nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

En Coyhaique, a nueve de julio del año dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de presentación de fecha 04 de mayo del año 2025, comparece don Iván Rodrigo Gutiérrez Loyola, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, de Coyhaique; quien deduce recurso de protección en contra de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la Policía de Investigaciones de Chile, Unidad parte de la Policía de Investigaciones de Chile, representada por su director, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto u omisión arbitrario o ilegal, consistente en la dictación de la Resolución Exenta RA N° 380/1076/2025 y sus actos administrativos posteriores, que ordena la destinación de la recurrente a la comuna de Lampa, afectando la garantía contenida en el artículo 19, N° 2 de la Carta Fundamental, solicitando, en definitiva: ‘’…sirva acogerlo, ordenando a la RECURRIDA que revierta su decisión administrativa o deje sin efecto la destinación de la recurrente doña nombre reservado a la Brigada de Investigación Criminal Lampa en la Región Metropolitana, manteniendo el puesto de mi representada en la Unidad Policial correspondiente a la Región de Aysén, comuna de Coyhaique, o bien, la declaración que VS. ILTMA sirva efectuar en igual sentido, con costas…’’ Con fecha 29 de mayo del año 2025, don Omar Alonso Castro Torres, abogado, en representación de la recurrida, incorporó el informe requerido.

Con fecha 17 de junio del año 2025, se ordenó traer los autos en relación y el 03 de julio del año 2025, se procede a la vista de la causa. Se anunciaron y alegaron en esta causa, por el recurso, el abogado don Iván Gutiérrez Loyola y contra el recurso, don nombre reservado; quedando la presente causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente, fundamenta su recurso señalando que, ingresó a la PDI el 29 de diciembre de 2008, tras haber sido seleccionada en un proceso a nivel nacional para integrar el “Curso de Formación para Asistentes Policiales’”. Ha prestado servicios en la institución por un período de 16 años, siendo calificada consistentemente en Lista N°1.

Expone que, en el marco del proceso “Plan Anual de Destinaciones 2024”, mediante Radiograma N°51, de fecha 30 de agosto de 2024, fue destinada a la Región Metropolitana. En razón de ello, el 14 de octubre de 2024, presentó una solicitud de reconsideración de la destinación, debidamente documentada, fundando su petición en antecedentes de índole familiar, entre ellos, el estado de salud de su hija menor y la necesidad de cuidado de los padres de ambos cónyuges. La solicitud fue remitida a la Jefatura Regional correspondiente, mediante Side Reservado N° 0443498-2024.

No obstante, indica que, por Resolución Exenta RA N°380/2660/2024, se dispuso su destinación a la Brigada de Investigación Criminal de Lampa, con inicio el 02 de enero de 2025. En contra de dicha Resolución, interpuso Recurso de Protección, Rol N°296-2024, ante esta Corte de Apelaciones, el cual fue acogido por fallo de fecha 12 de febrero de 2025, ordenándose una nueva evaluación debidamente fundada de los antecedentes acompañados, fallo que se encuentra firme y ejecutoriado.

Alega que, con fecha 23 de abril de 2025, fue notificada de dos resoluciones, dictadas el 22 de abril, por la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas: i) Resolución N°127, que deja sin efecto la destinación anterior; y ii) Resolución N°380/1076/2025, que dispone nuevamente su traslado a la misma brigada y región, con inicio el 25 de abril de 2025.

Destaca que, la resolución recurrida aún no se ejecuta, debido a que la recurrente se encuentra con licencia médica.

En cuanto al fondo de la acción, arguye que, la nueva resolución adolece de arbitrariedad, por cuanto no cumple con lo ordenado en la sentencia de esta Corte, al omitir una evaluación específica y detallada de los antecedentes personales previamente invocados, infringiendo así el deber de fundamentación suficiente, así como los principios de transparencia y publicidad.

Asimismo, sostiene que, la nueva orden de destinación constituye un acto de represalia institucional, derivado de su anterior reclamación judicial, y constituye desacato al fallo firme de esta Ilustrísima Corte.

