SERVICIOS DE SEGURIDAD UND SPA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE AYSEN

En Coyhaique, a dieciséis días del mes de junio del año dos mil veintiséis.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°106-2026, el 29 de abril de la anualidad en curso, comparece doña Grey Molinas Rivas, abogada, en representación convencional de SERVICIOS DE SEGURIDAD UND SpA, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien, en lo principal, deduce recurso de protección en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE AYSÉN, representada legalmente por don nombre reservado, o por quien haga sus veces, ambos domiciliados en domicilio reservado, por cuanto estima que la recurrida ha cometido una acción u omisión ilegal y arbitraria, consistente en haber informado ante Tesorería General de la República multas impagas de la empresa de Servicios de Seguridad Und SpA, que corresponden a la Resolución de Multa N°6386/25/26-1-2, lo que priva, perturba y amenaza su garantía constitucional resguardada en los numerales 2 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República; solicitando, en definitiva: “ordenar que la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE AYSÉN, elimine la información de morosidad conforme al mérito de los antecedentes, con expresa condena en costas.” (sic)

El 12 de mayo de 2026, doña Daniela Bórquez Cárcamo, abogada de la Inspección Provincial del Trabajo de Aysén, por la recurrida, evacúa el informe ordenado.

Con fecha 8 de junio siguiente, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose, el día 10 de igual mes y año, a la vista de la causa, en la que solo alegó contra el recurso la abogada doña Daniela Bórquez Cárcamo, tras lo cual quedó ésta en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente fundamenta su acción en que la empresa fue objeto de una fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, derivando la misma en la aplicación de dos multas contenidas en Resolución de Multa N°6386/25/26-1-2, de fecha 23 de septiembre de 2025.

Refiere que, el 22 de octubre de 2025, se impugnó la resolución de multa individualizada mediante recurso de reconsideración administrativa; sin embargo, mediante Resolución Exenta N°1102-4704/2026, se confirmaron ambas multas, la primera de ellas ascendente a 60 Unidades Tributarias Mensuales y la segunda de 26,73 Ingresos Mínimos Mensuales. Agrega que, a la fecha de interposición del presente recurso, la multa aplicada en contra de la recurrente no se encuentra ejecutoriada existiendo un reclamo judicial pendiente, interpuesto dentro de plazo legal.

Expone que, revisada la página de la Tesorería General de la República, con fecha 20 de abril de 2026, la recurrida ha procedido a remitir las multas a la Tesorería General de la República para su registro, publicación y eventual cobro, la cual, a su vez, la ha incorporado en sus sistemas como una deuda actualmente exigible por un total de $13.270.509.

Indica que, la Resolución de Multa N°6386/25/26, no se encuentra ejecutoriada por lo cual la Inspección Provincial del Trabajo de Aysén, ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal, atentando contra el derecho de propiedad de la recurrente, garantizado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, así como contra el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el N°2 del mismo precepto, pues no obstante haber deducido el correspondiente reclamo judicial de multa dentro de plazo, encontrándose pendiente la resolución, en un acto absolutamente ilegal, procede a informar a la Tesorería General de La República, que se adeuda a la referida Inspección del Trabajo dos multas por un total de $13.270.509, perjudicando el patrimonio de la recurrente al tratarse de una empresa de seguridad privada y atendida la naturaleza altamente regulada de su actividad económica.

SEGUNDO: Que, por su parte, la recurrida solicitó el rechazo de la acción deducida, fundada, en lo sustancial, en que recién a través de la notificación del presente recurso, tomó conocimiento de la existencia de la reclamación judicial deducida en contra la resolución de multa. En efecto, con fecha 3 de marzo de 2026, la empresa recurrente habría deducido reclamación judicial contra la decisión recaída en la reconsideración de resolución administrativa, formulada en base al artículo 512 del Código del Trabajo, en causa RIT I-8-2026 del Juzgado de Letras de Aysén.

