Protección contra SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Coyhaique, a veinte de julio del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 31 de marzo de 2023, comparece don nombre reservado y doña nombre reservado, ambos abogados, en representación convencional de INMOBILIARIA BALMACEDA SPA, sociedad del giro de su denominación, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quienes deducen recurso de protección en contra del SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO, oficina regional de Aysén, representado legalmente por su Directora Regional, doña Valeria Carrasco Sáez, domiciliados en domicilio reservado; y de don nombre reservado, en su calidad de Jefe Oficina Servicio Agrícola Ganadero Chile Chico, domiciliado en domicilio reservado, Chile Chico, por cuanto estima que la recurrida, ha incurrido en un actuar ilegal y arbitrario, al infraccionar las normas y principios que rigen el procedimiento administrativo, a consecuencia de la dilación excesiva e injustificada en la tramitación de la solicitud de subdivisión de predio rústico presentada ante el servicio recurrido, entidad que no ha dado cumplimiento a lo mandatado en el artículo 64 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, estimando que este acto constituye una abierta vulneración a sus derechos fundamentales consagrados en los artículo 19 Nº 2 y 24, de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, solicitando en definitiva, se declare: “1. Que los Recurridos han cometido omisiones ilegales y arbitrarias que vulneran, amenazan y perturban las garantías constitucionales de nuestra representada contempladas en los artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de Chile. 2. Que la solicitud de pronunciamiento definitivo y aprobación respecto de la petición de emisión del certificado de subdivisión, presentada por Inmobiliaria Balmaceda SpA con fecha 13 de marzo de 2023, se encuentra irreversiblemente aprobada, por el sólo ministerio de la Ley. 3. Que, con motivo de la violación, perturbación y amenaza de las garantías constitucionales señaladas se ordene a los Recurridos Proceder a actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 19.880: (i) emitiendo sin más trámite el respectivo certificado por medio del cual constaten que la solicitud de pronunciamiento definitivo y aprobación respecto de subdivisión del Lote A-1 presentado por Inmobiliaria Balmaceda SpA, no fue resuelta dentro del plazo legal, y (ii) constatando que la solicitud de certificar la subdivisión del predio rústico denominado Lote A-1, se encuentra aceptada. 4. Como consecuencia de lo anterior, se solicita a esta Ilma. Corte ordenar a que los Recurridos a que emitan, en forma inmediata, los certificados de subdivisión del Lote A-1 conforme a lo requerido por Inmobiliaria Balmaceda SpA en el expediente N° 2567/22, conforme a la regulación aplicable. 5. Que se condena a los Recurridos a pagar las costas de este recurso.” (SIC)

Con fecha 13 de abril de 2023, se declaró admisible el recurso de protección y se solicitó informe a la recurrida.

Con fecha 29 de abril de 2023, don Héctor Cuevas Gómez, abogado, en representación del Servicio Agrícola y Ganadero, evacuó el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso por los argumentos allí señalados.

Con fecha 12 de julio de 2023, se trajeron los autos en relación, y con fecha 14 del mismo mes y año, se procedió a la vista de la causa, con la comparecencia telemática de los abogados, don Nicolás Miranda Figueroa, por el recurso, y don Héctor Cuevas Gómez, en contra del mismo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la parte recurrente, fundamentando su recurso sostiene que, con fecha 7 de octubre de 2022 inició el procedimiento para obtener la certificación de subdivisión del predio denominado Lote A-1, que presenta una gran biodiversidad de flora y fauna propia de las proximidades del Río Norte y bosque nativo de la Región de Aysén, contemplando el proyecto una zona de conservación biológica que cuenta con un “derecho real de conservación”, inscrito a fojas 1.699 número 597 del año 2022, del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique.

