Protección contra Municipalidad de Puerto Aysén

Coyhaique, cinco de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Con fecha 14 de Julio de 2022 comparece don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, trabajador independiente, y doña nombre reservado, trabajadora independiente, todos con domicilio en domicilio reservado; quien interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de Puerto Aysén, representada por su Alcalde don Julio Esteban Uribe Alvarado, y en contra de don nombre reservado, en su calidad de Director de Obras Municipales de la Municipalidad de Puerto Aysén, o quienes los representen, ambos con domicilio en domicilio reservado, por estimar que se han conculcado a su respecto las garantías constitucionales contenidas en los N°s 2, 3, y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, y que consiste en ordenar la demolición de las construcciones emplazadas en domicilio reservado, de la comuna y ciudad de Puerto Aysén; solicitando a este Tribunal de Alzada, declarar en definitiva: “1.- Disponer que se deje sin efecto, el acto por el cual se ordena la demolición de las construcciones emplazadas en domicilio reservado de la comuna y ciudad de Puerto Aysén, en subsidio, se dicte y notifique válidamente tal acto; 2.- En subsidio, se conceda plazo a estos recurrentes, para hacer abandono de la propiedad y hacer retiro de nuestras pertenencias; 3. Adoptar V.S.I. en uso de sus facultades cualquier otra medida que permita restablecer el imperio del derecho; y 4.- Condenar en costas a la recurrida.”

Con fecha 18 de julio de 2022, se declaró admisible el recurso y se ordenó pedir informe a la recurrida.

Con fecha 22 de julio de 2022, se agregó el informe evacuado por don Yonathan Low Almonacid, abogado, en representación de la recurrida Municipalidad de Puerto Aysén, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Con fecha 29 de agosto de 2022, se ordenó traer los autos en relación.

Que la vista del recurso se llevó a efecto en la audiencia del día 31 de agosto de 2022, compareciendo vía telemática, mediante plataforma Zoom, el abogado don Rodrigo Concha Acevedo, en representación de la recurrida.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente de protección, funda su acción cautelar, señalando que, actualmente ocupan de hecho el sitio en domicilio reservado, de la comuna y ciudad de Puerto Aysén, la cual han reparado y habitado desde hace tres meses aproximadamente. Así, con fecha 13 de julio del presente año, se le informa de manera verbal en su domicilio, y a juicio de los recurrentes de forma completamente irregular e ilegal que se ha decretado la demolición de todo lo que en aquel sitio han construido, para la construcción de un proyecto inmobiliario, vulnerando todo procedimiento judicial.

Destaca que, la recurrida debía dictar un acto administrativo que así lo dispusiera y este acto debía ser notificado válidamente, para ejercer los derechos que franquea la ley.

Indica que, se les informa que la demolición se llevará a cabo el día 15 de julio del corriente, por lo cual, prácticamente se les ha otorgado menos de 48 horas para hacer abandono de la propiedad que ocupan.

Sostiene que, se perturba los derechos fundamentales señalados, ya que es la Ley de Urbanismo y Construcciones, la cual contempla un procedimiento para llevar a cabo este tipo de actos, privándoles de aquello, burlando lo preceptuado por el referido cuerpo normativo, sin posibilidad de que puedan oponerse, ni que se les conceda un plazo prudente para hacer abandono de la propiedad y retirar sus pertenencias.

Manifiesta que, se ha vulnerado el derecho fundamental establecido en el artículo 19 N° 3 de nuestra Constitución política de la República, el cual señala: “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida.”

Precisa que la “Ley General De Urbanismo Y Construcciones”, en su artículo 154, manifiesta que: “Decretada una demolición y notificación al propietario del inmueble la resolución respectiva en la forma prescrita por el artículo 151° aquél podrá reclamar de ella ante la justicia ordinaria, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar de la fecha de su notificación, sin perjuicio de la reposición a que alude el artículo 152°, la que podrá siempre deducirse.”. Alegando que no se ha respetado el debido proceso establecido por el referido cuerpo normativo. Igualmente, se intenta acceder a propiedad ocupada por terceros, sin ejercer acciones como las que otorgan los artículos 2194 y 2195 del Código Civil.

