nombre reservado con MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS-FISCALIA NACIONAL MOP

Coyhaique, a treinta de agosto del año dos mil veintidós.

VISTOS:

Con fecha 28 de julio de 2022, comparece doña nombre reservado y doña Makarena García Dinamarca, ambas abogados, con domicilio en domicilio reservado, en favor de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quienes deducen recurso de protección en contra del Ministerio de Obras Públicas, representada por el Ministro de Obras Públicas, don Juan Carlos García Pérez de Arce, y por su Fiscal Nacional doña Eliana Muñoz Zoffoli, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por cuanto dicen que la recurrida dispuso el término anticipado de la contrata de la recurrente de manera arbitraria e ilegal, según consta en Resolución Exenta RA N° 136/37/2022 de 06 de julio de 2022, notificada mediante carta certificada recibida con fecha 13 de julio de 2022, mediante la cual se pone término anticipado a la designación como profesional de la planta de profesionales del Servicio Fiscalía Ministerio de Obras Públicas, considerando que este acto constituye una abierta vulneración a los Derechos fundamentales de su representada, consagrados en los artículo 19 Nº 2 y 24 de la Constitución Política de la República. Solicitando, se disponga “(...) invalidar el término anticipado de la contrata de doña nombre reservado, ordenar su reintegro y el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso con expresa condenación en costas.”

Con fecha 02 de agosto de 2022, se declaró admisible el recurso de protección y se solicitó informe a la recurrida.

Con fecha 18 de agosto de 2022, se agregó el informe evacuado por doña Eliana Muñoz Zoffoli, Fiscal Nacional del Ministerio de Obras Públicas.

Con fecha 22 de agosto de 2022, se trajeron los autos en relación, y con fecha 24 del mismo mes y año, se procedió a la vista de la causa, con la comparecencia telemática de la abogada doña Makarena García Dinamarca, por el recurso; y, en contra del mismo, compareció en representación de la recurrida la abogada del Consejo de Defensa del Estado doña nombre reservado.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la parte recurrente, fundamentando su recurso sostiene que doña nombre reservado, se desempeñó en calidad de contrata de forma ininterrumpida desde octubre de 2016 al 20 de enero de 2019, en el Servicio Nacional de Menores, como abogada de la Unidad de Adopción; y desde el 21 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019 en calidad de honorarios en la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas Aysén.

Con fecha 01 de febrero de 2019 es contratada en calidad de contrata en el Ministerio de Obras Públicas, Servicio Fiscalía de Obras Públicas, a cargo de un Fiscal Nacional. Hasta el 31 de diciembre de 2019, y mientras sean necesarios sus servicios, designación como Profesional, asimilado a grado 6° Escala Única de Sueldos, de la Planta de Profesionales, prorrogándose sus contratas el año 2020, 2021 y 2022, cuya última prórroga se extendía desde el 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

Así, mediante la Resolución Exenta Fiscalía Nº 301 de 15 de febrero de 2019, Resolución Exenta Fiscalía Nº 179/2019, Resoluciones Exentas Fiscalía Nº 1114/2021 y Nº 73/2022 se le encomiendan funciones y atribuciones como Fiscal Regional del Ministerio de Obras Públicas de la Región de Aysén, detallando las funciones de su cargo. Siendo calificada en Lista 1 Distinción.

Agrega que, Mediante Resolución Exenta N°844 de fecha 05 de julio de 2022, se pone término a la encomendación de funciones como Fiscal Regional de la funcionaria.

Posteriormente, con fecha 13 de julio de 2022, se notifica por carta certificada la Resolución N° 136/37/2022 del 06 de julio de 2022, que dispone el término anticipado de su contrata.

Señala que, la Contraloría General de la República en el Dictamen N°7613 de 8 de abril de 2020, sostiene que: “La encomendación de servicios es una medida de buena administración, no reconocida en el ordenamiento jurídico, necesaria para encargar labores imprescindibles para la continuidad del servicio y que no pueden desarrollarse por medio de un cargo público. Así, retirar a un servidor de su encomendación de servicios significa que aquel retomará las labores que son propias del empleo en el cual se le designó,(…)

A su vez, el Dictamen N° 18.648 de 2019 del órgano contralor, indica que la encomendación de funciones no constituye una forma de asunción a un cargo en la Administración, por lo que cabe colegir que el funcionario que es objeto de tal medida mantiene la plaza en que fue nombrado o designado, al igual que sus remuneraciones, y su nivel estará determinado por el grado del cargo que ocupe en la planta de que se trate, siendo irrelevante, por ende, para estos efectos, la función que se le hubiere encomendado por la autoridad.

