COOKE AQUACULTURE CHILE S.A. con SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

Coyhaique, a veintisiete de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 26 de julio de 2022, comparece don Fidel Gerardo García Godoy, en representación, de Cooke Aquaculture Chile S.A., sociedad del giro de acuicultura (“Cooke”), ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”), representada por el Superintendente del Medio Ambiente (S), Sr. Emanuel Ibarra Soto, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, de Coyhaique; por cuanto estima que la recurrida ha cometido un acto ilegal y arbitrario atentando contra la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2, de la Constitución Política de la República; solicitando, en definitiva que se deje sin efecto la Resolución Exenta N°6 / Rol D-096-2021, de fecha 13 de julio de 2022 de la Superintendencia del Medio Ambiente, por ser arbitraria, ilegal y conculcador de la garantía fundamental detallada en el cuerpo de su presentación y se adopten todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado por la Resolución Recurrida.

Fundamenta su recurso como antecedente previo que, su representada, Cooke Aquaculture Chile S.A. es una sociedad dedicada a la acuicultura que opera una serie de establecimientos de acuicultura en el fiordo Cupquelán, ubicado en la XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Agrega que el 24 y 25 de abril de 2018, funcionarios de la SMA concurrieron a tres Centros de Engorda de Salmones (“CES”) de la recurrente en dicho fiordo, consistentes en los CES Huillines 2, Huillines 3, y el CES Punta Garrao.

Indica que con fecha 16 de abril de 2021, la SMA emitió una resolución de formulación de cargos en contra de Cooke en la cual formuló nueve cargos distintos en razón de las supuestas infracciones que habría constatado en las fiscalizaciones efectuadas el 24 y 25 de abril de 2018 en los tres CES mencionados. Añade que atendido que los cargos formulados eran de distinta naturaleza y gravedad, y se establecían en contra de tres CES distintos, su representada solicitó la desacumulación de los cargos, con el objeto de presentar un Programa de Cumplimiento respecto de 7 de los 9 cargos, y poder acreditar el error interpretativo incurrido respecto de los 2 cargos restantes, que fueron formulados en contra de CES anteriores a la vigencia del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”), sin embargo la SMA rechazó la desacumulación de los cargos.

Expuso que, por lo anterior, la recurrente presentó su escrito de descargos e indicó los medios probatorios de que se valdría en el procedimiento administrativo, solicitando la apertura de un término probatorio, de conformidad a los artículos 35 de la Ley 19.880. Agrega que es en virtud de esta presentación es que la SMA dicta la Resolución Recurrida, en la que ordena a Cooke, en su resuelvo IV, la presentación, dentro del plazo de 6 días hábiles, de los antecedentes para realizar un “análisis” de pertinencia y conducencia de las diligencias probatorias solicitadas, en específico:

a. Respecto de la prueba pericial, se ordena individualizar al “perito ofrecido”, y acompañar antecedentes que acrediten su idoneidad profesional, e indicar las materias sobre que versará su informe de conformidad al considerando n°-30 de la misma resolución, en que se le califica a dicho medio probatorio de un informe privado.

b. Respecto de la prueba testimonial solicitada, se ordena indicar los hechos particulares sobre los cuales versará la declaración de cada uno de los testigos ofrecidos, indicando las circunstancias que vinculan a dicho testigo con los hechos que son objeto del presente procedimiento sancionatorio.

Precisa que mediante esta resolución, en realidad la SMA desnaturaliza los medios probatorios ofrecidos por la recurrente, transformando la solicitud de designación de perito en un informe privado y solicitando, además, adelantar el tenor de la declaración de los testigos por escrito, desnaturalizando la imparcialidad y objetividad de éstos. Agrega que, además, la SMA pretende, mediante la ponderación de pertinencia de los medios de prueba realizar una apreciación preventiva de la prueba ofrecida, lo que está reservado para el acto terminal. Esta circunstancia resulta especialmente clara al observar que la Resolución Recurrida solicita adelantar tanto el contenido de la materia del peritaje (calificado como informe privado), así como también el de la declaración testimonial.

