nombre reservado con MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

En Coyhaique, a veinticuatro de Febrero del año dos mil veinte.

VISTOS:

Se presentó, la abogado doña Ximena Jiménez Ulloa, en representación de don nombre reservado, periodista, domiciliado en domicilio reservado, de Coyhaique, quien, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 20, de la Constitución Política de la República, recurre de protección en contra del Ministerio Secretaría General de Gobierno la Subsecretaría del Trabajo, representada por la Ministro doña Karla Rubilar Barahona, o quien le subrogue o represente legalmente o haga las veces de tal, por incurrir en un acto arbitrario e ilegal, específicamente la Resolución Exenta N° 272-2101, de fecha 26 de Noviembre del año 2019, por medio de la cual se determinó no renovar su contratación como funcionario público para el año 2020, profesional grado 13 E.U.R., del Ministerio Secretaría General de Gobierno, con desempeño en la Secretaría Regional Ministerial de la región de Aysén, sosteniendo que se habrían vulnerado las garantías y derechos fundamentales, consagrados en los números 2 y 24, del artículo 19, de la Constitución Política del Estado, solicitando a este Ilustrísimo Tribunal que se disponga: “que se ordene la prórroga del empleo de su representado en calidad de contrata grado 13, escalafón profesional, para el año 2020, resguardando su derecho de igualdad ante la Ley y Derecho de Propiedad, conforme lo ya señalado, garantías constitucionales que han sido perturbadas y privadas por la decisión que le fuera informada con fecha 28 de Noviembre de 2019, la que de forma injustificada, ilegal y arbitraria dispone la no prórroga de su calidad profesional a contrata como funcionario público del Ministerio Secretaría General de Gobierno, ordenando además, su reintegro inmediato, el pago íntegro de todas sus remuneraciones devengadas en el tiempo que media entre la separación de sus funciones y su reincorporación a su empleo, con expresa condenación en costas.”.

Con su recurso, presentó los antecedentes que se explicitan el primer otrosí de su presentación.

Con fecha 3 de Enero del año 2020, se declaró admisible el recurso de protección y se ordenó pedir informe a la recurrida.

Informó la recurrida, a través de don nombre reservado, Subsecretario General de Gobierno (s), quien solicitó, en suma, el rechazo del recurso, con costas, acompañando la documentación que se ordenó agregar con fecha 17 de Enero del año 2020.

El 7 de Febrero del año 2020, se trajeron los Autos en Relación.

A la vista de la causa, por el recurso, comparece y alega en estrado, la abogado doña Ximena Jiménez Ulloa; por la recurrida, alegó la abogado del Consejo de Defensa del Estado, doña Tamara Oyarzo Hernández.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente de protección, funda su acción cautelar, indicando que ingresó a prestar servicios en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, en la Región de Aysén, con fecha primero de Enero del año 2010, como profesional de apoyo, primeramente en calidad de honorarios y a partir del primero de Octubre del año 2010, fue designado como profesional a contrata, pasando a desempeñarse como asesor comunicacional.

Que estuvo calificado siempre en lista 1 y en general con nota 10, sin haber sido objeto de un procedimiento disciplinario, con hoja de vida intachable.

Además de sus funciones, desde el mes de Marzo del año 2019 se le informó por la Seremi de Gobierno, doña Tatiana Fontecha, que a partir de ese momento también debía desarrollar labores como el nuevo Coordinador o Encargado del Fondo de Medios de Comunicación Social, que era desempeñado por otra persona, presentándose irregularidades; además desarrollaba la labor de Encargado de la Agenda Pública.

Indicó que, en paralelo, se contrató a un nuevo periodista, en calidad profesional grado 12 y también a una fotógrafa, a quienes se les asignaron tareas ligadas a las comunicaciones.

Con fecha 25 de Septiembre del año 2019, al recibir su precalificación notó que la Seremi había bajado considerablemente las notas en 4 ítems que señaló, lo que lo sorprendió por su trayectoria; apeló de ella y sus calificaciones fueron ascendidas, pero considerablemente más bajas que las del resto de su trayectoria.