Acota que este gravamen afectará a los predios resultantes de la subdivisión, a sus propietarios, adjudicatarios, arrendatarios, usuarios, poseedores o adquirentes a cualquier título, estableciendo prohibiciones en la cláusula quinta de la escritura de constitución, tales como: prohibición de talar árboles y vegetación; extraer madera, eliminar o destruir vegetación; tener ganado, incluyendo el pastoreo, alimentar y criar; construir cualquier nueva estructura sin la autorización del titular del DRC; plantar o introducir plantas o animales invasores o especies no nativas con gran riesgo de que se transformen en invasores; alterar los cursos de agua y humedales; almacenar y depositar basura y/o escombros, etc.; realizar actividades industriales o de minera; usar pesticidas, herbicidas, fertilizantes o cualquier otro químico para el tratamiento de la tierra, el agua, vegetación o cualquier especie animal; entre otras prohibiciones.

Además se exige a los futuros propietarios contar con planes de manejos aprobados por la Corporación Nacional Forestal, por lo que no se considera un cambio en el uso de suelo del Lote A-1 o en su aptitud agrícola, ganadera o forestal.

Indica que se dictó la Resolución Exenta N°3.904/2019, modificada por la Resolución Exenta 1189/2022, del mismo Ministerio, suscrita por la Directora Nacional subrogante del SAG, doña Rita María Sagredo Urra, que determinó el procedimiento para emitir el certificado de subdivisión y los elementos a ser revisados por el Servicio.

En virtud del DL N° 3.516 y de las Resoluciones Exentas mencionadas, el SAG debe verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

-Que se trate de predios rústicos, de acuerdo con la definición del DL N° 3.516, -Que los predios resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas;

-Que los lotes resultantes tengan acceso a un espacio público o un camino proveniente del proceso de parcelación de la reforma agraria.

Refiere, que el SAG debe emitir el certificado de subdivisión en un plazo de 20 días, verificando los antecedentes acompañados, etapa en la cual no se contempla la intervención de otras instituciones, como tampoco en la segunda etapa, de análisis técnico.

Finalmente, como se señaló el procedimiento debe terminar en un plazo máximo de 20 días hábiles, mediante la dictación de un acto definitivo y de aprobarse la subdivisión, se emiten los certificados en donde consta tal aprobación. Si se rechaza, el SAG deberá dictar una resolución exenta indicándose los motivos de tal decisión y las observaciones.

Señala que la solicitud se presenta el 7 de octubre de 2022, entregándose todos los antecedentes, avanzando a la etapa 2, según comprobante de recaudación emitido por el SAG el 9 de enero de 2023. Después, el Servicio no volvió a entregar información oficial, sin embargo atendido al tiempo transcurrido y la inexistencia de alguna resolución de rechazo, la recurrente entendió que se cumplieron todos los aspectos técnicos y formales dispuestos en el DL N°3.516 y en la Resolución Exenta N°3.904, y por ende, sólo faltaba la aprobación.

Advierte que, apartándose de las facultades que tiene el SAG, el expediente fue derivado a la Unidad de Recursos Naturales Regionales, por una hipotética afectación al medioambiente, decisión comunicada por medio de correo electrónico enviado el 20 de febrero de 2023. Agrega que no se ha expedido una decisión final respecto de la solicitud de certificación de subdivisión, pese a que han transcurrido cerca de seis meses de la solicitud.

Señala que con fecha 13 de marzo de 2023 la Inmobiliaria ingresó una “Solicitud de pronunciamiento definitivo y aprobación respecto de la petición de emisión del certificado de subdivisión” conforme al artículo 10 y 64 de la Ley N° 19.880 ante la Oficina Regional de Aysén del Servicio Agrícola Ganadero, y el Jefe de Oficina del mismo Servicio en la comuna de Chile Chico, a efectos de que se emita una decisión final sobre la solicitud y, en definitiva, se apruebe sin más trámite.