Señala que, adicionalmente, mediante esta “ponderación de pertinencia” de los medios probatorios no puede en la práctica derogarse por resolución los medios probatorios reconocidos por la LBPA y la LOSMA, como sucede tratándose de la testimonial y la pericial, con las solemnidades que regulan ambas pruebas y que se ven afectadas en su esencia si, como pretende la Resolución Recurrida. Añade que en los hechos, de designar la recurrente al perito, y delimitar unilateralmente el objeto del peritaje, esta prueba no será más que un informe privado aportado a instancias de su parte, informe privado que en todo caso ya aportó. Además, por la vía de exigir sobre qué declararan los testigos y cómo es que saben de los hechos, se estaría poniendo en riesgo la imparcialidad y objetividad de sus declaraciones, al adelantar por escrito sobre qué deberían versar.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución recurrida, sustancialmente, indica que sin perjuicio de que la prueba pericial y testimonial son medios probatorios reconocidos y regulados en la LOSMA y la LBPA, la resolución no reconoce las solemnidades propias que caracterizan a ambas pruebas, ordenando a la recurrente cumplir con determinados requisitos adicionales, sin sustento normativo, que derivan en que ambas solicitudes se desnaturalicen y se califiquen como prueba documental.

Indica que esta denegación encubierta de dos medios probatorios que resultan admisibles en derecho constituye una decisión arbitraria que vulnera el derecho a defensa de la recurrente, así como el debido proceso administrativo, al afectar el principio de contradictoriedad establecido en el artículo 10 de la LBPA. Agrega que la resolución recurrida no sólo altera la naturaleza de los medios probatorios ofrecidos sin ninguna razón, sino que también se solicita justificar la relevancia de la prueba ofrecida, alterando la revisión de la pertinencia de la prueba que debe hacer la SMA.

En efecto, si bien el artículo 50 de la LOSMA señala que se dará lugar a la prueba solicitada que resulte pertinente y conducente, esta norma no indica los criterios para determinar esta pertinencia o impertinencia. Así las cosas, y ante el silencio de dicha norma, debe estarse a lo que establece la LBPA, en su carácter de norma supletoria, en específico, el artículo 35, que señala que el Instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución fundada.

Refiere que a propósito de las solemnidades con las que debe cumplir la producción de los medios de prueba solicitados, los condicionamientos impuestos por la SMA para su rendición, se traducen en exigencias que no se encuentran reguladas siquiera en las solemnidades de rendición del Código de Procedimiento Civil (por ejemplo, artículos 320, 414 y 416 del referido cuerpo legal), que es la regulación de derecho aplicable en el caso concreto, al no existir normativa administrativa específica que regule su rendición en el proceso llevado ante la SMA.

En cuanto a las garantías y derechos constitucionales vulnerados, precisa que la recurrida ha vulnerado el derecho de “la igualdad ante la ley”, garantizado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, pues con su decisión, la somete a exigencias ilegales y arbitrarias que le impiden en los hechos que pueda valerse de medios probatorios que resultan admisibles en derecho, afectando gravemente su derecho a defensa por la vía de una discriminación arbitraria. Agrega que en efecto, la SMA está sustrayendo a la recurrente de los medios probatorios que tiene derecho de rendir, lo cual la deja en una situación de indefensión en la que no se encuentran otros particulares que son formulados de cargos por la Administración, quienes cuentan con la garantía de que la prueba que ofrecen sea practicada conforme a derecho.

Finalmente indica que en este caso, la SMA ha abusado de su discrecionalidad, imponiendo exigencias que no tienen sustento en la normativa aplicable, lo que se ha traducido en una discriminación arbitraria que transgrede la garantía de la igualdad ante la ley, pues se deja a la recurrente en una situación de indefensión en la que no se encontrarían –ni se encuentran– el resto de los particulares que son objeto de una formulación de cargos por parte de la Administración, pues en esos casos, respetando las directrices que gobiernan la producción de prueba en un procedimiento sancionatorio, no se condiciona la resolución de admitir o no un determinado medio de prueba al cumplimiento previo de determinados requisitos que, valga reiterar, no encuentran amparo en la ley y que significan, en los hechos, una renuncia a lo solicitado.