El 28 de Noviembre del año 2019 fue notificado que su contratación para el año 2020 no sería renovada, entregándole copia de la Resolución N° 272-2101, citando al efecto, los considerandos 8 a Undécimo, de la resolución impugnada.

Hizo presente que esa Resolución no explica en forma alguna, por qué las razones presupuestarias aludidas se condicen con el término de la contrata en particular y no de otro funcionario y/o profesional de su área, por lo que no satisface el requerimiento de razonabilidad necesarias para estimar que constituye un acto administrativo fundado. Asimismo constituye un explícito atentado a la estabilidad funcionaria de 10 años del recurrente y con ello al principio de confianza legítima, ampliamente recogido por la Jurisprudencia, tornando el acto de su cese de contratación en un acto arbitrario e ilegal vulneratorio de la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Cita los artículos 20, y 19, en sus números 2 y 24, y 6, todos de la Constitución Política de la República, y los artículos 11 y 41, de la Ley 19.880; asimismo cita el Dictamen número 6.400, del 2 de Marzo del año 2018, de la Contraloría General de la República, como otros dictámenes que menciona.

Concluye con que resulta evidente que, en este caso, la recurrida no ha dado cumplimiento a las exigencias impuestas por la Contraloría General de la República, toda vez que la decisión de no renovación de la contrata se fundamenta, única y exclusivamente en un supuesto “ahorro estatal”. Es así como en el fundamento Octavo, se indica que se requiere un esfuerzo adicional del Estado producto de la contingencia en materia social por lo que requiere un ahorro estatal en otros ítems como contrataciones. Por otra parte, hace mención al hecho de haber existido para el presente año una necesidad de recursos adicionales por concepto de remuneraciones, debiendo haberse solicitado fondos extras a la DIPRES, por lo que las condiciones presupuestarias exigirán esfuerzos adicionales por parte de la Administración.

Resalta en este sentido el que la resolución objeto del presente recurso, no indica concretamente respecto de qué unidades, departamentos o regiones, se produce este “ahorro estatal”. Cobra mayor importancia entonces, el hecho de que la fundamentación del acto administrativo debe ser en razones que sean objetivas y además verificables. Igualmente cobra importancia el derecho que le asiste a cualquier funcionario de saber específicamente los motivos y razones concretas por las que se decide no renovar su contratación, máxime que otros funcionarios en similares funciones sí permanecen en sus cargos.

Sostuvo que resulta importante destacar que para el año 2019, la Ley de Presupuesto contemplaba por concepto “Gastos de Personal” para el Ministerio Secretaría General de Gobierno, po un total de $13.616.654.- miles de pesos y conforme el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2020 (vigente a la fecha de la resolución), un total de $13.671.484.- miles de pesos. Es decir, conforme a dicha información no se vislumbra un “ahorro estatal” en la forma indicada en la resolución, sino que a claras luces podemos apreciar un aumento del 0,4% en dicho concepto. No existe la reducción presupuestaria que se indica en el considerando Noveno de la resolución recurrida.

También indicó la recurrente, que la resolución no es clara en sí misma, pues primeramente indica en su considerando 10, que se debe poner término anticipado a la contrata de su representado, para luego, en el considerando 11, señalar que la misma no será renovada. Cabe preguntarse entonces, si se trata de un término anticipado de la contrata o si se está informando la no renovación de la misma.

Luego, refirió el concepto de confianza legítima y los requisitos que ella conlleva, conforme al criterio administrativo, como asimismo jurisprudencia de este Tribunal y de la Excma. Corte Suprema, como también, la Circular número 21/2018, del Ministro de Hacienda que instruye a los jefes superiores de servicio sobre el proceso de renovación de personal a contrata.

Indicó que se habría vulnerado las garantías de los números 2 y 24, del artículo 19, de la Constitución Política de la República; sosteniendo, sosteniendo que el acto administrativo es ilegal y arbitrario toda vez que se determinó privar de su trabajo al recurrente, sin fundamento razonable, indicando argumentos insuficientes que no son reales y resultan comprobadamente falsos, lo que hace que la decisión de no renovar la contratación debe necesariamente ser dejada sin efecto.