Luego, con fecha 21 de marzo de 2023, esto es, habiendo transcurrido el plazo de cinco días contemplado en el artículo 64 de la cita Ley, Inmobiliaria Balmaceda SpA volvió a ingresar requerimiento a fin que se certifique el hecho de que el Servicio no ha resuelto dentro de plazo legal la petición sometida a su conocimiento y, que, por ende, dicha solicitud se encuentra aceptada, debiendo emitirse sin más trámite los certificados de subdivisión sobre el predio Lote A-1, sin obtener ningún tipo de respuesta por parte de los recurridos.

Señala que, la tramitación ha sido lenta y retardada, extendiéndose más allá del plazo de 20 días para pronunciarse, aún más, los recurridos se han negado a dar cumplimiento a la Ley, incurriendo en falta de servicio, en cuanto el SAG debía tramitar la solicitud de certificación de subdivisión Inmobiliaria Balmaceda SpA en un plazo máximo de 20 días. Asimismo debía pronunciarse en el plazo de 5 días respecto del requerimiento interpuesto el 13 de marzo de 2023, o en su defecto, proceder a certificar el hecho de que el Servicio no resolvió dentro de plazo legal la petición sometida a su conocimiento conforme a los artículos 10 y 64 de LBPA; que, por ende, dicha solicitud se encuentra aceptada, y, en definitiva, emitir sin más trámite los certificados de subdivisión sobre el predio Lote A-1 de nuestra representada.

Sostiene que el SAG ha actuado en contravención al principio conclusivo, de inexcusabilidad, celeridad y economía procesal, previstos en los artículos 7, 8, 9, 14, 23 y 42, todos de la LBPA, cuestión que fue denunciada ante ella mediante presentación del 13 de marzo de 2023, y al ser un servicio de la Administración del Estado, queda sujeto al principio de juridicidad, establecido en los artículo 6 y 7 de la Constitución Política de Chile, debiendo, por ende, someter su acción a la misma y a las normas dictadas conforme a ella, así como garantizar el orden institucional de la República, pudiendo sólo actuar válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, no pudiendo atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Agregando que toda extralimitación a las potestades del SAG indicadas, sin manifestar fundamento alguno, es un acto nulo que da lugar a las responsabilidades administrativas previstas en la ley.

Refiere que, el presente recurso se presenta en contra de una acción y una omisión, ambas ilegales y arbitrarias de los recurridos, estas son:

“i. La infracción de las normas y principios que rigen el procedimiento administrativo, como consecuencia de la dilación excesiva e injustificada en la tramitación de la solicitud de subdivisión de predio rústico del expediente N° 2567/22. Dicha omisión ocurrió luego de vencer el plazo de 20 días previsto en la Resolución Exenta N° 3.904 (esto es, 10 de noviembre de 202214), y continúa a esa fecha.

ii. La omisión ilegal y arbitraria de acusar recibo del requerimiento presentado el 21 de marzo de 2023, y de dar cumplimiento a lo mandatado en el artículo 64 LBPA. Esta omisión ocurrió desde el vencimiento del plazo legal, esto es, el 21 de marzo de 2023, y se mantiene a esta fecha. A este respecto, reiteramos que, según lo comunicado verbalmente el día 30 de marzo de 2023 por don Héctor Cuevas Gómez, Director Regional Subrogante de la Oficina Regional de Aysén, ellos “no procederían a aplicar el silencio positivo”.

Agrega que, dichas acciones y omisiones, vulneran, perturban y amenazan gravemente el derecho a la igualdad ante la ley, desde que, es absolutamente arbitrario y discriminatorio que los recurridos decidan unilateral y caprichosamente infringir las normas y principios administrativos como evidente manifestación de una discrepancia ideológica o política (y no legal) en cuanto al derecho de Inmobiliaria Balmaceda SpA de ejercer su derecho de dominio y proceder a la subdivisión del Lote A-1, pese a que ha dado pleno cumplimiento a las normas legales vigentes.

Asimismo, estima que el actuar de la recurrida, ha infraccionado el derecho de propiedad de su representada, en relación con el artículo 582 inciso primero del Código Civil, que confiere las facultades de “gozar y disponer arbitrariamente de la cosa sobre la que recae”, siendo el derecho de dominio, es un derecho real, absoluto, perpetuo, exclusivo y excluyente.