Señala que, se ha vulnerado además, la igualdad ante la ley, por cuanto, la Municipalidad de Puerto Aysén, a través del departamento de obras, ha obviado normativa legal vigente para resolver la situación, sin causa justificada, diferenciándoles de manera arbitraria. Por otra parte, se amenaza su derecho de propiedad, desde que se decreta orden de demolición, lo que de llevarse a cabo, destruirá todos los bienes muebles que tenemos en nuestra morada, la que incluso fue construida por nosotros, ya que no se nos otorga plazo para retirar dichos bienes y tampoco al momento tienen donde dejarlos.

Así, para estos efectos debe entenderse aplicable lo dispuesto en el artículo 700 del Código Civil, que señala: “El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”.

Añade que, los recurridos, no han ejercido ninguna acción judicial pertinente a sus intereses, limitándose a ejercer acciones de autotutela, sin otorgar derecho a la defensa, solicitando se les otorgue un plazo prudente para hacer abandono de la propiedad, y que los actos de autotutela ejercidos por el municipio cesen desde ya, por cuanto conculcan los derechos fundamentales de la manera indicada.

SEGUNDO: Que, la recurrida Municipalidad de Puerto Aysén, representada por el abogado don Yonathan Low Almonacid, informando el recurso, señala que en el caso de autos, no existe un procedimiento de demolición, pues mediante Resolución Exenta N° E-10741, el Ministerio de Bienes Nacionales, concedió a la Municipalidad de Aysén, la Concesión de Uso Gratuito de Corto Plazo, por 5 años, el inmueble fiscal identificado como sitio N°5°, Mz. 15, ubicado en domicilio reservado, provincia y región de Aysén, propiedad que se encuentra inscrita a nombre del Fisco de Chile, rolante a fojas 691, N° 647, del año 2014, del Conservador de Bienes Raíces de Aysén, Rol N° 54-18 del Servicio de Impuestos Internos.

La concesión mencionada, fue solicitada con el propósito de desarrollar la construcción del Centro de Historia y Cultura de Aysén, en el contexto del programa “Mejoramiento Barrio La Balsa comuna de Aysén”, no siendo efectivo que el sitio en cuestión tiene por destino acoger un proyecto inmobiliario.

Según lo expuesto, el municipio, se encuentra haciendo las gestiones necesarias para cumplir con la concesión, gestiones que a la fecha no dicen relación con una demolición en los términos planteados por los recurrentes.

Respecto de la supuesta infracción a la igualdad ante la Ley, estima que no existe argumento, análisis o reflexión alguna para apreciar el cómo se estaría configurando la vulneración de ésta con el actuar de su representada y sus funcionarios.

Así también, respecto de la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, sostiene que la reclamación contenida en el artículo 154 de la Ley General de Vivienda y Urbanismo, le asiste al propietario del inmueble, calidad que evidente y reconocidamente no tienen los recurrentes, agregando que no existe tal decreto o proceso de demolición, y en el eventual caso que este procedimiento fuese necesario, la contraparte sería el Ministerio de Bienes Nacionales.

Finalmente, y referido a la eventual vulneración del derecho de propiedad, no es efectivo que su representada, haya realizado acciones de autotutela, puesto que simplemente se encuentra realizando labores de conservación, mantención y preparación del sitio y debe propender a deducir y ejecutar todas las acciones tendientes a cumplir los fines para los que fue entregada la propiedad.

TERCERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, para resolver el recurso planteado se hace necesario indicar que el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en la eventual demolición parcial de las construcciones emplazadas en domicilio reservado, de la comuna y ciudad de Aysén, sin ajustarse dicho procedimiento a la ley vigente.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes de estos autos, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, se pueden establecer los siguientes hechos:

· Que, con fecha 11 de Septiembre del año 2014, se requirió al Conservador de Bienes Raíces de Puerto Aysén, don Matías Rand González, la reinscripción del inmueble Fojas 50, N°68, del Registro de Propiedad del año 1941, bajo el Repertorio N° 117, que señala que el Fisco, es dueño de los terrenos que comprenden la provincia de Aysén, con los deslindes que indica.