Indica que, luego del rechazo de la solicitud de reconsideración administrativa deducida por la reclamante y recurrente de autos, la multa procedió a “cargarse” automáticamente a Tesorería, no existiendo por parte del Servicio, en ningún caso, mala fe o intencionalidad de perjudicar a la empresa y/o sus intereses patrimoniales, ya que nunca fueron emplazados de la reclamación deducida en causa RIT I-8-2026 del Juzgado de Letras de Aysén, por lo que no teniendo conocimiento, por medio de notificación judicial de la reclamación de la multa, no se podían desplegar todas las conductas pertinentes en orden a gestionar con la unidad competente y el funcionario del Servicio respectivo la “descarga de la multa”, como ahora lo solicita la recurrente.

Expone que, para evitar que se cargue la multa en Tesorería se deben interponer los recursos administrativos o judiciales que señala el Código del Trabajo y, en este caso, si bien han sido deducidos los últimos por la parte reclamante, estos deben notificarse en la forma legalmente establecida, no siendo esta acción cautelar el mecanismo idóneo para ello.

Descarta que el servicio haya incurrido en una conducta ilegal y/o arbitraria o que haya vulnerado los derechos constitucionales señalados, pues nunca fue emplazado del reclamo judicial por parte de la recurrente, por lo que se produjo la carga de la multa en Tesorería. Es por ello que, en el contexto de este recurso de protección, producto de la orden de no innovar decretada, notificada mediante correo electrónico, se ha procedido a la solicitud de descarga, concluyendo que el actuar de la Inspección Provincial del Trabajo de Aysén se ha verificado dentro de la normativa y no ha sido arbitrario, porque se ha actuado con esta empresa recurrente tal como se actúa con todas las demás empresas a las cuales se rechazan los recursos administrativos; por tanto, estima que no se configura la ilegalidad y arbitrariedad que pretende sostener la recurrente.

TERCERO: Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión a adoptar por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, en síntesis, la parte recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en la circunstancia de haber incorporado en la página pública de la Tesorería General de la República, a la empresa de Servicios de Seguridad Und SpA, en calidad de deudora de multas impagas asociadas a la Resolución de Multa N°6386/25/26-1-2; infringiendo con ello, sus garantías constitucionales consagradas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

SÉPTIMO: Que, a fin de despejar los aspectos a dirimir, apreciando los antecedentes reunidos de conformidad a las reglas de la sana crítica y teniendo presente las alegaciones efectuadas por las partes, es posible dar por asentados los siguientes hechos:

1.- Con fecha 23 de septiembre de 2025, la Inspección Provincial del Trabajo de Aysén, dictó la Resolución de Multa N°6386/25/26-1-2, en contra de la recurrida, con aplicación consecuencial de dos sanciones pecuniarias, ascendente la primera de ellas a 60 Unidades Tributarias Mensuales, mientras la segunda, a 26,73 Ingresos Mínimos Mensuales consignándose expresamente que: “b) Ejecutoriada la presente resolución su pago deberá efectuarse mediante formulario N°42-A, que se debe obtener en la Tesorería General de la República y pagarse a cualquier institución financiera, debiendo acreditarse este pago en la Inspección del Trabajo que aplicó la multa, o con la modalidad de pago en línea, a través del portal web institucional www.direcciondeltrabajo.cl”. (sic)

2.- La referida resolución fue impugnada con fecha 22 de octubre de 2025, en el correspondiente procedimiento administrativo, que culminó con el rechazo de dicha reconsideración mediante la Resolución Exenta N°1102- 4704/2026, de fecha 17 de febrero de 2026 y la confirmación consecuencial de las dos multas aplicadas.

3.- La recurrente interpuso reclamo judicial de multa, ante el Juzgado de Letras y Garantía de Aysén, en causa R.I.T. I- 8-2026, con fecha 3 de marzo de 2026, encontrándose en actual tramitación.

4.- La recurrida solicitó la descarga de la multa de Tesorería General de la República el día 4 de mayo de 2026, a fin de dar cumplimiento a la Orden de No innovar solicitada por la recurrente. Y 5.- En la actualidad, la multa reclamada judicialmente e informada ante Tesorería General de la República se encuentra descargada, de acuerdo a lo informado en estrado por la abogado de la recurrida, única que ha comparecido a alegar -en contra del recurso-, exhibiendo además la información registrada en la página web del Servicio de Tesorería.