Con fecha 10 de agosto de 2022, Katharina Buschmann Werkmeister, abogado, en representación de la recurrida, informó respecto del recurso de protección deducido en su contra, solicitando el rechazo de la presente acción fundado en que la SMA no ha incurrido en ninguna acción arbitraria o ilegal en el procedimiento sancionatorio al solicitarle a la empresa la acreditación de la conducencia y pertinencia de los medios probatorios ofrecidos en sus descargos. La resolución impugnada se basa en los requisitos que establece el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (“LOSMA”) para la rendición de prueba en los procedimientos sancionatorios seguidos por la SMA, por lo que la pretensión de la recurrente se basa en un grave error de derecho.

Indica que de acuerdo con la normativa ambiental vigente, la SMA dará lugar a las medidas o diligencias probatorias que solicite el presunto infractor en sus descargos, siempre que éstas resulten pertinentes y conducentes, en caso contrario, la SMA las puede rechazar mediante resolución motivada.

Expuso que la Resolución Exenta N°6/ROL D-096-2021, no ha rechazado la prueba ofrecida por Cooke, sino que solicitó antecedentes que permitieran acreditar la conducencia y pertinencia que exige la ley. Se está recurriendo respecto a una resolución que es previa a la adopción de la decisión en torno al medio de prueba ofrecido por la empresa, resolución que se ajusta totalmente a lo dispuesto en el artículo 50 de la LOSMA.

Añade que el acto impugnado se trata de un acto trámite que busca dar curso progresivo al procedimiento y resolver las solicitudes efectuadas por la empresa, por lo que no se trata de un acto o resolución impugnable judicialmente ante esta Corte.

Indica que la Res. Ex. N°6/ROL D-096-2021, que tuvo presente los descargos presentados por Cooke en el procedimiento sancionatorio rol D-096-2021 y resolvió “previo a proveer” a la solicitud de apertura del término probatorio solicitado por la empresa, constituye a todas luces un acto trámite dictado por la SMA que, como tal, no es susceptible de ser impugnado por medio del presente recurso.

Aclara que la Res. Ex. N°6/ROL D-096-2021, que resolvió “previo a proveer”, no constituye un acto terminal del procedimiento, sino que ha sido dictada justamente con el objeto de darle curso progresivo al mismo. En efecto, el procedimiento sancionatorio se ha iniciado con la formulación de cargos dirigida en contra de la empresa y terminará mediante la resolución que decida, bien absolver a la empresa de los cargos imputados, o sancionarla para el caso de que se confirmen las infracciones imputadas.

Precisa que consecuentemente, la Res. Ex. N°6/ROL D-096-2021 tampoco impide continuar el procedimiento: ha tenido presente los descargos presentado por Cooke, y ha solicitado a la empresa la presentación de los antecedentes para justificar la apertura del término probatorio que había solicitado en el procedimiento y la duración solicitada de 30 días hábiles para el mismo. Por lo tanto, lo que busca claramente es que el procedimiento avance y dictar la decisión correspondiente en relación a la solicitud de la empresa.

Expuso que la resolución que se reclama únicamente tuvo como objetivo solicitar a Cooke la presentación de los antecedentes para justificar la apertura del terminó probatorio solicitado en el procedimiento y la duración solicitada de 30 días hábiles para el mismo, pues en su presentación, Cooke no individualizó cuáles serán los medios probatorios que deberán ser rendidos durante el término solicitado, ni tampoco señaló de qué modo dichos medios probatorios resultarían conducentes y pertinentes para la resolución del procedimiento sancionatorio.

Indica que entonces se trata de una resolución que es evidentemente previa a la decisión que adoptará la SMA en relación a la solicitud del término probatorio presentada por la empresa, y no ha negado por cierto la presentación de ningún medio de prueba. Así, más que impedir el ejercicio ulterior de un medio de defensa, la resolución impugnada busca que el titular efectivamente pueda ejercer el medio probatorio ofrecido en sus descargos, probando la pertinencia y conducencia de los mismos.