Finalmente, estima vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de nuestra Carta Fundamental, en razón de haber recibido un trato desigual respecto de otros funcionarios en situación jurídica análoga, al no haberse considerado ni respondido fundadamente sus antecedentes personales y familiares.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la institución recurrida, en forma previa, indica que, la acción de protección no puede convertirse en una nueva instancia administrativa.

Luego, y en relación al fondo del asunto, manifiesta que, el 29 de diciembre de 2008, mediante Resolución Exenta N°321 de la JENAPERS de la Policía de Investigaciones de Chile, la recurrente fue destinada desde el Centro de Capacitación Profesional a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, y luego a diferentes unidades dentro de la ciudad de Coyhaique, a lo largo de sus 16 años de servicios en la institución.

Expone que, el 29 de noviembre de 2024, mediante Resolución RA N°380/2660/2024 de la JENAPERS, la recurrente fue destinada desde el Laboratorio de Criminalística Regional de Coyhaique a la Brigada de Investigación Criminal de Lampa, interponiéndose por la recurrente recurso de protección ante esta Ilustrísima Corte, en causa Rol 296-2024, el cual fue acogido en fallo de fecha 12 de febrero de 2025. Como resultado, se dejó sin efecto la Resolución Exenta RA N°380/2660/2024, mediante Resolución Exenta N°217, de fecha 22 de abril de 2025. Posteriormente, se dictó la Resolución Exenta N°380/1076/2025, la cual destina nuevamente a la recurrente a la Brigada de Investigación Criminal de Lampa.

Tras referirse a las alegaciones de la recurrente, indica que, la resolución señalada no es ilegal, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Orden General N°2675, de 26 de febrero de 2021, que Aprueba el Reglamento de Destinaciones de la P.D.I. y que establece que las destinaciones se estructuran en cinco fases.

En igual sentido, arguye que, el considerando sexto de la resolución recurrida hace hincapié a lo estipulado en el artículo 21 del Reglamento de Destinaciones, la cual regula la destinación por necesidades del servicio.

Añade que, el artículo 11 de la Orden General señalada, respecto de los antecedentes personales de los funcionarios, expresa que, corresponden a circunstancias que pueden influir en el desempeño de una persona, entre ellos se sitúa; el trabajo del cónyuge o del conviviente civil, edad o estudios de los hijos, estado de salud, condiciones de discapacidad de los integrantes de su grupo familiar, pero que no pueden considerarse dentro de estos antecedentes, situaciones que no constan fehacientemente o no se encuentran debidamente acreditadas.

Precisa que dicho artículo se encuentra dentro del Título III de los principios orientadores de las destinaciones, entendiéndose que son una de las circunstancias que se tendrán a la vista, las cuales no son decisivas, sino que forman parte de una de las tantas aristas que se tendrán en cuenta al momento de evaluar la destinación de un funcionario, situación que se presentó una vez que la recurrida procedió a revisar nuevamente los antecedentes, cumpliendo formalmente con lo ordenado en la sentencia acogida. Sin embargo, a pesar de dicha revisión, y en virtud de las necesidades institucionales plasmadas en la resolución de destinación, se confirmó la decisión de mantener la destinación de la funcionaria a la Región Metropolitana.

En cuanto a las razones de índole familiar invocadas, expone que, todo policía tiene pleno conocimiento, desde que ingresa a la institución, que se encuentra sujeto a movilidad institucional, citando al efecto el artículo 9 del Reglamento de Destinaciones, de modo que, todo policía se encuentra sujeto a un régimen estatutario especial, al cual voluntariamente ha accedido al ingresar a la institución.

En efecto, alega que, debe tenerse en consideración que, la recurrente lleva dieciséis años cumpliendo funciones en la misma unidad y región, por lo que, ya cumplió a cabalidad el tiempo mínimo exigido por el referido Reglamento.