SEGUNDO: Que, la recurrida, en la vista de la causa, reiterando los fundamentos y antecedentes del informe acompañado a estos autos, sostuvo, latamente, por lo que sus alegaciones se transcribirán en lo que se ha determinado lo esencial, lo siguiente: reconoce que el actor comenzó a prestar servicios el 1o de Agosto del año 2010, en calidad a honorarios, como periodista, y luego a contrata, a partir del 1o de Octubre del mismo año, desempeñándose en grado 13 de la E.U.S., y que fue renovado en su contrata hasta el año 2019, habiéndose dispuesto su no renovación de la contrata para el año 2020, reconociendo, asimismo, las labores que desempeñaba y que explicitó el recurrente haciendo presente que sus calificaciones, en el último período eran dos puntos más bajos que las anteriores, por una baja en su rendimiento.

Indicó la recurrida que lo que motiva este recurso de protección no es una situación de hecho que haya infringido sus garantías, sino controversias de derecho en torno al sentido y alcance que debe dársele a las normas de rango legal que regulan la materia, en especial lo relativo al artículo 3 de la Ley 19.880 y artículo 13 del D.F.L. N° 29, de 2004, que fija el texto de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, citando jurisprudencia al respecto.

Sobre los requisitos de procedencia del recurso de protección, señaló que los conceptos de arbitrariedad e ilegalidad, que hacen posible recurrir de protección es dable señalar que el juicio constitucional de protección es un mecanismo especialísimo y excepcional, el que debe fundarse en una infracción o amenaza evidente y cierta de derechos constitucionalmente protegidos, que nace de hechos concretos y precisos manifiestamente ilegales o arbitrarios. Citando, nuevamente, jurisprudencia al respecto.

Sostuvo que no existe un acto ilegal, citando el artículo 10, de la Ley 18.834 y dictámenes de la Contraloría General de la República, en orden a la motivación de los actos administrativos, el plazo para efectuar la no renovación de la contrata y su notificación, concluyendo que el Ministerio Secretaría General de >Gobierno ha cumplido a cabalidad con el dictamen número 85.700 de 2016 y 6.400 de 2018 ya que en los apartados anteriores analizó las condiciones que establece la jurisprudencia administrativa para la no renovación de la contrata y, en ese sentido, analizada la concordancia del procedimiento seguido por esa entidad y el estándar exigido por la Contraloría, se aprecia que se cumplieron todas las exigencias a fin de no vulnerar los derechos de los funcionarios que no prestarán funciones en ese servicio al año 2020, además de la observancia de los principios de eficiencia y eficacia en la administración del Estado y buen manejo de los recursos públicos.

Hizo presente que el actuar de los poderes públicos exige distinguir entre la discrecionalidad legítima y la arbitrariedad prohibida, siendo la primera manifestación de un actuar cubierto por motivaciones suficientes –discutibles o no, pero considerables en todo caso-, mientras que la segunda implica la falta de motivación respetable, bastando una expresión de voluntad sin esfuerzo de contrastación, indefendible e inauténtica. Prosiguiendo con que, es posible distinguir entre lo discrecional y arbitrario, en un doble nivel de análisis. En primer término, debe existir motivación de la decisión administrativa, requisito que puede ser cumplido en términos meramente formales mediante la expresión externa de las razones que fundamentan una decisión; en segundo lugar, es necesario esgrimir una justificación objetiva o razones adecuadas en particular, las que se sustentan en datos objetivos sobre los q ue opera una decisión de la Administración y permiten su justificación racional mediante el expediente del cual el acto es el resultado. La motivación, permite resguardar la legitimidad de todo acto de la Administración en tanto ejercicio de poder, mientras que la fundamentación permite evitar su arbitrariedad.

Discurrió la recurrida, también, acerca de las potestades del órgano administrativo, reglado o discrecional, en el caso de las últimas, señaló que éstas otorgan a la administración la facultad de determinar la eficacia, conveniencia u oportunidad del desarrollo de la actividad que le es propia, eligiendo entre diversos cursos de acción o métodos para la realización de interés público, siempre en virtud a la discrecionalidad que la propia ley le entrega, aduciendo que en el caso sub lite, no podría argüirse arbitrariedad alguna, toda vez que los fundamentos de la decisión contenida en el acto administrativo impugnado por el recurrente, se sostienen en normas legales precisas, que son aplicables al personal que labora en la administración del Estado. No pudiendo calificarse de arbitraria la decisión de la autoridad, que ha sido adoptada al amparo de normas constitucionales y legales que rigen al ente contralor y a la actividad del mismo, citando jurisprudencia al efecto, en lo relativo a si el cargo fue provisto o no mediante concurso público.