El criterio indicado por la Contraloría General de la República es ratificado expresamente por la Excma. Corte Suprema en el fallo de fecha 06 de agosto de 2021 en causa Rol N° 131.122-2020.

Manifiesta que, conforme lo anterior, la Fiscal Nacional dispone el término de la encomendación de funciones de la funcionaria, mediante la Resolución Exenta N°844, de fecha 05 de julio de 2022, lo que no significa que al retirar al recurrente de la encomendación de funciones su contratación termina, por cuanto deberá retomar las labores que son propias del empleo en el cual se le designó, es decir, sus funciones profesionales.

Estima en ese sentido que, la resolución recurrida carece de motivación por cuanto en lo resolutivo del acto indica que el término anticipado de la contrata se verifica “por no ser necesarios sus servicios”, haciendo referencia al término de la encomendación de funciones de la recurrente.

Indica que, de acuerdo a la letra c) del artículo 3° de la Ley N°18.834, que contiene el Estatuto Administrativo, se entiende por empleo a contrata aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución. Por su parte, el inciso primero del artículo 10 prescribe que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleadores que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

Añade que, las normas transcritas consagran explícitamente la transitoriedad de la contrata, lo anterior no habilita a la Administración para poner término anticipado a la misma, sino en tanto se den motivos o razones suficientes que justifiquen tal proceder.

Ahora bien, la transitoriedad de la contrata no dice relación con la persona que sirve el cargo, sino con el cargo mismo, esto es, que lo circunstancial o precario es el tipo o clase de trabajo que se desarrolla en la institución, mas no el funcionario específico o determinado que lo sirve.

Así las cosas, sostiene que, no existe ninguna justificación para poner término a la prestación de servicios como profesional a contrata de la funcionaria, por cuanto las funciones que prestaba para la recurrente se mantienen inalterables y por tanto no se explica por qué los servicios del recurrente “no son necesarios”, fórmula de despido que se relaciona con un hecho objetivo, esto es, vinculada con las funciones, prescindiendo de elementos subjetivos que digan relación con la persona que lo sirve.

Señala que, en este caso, la ilegalidad se configura en relación al elemento fin del acto, aspecto que constituye un vicio que lo torna susceptible de anulación, siendo, por cierto, también arbitrario por los motivos expuestos.

La resolución no especifica de modo alguno porque (sic) no se hacen necesarios los servicios en calidad de profesional de la funcionaria.

Así entonces, el hecho de que se preste servicios bajo la modalidad “mientras sean necesarios sus servicios” hace referencia a las condiciones que permitirían anticipar el término de la contrata de manera excepcional, antes de la expiración normal el 31 de diciembre de 2022, y que tal circunstancia se relaciona con el motivo que deberá tenerse en consideración y ser el fundamento preciso del acto administrativo, lo que no es explicado en la Resolución, en ningún caso la necesidad de sus servicios se relaciona con el término de una encomendación de funciones.

Esgrime que, al Ministerio de Obras Públicas, le corresponde fijar la organización interna, sin que el ejercicio de esta facultad signifique modificar la planta de personal ni la estructura del Servicio, que se encuentra establecida en la ley y mediante Decreto Supremo.

Así, la Fiscalía Nacional no tiene planta propia y es mediante Decreto N° 681 de 19 de agosto de 2004 que establece Estructura Organizacional del Servicio de Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas y mediante Resolución N° 215 de 25 de enero de 2018 que establece Organización Interna y Descripción de Funciones Generales y Específicas de la Fiscalías del Ministerio de Obras Públicas.

Sostiene que, al no existir el cargo de Fiscal Regional en la planta del Ministerio no podría mediante resolución administrativa establecerse que es un cargo de exclusiva confianza, por cuanto dicha modalidad de prestación de funciones, sólo puede ser establecida por ley. De esta forma, aceptar que otros funcionarios distintos a aquellos señalados en la normativa transcrita tengan el carácter de exclusiva confianza, implica admitir que es la autoridad administrativa, a través del nombramiento, quien crea este tipo de cargos, cuestión inadmisible, toda vez que son establecidos por ley.