SEGUNDO: Que, la recurrida, por medio del abogado don Héctor Cuevas Gómez, en representación del Servicio Agrícola y Ganadero, evacuando el informe requerido, solicita el rechazo del presente recurso, señalando que, con fecha 18 de julio de 2022, la Dirección Nacional de Servicio Agrícola y Ganadero dicta la Circular N° 475, que instruye sobre Suspensión o Rechazo de Proyectos de Certificación de Subdivisión de Predios rústicos y Criterios complementarios de revisión.

Explica que, sin embargo, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, en los autos Rol C-11.409-2022 caratulados “Chile Rural con Ministerio”, con fecha 21 de Noviembre de 2022, decreta la medida precautoria de suspensión de los efectos de los actos administrativos impugnados, Ordinario N 637, de fecha 12 de julio de 2022, suscrito por el Ministro de Agricultura, Subsecretario de Agricultura y Director Nacional (S) del Servicio Agrícola y Ganadero y Ordinario N 475 de fecha 18 de julio de 2022, emitido por la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero.

Agrega que, en la Región de Aysén se han presentado acciones penales cuyo fundamento radicaría en haber generado oficios utilizando oblicuamente el deber de coordinación de los órganos de la Administración del Estado y, amparándose en los artículos 37 y 37 bis de la Ley N°19.880, la autoridad pública pretendería agregar trámites en el procedimiento regulado por el DL 3.516 que dicha norma no contempla.

Continua su defensa el recurrido expresando que respecto del fondo del recurso, la Dirección Regional del SAG Aysén, a fin de precaver una eventual vulneración de la normativa vigente, solicitó informe a la Seremi Región de Aysén Ministerio del Medio Ambiente, Municipalidad, Directora Regional Conaf Región de Aysén, Seremi Región de Aysén Ministerio de Bienes Nacionales, Jefe Oficina regional Aysén Superintendencia de Medio Ambiente, y Seremi Minvu Región de Aysén.

Manifiesta que de los antecedentes aportados por el solicitante, y aquellos referidos a mallas prediales, información Ciren, etc., y de acuerdo con el inciso primero del artículo primero del DL 3516, se concluye que la solicitud de certificación de planos de proyecto de subdivisión de predio rústico, incluiría superficies correspondientes a caja de río y cordilleras fiscales, los que en su condición de bienes nacionales de uso público y/o terrenos fiscales, su propietario sería el Fisco de Chile lo que es necesario verificar con el Ministerio de Bienes Nacionales.

Consecuencia de lo expuesto, la solicitud de certificación de planos de proyecto de subdivisión de predio rústico materia del presente recurso afecta el patrimonio fiscal, por lo que no resulta procedente entender aceptada una solicitud de esta naturaleza.

Agrega que si bien la Resolución Ex. 3904/2019 del SAG establece un plazo de 20 días para su tramitación, el artículo 46 de la Ley 18.755, ni norma legal alguna establecen un plazo de estas características, por lo que, para efectos de la institución del silencio positivo, habrá que remitirse al artículo 27 de la Ley 19.880, que señala : “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”. Así, desde la fecha de pago de la tarifa por Etapa I, a la fecha de las presentaciones a que alude el recurrente no existe plazo legal alguno vencido.

Agrega que, corresponde descontar el tiempo durante el cual el recurrente no entregó toda la documentación para iniciar y avanzar en el trámite, además del tiempo transcurrido hasta el pago de la tarifa de la Etapa II, por lo que a esta fecha aún no se han cumplido los seis meses.

Refiere al efecto que la Resolución Ex. N° 3.904 de fecha 24 de mayo de 2019, que “Determina forma de expedir Certificados de Subdivisión de Predios Rústicos, y deroga Resolución N° 169 de 1994”, en su numeral 1.3 luego de establecer el plazo de tramitación, señala: “Con todo, en aquellos casos de reingreso o a propósito del pago de la tarifa correspondiente a la etapa de análisis técnico de la documentación, este plazo se entenderá suspendido por el número de días que demore el usuario en realizar el referido reingreso o pago de tarifa.”