Acerca de la motivación del acto jurídico impugnado cita doctrina al respecto, haciendo presente que el recurrente sostiene que la resolución impugnada carece de razonabilidad, coherencia y suficiente precisión, recordando el Dictamen 6.400, de la Contraloría General de la República, de manera que, insistió, en que la Resolución Exenta número 272/2101, resulta del todo clara en su cometido de justificar la decisión de no renovar la contrata del Sr. nombre reservado y se adecúa a los requerimientos del órgano contralor, toda vez que dicha resolución –fundada y debidamente notificada-, contiene precisamente los motivos de su no renovación. En efecto la mencionada resolución, en su considerando 7o , ya explicita la idea que los servicios prestados por el Sr. nombre reservado pueden ser pasados a desarrollarse por los otros funcionarios de la Seremía, en circunstancias que dicha asesoría comunicacional es una función que los demás periodistas de la repartición pueden cumplir cabalmente, sin necesidad de nuevos funcionarios, lo que queda demostrado con el hecho de que a la fecha no se han contratado nuevas personas para la Seremía de Aysén y que sigue funcionando adecuadamente.

Agregó que la fundamentación que versa sobre la prescindencia de los servicios del recurrente, lo afecta sólo a él y no a otros funcionarios por el hecho que sus labores cotidianas se convierten en una de las más genéricas y abarcables de entre los funcionarios de la aludida Seremía, razón por la cual otra no renovación de contrata (sic), sí podría haber afectado al servicio. Así Las cosas, la baja en la calidad de su trabajo, sumado a su poca versatilidad e imposibilidad de ser reubicado, más la contingencia social, que a renglón seguido explicaremos como incide, tornaron indispensable para este Servicio de prescindir de la contrata del Sr. nombre reservado. Así, seguidamente explica el razonamiento del fundamento Octavo de la resolución, aludiendo a gastos históricos y recientes motivados por la contingencia social, haciendo presente que con fecha 2 de Julio del año 2019 se solicitaron adicionales a la Dirección de Presupuesto para fortalecer el “gasto de personal”, lo que no está disponible para el año 2020 y su presupuesto se verá fuertemente golpeado, por lo que concluyó que la resolución impugnada es razonable, coherente y ajustada a derecho, con un acto que goza de una motivación suficiente y carece de arbitrariedad.

Seguidamente el recurrido se explaya acerca del concepto de confianza legítima y jurisprudencia administrativa, aduciendo que la resolución impugnada dio cumplimiento efectivo y real a dicho principio, citando, también, jurisprudencia judicial.

Seguidamente la recurrida se explaya en orden a que no existirían infracciones a las garantían constitucionales presuntamente infringidas, destacando jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto.

TERCERO: Que, de conformidad a lo expresado por la recurrente y recurrida y de los antecedentes allegados a estos autos, apreciados de conformidad a las normas de la sana crítica, deben tenerse como hechos de la causa, los siguientes:

Que, las partes no controvierten que la recurrente ingresó a trabajar, en calidad de honorarios y luego a contrata, a la Secretaría Regional Ministerial, de la Región de Aysén, el día 1° de Enero del año 2010, a honorarios, y a partir del 1° de Octubre del año 2010, a contrata como Asesor Comunicacional, desempeñándose, asimismo, en otras labores para luego, en el mes de Noviembre del año 2019, se le entregó copia de la Resolución Exenta N° 272/2101, de fecha 26 de Noviembre del año 2019. Asimismo, no se discute que el recurrente ha sido calificado, siempre, en lista 1, bajando el porcentaje de sus calificaciones en el último período; que asimismo, no ha sido objeto de procedimientos administrativos en su contra ni objeto de medidas disciplinarias.