Consecuentemente, la Res. Ex. N°6/ROL D-096-2021 no es una resolución impugnable ante esta Corte, ya que no constituye un acto terminal del procedimiento administrativo, además de lo cual el acto -un “previo a proveer”- en ningún caso impide continuar el procedimiento ni genera indefensión.

La Superintendencia Del Medio Ambiente ha actuado conforme a derecho: no ha incurrido en ningún acto u omisión, arbitrario o ilegal, que pueda privar, perturbar o amenazar los derechos fundamentales resguardados por el recurso de protección de garantías constitucionales, pues justamente la resolución impugnada buscó que el titular acreditase la pertinencia y conducencia de los medios probatorios que Cooke solicitó en sus descargos, presentados con fecha 03 de mayo de 2022. Se trata de requisitos legales para la procedencia de la realización de prueba en el marco del procedimiento sancionatorio que sigue la SMA, cuestión que desconoce absolutamente la recurrente.

Expuso que no solo la norma del artículo 50 de la LOSMA prima por sobre la del artículo 35 de la Ley Nº19.880 por ser norma especial, sino que esta última además habla del caso en que sea rechazada la prueba solicitada. Agrega que la Res. Ex. N°6/ROL D-096-2021 no ha rechazado la prueba ofrecida por Cooke, sino que solicitó antecedentes que permitieran acreditar la conducencia y pertinencia que exige la ley.

Indica que la manifiesta falta de fundamento del presente recurso –según ya hemos demostrado en este escrito- confirma que lo que la empresa realmente busca es dilatar a toda costa la tramitación del procedimiento administrativo mientras se mantiene operando como siempre en el Parque Nacional Laguna San Rafael, en presunta elusión al SEIA.

Precisa que la empresa intenta saltarse toda la institucionalidad ambiental vigente y las vías y procedimientos establecidos en la ley para resolver su pretensión, cuestión que resulta absolutamente improcedente teniendo en cuenta la finalidad urgente y cautelar de esta vía constitucional.

Con fecha 21 de octubre de 2022, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 25 de octubre de 2022, se procedió a la vista de la causa, se anunció y alegó el abogado, don Fidel Gerardo García Godoy, por el recurso y la abogada, doña Katharina Buschmann Werkmeister, contra el recurso; quedando ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”.

SEGUNDO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

TERCERO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

CUARTO: Que, la recurrente ha sostenido, en síntesis, que el hecho base, que constituye el acto ilegal y/o arbitrario cometido por la recurrida, corresponde a la Resolución Exenta N°6 / Rol D-096-2021, de fecha 13 de julio de 2022, de la Superintendencia del Medio Ambiente, toda vez que ordena a la recurrente la presentación de antecedentes para realizar un análisis de pertinencia y conducencia de los medios de prueba pericial y testimonial pedidos por aquél en el procedimiento administrativo, lo que desnaturaliza dichos medios de prueba, llevándolo, por un lado, a cumplir lo ordenado prescindiendo de la rendición de los medios de prueba ofrecidos en la forma y con las solemnidades establecidas en la ley o, por otro parte, a no cumplir lo ordenado con el consiguiente rechazo de dichas diligencias probatorias; vulnerando con ello el derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 número 2 de nuestra Carta Fundamental, pidiendo que se deje sin efecto la referida Resolución Exenta N°6 / Rol D-096-2021, de fecha 13 de julio de 2022 de la Superintendencia del Medio Ambiente.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes que obran en esta carpeta digital, es un hecho de la causa que:

1.- Que por Resolución Exenta N°6 / Rol D-096-2021, de fecha 13 de julio de 2022, de la Superintendencia del Medio Ambiente, tiene presente los descargos presentados por Cooke Aquaculture Chile S.A. respecto a los cargos N° 8 y N°9, y respecto a los cargos N° 1 al N° 7, formulados en lo principal y en el primer otrosí respectivamente de su escrito de 3 de mayo de 2022.