Agrega que, la resolución recurrida indica que la funcionaria no estaría amparada por el principio de confianza legítima, de acuerdo a las instrucciones impartidas en Dictamen E156769 Fecha:17-XI-2021, tanto por la naturaleza de las funciones descritas al corresponder a la delegación de funciones de la Jefa de Servicio, el cual transcribe textualmente. Por ello, sin perjuicio que este caso se trata del término anticipado de una contrata que expiraba el 31 de diciembre de 2022, la funcionaria cuenta con la confianza legítima de ser prorrogada o renovada su designación a contrata, toda vez que esta fue dispuesta como Profesional no para el ejercicio exclusivo de un cargo específico.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sustenta el recurrente sus alegaciones en la Ley 18.834 denominado Estatuto Administrativo, pues es dicho cuerpo legal el que regula las contratas, sus atribuciones, su forma de desempeño y de término, haciendo referencia a la naturaleza jurídica del vínculo entre la Administración y el funcionario público, sobre el cual señala que es un vínculo de derecho público, establecido con anterioridad al nombramiento del funcionario, que le es obligatorio respetarlo, y por ello el vínculo se inicia con un acto unilateral de la Administración, denominado nombramiento, y no con un acto bilateral como lo es el contrato.

Sobre la estabilidad laboral del funcionario, señala que, según el artículo 89 de la Ley 18.834, todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, prerrogativa de la que en parte alguna se exime a los que detentan la denominada condición “a contrata”. Esto significa que mientras transcurre el contrato, no puede legítimamente ponérsele término anticipado sino en la forma que el propio Estatuto Administrativo contempla.

Refiere que, el artículo 10 de la Ley 18.834 sostiene que los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año y que quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa oportunidad, sólo por el ministerio de la ley. Pero esta prescripción debe ser asumida en su contexto. De acuerdo con el Artículo 146 de la misma legislación, son causales de cesación en el cargo, en lo que aquí interesa, la destitución (letra d) o el término del período legal por el cual se ha sido designado (f). La destitución -primera hipótesis- es la más extrema de las sanciones disciplinarias, según expresa el artículo 121 letra d) de la ley en referencia; como en todo castigo de su clase, su fundamento factual debe ser acreditado mediante una investigación sumaria o sumario administrativo, cual lo exige perentoriamente el inciso segundo del artículo 119, decisión que debe ser adoptada por la autoridad facultada para contratar; la procedencia de una eventual destitución queda supeditada a esa causalidad: responsabilidad funcionaria debidamente sumariada. La expiración del tiempo de designación, para el periodo que media entre la contratación y el 31 de diciembre del año calendario en que aquella tiene lugar, empero no para el siguiente.

En el mismo sentido el artículo 11 de la Ley N° 19.880, tampoco calificará de razonada una decisión que identifique la terminología legal “como máximo”, con el mero arbitrio del empleador, si se considera que ningún mérito existe ni puede existir para considerar que el discurso legislativo “como máximo… hasta el 31 de diciembre de cada año” pueda significar ni equivaler a otro que rece “hasta la mera voluntad del contratante”.

Así entonces, estima que el cese de la contratación, es ilegal y arbitrario, pues pugna con la normativa a la que debió atenerse. Arbitrario porque arrasa con un derecho, sin más fundamentación que la de no ser necesarios los servicios del afectado, de lo cual se sigue un directo e inmediato atentado contra el derecho consagrado en el artículo 19 N° 24, de la Constitución Política de la República, relativo a la propiedad sobre los intereses anexos a su empleo, prerrogativa ésta que, la judicatura está en el deber de preservar. Señalando además que la estabilidad en el empleo constituye un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico.

Agrega que, dentro del derecho administrativo, existe como principio básico, la garantía de fundamentación de la motivación del acto administrativo, vinculada desde el punto de vista estructural a la realización de determinados bienes constitucionales, como la legalidad, la probidad, la transparencia y la publicidad de las actuaciones de los entes públicos. Desde el punto de vista del ciudadano, permite a las personas conocer la causa, el fin y el derecho en que se pretende apoyar o sustentar, pues en el caso, la fundamentación de la desvinculación del recurrente, no se originan en la necesidad del servicio ya que las funciones siguen siendo necesarias, pudiendo inferir motivaciones políticas o de confianzas, a pesar que la recurrente no ejerce un cargo de confianza.

