Protección contra Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Aysén

En Coyhaique, a diez de Agosto del año dos mil quince.

VISTOS:

De fojas 9 a 17, comparece doña nombre reservado, cuidadora, domiciliada en domicilio reservado, actuando por sí y en representación de las personas a su cuidado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, los anteriores entre 63 a 80 años de edad y el último de 26 años, quien padece de Síndrome de Down, todos de su mismo domicilio, de su mismo domicilio, deduciendo recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Aysén, representada por doña nombre reservado, o por quien la subrogue, supla o reemplace, domiciliada en domicilio reservado, de Coyhaique y en contra del Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público, representada por el abogado Procurador Fiscal de Coyhaique, del Consejo de Defensa del Estado, don nombre reservado o por quien lo suple, reemplace o subrogue, domiciliado en domicilio reservado, de Coyhaique , por la afectación de las garantías constitucionales previstas en el artículo 19, números 1, 3, 9 y 24, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva a este Ilustrísimo Tribunal, que: “los actos de los recurridos son arbitrarios e ilegales, que afectan las garantías constitucionales señaladas en esta presentación, y en consecuencia ordene restablecer el imperio del derecho haciendo cesar los impedimentos y decretando las medidas solicitadas en el acápite III del cuerpo de esta presentación o las demás providencias que V.S. Iltma. estime adecuadas.”

De fojas 1 a 8, rolan documentos acompañados por la recurrente, que justificarían la pretensión solicitada.

De fojas 54 a 62, por la Secretaria Regional Ministerial de Salud, doña nombre reservado, evacúa el pertinente informe que le fuera requerido y termina haciendo presente que en su actuar no ha existido ni ilegalidad y menos arbitrariedad.

De fojas 24 a 53, esta recurrida acompaña los antecedentes en que se funda su informe, los que se complementas con los de fojas 64 a 80.

De fojas 82 a 83, don nombre reservado, Abogado Procurador Fiscal, del Consejo de Defensa del Estado, evacúa informe requerido, haciendo presente que entiende que se le notificó sólo para efectos judiciales y que no tiene la representación de la entidad recurrida por no existir acuerdo del Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de señalar que ignora absolutamente los hechos en que se hace consistir el recurso lo que le inhibe pronunciarse acerca de su mérito; sin perjuicio de que a fojas 85 asume la representación judicial de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Aysén y se hace parte formalmente, acompañando, en la vista de la causa, el documento que rola de fojas 88 a 89 de autos.

A fojas 87, se dictó la providencia, Autos en Relación.

A estrado, comparece, por la recurrida, Secretaría Regional Ministerial de Salud de Aysén, el Abogado Procurador Fiscal de Coyhaique, don nombre reservado

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente, funda la acción constitucional impetrada, en que mantiene, en su hogar, bajo su cuidado a doce adultos mayores cuidando de sus necesidades, lo que comenzó circunstancialmente, actualmente cuida a la pareja de su padre y a un adulto con Síndrome de Down de 26 años que estaba en estado de abandono, el resto de personas le han sido derivadas del Hospital Regional.

Agregó que el día 8 de Julio del presente año se presentaron dos fiscalizadores en su domicilio de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Aysén, quienes constataron, entre otras circunstancias, falta de calefacción en el segundo piso, que se explica por el cambio que iba a realizar de la estufa de combustión lenta, exhibiéndola, lo propio con ollas, muros separadores, rieles y otros, mostrando boletas que no se consideraron. No es efectiva la falta de alimentos ya que los perecibles los adquiere día a día y de los demás posee en cantidad suficiente; en cuanto a extintores adquirió los mismos pero de otra calidad.

Expresó que a raíz de dicha inspección se tomó la decisión de retirar de su hogar a todas las personas que están a su cuidado, algunos en situación de discapacidad que vulnera sus garantías fundamentales, según Acta de Inspección número 10.225, que acompañó.