Dicha Resolución contiene, en el considerando Primero, se cita la designación a contrata del recurrente; en el segundo, la última renovación de la contrata del mismo recurrente; en el Tercero, las funciones que desarrollaba; en el Cuarto, cita el artículo 10 del Estatuto Administrativo; en el Quinto, cita del Dictamen 6.400, de la Contraloría General de la República;; en el Sexto, lo que considera dar cumplimiento a la jurisprudencia administrativa en orden a motivar el acto que dictó la autoridad; en el Séptimo, la justificación de que la no renovación de contrata del recurrente no afectaría el servicio; en el Octavo, hace presente la contingencia social y económica del país, lo que implicaría un esfuerzo adicional del Estado en materia social para satisfacer las demandas colectivas de la ciudadanía, lo que necesariamente conlleva y requiere de un ahorro estatal en los otros ítems, como el de la contratación; en el Noveno, cita el Dictamen 6.400, de la Contraloría General de la República, en orden a la justificación de su decisión, respecto de razones presupuestarias que la justificarían, como la satisfacción de solicitudes intempestivas de recursos de parte de la Seremía local a la Administración Central; en el Décimo, concluye con que “Los servicios contratados y que cumple don nombre reservado ya no son necesarios para este Ministerio, atendido que, producto de los hechos antes descritos, se determinó que según los principios de eficiencia, eficacia y buen uso de los recursos públicos se debe poner término anticipado (Sic) a su contrata.” En el último, Undécimo, se señaló “Que, en la actualidad no existe otra plaza disponible con funciones a las cuales pudiera ser reasignada conforme a las necesidades del servicio, a las competencias personales y desempeño de la aludida funcionaria (Sic), razón por la cual se procederá a disponer su no renovación para el año 2020.”.

Seguidamente se resuelve con la no renovación para el año 2020 de la designación a contrata de don nombre reservado, en el grado 13°, en la escala Única de Sueldos; dejando establecido que. como consecuencia de lo ya señalado, la funcionaria aludida (Sic), cesará en su cargo el día 31 de Diciembre de 2019, ordenando, luego, la notificación de dicha resolución.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1°, del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

SEXTO: Que, con fecha, 26 de Noviembre del año 2019, se dictó la Resolución Exenta 272/2101, suscrito por la Ministro Secretaria General de Gobierno, doña Karla Rubilar Barahona, por la que se dispuso la no renovación de contrata del recurrente para el año 2020.

En consecuencia, es éste el acto impugnado y que atenta contra las garantías de la recurrente, toda vez que se advierte, a simple vista, que hasta entonces, día 26 de Noviembre del año 2019, no existía ningún otro acto que decidiera no renovar la contrata del recurrente, conteniendo como fundamento los ya precitados en el establecimiento de los hechos.

De esta manera, entonces, deberá resolverse si dicho acto, emanado del Ministerio Secretaría General de Gobierno, ha sido ilegal o arbitrario, o por el contrario lo ha sido dentro de las facultades y atribuciones para cursar y notificar dicha decisión, que decidió no renovar la contrata del funcionaria que recurre de protección.

SÉPTIMO: Que, el Estatuto Administrativo, dispone que los empleados de la Administración del Estado, se clasifican en empleados de planta o empleados a contrata, los primeros como titulares, suplentes o subrogantes; distinguiéndolos la duración de las funciones, los primeros con permanencia en sus funciones y los segundos en carácter de transitorios, a cuyo respecto el artículo 10, de la Ley 18.834, dispone que los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de Diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos, lo que se condice con lo determinado en el artículo 146, letra f), del mismo cuerpo legal, de manera que, desde este punto de vista, la resolución impugnada no puede ser concebida o catalogada como de ilegal, ya que se funda en disposiciones legales que autorizan el acto administrativo.