Indica que los plazos no son fatales para la Administración, premisa que en caso alguno puede aplicarse de forma abusiva.

Agrega que, una declaración o dictamen de juicio, constancia o conocimiento, a la luz del concepto de acto administrativo del artículo 3 de la ley N° 19.880, requiere revisar y observar, en su caso, tanto los antecedentes suministrados por los interesados, como aquéllos que pudieren estar en su poder o conocimiento, o que requieran información de otros Servicios, por lo que resulta imposible e improcedente aplicar el silencio administrativo positivo a este trámite, no siendo aplicable el artículo 64 de la Ley 19.880.

Señala que cualquier error en una interpretación contraria a la normativa, podría ser luego advertido por el Servicio de Impuestos Internos o por el Conservador de Bienes Raíces, pudiendo rechazar la inscripción. Asimismo, el incremento de las solicitudes de Certificación en esta materia y del número de lotes resultantes, efectivamente ha significado un retraso en los tiempos de tramitación.

Igualmente, tanto la medida precautoria a que se hizo referencia como las querellas infundadas, requieren análisis jurídico para decidir el mantener o modificar las actuaciones definidas previamente, todo lo cual involucra retraso en las tramitaciones.

Manifiesta que, mediante Resolución Exenta N°3904, de 24 de mayo de 2019, de la Dirección Nacional del SAG, se estableció la forma de expedir los certificados de subdivisión de predios, en síntesis 2 etapas, siendo la primera, a.- Etapa I: revisión documental de los antecedentes acompañados; b.- Etapa II: Señalada en el N° 4 de la citada Resolución.

Agrega que la facultad de requerir informes está contemplada, directa o indirectamente, en los artículos 2, 3 y 5 de la Ley 18.575, y 32 y 37 de la Ley 19.880, aplicables al procedimiento de Certificación iniciado por el recurrente, por lo que no existe arbitrariedad ni ilegalidad en el actuar del Servicio.

Por otra parte, se debe tener presente que los artículos 2 y 3 del DL 3.516 de 1980, que establece normas sobre División de Predios Rústicos, los cuales transcribe en su presentación. Por su parte el artículo 46 de la Ley 18.755 establece que, para la procedencia de la subdivisión de predios rústicos, el Servicio certificará el cumplimiento de la normativa vigente.

Finalmente, respecto de las garantías constitucionales infraccionadas, refiere que, en relación al derecho a la Igualdad ante la ley, no ha existido en este caso, ni discriminación que contiene criterios aplicable erga omnes respecto a solicitudes de certificación de subdivisión de predios rústicos.

Asimismo, respecto del derecho de propiedad, manifiesta que éste no se ha visto afectado por el actuar del Servicio Agrícola y Ganadero pues no se ha hecho más que ejercer las atribuciones y facultades entregadas por disposiciones legales, reglamentarias y/o administrativas para el cumplimiento de sus objetivos.

TERCERO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1°, del Código Civil -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes, protegidas, lo cual será fundamental para su decisión, por el tribunal ante el cual se interpone.

QUINTO: Que, el recurrente hace consistir la ilegalidad y arbitrariedad denunciada en una eventual infracción de las normas y principios que rigen el acto administrativo, debido a la dilación excesiva e injustificada en la tramitación de la solicitud de subdivisión de predio rústico del expediente N°2567/22, efectuada por la recurrente Inmobiliaria Balmaceda SpA., omisión ocurrida luego de vencer el plazo de 20 días previsto en la Resolución Exenta N°3.904, la que continúa hasta la fecha de presentación de este recurso, extralimitando sus facultades legales al remitir el expediente de solicitud a la Unidad de Recursos Naturales Regionales, por una hipotética afectación al medioambiente.