Sostuvo que su interés es continuar prestando los servicios que ahora otorga y que es factible cumplir con las exigencias del Decreto número 14 del año 2010 del Ministerio de Salud, que determina el Reglamento de Establecimientos de Larga Estadía Para Adultos Mayores, ya que cuenta con la asistencia de un paramédico que va todos los días al hogar y otro del Consultorio Alejandro Gutiérrez que va dos veces a la semana en forma voluntaria, como asimismo la prevencionista de riesgos con compromiso hasta Marzo del año 2016 y es supervisada permanentemente por la Asistente Social del Hospital Regional de Coyhaique, así como que obtuvo del Instituto de Previsión Social de la Caja de Compensación Los Andes la visita de un kinesiólogo, y los requerimientos materiales los puede cumplir dentro de un plazo que no le fue otorgado por la SEREMI de Salud de Aysén.

La decisión de expulsión de su hogar de las personas que cobija afecta la garantía del número 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República ya que si no existe un lugar en donde puedan ser acogidos peligra su vida por su situación de desamparo; asimismo, se vulnera el número 3 del artículo de la Carta fundamental citados, ya que las personas a su cuidado no pueden velar por sus derechos y no se les consultó su opinión; también se afecta el número 9 del artículo y cuerpo constitucional citados ya que se arriesga la salud de dichas personas, sin tener certeza de adónde les llevarán; además, citó vulneración al número 24 del la disposición y cuerpo citados, en cuanto a los derechos de los adultos mayores y personas en situación de discapacidad ya que existe un contrato consensual entre el Hospital Regional de Coyhaique y su persona para entregar el cuidado que dichas personas deben recibir.

Por todo ello solicitó revocar la medida de expulsión de su hogar a las personas puestas a su cuidado de parte del Hospital Regional de Coyhaique; y que se le otorgue un plazo prudencial para llevar a cabo las adecuaciones necesarias para cumplir integralmente con el respectivo Reglamento.

SEGUNDO: Que, la recurrida, Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Aysén, hizo presente que el 2 de Julio y el 7 de Julio, del año 2015, recibió sendas denuncias en contra del domicilio de domicilio reservado, respecto de hospedaje para adultos mayores sin autorización, ordenándose una fiscalización el día 8 de Julio del mismo año, constatándose que se encontraban 7 adultos mayores, 3 femeninas y 4 masculinos y un varón de 26 años con Síndrome de Down, derivado el 7 de Julio del año 2015 por el Hospital Regional de Coyhaique, y lo propio con los adultos mayores, con excepción de nombre reservado, residente particular, habiéndose constatado que la infraestructura no reúne condiciones necesarias ni para hospedaje ni menos de hogar de larga estadía de conformidad al Acta levantada, con iluminación deficiente, sin extintores de incendio, desniveles no señalizados con riesgo de caídas, sin barandas de protección en escala, dejando prohibición de funcionamiento como hospedaje u hogar de larga estadía para adultos mayores; sin alimentos para preparar ni minutas ni profesional nutricionista que las elabore. Se agregó que en Acta folio 6553 se indicó que casa particular funciona como hogar de larga estadía adulto mayor sin autorización sanitaria, sin condiciones de seguridad y accesibilidad para personas en estado de edad avanzada, con reducidos espacios de circulación, con deterioro de infraestructura, con baños inadecuados, con perforaciones y altura excesivas de tina de baño, sin equipos de extinción de fuego siendo el local 100 % combustible, en sala de preparación de alimentos desordenada y desaseada.

Hizo presente que informó al Hospital Regional de Coyhaique el hecho de la fiscalización y la prohibición de funcionamiento, así como la obligación de evacuar a los adultos mayores.

Asimismo, se recibió la declaración de la recurrente y propietaria del inmueble fiscalizado.

Seguidamente, acerca del Derecho que le asiste, citó los artículos 155 y siguientes y 178, ambos del Código Sanitario, que le faculta para las fiscalización y prohibición de funcionamiento, haciendo alusión al Decreto 14, del 5 de Agosto del año 2010, que aprueba el Reglamento de establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores, citando sus artículos 2 y 4, de manera que del análisis de dicha normativa y de la fiscalización realizada se concluye que la casa en comento no cumple con la normativa citada del Reglamento, en sus artículos 7, 8, 10 y 13.

Por todo ello, concluyó ésta recurrida que su actuar no ha sido ilegal y se encuentra exenta de arbitrariedad ya que se actuó dentro de la normativa legal y conforme a las instrucciones del Ministerio de Salud en cuanto al Manual de Fiscalización Sanitaria, contenido en la Resolución Exenta número 216 del 13 de Abril del año 2012 en concordancia a lo dispuesto en el Código Sanitario, todo lo cual permite apreciar ausencia de vulneración de garantías y/o derechos fundamentales que analiza una a una, conforme al recurso interpuesto.