OCTAVO: Que, la decisión de no renovar la contrata, implícitamente contenida en el ordinario impugnado, fue efectuada de forma unilateral y bajo el solo arbitrio de la autoridad, Ministro de la Secretaría General de Gobierno, sin perjuicio de que, además, dicho acto administrativo no expuso las razones que pudieran , motivar, justificar, razonada y racionalmente, la no renovación de dicha contrata, pese a que, además, el desempeño de la recurrente no ha sido objetado, al menos durante prácticamente diez años continuos, de hecho, en el último período calificado con nota sobresaliente, de manera que el deber de velar por la eficiente e idónea administración de los medios y de la función pública, al que se encuentra sujeta toda autoridad, por mandato del artículo 5, de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, ha sido, en apariencia, al menos, incumplido, lo propio ha de decirse con los Dictámenes de la Contraloría General de la República, número 22.766 y 85.700, instrucciones vinculantes para la recurrida, los que, derechamente y en forma flagrante han sido contravenidas en el acto impugnado.

En efecto, repugna a la razón la decisión de no renovar una contrata en base a eventos futuros, indeterminados e hipotéticos, como lo es una eventual reestructuración económica, controvertida por lo demás, ya que se acreditó que el presupuesto de dicha Secretaría de Gobierno, no sólo mantuvo su presupuesto, sino que, además, fue acrecentado, lo que no se condice con los principios de eficiencia y eficacia administrativos.

No obstante que es dable, también, hacer presente las incongruencias de la resolución impugnada que refieren a una eventual “terminación anticipada a su contrata” (considerando Décimo), o a expresiones como que “la funcionaria aludida” (Resuelvo 2°), lo que denota, además, una falta de acuciosidad en la redacción de la misma Resolución, más bien adaptada a algo preconcebido, cual era la no renovación de la contrata del funcionario recurrente.

NOVENO: Que, de otra parte, es necesario tener presente que conforme lo dispone el inciso 2°, del artículo 11, de la Ley 19.880, sobre Bases de Procedimiento Administrativos de los Órganos del Estado, que promueve, entre otros, la transparencia de las actuaciones de la Administración Estatal, los hechos y fundamentos de derecho, deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, perturben o amenacen en su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos, reafirmado por lo dispuesto por el artículo 41, del mismo cuerpo legal. En el caso sub lite, la falta de fundamentos de la resolución cuestionada aparece de manifiesto, como asimismo la carencia de racionalidad y razonabilidad.

Si bien es efectivo que la calidad de empleado de la administración pública a contrata, es transitoria o temporal y la permanencia del empleo se encuentra entregada a la necesidad del empleador de contar con los servicios de éste, ello no es suficiente ni autoriza al contratante recurrido, para hacer uso de su atribución en forma absolutamente discrecional, según su apreciación exclusivamente personal y en forma infundada, esto es, sin que exista una causa legal o contractual justificada y comprobada, para disponer la desvinculación del funcionario público a contrata, toda vez la reciente incorporación del concepto de la “confianza legítima” que debe existir y existe, entre los funcionarios y los órganos de la administración del Estado respecto a las prórrogas sucesivas de un funcionario a contrata, principio incumplido con el actuar de la recurrida y con ello los Dictámenes de la Contraloría General de la República, como asimismo Jurisprudencia emanada de nuestro más alto Tribunal de Justicia de la República, en cuanto se ha constituido en casi un axioma el que a partir de la segunda renovación de un cargo a contrata, nace la confianza legítima en el contratado de que dicha práctica será renovada en el futuro, si se procediese en contra del mismo principio, el acto debe ser motivado y fundado, Estos sentenciadores estiman, que la facultad de no renovación de la contrata que tendría el empleador, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto Administrativo, no lo exime, de la debida fundamentación, más aún en el caso de que la misma contrata se renovó en al menos nueve oportunidades, diez años en total de servicios, debiendo señalar en el acto administrativo, las razones jurídicas, reglamentarias y de hecho que sirven de sustento a su decisión, de manera de dejar expresa constancia en sus resoluciones, de las razones o motivos que la fundamentan, obligación que tiende a transparentar los actos del mismo, de forma tal que, un afectado con una medida de naturaleza esencialmente gravosa por su significación personal y social, como es perder un empleo servido, sin que existan reproches, tachas, o máculas en la conducta o función del empleado, lo que conlleva a la pérdida de su fuente de ingresos, sin que se fundamente la decisión que se adopta, indudablemente constituye un imperativo que debe ser cumplido por la autoridad, más aún si dicha resolución emana de un ente público administrativo de la naturaleza del que lo emite, Ministerio Secretaría General de Gobierno, el que, al no cumplirlo, incurre en el uso arbitrario de una facultad que le otorga, la ley, lo que acarrea como consecuencia la vulneración de la garantía constitucional reclamada, constituyéndose el acto reclamado, en consecuencia, en un acto arbitrario, por la ausencia de fundamentos.