En segundo lugar, dicha arbitrariedad e ilegalidad se manifiesta en la omisión incurrida tras haber ingresado con fecha 13 de marzo de 2023, “Solicitud de pronunciamiento definitivo y aprobación respecto de la petición de emisión del certificado de subdivisión” conforme la Ley N° 19.880 ante la Oficina Regional de Aysén del Servicio Agrícola Ganadero, para luego con fecha 21 de marzo de 2023, habiendo transcurrido el plazo de 5 días contemplado en la ley, reingresar requerimiento, solicitando que se certifique el hecho de que el Servicio no ha resuelto dentro de plazo legal la petición sometida a su conocimiento, y se emita sin más trámite el certificado de subdivisión sobre el predio Lote A-1, sin obtener respuesta a la fecha de ingreso del recurso, configurando la hipótesis de falta de servicio.

Lo anterior, a juicio de la recurrente vulnera, perturba y amenaza gravemente su derecho a la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, en relación con el artículo 582 inciso primero del Código Civil, asimismo, se atenta contra el principio de juridicidad, conclusivo, de inexcusabilidad, de celeridad y de economía procesal, previstos en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 23 y 42, todos de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos.

SEXTO: Que, como antecedentes de la causa, obran los siguientes:

1. Que, con fecha 07 de Octubre de 2022 la recurrente ingresó solicitud de certificación de planos de proyecto de subdivisión de predio rústico, de propiedad de Inmobiliaria Balmaceda SPA, RUT RUT reservado, correspondiente a un predio ubicado Río Tranquilo, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, región de AYSÉN, de una superficie de 57,333 hectáreas, inscrita a fojas 1.125, N° 593, del año 2022 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique, rol de Avalúo N° 841-103 de la comuna de Río Ibáñez, con 64 lotes resultantes 2. Que, con fecha 13 de marzo de 2023, la recurrida ingresa “Solicitud de pronunciamiento definitivo y aprobación respecto de la petición de emisión del certificado de subdivisión” conforme la Ley N° 19.880 ante la Oficina Regional de Aysén del Servicio Agrícola Ganadero.

3. Que, con fecha 21 de marzo de 2023, reingresa el requerimiento, solicitando que se certifique el hecho de que el Servicio no ha resuelto dentro de plazo legal dicha petición, y se emita sin más trámite el certificado de subdivisión sobre el predio Lote A-1.

4. Que, con fecha 6 de abril de 2023, mediante carta N° 246/2023, se informa al recurrente, en lo relativo a la “Solicitud de pronunciamiento definitivo y aprobación respecto de la petición de emisión del certificado de subdivisión” , la recepción de documentos y su ingreso a Oficina de Partes, agregando que en virtud de los antecedentes con los que cuenta el Servicio y otros que eventualmente pudieran aportar diversas instituciones del Estado, no ha sido posible concluir a esa fecha el procedimiento de certificación de subdivisión solicitado por la recurrente, atendida la naturaleza del referido procedimiento administrativo, no resultando aplicables las normas contenidas en el artículo 64 de la Ley 19.880.

5. Que, con fecha 12 de junio de 2023, mediante Resolución Exenta N° 350/2023, doña nombre reservado Directora Regional (S) Región Aysén Servicio Agrícola y Ganadero, resuelve rechazar la solicitud de certificación de planos del proyecto de subdivisión de predio rústico, presentado por la sociedad “Inmobiliaria Balmaceda SpA”.

SÉPTIMO: Que, de las presentaciones principales de las partes, se alzan como hechos controvertidos, la demora excesiva en la tramitación de la solicitud de subdivisión de predio rústico efectuada por la recurrente; si la presentación del recurrente, cumple con todos los requisitos dispuestos en el DL N° 3.516 y en la Resolución Exenta N° 3.904; si el SAG se ha extralimitado en el ejercicio de sus facultades legales al derivar el expediente de solicitud a la Unidad de Recursos Naturales Regionales, y si la Solicitud de pronunciamiento definitivo y aprobación respecto de la petición de emisión del certificado de subdivisión, no ha sido resuelta por el Servicio recurrido, incurriendo en una falta de servicio.