Alega como garantías constitucionales vulneradas, la contenida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, referida a la igualdad ante la ley, porque dada la naturaleza de la resolución que puso término a la contrata, no se puede medir o evaluar los fines que se persigue con dicha decisión dado que no se expresa sino que solo se ampara en una potestad legal que permite poner término a la relación, tomando como argumentos conceptos vagos e imprecisos, sin justificar la decisión conforme a los estándares que exige el principio de igualdad, y conforme a los requisitos de todo acto administrativo, por ello el término anticipado de la contrata, deviene en discriminatorio.

Asimismo, estima conculcado el derecho de propiedad sobre los intereses anexos a su empleo, establecido en el N°24 del artículo 19, de la referida Carta Fundamental, desde que, la estabilidad en el empleo constituye un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico, porque forma parte del patrimonio personal, del patrimonio social y del patrimonio pecuniario del sujeto.

SEGUNDO: Que, doña Eliana Muñoz Zoffoli, Fiscal Nacional del Ministerio de Obras Públicas, en representación de la recurrida, informando el presente recurso explica que doña nombre reservado ingresó al Servicio el 01 de febrero de 2019, en calidad jurídica Contrata, Profesional, Grado 6° EUS, con residencia en la ciudad de Coyhaique para desempeñar el cargo de Fiscal Regional en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, manteniendo su contrata hasta el día 14 de julio de 2022, según consta en Resolución TRA N° 136/7/2019 de 06 de febrero de 2019, que justamente su contratación se realizó para proveer el cargo de profesional a quien se le delegarían funciones y atribuciones para ejercer como Fiscal Regional, y no para otros fines.

Manifiesta que, por Resolución (Exenta) Fiscalía N° 179 de 28 de enero de 2019 fueron delegadas facultades, funciones y atribuciones de Fiscal Nacional del Ministerio de Obras Públicas a los funcionarios que se designen para ejercer la función de Fiscal Regional.

Posteriormente y por Resolución (Exenta) Fiscalía N° 301 de fecha 15 de febrero de 2019, se designó a doña nombre reservado para desempeñar la función de Fiscal Regional del Ministerio de Obras Públicas en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, contratación que fue prorrogada para los años 2020, 2021 y 2022 en los mismos términos que la inicial y siempre, mientras fueran necesarios sus servicios.

Indica que, por Resolución (Exenta) Fiscalía N° 844 de 05 de julio de 2022 se puso término a contar de dicha fecha a la designación como Fiscal Regional del Ministerio de Obras Públicas de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, de la recurrente doña nombre reservado, que fue dispuesta en Resolución N° 301 de 15 de febrero de 2019 y ratificada por las Resoluciones Exentas Fiscalía N° 1114/2021 y N° 73/2022. A su vez, y en el mismo acto, fueron revocadas las facultades y atribuciones delegadas a doña nombre reservado, en el Resuelvo N° 1 de la Resolución Exenta Fiscalía N° 73 de 14 de enero de 2022.

Así, mediante Resolución Exenta RA N° 136/37/2022, impugnada en autos, de fecha 06 de julio de 2022 se dispuso el término anticipado de la contrata de la recurrente, por no ser necesarios sus servicios, la cual transcribe de manera textual.

Indica que, la autoridad no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, pues, la referida Resolución Exenta es un acto administrativo, y en dicha calidad goza de una presunción de legalidad, imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios desde su entrada en vigencia, de acuerdo a lo que prescribe el inciso final del artículo 3 de la Ley N° 19.880, se encuentra dictada en el ámbito de atribuciones del Jefe Superior del Servicio y constituye un acto debidamente fundado, además, se encuentra amparada tanto en las normas administrativas que se establecen en él, como en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República.

Respecto de la arbitrariedad, señala que, los órganos de la administración incurrirán en ésta cada vez que en el ámbito de sus potestades discrecionales dicten actos que carezcan de razonabilidad o fundamentación suficiente, haciendo un uso caprichoso de las potestades otorgadas.

Al respecto cita el dictamen N° E156769/2021, de 17 de noviembre de 2021, de la Contraloría General de la República, que estableció el nuevo instructivo sobre confianza legítima en las contratas.