Posterior a citar jurisprudencia pertinente, en relación a la falta de motivación y fundamentación y la supuesta vulneración a las normas del Reglamento de Destinaciones de la P.D.I., indica que, el principio de motivación de los actos administrativos se constata cumplido de la lectura de la Resolución Exenta RA N°380/1076/2025 y su fundamentación se ha realizado en términos que resultan suficientes para su acertada inteligencia, no usándose expresiones genéricas, toda vez que se precisa el motivo de la destinación.

En ese sentido, estima que se satisface lo dictaminado por la Contraloría General de la República, al expresar que, las decisiones contenidas en los actos administrativos no deben fundarse en observaciones de carácter general y, en consecuencia, cumple con lo dispuesto en los dictámenes Nros. 1.235 y 13.607, de 4 de junio de 2021 y 20 de mayo de 2019, razón por la cual estima que corresponde el rechazo de la alegación.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Igualmente, este Recurso Constitucional solo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no es un juicio declarativo de derechos.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, la recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, específicamente en la Resolución Exenta RA N° N°380/1076/2025, de fecha 22 de abril de 2025, y sus actos administrativos posteriores, que ordena su destinación desde el Laboratorio de Criminalística Regional de Coyhaique para su desempeño en la Brigada de Investigación Criminal de Lampa, en la Región Metropolitana, a contar del 25 de abril de 2025, vulnerándose con ello su derecho fundamental que se encuentra garantizado en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, en aras de una acertada resolución del asunto planteado, se debe tener presente que la Resolución Exenta RA N°380/1076/2025, de fecha 22 de abril de 2025, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, que ordena la destinación de la recurrente a la comuna de Lampa, en lo pertinente, invoca las siguientes consideraciones:

“1.- Que, la resolución Exenta RA N°380/2660/2024 de 29.NOV.024, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, destinó a la Agente Policial grado 15 nombre reservado, desde el Laboratorio de Criminalística Regional Coyhaique a la Brigada de Investigación Criminal.

2.- Que, con fecha 17.DIC.024, la Agente Policial grado 15 nombre reservado, interpuso Recurso de Protección en contra de la Resolución Exenta RA N°380/2660/2024 de 29.NOV.024, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la Policía de Investigaciones de Chile, solicitando que dicho acto administrativo quede sin efecto.

3.- Que, la Sentencia Rol N°296-2024 de 12 FEB.025, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, resolvió acoger el Recurso de Protección en favor de la Agente Policial grado 15 nombre reservado y en contra de la Resolución Exenta RA N°380-2660-2024 de 29.NOV.024, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas y en consecuencia, instruye se dejar sin efecto, disponiéndose en su lugar una nueva evaluación precisa y singularizada, de los antecedentes invocados por la recurrente, a objeto de adoptar una nueva decisión genuinamente fundada, que se pronuncie acerca del asunto planteado.

4.- Que, mediante Resolución Exenta N°217 de 22.ABR.025, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las personas, se dejó sin efecto la destinación de la Agente Policial grado 15 nombre reservado, desde el Laboratorio de Criminalística Regional Coyhaique a la brigada de Investigación Criminal Lampa, dando cumplimiento a la Sentencia ROL N°296-2024, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique.

5.- Que, el sistema de destinaciones tiene como propósito responder integralmente a las necesidades de personal de la distintas unidades y reparticiones a nivel nacional, asegurando una composición jerárquica adecuada y dotándolas con el número óptimo de funcionarios deben contar con la formación, capacitación, experiencia y competencias necesarias para cumplir con las labores establecidas legal y reglamentariamente, garantizando así el cumplimiento de las funciones institucionales, el logro de los objetivos estratégicos y el desarrollo profesional de su personal, contribuyendo a mejorar la eficacia y eficiencia investigativa y operacional.

6.- Que, la Orden General N°2.675 del 26.FEB.021, que aprueba el Reglamento de Destinaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, determina en forma clara y precisa las políticas institucionales relativas a los traslados, pudiendo mencionarse, entre otras consideraciones, que todo miembro de la institución, de cualquier grado y escalafón, por el sólo hecho de ingresar a la misma, se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, para desempeñarse las tareas encomendadas por la Constitución Política de la República, leyes y Reglamentos de la Policía de Investigaciones de Chile, atendiendo a las necesidades del servicio.