Precisamente, en lo recurrido, resuelve que: “III. Previo a resolver sobre la apertura del término probatorio solicitado en el tercer otrosí del escrito de descargos, requerir a COOKE AQUACULTURE S.A. la presentación dentro del plazo de 6 días hábiles contados desde la notificación de la presente resolución, de los antecedentes para justificar la apertura de dicho término probatorio en el presente procedimiento y la duración solicitada de 30 días hábiles para el mismo, de acuerdo a lo señalado en el considerando 27 de la presente resolución IV. Previo a resolver sobre las diligencias probatorias solicitadas en el cuarto y quinto otrosí del escrito de descargos, requerir a COOKE AQUACULTURE S.A. la presentación, dentro del plazo de 6 días hábiles contados desde la notificación de la presente resolución, de los antecedentes para ponderar la pertinencia y conducencia de las diligencias probatorias solicitadas:

1) Respecto al informe pericial, deberá individualizar al perito ofrecido, y acompañar antecedentes que acrediten su idoneidad profesional, e indicar materias sobre las cuales versará su informe, a su costa, según se indica en el considerando 30 de la presente resolución.

2) Respecto a la prueba testimonial solicitada, deberá indicar los hechos particulares sobre los cuales versará la declaración de cada uno de los testigos ofrecidos, indicando las circunstancias que vinculan a dicho testigo con los hechos que son objeto del presente procedimiento sancionatorio.”.

2.- Que, con fecha 18 de octubre de 2022, la Fiscal Instructora del Departamento de Sanción y Cumplimiento, de la Superintendencia del Medio Ambiente, dictó la RES. EX.N° 8/ ROL D-096-2021, mediante la cual reanuda el procedimiento sancionatorio y resuelve sobre solicitud de término probatorio y diligencias probatorias, en los siguientes términos, a propósito sobre el término probatorio y diligencias probatorias solicitadas por la empresa: “12. Que, en virtud del allanamiento ofrecido por esta Superintendencia con fecha 26 de agosto de 2022 ante la I. Corte de Apelaciones de Coyhaique, en autos de protección Rol N° 1123/2022, y pese a que a la fecha dicha solicitud no ha sido resuelta por dicho Tribunal, y con el fin de evitar un mayor retraso en la tramitación del procedimiento sancionatorio, se concederá a lo solicitado por la empresa, de acuerdo a lo que señalará a continuación.

13. Que, respecto a la rendición de la prueba, el artículo 50 de la LO-SMA establece que “Recibidos los descargos o transcurrido el plazo otorgado para ello, la Superintendencia examinará el mérito de los antecedentes, podrá ordenar la realización de las pericias e inspecciones que sean pertinentes y la recepción de los demás medios probatorios que procedan. En todo caso, se dará lugar a las medidas o diligencias probatorias que solicite el presunto infractor en sus descargos, que resulten pertinentes y conducentes. En caso contrario, las rechazará mediante resolución motivada.” (énfasis agregado).

14. Que, en este mismo orden, los incisos segundo y tercero del artículo 35 de la Ley N° 19.880, disponen que “Cuando a la Administración no le consten los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo ordenará la apertura de un periodo de prueba, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. El instructor del procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada”. (énfasis agregado).

15. Que, en cuanto a la práctica de las diligencias probatorias, el artículo 36 de la Ley N° 19.880 dispone que “La Administración comunicará a los interesados, con la suficiente antelación, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas. En la notificación se consignará el lugar, la fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar peritos para que le asistan.”

16. Que, en vista de lo solicitado por la empresa, se procederá a la apertura de un periodo de prueba por el plazo de 30 días hábiles a contar de la notificación de la presente resolución, a fin de llevar a cabo las diligencias probatorias que se estimen pertinentes y conducentes en función de los hechos relevantes del presente procedimiento. Lo anterior sin perjuicio de las demás diligencias de prueba que se estime llevar a cabo durante el curso del procedimiento.

Luego, finalmente resuelve: “I. Reanudar la tramitación del presente procedimiento administrativo sancionatorio, en virtud de lo expuesto con el considerando 8° de la presente resolución.

II. Abrir un término probatorio por un periodo de 30 días hábiles contados desde la notificación de la presente resolución, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley N° 19.880 III. Acoger la solicitud de prueba de testimonial respecto de los testigos ofrecidos por Cooke Aquaculture Chile S.A., ya individualizados en el considerando 11° de la presente resolución, quienes serán citados a prestar declaración mediante resolución dictada en el presente procedimiento, quienes deberán concurrir en la fecha, hora y modo que se indicará en su oportunidad.