Sostiene que, la resolución impugnada puso término anticipado a la contrata de la recurrente, en razón de los siguientes fundamentos: 1) Doña nombre reservado, por decisión de la autoridad correspondiente, se desempeñó durante la vigencia de sus contratas, en el cargo de Fiscal Regional del Ministerio de Obras Públicas en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, amparada en la delegación de funciones y atribuciones de carácter directivo otorgadas, conforme a la facultad del Jefe de Servicio (Fiscal Nacional); 2) Sin embargo, la actual Fiscal Nacional de Obras Públicas dispuso el término de la designación como Fiscal Regional del Ministerio de Obras Públicas de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo de la recurrente doña nombre reservado, mediante Resolución (Exenta) Fiscalía N° 844 de 05 de julio de 2022; 3) La recurrente no ha desempeñado otras funciones en la Fiscalía de Obras Públicas que sean distintas a las de ejercer las facultades delegadas para el ejercicio del cargo de Fiscal Regional, y no existe ni existió necesidad del Servicio del desempeño de la funcionaria en cargos de otra naturaleza en la Fiscalía Regional.

Niega que exista un acto u omisión, que haya vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 N° 2, de la Constitución Política de la República, pues cualquier funcionario a contrata que se encuentre en la misma situación de la recurrente está sujeto al término anticipado de su contratación, al ocupar un cargo en que la Jefa del Servicio le delega funciones y atribuciones y por ende, de confianza.

En lo referente al derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N° 24, de la citada Carta Fundamental, señala que no es posible entender que las personas que desarrollan funciones públicas tengan un derecho de propiedad sobre éstas, puesto que las labores que en definitiva desempeñan son aquellas propias del Estado, cuya finalidad es el bien común.

TERCERO: Que, de conformidad a lo expresado por el recurrente y de los antecedentes allegados a estos autos, apreciados de conformidad a las normas de la sana crítica, deben tenerse como hechos de la causa, los siguientes:

· Que, con fecha 6 de febrero de 2019, mediante Resolución TRA N° 136/7/2019, la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, resolvió contratar a doña nombre reservado, RUN N° RUT reservado, a contar de 1 de febrero de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019, y mientras sean necesarios sus servicios, como Profesional, asimilado a grado 6º Escala Única de Sueldos, de la Planta de Profesionales, con jornada de 44 horas semanales.

· Que, con fecha 29 de noviembre de 2019, mediante Resolución Exenta RA N° 136/138/2019, la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, resolvió prorrogar la contrata de doña nombre reservado, como Profesional, asimilado a grado 6º Escala Única de Sueldos, de la Planta de Profesionales, con jornada de 44 horas semanales, desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

· Que, con fecha 30 de noviembre de 2020, mediante Resolución Exenta RA N° 136/45/2020, la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, se prorroga la contrata de doña nombre reservado, como Profesional, asimilado a grado 6º Escala Única de Sueldos, de la Planta de Profesionales, con jornada de 44 horas semanales, desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

· Que, con fecha 30 de noviembre de 2021, mediante Resolución Exenta RA N° 136/73/2021, la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, resolvió prorrogar la contrata de doña nombre reservado, como Profesional, asimilado a grado 6º Escala Única de Sueldos, de la Planta de Profesionales, con jornada de 44 horas semanales, desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

· Que, con fecha 15 de febrero de 2019, mediante Resolución (Exenta) Fiscalía N° 301, la Fiscalía de Obras Públicas, resolvió designar a la funcionaria recurrente, para que desempeñe la función de Fiscal Regional del Ministerio de Obras Públicas en la Región de Aysén.

· Que, con fecha 5 de julio de 2022, mediante Resolución (Exenta) Fiscalía N° 844, la Fiscalía de Obras Públicas, resolvió poner término a la designación de Fiscal Regional del Ministerio de Obras Públicas en la Región de Aysén, y revocar las facultades y atribuciones delegadas.

· Que, con fecha 6 de julio de 2022, mediante Resolución Exenta RA N° 136/37/2022, la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, resolvió poner término anticipado a la designación a contrata de doña nombre reservado, como Profesional, asimilado a grado 6º Escala Única de Sueldos, de la Planta de Profesionales, del servicio Fiscalía Ministerio De Obras Públicas, con jornada de 44 horas semanales.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1°, del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

SEXTO: Que, el acto impugnado y que atentaría contra los derechos y garantías constitucionales de la recurrente, es la Resolución N° 136/37/2022 del 06 de julio de 2022, notificada por carta certificada el 13 de julio de 2022, mediante la cual se pone término anticipado a la designación a contrata de doña nombre reservado, como Profesional, asimilado a grado 6° Escala Única De Sueldos, de la Planta de Profesionales del Servicio Fiscalía Ministerio De Obras Públicas, con jornada de 44 horas semanales, por no ser necesarios sus servicios.