Finalmente, hace presente que los adultos mayores son derivados a estos establecimientos por el Hospital Regional de Coyhaique, Hospital auto gestionado, siendo un órgano funcionalmente desconcentrado del correspondiente Servicio de Salud de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 18.575, de manera que escapa a esta recurrida disponer el lugar al que este Hospital debe derivar a los adultos mayores objeto del recurso., señalando, en todo caso, los establecimientos autorizados por dicha SEREMI, de Larga Estadía Para Adultos Mayores en la Región.

TERCERO: Que, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar a quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías preexistentes que la misma Carta Fundamental enumera, mediante la adopción inmediata por parte de la Corte de Apelaciones, de providencias necesarias para restablecer el imperio de derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Que la arbitrariedad necesariamente, desde el punto de vista conceptual, debe vincularse y relacionarse con la noción de actuares u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Por su parte la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o, más técnicamente, el no respetarse o infringirse una norma jurídica.

CUARTO: Que, resulta menester, entonces, analizar previamente si existió o no un acto o una omisión, arbitrarios o ilegales que hubieren perturbado o amenazado las garantías constitucionales que el recurrente invoca.

De los antecedentes de autos, acompañados por la recurrente y por recurridos y de lo que se desprende de sus respectivas presentaciones, ponderados de conformidad al respectivo Auto Acordado, y sus modificaciones, esto es de conformidad a las reglas de la sana crítica, es que deben tenerse como hechos de la causa, que:

Con fecha 8 de Julio del año 2015, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Undécima Región, a raíz de dos denuncias que le fueron presentadas, realizó fiscalización al domicilio de la recurrida, quien, en su interior mantenía a varios adultos mayores, derivados del Hospital Regional de Coyhaique, previos informes sociales del mismo Hospital, por quienes dicha institución cancelaba mensualmente la suma de $270.000.-, a más de una persona, residente allí mismo, pariente por afinidad, domicilio que era usado para hospedar y mantener a dichas personas en un establecimiento de larga estadía para adultos mayores, casa habitación que no cuenta con la debida autorización para ello, de parte de la SEREMI de Salud Región de Aysén y que, además, presenta serias falencias para ello, tanto en infraestructura material como de personal, con riesgos higiénicos y estructurales para los adultos allí cobijados, según dan cuenta las Actas de Fiscalización, las denuncias en su contra y propias declaraciones de la recurrente, como de lo informado por el mismo Hospital Regional de Coyhaique.

Que, se informó que don nombre reservado, paciente con dependencia severa y en estado terminal, falleció con fecha 22 de Julio del año 2015; asimismo, consta que dos de los adultos, doña nombre reservado se trasladó al Hospital de Chile Chico; don nombre reservado, se trasladó al Hospital de Puerto Aysén (ya internado por Neumonía) y que don nombre reservado no se le ha podido ingresar al Hospital de Chile Chico por falta de cupo de camas, manteniéndose en dependencias de la recurrente.

Tales hechos, además, no han sido controvertidos ni por la recurrente ni por las recurridas.

QUINTO: Que, de esta manera, la cuestión debatida se reduce a determinar si en el acto por el que se dispuso la prohibición de funcionamiento, así como la evacuación de los adultos mayores, mediante Acta Folio número 10226, del 9 de Julio del año 2015, se incurrió en alguna arbitrariedad o ilegalidad, de cuya conclusión dependerá el análisis acerca de la afectación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales de la parte recurrente.

SEXTO: Que, cabe tener presente, para la adecuada resolución del asunto que nos ocupa, lo dispuesto por el Código Sanitario, el que, en su artículo 155, autoriza la inspección y registro de cualquier sitio, edificio, casa, local y lugares de trabajo, públicos o privados, actuaciones que se realizarán por funcionarios del Servicio Nacional de Salud, quienes levantarán Acta de lo actuado (artículo 156 del cuerpo legal citado), adquiriendo la calidad de Ministro de fe, bastando para dar por establecida la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios el acta que levante el funcionario del Servicio al comprobarla (artículo 166).