7.- Que, siendo la investigación de los delitos la misión fundamental de la Policía de Investigaciones de Chile, teniendo como obligación principal el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar los servicios policiales de investigación a toda la población, es que la PDI, debe procurar una adecuada composición jerárquica de las distintas unidades.

8.- Que, los Agentes Policiales están capacitados para cumplir funciones de apoyo policial, con una actuación adecuada en el sitio del suceso, un tratamiento idóneo a las evidencias y aplicando de manera eficiente los protocolos de cadena de custodia, pueden ejercer el control migratorio y fiscalizar la permanencia de extranjeros en el país; procesar datos e información con apoyo tecnológico, y entregar una atención eficiente a los usuarios de los servicios policiales de la Policía de Investigaciones de Chile.

9.- Que, es necesario dotar a la Brigada de Investigaciones Criminal Lampa, con personal que posea los conocimientos adecuados para entregar apoyo permanente y de calidad a la investigación policial y colaborando en diversos procedimientos y operaciones policiales, que permitan gestionar una respuesta adecuada a las exigencias del Ministerio Público, los tribunales de justicia y las demandas de la ciudadanía.

10.- Que, dentro del personal sujeto a destinaciones se encuentra el personal de planta de la Policía de Investigaciones de Chile.

11.- El personal de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentra jurídicamente vinculado a cumplir con la misión institucional, para ello se podrá disponer el movimiento de los servidores, garantizando la seguridad y protección de nuestros ciudadanos e institucionales a través de la investigación criminal, desarrollando preferentemente labores en unidades operativas, asentadas a lo largo y ancho del territorio nacional.

12.- Que, la Agente Policial grado 15 nombre reservado, ha cumplido con el tiempo mínimo de permanencia de la región, establecido en el artículo 9 de la Orden General N°2675 de 26.FEB.021 que aprueba el Reglamento de Destinaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, tras ejercer funciones por más de quince años en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

13.- Que, en razón a la experiencia acreditable y los antecedentes profesionales de la Agente Policial grado 15 nombre reservado, que se traducen en mas de dieciséis años de servicio en la Policía de Investigaciones de Chile, los quye se ha desempeñado en unidades como la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Coyhaique, Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Coyhaique, Brigada Investigadora de Robos Coyhaique y Laboratorio de Criminalística Regional Coyhaique, es que mediante la destinación de la funcionaria se permitirá dar cumplimiento a las funciones de la institución, a las labores establecidas legal y reglamentariamente y a la mejora en la eficacia y eficiencia investigativa y operacional en la ciudad de Santiago, dotando del personal necesario y capacitado para ejercer las funciones requeridas en la Brigada de Investigación Criminal Lampa.

En este mismo contexto, la Institución ha considerado en la determinación de su destinación además de las necesidades institucionales en cumplimiento de la labor investigativa, las circunstancias personales y familiares de la Agente Policial grado 15 nombre reservado, procurando dar el apoyo y continuidad a la labor policial tanto desde el punto de vista institucional y personal del funcionario.

14.- La facultad que me confieren la Ley Orgánica y el Reglamento Orgánico de la Policía de Investigaciones de Chile, UNIDAD ACTUAL Y GASTO:

1) Agente Policial grado 15 nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, de dotación del Laboratorio de Criminalística Regional Coyhaique.

Esta destinación irrogará un gasto de $777.478.-, con 02 M/S y 05 trienios, equivalente al 100% de la asignación por cambio de residencia, imputado al ÍTEM: 05 33 01 21 04 001: El gasto antes señalado se pagará conforme a lo dispuesto en la Orden General N°2675 de 26.FEB.021, siempre que la funcionaria indicada precedentemente, acredite el cambio efectivo de su residencia, conforme lo estipula la reglamentación vigente, percibiendo el 100% si dicho cambio lo efectúa junto a su grupo familiar (cónyuge o hijos).’’ OCTAVO: Que, a su vez, es preciso revisar la normativa aplicable al procedimiento de destinaciones de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, y que se encuentra contenida en la Orden General N°2675, de fecha 26 de febrero de 2021, que Aprueba Reglamento de Destinaciones de la Policía de Investigaciones de Chile.