SÉPTIMO: Que, de los hechos establecidos en autos y de las presentaciones principales de las partes, esto es, el libelo pretensor e informe respectivos, se advierten como hechos controvertidos la falta de fundamentación del acto administrativo impugnado mediante el presente arbitrio, por carecer de motivación al consignar en lo resolutivo que el término anticipado de la contrata se verifica “por no ser necesarios sus servicios”, haciendo referencia al término de la encomendación de funciones de la recurrente y si la función del recurrente, corresponde a una prestación de servicios bajo la modalidad de exclusiva confianza.

OCTAVO: Que, el marco normativo que regula la materia ventilada en el presente recurso, se encuentra contenido en la Ley 18.834 que aprueba el Estatuto Administrativo y en la Ley 19.880.

Que, en lo pertinente el Estatuto Administrativo, dispone que los empleados de la Administración del Estado, se clasifican en empleados de planta o empleados a contrata, los primeros como titulares, suplentes o subrogantes; distinguiéndolos la duración de las funciones, los primeros con permanencia en sus funciones y los segundos en carácter de transitorios, siendo el artículo 3° de dicho cuerpo normativo el que establece que los empleados a contrata, son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución y cuya permanencia señala el artículo 10° del mismo cuerpo legal, en el sentido de que el tiempo máximo de duración es hasta el 31 de diciembre de cada año, fecha en que su cargo expira por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos, lo que se condice con lo determinado en el artículo 146, letra f), del mismo cuerpo legal, puesto que, en principio, se funda en disposiciones legales que autorizan el acto administrativo y dentro del marco de atribuciones de quien lo emitió.

NOVENO: Que, asimismo, debe considerarse lo dispuesto en el DFL 1-19.653 que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo Artículo 49 dispone: “ Sin perjuicio de lo dispuesto en los Nº 9º y 10º del Artículo 32 de la Constitución Política de la República, la ley podrá otorgar a determinados empleos la calidad de cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento.

No obstante, la ley sólo podrá conferir dicha calidad a empleos que correspondan a los tres primeros niveles jerárquicos del respectivo órgano o servicio. Uno de los niveles jerárquicos corresponderá, en el caso de los Ministerios, a los Secretarios Regionales Ministeriales, y en el caso de los servicios públicos, a los Subdirectores y a los Directores Regionales. Si el respectivo órgano o servicio no contare con los cargos antes mencionados, la ley podrá otorgar la calidad de cargo de la exclusiva confianza, sólo a los empleos que correspondan a los dos primeros niveles jerárquicos. Para estos efectos, no se considerarán los cargos a que se refieren las disposiciones constitucionales citadas en el inciso precedente.

Con todo, la ley podrá también otorgar la calidad de cargo de la exclusiva confianza a todos aquellos que conforman la planta de personal de la Presidencia de la República.

Se entenderá por funcionarios de exclusiva confianza aquéllos sujetos a la libre designación y remoción del Presidente de la República o de la autoridad facultada para disponer el nombramiento.”

DÉCIMO: Que, cabe hacer presente que en lo que respecta a la eventual ilegalidad del acto en cuestión, no es discutido el hecho de que la decisión se encuentre dentro del marco de las atribuciones de la autoridad recurrida, toda vez que, en su tramitación se observó, el procedimiento fijado en la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de modo que la resolución recurrida no es ilegítima desde éste punto de vista, por cuanto se procedió por quien reviste la debida autoridad y goza de la facultad para hacerlo, sumado a que actuó dentro del marco de sus atribuciones legales.