Asimismo, ha de tenerse en consideración, además, lo dispuesto por el Reglamento de Establecimientos de Larga Estadía Para Adultos Mayores, contenida en el Decreto número 14 del año 2010, del Ministerio de Salud, el que, primeramente, considera adultos mayores a las personas de 60 años y más, según su artículo 1; personas que requieren, por motivos biológicos, psicológicos o sociales, de un ambiente protegido y cuidados diferenciados con el objeto de prevenir y mantener su salud y la estimulación de su funcionalidad y el reforzamiento de sus capacidades remanentes (artículo 2), establecimientos que deberán contar con la autorización otorgada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud competente del lugar en que se encuentra ubicado ( inciso final del artículo 2 e inciso primero del artículo 4), sin que puedan ingresar a dichos establecimientos personas que presenten alteraciones agudas de gravedad u otras patologías que requieran asistencia médica continua o permanente (artículo 3), en cuyo caso sólo se mantendrán allí si el establecimiento posee las capacidades adecuadas para atenderlos (inciso segundo del artículo 3). Reglamento que determina las exigencias que cada espacio físico o local debe cumplir para otorgar la respectiva autorización de funcionamiento, como asimismo de dotación de personal, características que el domicilio de la recurrente no cumple, según lo informado por la SEREMI de Salud Aysén, cuya labor de fiscalización, a más de lo dispuesto por el Código Sanitario, también le compete a la misma SEREMI según lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento citado.

SÉPTIMO: Que, conforme lo explicitado precedentemente, cabe concluir, entonces, que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Undécima Región de Aysén, ha actuado dentro de la esfera del marco legal y reglamentario que le rige, ejerciendo una facultad de que se encuentra revestida para fiscalizar y sancionar o determinar las acciones necesarias e idóneas para cautelar y velar por la salud e integridad, física, psíquica y emocional de las personas ingresadas en este tipo de establecimientos, que, en el caso de autos, se ha denunciado, advertido y constatado por la pertinente autoridad administrativa que no reúne los requisitos necesarios para desempeñarse en las labores que actualmente realiza la recurrente en su domicilio particular, ni en lo estructural ni en el personal necesario para la debida atención y cuidado, de manera que se hace necesario distribuir y ubicar a las personas que allí han sido instaladas para velar por su adecuada prevención y mantención de su salud como de la estimulación de su funcionalidad y el fortalecimiento de sus capacidades remanentes, no observándose arbitrariedad ni ilegalidad, en consecuencia, en las resoluciones y actuaciones de la recurrida SEREMI de Salud de Aysén, las que se encuentran debidamente justificadas y razonadas, atendiendo, además, al buen servicio institucional.

OCTAVO: Que, aun cuando el Fisco de Chile fue sindicado como recurrido directamente por la compareciente de la acción de protección, se ha estimado como suficiente informe el evacuado en estos autos, máxime con el alegato presentado en estrado a la vista de la causa, como de las gestiones que manifestó haber realizado, acompañando, al efecto, el documento a que ya se hizo referencia.

NOVENO: Que, al no existir acto u omisión, ilegal y/o arbitrario en la conducta y acciones de los recurridos, huelga referirse a las garantías que se dicen afectadas, por lo que se omitirá su análisis, toda vez que el presupuesto primigenio de la presente acción cautelar no concurre, debiendo rechazarse el recurso y así se declarará.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y sus modificaciones, SE DECLARA QUE:

I.- SE RECHAZA, sin costas, al recurso de protección deducido por doña nombre reservado, por sí y a favor de las personas mencionadas en lo principal del escrito de fojas 9 a 17 de autos, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Undécima Región de Aysén, y en contra del Fisco de Chile.

II.- Que, sin embargo, pese a lo resuelto precedentemente, y en ejercicio de las facultades que otorga a este Ilustrísimo Tribunal el artículo 20 de la Constitución Política de la República, estimándose como providencias necesarias para la protección de los recurridos, se ordena que:

a) La Secretaría Ministerial Regional de Salud, de la Undécima Región de Aysén, por lo pronto, y en un plazo no menor a treinta días, a contar de que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada, se abstendrá de instar por el cumplimiento de la orden de evacuación de los adultos mayores que aún permanezcan en la casa habitación de la