dirección de Vialidad, luego que tuvo presente las observaciones efectuadas por la comisión de recepción provisional, y constatado que no se encontraban subsanadas por la empresa las obligaciones contraídas en el contrato de obra pública respectivo, en especial, que no estaba remediada las observaciones que constaban en el informe de medición de retroreflectancia horizontal, correspondiente al ítem 704-5 “demarcación de pavimento”, que era la obligación principalmente contraída, instruyó a la empresa contratista el repintado de los sectores en donde no se cumple con lo especificado y para ello le dio un plazo hasta el día 17 de febrero de 2017.

3°) Que lo anterior, se encuentra plenamente reconocido al informarse el recurso de protección en el cual, en el numeral 4.- de dicho informe, se señala textualmente: “Finalmente el contratista concluyó la demarcación del pavimento con fecha 14 de febrero de 2017, situación que fue constatada por el Inspector Fiscal, por lo que solicitó al laboratorio Regional la realización de los controles receptivos correspondientes, en función de lo cual el día 16 de febrero de 2017 el laboratorio regional realiza los controles y elabora certificado N° 48 de fecha 21 de febrero de 2017, donde se establece que las observaciones han sido subsanadas y la ejecución de la partida se ajusta a la Especificación Técnica correspondiente.”

4°) Que, del mismo informe, evacuado por la recurrida, consta que con fecha 21 de febrero de 2017, el contratista mediante Oficio 06/17, comunicó al Inspector Fiscal que con fecha 13 y 14 de febrero de 2017 dio cumplimiento a las observaciones existentes, concluyendo de esta forma las observaciones efectuadas el día 14 de febrero de 2017 por lo que conforme lo anterior, con fecha 21 de febrero de 2017, del Laboratorio Regional de Vialidad, se establece que las observaciones (retroreflectancia) de la partida, se ajustan a la Especificación Técnica correspondiente y que la comisión procedió a constituirse con fecha 24 de febrero de 2017, recibiendo provisoriamente la obra.

5°) Que lo anterior, es plenamente concordante con el Oficio Ord. N° 1917, de la Dirección de Vialidad, de fecha 28 de diciembre de 2016, que dice relación con la obra de que se trata, dirigido por el señor Director Regional de Vialidad, Región Aysén, a la Sociedad Constructora H-H LTDA., mediante el cual adjuntan informe de medición de Retroreflactancia Horizontal, correspondiente al ítem 704-5, Demarcación del Pavimento Línea Lateral Continua, de la obra que le fue adjudicada a la empresa y en el cual expresamente se instruyó el repintado de los sectores en donde no se cumple con lo especificado, “dándose plazo hasta el día 17 de Febrero de 2017”.

6°) Que, en las condiciones anotadas, a juicio de este Ministro Disidente, resultaba improcedente que el Director Regional de Vialidad aplicara la multa impuesta mediante la Resolución objeto del recurso de protección, de 228 UTM, por atraso en la entrega de la obra, toda vez que la misma autoridad, y según se extrae del informe que evacuó y de los documentos agregados a estos autos, otorgó un plazo hasta el día 17 de febrero de 2017, para subsanar las observaciones que se efectuaron, por lo que resulta arbitrario e ilegal que se sancione con dicha multa a la empresa recurrente, bajo el argumento de que hasta el 14 de febrero de 2017 existió un atraso en la entrega de la obra, en circunstancias que la misma Autoridad le había otorgado un plazo que venció con posterioridad, esto es, el 17 de febrero de 2017 y dentro del cual se subsanaron dichas observaciones.

7°) Que, en consecuencia, aparece como una amenaza cierta y evidente la resolución recurrida que ordena el pago de la multa impuesta la que vulnera el legítimo ejercicio de un derecho constitucionalmente protegido, como es el de propiedad, que fue invocado en el recurso de protección, toda vez que hay un amedrentamiento real y no presunto, actual y no eventual y, preciso y no vago en su formulación, constituyendo ello un acto o proceder contrario a la justicia e infundado, esto es ilegal y, además, arbitrario, dado que la recurrida no se ciñó a la normativa que rige la materia y sus actos propios, por lo que se estima del caso que el recurso de protección interpuesto correspondía ser acogido y dejar sin efecto la Resolución Exenta DV.OR N° 847/2017, de fecha 8 de junio de 2017, que aplicó a la empresa recurrente una multa de 228 UTM por la obra que se señala en el recurso.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del voto de mayoría del señor Ministro Titular don Luis Daniel Sepúlveda Coronado y del voto en contra, de su propio autor.

Rol 113-2017.

Se deja constancia que no firma la señora Ministro Titular doña Alicia Araneda Espinoza, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del presente fallo, por encontrarse ausente.