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, radicado el núcleo controversial de esta litis, en el cumplimiento por la administración del estándar de motivación requerido legalmente para validar el acto administrativo que pone término anticipado a la contrata de la recurrente, cabe tener en consideración la particularidad de la designación de doña nombre reservado, quien ingresó al Servicio el 01 de febrero de 2019, en calidad jurídica Contrata, Profesional, Grado 6° EUS, según consta en Resolución TRA N° 136/7/2019 de 06 de febrero de 2019, cuya contratación se realizó para proveer un cargo de profesional con el objetivo de efectuar delegación de funciones y atribuciones para ejercer como Fiscal Regional, según consta en el considerando sexto de la referida resolución, en cuanto especifica que esta contratación se realiza en base a la formación, experiencia profesional y competencia de la recurrente para hacerse cargo de la Fiscalía Regional del Ministerio de Obras Públicas de la Región de Aysén.

Que, a la designación de la Resolución Exenta referida, como contrata profesional grado 6, para ejercer funciones de Fiscal Regional del MOP, se suma posteriormente aquella que resuelve la encomendación de servicios para realizar dichas funciones mediante Resolución (Exenta) Fiscalía N° 301 de fecha 15 de febrero de 2019 de la Fiscalía de Obras Públicas, designando a la funcionaria recurrente, para que desempeñe la función de Fiscal Regional del Ministerio de Obras Públicas en la Región de Aysén..

DUODÉCIMO: Que, en cuanto a la encomendación de funciones, la jurisprudencia reciente de la Contraloría General de la República en el Dictamen N°7613 de 8 de abril de 2020, sostiene que: “La encomendación de servicios es una medida de buena administración, no reconocida en el ordenamiento jurídico, necesaria para encargar labores imprescindibles para la continuidad del servicio y que no pueden desarrollarse por medio de un cargo público. Así, retirar a un servidor de su encomendación de servicios significa que aquel retomará las labores que son propias del empleo en el cual se le designó, (…)

DÉCIMO TERCERO: Que, de los antecedentes consta que por Resolución (Exenta) Fiscalía N° 179 de 28 de enero de 2019 fueron delegadas facultades, funciones y atribuciones de la Fiscal Nacional del Ministerio de Obras Públicas a los funcionarios que se designen para ejercer la función de Fiscal Regional y por Resolución (Exenta) Fiscalía N° 301 de fecha 15 de febrero de 2019, se designó a la recurrente para desempeñar la función de Fiscal Regional del Ministerio de Obras Públicas en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, prorrogando sus servicios para el año 2020, 2021 y 2022; designación que culminó mediante Resolución (Exenta) Fiscalía N° 844 de 05 de julio de 2022 y para posteriormente mediante Resolución Exenta RA N° 136/37/2022, impugnada en autos, de fecha 06 de julio de 2022 se dispuso el término anticipado de la contrata de la recurrente, por no ser necesarios sus servicios.

Que, se infiere de las resoluciones de nombramiento de la recurrente que ésta no ha ejercido en la Fiscalía de Obras Públicas otras funciones distintas a las referidas a las facultades delegadas de carácter directivo para el ejercicio del cargo de Fiscal Regional.

DÉCIMO CUARTO: Que, del examen de la Resolución Exenta recurrida, que dispone el término de la contrata, se advierte que resulta ajustada a derecho y a la normativa vigente, ya que este acto administrativo, razona en su considerando primero y segundo en orden a la delegación de funciones, la que se caracteriza por ser esencialmente revocable, definiendo y delimitando la responsabilidad del delegado.

En el considerando Tercero se precisa el carácter de la función directiva como aquella encomendada a los Fiscales Regionales, en los siguientes términos: “Que, conforme a lo expresado, el cargo de Fiscal Regional corresponde al ejercicio de las facultades directivas atribuidas al Fiscal Nacional del Ministerio de Obras Públicas, por lo que requiere contar con una especial confianza entre delegado y delegante en su calidad de jefe de servicio, en la medida que aquél ejerce parte de las funciones de la jefatura superior en la región y por lo tanto su desempeño resulta determinante para el funcionamiento del servicio jurídico en el territorio determinado. A ello debe agregarse que involucra la eventual responsabilidad solidaria del jefe de servicio, en el ejercicio de las funciones delegadas, a diferencia de la delegación de funciones generales, contempladas por la ley.”, motivación que justifica plenamente la decisión de la autoridad toda vez que la Fiscalía de Obras Públicas delegó parte de sus funciones en la recurrente, en consideración al cargo y con objeto de materializar las funciones y atribuciones de dirección y organización, propias del Fiscal , por lo tanto, las funciones que le pertenecen se encomiendan en consideración a una relación de confianza entre la Fiscal Regional y la Fiscalía Nacional del Ministerio de Obras Públicas, que la designa, lo que deviene en que la funcionaria carece de confianza legítima, atendido este especial vínculo con la Administración.