En lo pertinente, dicho reglamento consigna en su artículo 39, que el Director General en defensa de los intereses y fines institucionales, así como por razones de mejor servicio, podrá siempre disponer en cualquier tiempo la destinación del personal institucional.

Tal potestad, en tanto, ha de armonizarse con los principios que el propio reglamento establece en su artículo 6, entre los que se destaca, el de “Igualdad de oportunidades y no Discriminación”, que apuntan a que las destinaciones se realicen considerando los requisitos legales y reglamentarios, las competencias exigidas o especialidad requerida para cada caso en concreto, y las necesidades que requiere el país en materia de orden, seguridad pública y oferta investigativa, sin que puedan fundarse en motivos de raza, color, sexo, edad, opinión política, origen social, ni cualquiera otra que implique una discriminación arbitraria. Asimismo, el principio de “imparcialidad”, que conduce a que las destinaciones se lleven a cabo en base a procedimientos donde se considere el mérito, el desempeño, la formación, capacitación, especialización y las competencias profesionales de los funcionarios, respetando los principios de probidad y transparencia, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que se adopten. E igualmente el principio de “Transparencia y Publicidad”, que supone que la destinación se efectuará de manera que se permita y promueva el conocimiento de los contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él y procurarán el aseguramiento de la difusión del llamado, criterios de la estrategia institucional, y publicación de los resultados del Plan Anual de Destinaciones.

Tal reglamento consigna también, en su artículo 11 denominado de los “Antecedentes personales de los funcionarios”, que dichos antecedentes corresponden a circunstancias que pueden influir en el desempeño de una persona, que no forman parte directamente de sus funciones específicas. Se sitúan en este ámbito, el trabajo del cónyuge o del conviviente civil, edad o estudios de los hijos, estado de salud, condición de discapacidad de los integrantes de su grupo familiar. No se podrán considerar dentro de estos antecedentes, situaciones que no consten fehacientemente o no se encuentren debidamente acreditadas.

NOVENO: Que, adicionalmente, resulta imperioso atender también a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, norma que previene el deber que recae sobre éstos de fundamentar las decisiones que adopten y que puedan afectar derechos de terceros, señalando que: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”

Además, la obligatoriedad de fundar las decisiones se encuentra expresamente señalada en el artículo 41 de la ley indicada, al prescribir: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”; todo lo cual también se halla avalado por el criterio jurisprudencial expresado en fallo pronunciado por la Excelentísima Corte Suprema, al referir que: “la motivación constituye uno de los elementos del acto administrativo, pues a través de ella se exteriorizan las razones que han llevado a la Administración a dictarlo, exigencia que se impone en virtud del principio de legalidad”.

DÉCIMO: Que, fruto del análisis de dichas exigencias jurídicas, aplicadas al tenor del acto administrativo atacado por esta vía, esto es, la Resolución Exenta RA N°380/1076/2025, de fecha 22 de abril de 2025, en una primera aproximación es factible establecer que en lo formal, la misma aparece revestida de consideraciones tendientes fundamentar la medida; no obstante, dichas consideraciones se corresponden más bien con fundamentos genéricos, algunos, e incompletos, otros, que por lo mismo se tornan en insuficientes. En efecto, en lo que respecta a la medida de traslado específica que recae en la recurrente, el acto cuestionado se limita a señalar las necesidades institucionales que ameritan su traslado, para finalmente establecer que doña nombre reservado, se desempeñará en la Brigada de Investigación Criminal de Lampa, a contar del 25 de abril de 2025, para ejercer las funciones de Dotación en la mencionada unidad. Tal orden categórica e imperativa se efectúa, entonces, sin contener un análisis de los antecedentes personales de la funcionaria, a los que alude el artículo 11 del Reglamento de Destinaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, apartándose con ello, de los principios consignados en el artículo 6 del mismo reglamento.