OCTAVO: Que de acuerdo a lo razonado en el motivo Tercero, es preciso señalar que, el presente recurso de protección constituye una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de los derechos preexistentes enunciados en la Constitución Política de la República, a través de la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos.

Que, dicho esto, es dable concluir que, resulta ser un requisito indispensable para la procedencia de la acción, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, que provoque algún tipo de impedimento para el ejercicio de las garantías y derechos señalados, de forma que permita a esta Corte de Apelaciones adoptar alguna medida a objeto de restablecer el imperio del derecho.

NOVENO: Que, en ese mismo sentido, el presente arbitrio no constituye una instancia declarativa, a través de la cual pueda debatirse sobre la existencia, procedencia o improcedencia de un derecho, desde que como bien se señaló, el alcance de esta instancia se refiere a la cautela de un derecho preexistente e indubitado.

Asimismo, es necesario indicar que las materias sobre la que versa el presente conflicto, son de un carácter eminentemente técnico, y las determinaciones que deban adoptarse respecto del fondo de la cuestión, así como sus alcances, requieren a todas luces de un procedimiento específico, para que de este modo, la autoridad facultada por ley, se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud, como efectivamente sucedió en este caso.

DÉCIMO: Que, resulta pertinente señalar que la normativa legal vigente prevista en los artículos 2°, 3°, letras j), k) y l) y 46 de la Ley N° 18.755, establece el objetivo y funciones del Servicio Agrícola y Ganadero en los siguientes términos :

“Artículo 2°. El Servicio tendrá por objeto contribuir al desarrollo silvoagropecuario del país, mediante la protección, mantención e incremento de la salud animal y vegetal; la protección y conservación de los recursos naturales renovables que inciden en el ámbito de la producción agropecuaria del país y el control de insumos y productos agropecuarios sujetos a regulación en normas legales y reglamentarias.

Artículo 3°. Para el cumplimiento de su objeto, corresponderá al Servicio el ejercicio de las siguientes funciones y atribuciones:

j) Proponer al Ministerio de Agricultura la dictación de disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas, y dictar las resoluciones necesarias para la consecución de los objetivos del Servicio.

k) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre caza, registros genealógicos y de producción pecuaria, apicultura, defensa del suelo y su uso agrícola, contaminación de los recursos agropecuarios, habilitación de terrenos y protección de la flora del ámbito agropecuario y de la fauna terrestre bravía, cuyo hábitat esté en los ríos y lagos.

l) Promover las medidas tendientes a asegurar la conservación de suelos y aguas que eviten la erosión de éstos y mejores su fertilidad y drenaje. Además, promoverá las iniciativas tendientes a la conservación de las aguas y al mejoramiento de la extracción, conducción y utilización del recurso, con fines agropecuarios. Asimismo, regulará y administrará la provisión de incentivos que faciliten la incorporación de prácticas de conservación en el uso de suelos, aguas y vegetación.

UNDÉCIMO: Que, por otra parte, el servicio recurrido se encuentra facultado para decretar la suspensión del procedimiento o la solicitud de antecedentes o informes a terceros o instituciones, según disponen los artículos 4°, 7°, 9°, 32° y 37 de la Ley N°19.880, lo que además debe verificarse conforme a lo preceptuado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

DUODÉCIMO: Que, de la normativa recién citada se colige que la autoridad administrativa recurrida ha obrado conforme a las reglas y principios que rigen el procedimiento administrativo, que regula la tramitación de la solicitud de subdivisión de predio rústico presentada por la recurrente, desvirtuando su alegación de una dilación excesiva e injustificada en ante el servicio recurrido, toda vez que se ha fundamentado tanto fáctica como normativamente por la autoridad administrativa, la necesidad de solicitar oficios e informes a las instituciones relacionadas, lo que ha requerido mayor tiempo de tramitación, ello conforme a las facultades contempladas, directa o indirectamente, en los artículos 2, 3 y 5 de la Ley 18.575, y 32 y 37 de la Ley 19.880, aplicables al procedimiento de Certificación.