OCTAVO: Que, en aras de una acertada resolución del asunto planteado, se debe tener presente la normativa atingente al caso:

El artículo 503 del Código del Trabajo, dispone que: “Las sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y a sus reglamentos, se aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores del trabajo o por los funcionarios que se determinen en el reglamento correspondiente. Dichos funcionarios actuarán como ministros de fe.

En todos los trámites a que dé lugar la aplicación de sanciones, regirá la norma del artículo 4° de este Código.

La resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de quince días hábiles contados desde su notificación.

Dicha reclamación deberá dirigirse en contra del Jefe de la Inspección Provincial o Comunal a la que pertenezca el funcionario que aplicó la sanción.

Admitida la reclamación a tramitación, previa verificación de los requisitos señalados en el inciso anterior, su substanciación se regirá por el procedimiento de aplicación general contenido en el Párrafo 3°, del Capítulo II, del Título I del presente Código, a menos que la cuantía de la multa, al momento de la dictación de la resolución que la impone o de la que resuelve la reconsideración administrativa respecto de ella, sea igual o inferior a 10 Ingresos Mínimos Mensuales, caso en el cual, se sustanciará de acuerdo a las reglas del procedimiento monitorio, contenidas en los artículos 500 y siguientes del presente Código.

En contra de la sentencia que resuelva una reclamación se podrá recurrir conforme a lo establecido en el artículo 502 del presente Código.”

NOVENO: Que, en el caso que se revisa, la recurrida arguye que procedió a incluir la carga en la página de Tesorería General de la República de las multas impagas procedentes de la recurrente, tras la negativa a la reconsideración administrativa formulada por ésta ante la Dirección del Trabajo, circunscribiendo su actuar a los lineamientos e instrucciones institucionales, impartidos en la Circular N°35, de 17 de marzo de 2016, la cual señala el procedimiento previsto por dicha entidad para la descarga de las multas, dando cuenta de la responsabilidad del abogado respecto de los registros en los sistemas de las correspondientes reclamaciones judiciales de las multas, pero sólo cuando éstas son notificadas a la entidad recurrida, por cuanto, en caso contrario, obviamente el servicio ignora que se ha deducido la misma, a consecuencia de la falta de emplazamiento.

DÉCIMO: Que, del estudio pormenorizado de los antecedentes que obran en autos, así como teniendo presente específicamente lo informado por la recurrida en presentación ingresada a folio 5, en cuanto dio cumplimiento a la Orden de No Innovar solicitada por la recurrente, a lo que se añade la alegación acorde efectuada en estrados sin contradicción alguna, dada la ausencia del apoderado de la recurrente, más la exhibición de copia de la información registrada en la página web del Servicio de Tesorería; son elementos de juicio bastantes, que permiten advertir que la multa informada a este último organismo se encuentra actualmente descargada, sin que aparezca vigente al día de hoy la información de morosidad que se reclama por esta vía por la recurrente.

De este modo, se ha subsanado la situación puntual que motivó la interposición de la acción constitucional que se conoce, de modo que lógico resulta inferir que el arbitrio interpuesto ha perdido oportunidad.

Lo anterior es, sin perjuicio de reparar también en la obligación que incumbía a la empresa que ha accionado, en el sentido de haber promovido la oportuna notificación al servicio recurrido, de toda reclamación de multa que incoare en sede judicial, posterior al pronunciamiento recaído sobre su solicitud de reconsideración administrativa, a fin de evitar el proceder de éste en cumplimiento de sus deberes de orden jurídico, pero en total ignorancia acerca de la existencia de una acción de la índole referida por no haber sido legalmente emplazada.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, este Tribunal de Alzada, de conformidad a lo solicitado por la recurrente y atendida la naturaleza estrictamente cautelar de esta herramienta constitucional, conforme a lo antes razonado, colige que ninguna otra providencia puede disponer para restablecer el imperio del derecho y la debida protección de la afectada, por cuanto ya se ha puesto remedio a la presunta infracción en que se incurrió, de modo que ha de fallarse en congruencia en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo preceptuado en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE DECLARA:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiséis, por doña Grey Molinas Rivas, abogada, en representación convencional de SERVICIOS DE SEGURIDAD UND SpA, en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE AYSÉN.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del señor Ministro Titular, don Luis Moisés Aedo Mora.

Rol N°106-2026. (Protección).