Que, más aún, la propia resolución en comento, en su considerando 3°, hace referencia a la sentencia ROL N° 296-2024 de esta misma Corte y a lo que aquélla instruyó, en particular a la disposición de una nueva evaluación precisa y singularizada de los antecedentes invocados por la recurrente, a objeto de adoptar una nueva decisión genuinamente fundada que se pronuncie acerca del asunto planteado; lo que devela la plena claridad que existía para la entidad recurrida, de la necesidad de dotar a su actuación, de una fundamentación pertinente al caso concreto, “precisa y singularizada”, y con ello, de una motivación suficiente acorde al estándar de las normas reglamentarias y legales aludidas en los motivos precedentes. Sin embargo, la resolución impugnada, lejos de cumplir aquello, lo que hace, es enunciar que se tuvieron en consideración las “circunstancias personales y familiares de la Agente Policial”, tal como se aprecia del tenor de la parte final del considerando 13°, mas, no explica qué circunstancias específicas se consideraron o descartaron, ni el razonamiento que medió en dicho proceso.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, el ejercicio de la potestad de la recurrida, mediante lo resuelto en el acto administrativo impugnado, lo fue soslayando el cumplimiento del Reglamento de Destinaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, e incumplimiendo también la fundamentación suficiente, conforme al tenor de los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880.

Que, esto último, se relaciona con que los actos administrativos han de bastarse a sí mismo y que la suficiencia de su motivación, como lo sostienen los autores nombre reservado y nombre reservado, en su libro “Derecho Administrativo”, Tomo II, Acto Administrativo, página 243 y siguientes, constituye un elemento causal de aquél, como expresión formal de los antecedentes de hecho y de derechos que le sirven de fundamento, permitiendo conocer las razones de su adecuación a la finalidad que lo justifica y, en el caso de potestades discrecionales, las circunstancias que aconsejan la opción por una solución concreta de entre las legalmente posibles; de forma tal, que no puede menos que concluirse que la resolución recurrida deviene también en arbitraria, por no contener la exposición circunstanciada en un proceso racional y lógico explícito, de los fundamentos suficientes de la decisión de la autoridad.

En efecto, la insuficiencia de la fundamentación implica necesariamente restarle razonabilidad, proporcionalidad y debida idoneidad o adecuación de medio a fin, habiendo impedido a la funcionaria policial recurrente, conocer de manera clara y transparente las motivaciones, razones y causas de su destinación, antecedentes del todo necesarios para justificar el repentino y rotundo cambio del lugar de desempeño en el contexto de la complicada dinámica familiar que la afectaba.

Esto último, es especialmente relevante en este caso, porque la resolución impugnada, al citar en su considerando 3° lo instruido por esta Corte en causa ROL N° 294-2024, pone de manifiesto la claridad que tenía la recurrida en orden a cómo cumplir el estándar de fundamentación suficiente y pese a ello, no lo hizo, evidenciando un actuar contumaz que intensifica la arbitrariedad de su medida.

UNDÉCIMO: Que, adicionalmente la resolución materia del presente recurso, debe ser calificada de vulneradora de la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados, funcionarios de su misma institución, a quienes en situación jurídica equivalente, han podido contar con un acto administrativo suficientemente motivado, que contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

DUODÉCIMO: Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

Que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por don Iván Rodrigo Gutiérrez Loyola, abogado, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Resolución Exenta RA N° 380/1076/2025, de fecha 22 de abril de 2025, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la Policía de Investigaciones de Chile, representada por su Director, don nombre reservado y, en consecuencia, se la deja sin efecto y, de persistir en su destinación, habrá de realizar esta a través de resolución que cumpla con lo ordenado por esta Ilustrísima Corte de Apelaciones en sentencia Rol 296-2024, además de lo dispuesto en el Reglamento de Destinaciones y la Ley N°19.880.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante Ximena Jiménez Ulloa.

Rol N°: 108-2025 (Protección).- Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl Código: QVWRXTXGGYX Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl Código: QVWRXTXGGYX