Que, en lo concerniente a la duración de la designación a contrata de la reclamante, se incorporó la frase "hasta que sus servicios sean necesarios", lo que desvirtúa la ilegalidad y arbitrariedad que reprocha la recurrente respecto de la decisión de la Autoridad de poner término a su contrata, modalidad bajo la cual se desempeña.

DÉCIMO QUINTO: Que, en consecuencia, si bien, es un hecho de la causa que, la recurrente prestó servicios para la Fiscalía Regional del MOP desde el 1 de febrero de 2019, hasta el 6 de julio de 2022, siendo objeto de renovación de la contrata no resulta procedente la aplicación del principio de “confianza legítima”, dada la naturaleza de las vinculaciones laborales del recurrente con la administración, según especifica el considerando tercero de la Resolución recurrida en cuanto, fue contratada con el propósito de cumplir funciones directivas como Fiscal Regional del MOP de la Región de Aysén, operando una delegación de funciones para materializar la desconcentración territorial y diversas atribuciones de organización propias del MOP, atendida la relación de confianza entre ambos DÉCIMO SEXTO: Que, de otra parte, es necesario tener presente que conforme lo dispone el inciso 2°, del artículo 11, de la Ley 19.880, sobre Bases de Procedimiento Administrativo de los Órganos del Estado, que promueve, entre otros, la transparencia de las actuaciones de la Administración Estatal, los hechos y fundamentos de derecho, deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, perturben o amenacen en su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos, reafirmado por lo dispuesto en el artículo 41, del mismo cuerpo legal.

En el caso sub lite, la resolución impugnada consigna diez motivos de justificación de la decisión de término anticipado de la contrata de la recurrente, apareciendo de toda racionalidad y razonabilidad los argumentos referidos directamente a la revocación de la delegación o encomendación de servicios para ejercer funciones de Fiscal Regional, siendo contratada, precisamente, considerando su competencia para el ejercicio de estas facultades, sin que conste que haya ejercido funciones distintas a las referidas.

Que a mayor abundamiento, la calidad de empleado de la administración pública a contrata, es transitoria o temporal y la permanencia del empleo se encuentra entregada a la necesidad del empleador de contar con los servicios de éste, lo que autoriza al recurrido, para hacer uso de su atribución debidamente fundada, por causa legal o contractual justificada y comprobada la facultad de disponer el término anticipado a la designación a contrata de los funcionarios, que tendría el empleador, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto Administrativo, señalando en el acto administrativo, las razones jurídicas, reglamentarias y de hecho que la motivan.

En este sentido, el acto administrativo que ponga término a esa relación debe, ciertamente, dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N°19.800, en orden a que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”; y al inciso 4 de su artículo 41, conforme al cual “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, de la sola lectura del acto administrativo recurrido contenido en la Resolución Exenta ya referida, se advierte que cumple todos los requisitos de forma y fondo para entender debidamente fundado y justificado el mismo, no permitiendo generar la expectativa de estabilidad en el empleo o el derecho de permanecer desempeñándose y recibir su remuneración, más allá de lo que en derecho le corresponde, conforme su nombramiento en un cargo de especial confianza, lo que confiere a la autoridad las facultades legales para decidir la renovación o no renovación de las contratas de los funcionarios en esta calidad; no siendo, tampoco, arbitrario, pues no es producto del mero capricho o sólo arbitrio del recurrido, ya que como se razonó ampliamente en los considerandos anteriores, el sustento de la decisión consignada en la Resolución Exenta objeto del presente arbitrio, haya su procedencia y pertinencia en la naturaleza del vínculo que unía a la recurrente con la administración, y en las facultades legales que inviste la autoridad administrativa recurrida, por lo que el recurso deberá ser desestimado, como se dirá.

Consecuencialmente con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992 y sus modificaciones, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado y doña Makarena García Dinamarca, abogadas, en favor de doña nombre reservado, en contra del Ministerio de Obras Públicas, representada por el Ministro de Obras Públicas, don Juan Carlos García Pérez de Arce, y por su Fiscal Nacional doña Eliana Muñoz Zoffoli.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

No firma el Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del presente fallo, por encontrarse haciendo uso de permiso administrativo.

Rol Protección N° 1128-2022.-