DÉCIMO: Que, de acuerdo a lo expuesto, ha de coincidirse con el recurrente, en cuanto se le ha afectado la garantía de la igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 n° 2, de la Constitución Política del Estado, que conforme a la doctrina y jurisprudencia nacional, implica que la normativa debe ser igual para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros, que se encuentren en condiciones similares, y según se observa en la resolución impugnada, sólo la recurrente aparece afectada.

UNDÉCIMO: Que, en relación a lo anterior cabe consignar que aquélla facultad especial que se concede a la Administración, no puede ejercerse de modo meramente discrecional y sin un motivo preciso y determinado y siendo de la esencia del ejercicio del Poder Público, que sus decisiones sean no sólo imparciales, sino también razonables y razonadas como lo establece el artículo 53, de la Ley 18,575, Orgánica Constitucional de Bases Generales del Estado, y en opinión de este Tribunal de Alzada, le está vedado a la recurrida poner término anticipado a una contrata, omitiendo expresamente los antecedentes fácticos que le permiten aseverar por qué los servicios de este funcionario a contrata han dejado de serle necesarios, lo que conlleva entonces, a que la decisión adoptada sea meramente voluntariosa, discrecional y caprichosa, sin que se funde en antecedentes que le den sustento y la hagan razonable en derecho, es decir, es arbitraria, no bastando la sola cita de disposiciones legales en las cuales se basó para no renovar la contrata reclamada, observándose, en suma, una ausencia de un legítimo procedimiento de destitución, máxime si aquella se fundó en meras especulaciones de orden económico que, no sólo no fueron demostrables, sino que efectivamente fueron desvirtuadas con la sola exhibición de los presupuestos legalmente determinados y explicitados por la recurrente.

En efecto, el presunto fundamento consignado en el basamento Octavo de dicha Resolución, en orden a que la contingencia social y económica del país que implicaría un desembolso adicional del Estado en materia social, por lo que se destinaría una gran cantidad de recursos para satisfacer las demandas colectivas de la ciudadanía, lo que necesariamente conlleva y requiere de un ahorro estatal en otros ítems como el de contratación, no es sino una mera apreciación, futurista eventual e hipotética, que no cumple con los requisitos de precisión y razonabilidad suficientes como para fundar el acto administrativo impugnado, el que, por lo dem´+as, fue desvirtuado.

DUODÉCIMO: Que, atendido lo razonado y expuesto precedentemente, se hace innecesario y huelga cualquier referencia a las demás garantías o derechos invocados por la recurrente, por lo que se omitirá el respectivo análisis.

Consecuencialmente con lo expuesto, mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992 y sus modificaciones, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se resuelve que:

I.- Que, SE ACOGE el recurso de protección deducido por doña Ximena Jiménez Ulloa, en representación de don nombre reservado, periodista, R.U.T. número RUT reservado, en contra del Ministerio Secretaría General de Gobierno, representado por doña Karla Rubilar Barahona y en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta número 272-2101, de fecha 26 de Noviembre del año dos mil diecinueve, dictada por la citada Ministro;

II.- Que, atendido lo resuelto, la recurrida deberá disponer la inmediata renovación de la contrata del recurrente en el cargo que servía, estamento profesional, grado 13° de la Escala Única de Sueldos, de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, de la Región de Aysén, debiendo la autoridad recurrida arbitrar las medidas conducentes a cancelar los estipendios que le correspondían durante el período que estuvo separado de sus funciones y hasta su efectiva reincorporación al servicio; y, III.- Que, no se condena en costas a la recurrida.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Se deja constancia que no firma la presente sentencia el Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y presente acuerdo, por encontrarse en uso de permiso administrativo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 347, del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N°: 1121-2019.-