IV. Acoger la solicitud de prueba pericial ofrecida por Cooke Aquaculture Chile S.A., a su costo, respecto del perito que será designado mediante resolución dictada en el presente procedimiento, y deberá evacuar su informe según se indicará en su oportunidad.”.

3.- El 20 de octubre de 2022, el Tercer Tribunal Ambiental de Chile autorizó a la Superintendencia del Medio Ambiente, para la dictación de la medida provisional procedimental con fines cautelares, contemplada en la letra d) del art. 48 de la LOSMA, esto es, la detención parcial de las actividades desarrolladas en el CES Huillines 3 (RNA 110259), ubicado en el Estero Cupquelán, comuna de Aysén, Región de Aysén. Cuyo titular es Cooke Aquaculture Chile S.A., RUT: N°96.926.970-8. En particular las obras u acciones relacionadas a la inminente siembra de 170.000 ejemplares de salmón del atlántico/ smolts, esto incluye el traslado de los ejemplares hacia el CES y el ingreso de dichos ejemplares al medio marino.

4.- La Superintendencia del Medio Ambiente, el 20 de octubre de 2022, mediante la Resolución Exenta N°1843, ordena medida provisional procedimental de la letra d) del artículo 48 de la LOSMA, esto es, la detención parcial inmediata de las actividades desarrolladas en el CES Huillines 3 (RNA 110259, por un plazo de 30 días corridos, a contar de la fecha de notificación de la presente resolución, a Cooke Aquaculture Chile S.A, en el marco de la ejecución del proyecto “Ces Huillines 3” y formula requerimiento de información.

SEXTO: Que, asentado lo anterior y teniendo presente la naturaleza cautelar del presente recurso y habiéndose establecido como una vía rápida y expedita para solucionar o resguardar garantías constitucionales que puedan ser vulneradas, lo que no se divisa en el presente caso, ya que el hecho que se estima como constitutivo de una actuación ilegal, esto es, la Resolución Exenta N°6 / Rol D-096-2021, de fecha 13 de julio de 2022, de la Superintendencia del Medio Ambiente, por la que se ordena a Cooke, en su resuelvo IV, la presentación, dentro del plazo de 6 días hábiles, de los antecedentes para realizar un análisis de pertinencia y conducencia de la prueba pericial y testimonial ofrecida por la recurrente, ya ha sido solucionado y reparado por la recurrida, de acuerdo a la Resolución Exenta N°8/ROL D-096-2021, de 18 de octubre de 2022, acompañada en esta instancia, mediante la cual la Superintendencia del Medio Ambiente reanudó el procedimiento sancionatorio seguido en contra de la empresa, se abrió un término probatorio y se acogió tanto la solicitud de prueba testimonial como la solicitud de prueba pericial de la recurrente; de modo que la acción constitucional que se conoce perdió oportunidad, desde que, habiendo desaparecido el sustrato de hecho en que se funda el actuar contrario a derecho de la recurrida, no resulta pertinente acceder a las medidas cautelares solicitadas en el recurso, en cuanto pide que se deje sin efecto la Resolución Exenta N°6 / Rol D-096-2021, de fecha 13 de julio de 2022 de la Superintendencia del Medio Ambiente, a lo que ya accedió la parte recurrida, según ya se indicó.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, este Tribunal de Alzada, de conformidad a lo solicitado por la recurrente y a lo precedentemente razonado, nada más puede disponer u ordenar para restablecer el imperio del derecho, con el fin de poner pronto remedio a la presunta infracción que, aunque hubiere existido, ya ha sido remediada, según se indicó, resultando inoficioso analizar la efectividad de la vulneración de la garantía fundamental que acusa el recurrente.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por don Fidel Gerardo García Godoy, en representación, de Cooke Aquaculture Chile S.A., en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, sin costas, por haber tenido motivo plausible para accionar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo, quien no firma por encontrarse haciendo uso de permiso administrativo.

Rol N° 1123-2022 (Protección).