· Que, mediante Resolución Exenta N°: E-10741, de fecha 29 de Marzo del año 2022, el Secretario Regional Ministerial (S) de Bienes Nacionales de Aysén, resolvió otorgar a la Ilustre Municipalidad De Aysén, la Concesión de Uso Gratuito de Corto Plazo, por un período de 5 años, el inmueble fiscal identificado como Sitio N° 5A, Mz. N° 15, ubicado en domicilio reservado, con las condiciones que indica.

· Que, mediante Memorándum N°452, de fecha 18 de Abril del año 2022, doña nombre reservado, Secretaria Comunal de Planificación (S), solicitó al Asesor Jurídico de la Municipalidad de Aysén, don Yonathan Low Almonacid, decretar la concesión de uso gratuito del terreno ubicado en domicilio reservado.

· Que, con fecha 22 de Abril del año 2022, mediante Resolución N°1863, el Alcalde de Puerto Aysén, don Julio Uribe Alvarado, decretó la aprobación de la Concesión de Uso Gratuito de Corto Plazo por un periodo de 5 años, del inmueble fiscal identificado como Sitio N°5A, Mz. N°15, ubicado en domicilio reservado y Provincia de Aysén, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez Del Campo, inscrita a nombre del Fisco a fojas 691, N°647, año 2014, del Conservador de Bienes Raíces de Aysén.

OCTAVO: Que, de lo expuesto por las partes en el recurso de protección e informe respectivo, se alza como controvertida la existencia del acto vulneratorio, arbitrario e ilegal, consistente en la orden de demolición del inmueble ubicado en domicilio reservado, sin observar los procedimientos legales para tales efectos, recayendo el onus probandi en la recurrente en cuanto a establecer que la autoridad edilicia recurrida dictó el correspondiente acto administrativo que dispone la demolición del inmueble referido, el cual debe ser válidamente notificado, según la norma contenida en el artículo 154, de la Ley General de Urbanismo Y Construcciones (aplicable, en todo caso, al propietario o dueño del predio y no al mero tenedor u ocupante como el mismo recurrente ha reconocido), como asimismo, que la supuesta demolición se efectuaría el día 15 de Julio del presente año.

NOVENO: Que, en relación con lo señalado anteriormente y a la luz de los antecedentes acompañados en esta instancia, se advierte por esta Corte, que las alegaciones vertidas por los recurrentes, no se condicen con la realidad de los hechos, desde que en primer lugar no se acompañaron antecedentes que permitan ilustrar a este Tribunal acerca de la inminente demolición, mucho menos de haberles otorgado un plazo de 48 horas para desalojar la propiedad.

Que, tampoco allega el recurrente antecedente alguno para acreditar o justificar la ocupación del inmueble individualizado y del derecho de propiedad que acusa vulnerado.

DÉCIMO: Que, por el contrario, de los documentos tenidos a la vista, se verificó que el Fisco de Chile, es propietario del inmueble ubicado en domicilio reservado, y que a través de la Resolución Exenta N°: E-10741, de fecha 29 de Marzo del año 2022, el Secretario Regional Ministerial (S) de Bienes Nacionales de Aysén, resolvió otorgar a la Ilustre Municipalidad De Aysén, la Concesión de Uso Gratuito de Corto Plazo, por un periodo de 5 años, por lo cual cabe concluir que no existe acto ilegal y arbitrario en las actuaciones que la Municipalidad de Aysén esté desarrollando en dicho lugar.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, la concesión efectuada, fue solicitada con el propósito de desarrollar la construcción del Centro de Historia y Cultura de Aysén, en contexto del programa “Mejoramiento Barrio La Balsa comuna de Aysén”, descartando, en consecuencia, las alegaciones en torno al desarrollo de un proyecto inmobiliario.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia y de acuerdo a lo expresado, ha de considerarse que la conducta de las recurridas no resulta arbitraria e ilegal, toda vez que no se ha establecido la existencia del acto que la recurrente estima vulneratorio de los derechos consagrados en el artículo 19, N°s 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Que, por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, se declara:

Que, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, y doña nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Puerto Aysén, representada por su Alcalde don Julio Esteban Uribe Alvarado; y en contra de don nombre reservado, en su calidad de Director de Obras Municipales de la Municipalidad de Puerto Aysén.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la señorita Ministro Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Rol N°1083-2022. (Protección).