DÉCIMO TERCERO: Que, en este sentido, consta en autos la Resolución Exenta n° 350-2023, de fecha 12 de junio de 2023, mediante la cual el servicio recurrido finalmente se pronunció, rechazando la solicitud de certificación de planos del proyecto de subdivisión de predio rústico, presentada por la sociedad “Inmobiliaria Balmaceda SPA”, de cuyo examen, en lo formal, se advierte que ha sido emitida por autoridad competente, ejerciendo sus facultades legales, mediante la observancia de los procedimientos establecidos en las Resoluciones Exentas N.º 3904 de 2019 y N.º 1189 de 2022, de la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, que determinan la forma de expedir Certificados de Subdivisión de Predios Rústicos, a través de las diversas etapas allí contempladas, incluida la primera etapa, habiendo sido declarada admisible por contar con toda la documentación exigida, para posteriormente en la etapa número dos, efectuar el análisis técnico de la información presentada, en específico, el determinar por parte del SAG, si los planos presentados cumplen con los requisitos para certificar la subdivisión de predios rústicos.

Que, en virtud de lo anterior, el Servicio recurrido aplica el principio de coordinación, consagrado en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, y artículo 37 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; y las competencias que este Servicio tiene en materia de certificación de proyectos de Subdivisión de Predios Rústicos (SPR), encomendadas por el artículo 46 de la ley N° 18.755 que a su vez, establece normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, con el objeto de precaver una eventual vulneración de la normativa vigente.

Que, en razón de lo anterior, se aprecia que inclusive ha cesado la eventual demora que acusa la recurrente, desde que existe en la actualidad un acto terminal que pone fin al procedimiento para obtener la certificación de subdivisión de predio denominado Lote A-1, dicha decisión se sustenta en un acto administrativo fundado, no careciendo en absoluto de razonabilidad y decayendo por su intermedio uno de los fundamentos centrales del arbitrio intentado.

DÉCIMO CUARTO: Que, sin perjuicio de lo recién apuntado, del mérito de lo razonado precedentemente, cabe concluir que no se advierte por parte de estos sentenciadores la existencia de un derecho indubitado que asista al recurrente, y que lo habilite a obtener una sentencia favorable a sus intereses, desde que lo solicitado en sede administrativa ha sido objeto de una serie de observaciones de parte de organismos afines, que han incluido cuestionamientos de superposición de dominio o eventual afectación del patrimonio ambiental que deben ser atendidas, a lo que se añade que su alegación se sustentaba principalmente en la supuesta demora excesiva en la tramitación del procedimiento por parte del Servicio Agrícola y Ganadero, según se expresó, lo que a estas alturas debe descartarse ya que ha habido inclusive una resolución consecuencial a las falencias detectadas por el órgano técnico competente, la que pone fin al procedimiento, impugnable a través de las vías legales, descartando, en consecuencia, la existencia de una omisión o acto ilegal o arbitrario, que afecte las garantías constitucionales alegadas por la Inmobiliaria recurrente.

Por estas consideraciones, atendido el mérito de autos y lo establecido en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, disposiciones legales citadas y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, del 24 de Junio del año 1992 y sus modificaciones, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado y doña nombre reservado, ambos abogados, en representación convencional de INMOBILIARIA BALMACEDA SPA, en contra del SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO, oficina regional de Aysén, representado legalmente por su Directora Regional, doña Valeria Carrasco Sáez; y de don nombre reservado, en su calidad de Jefe Oficina Servicio Agrícola Ganadero Chile Chico.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Titular, doña Natalia Marcela Rencoret Oliva.

Rol Protección N° 106-2023.-