Protección contra SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Coyhaique, a veinticuatro de julio del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

En rol de Protección de esta Corte N°105-2023, con fecha 31 de marzo del presente año, comparece don José Luis Honorato San Román y doña nombre reservado, ambos abogados, en representación convencional de PUERTO ALEGRE SpA, sociedad del giro de inversiones, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quienes deducen recurso de protección en contra del SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (en adelante SAG), oficina regional de Aysén, representado legalmente por su Directora Regional, doña Valeria Carrasco Sáez, domiciliados en domicilio reservado; y de don nombre reservado, en su calidad de Jefe de la Oficina del Servicio Agrícola Ganadero de Cochrane, domiciliado en domicilio reservado, por cuanto estima que los recurridos, han incurrido en un actuar ilegal y arbitrario, al infringir las normas y principios que rigen el procedimiento administrativo, a consecuencia de la dilación excesiva e injustificada en la tramitación de la solicitud de subdivisión de un predio rústico efectuada por el recurrente, y en la omisión ilegal y arbitraria de su deber de dar cumplimiento a lo mandatado en el artículo 64 de la Ley N°19.880, de Bases de Procedimientos Administrativos (en adelante LBPA), estimando que este acto u omisión constituye una abierta vulneración a sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 Nº 2 y 24, de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Con fecha 14 de abril de 2023, se declaró admisible el recurso de protección y se solicitó informe a la recurrida.

Con fecha 29 de abril de 2023, don Héctor Cuevas Gómez, abogado, en representación del Servicio Agrícola y Ganadero, evacuó el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso en virtud de los argumentos en él señalados.

Con fecha 8 de julio de 2023, se trajeron los autos en relación, y con fecha 18 del mismo mes y año, se procedió a la vista del recurso, con los alegatos aportados mediante comparecencia telemática de los abogados, don Nicolás Miranda Figueroa, por el recurso, y don Héctor Cuevas Gómez, en contra del mismo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, por un lado, la recurrente, fundamentando su recurso sostiene que, con fecha 12 de octubre de 2022, su representada inició el procedimiento para obtener la certificación de subdivisión de un predio denominado Lote B, ubicado en la comuna de Tortel, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, de una superficie de 49,09 hectáreas, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Cochrane, a fojas 248, con el número 215, en el Registro de Propiedad del año 2022.

Agrega que en el Lote B, de dominio de su representada existe una gran biodiversidad, destacándose la flora y fauna propia de las proximidades del Río Baker y el bosque nativo característico de esa zona de la Región de Aysén.

Sostiene que el proyecto de subdivisión en cuestión contempla que en el área que abarca el Lote B, se constituya una zona de conservación biológica, contando con un “derecho real de conservación” a dicho efecto (en adelante DRC), que se se encuentra inscrito a fojas 82, con el número 37, del año 2022, en el Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Minas, y Archivero Judicial de Cochrane, gravamen que afectará a los predios resultantes de la subdivisión, a sus propietarios, adjudicatarios, arrendatarios, usuarios, poseedores o adquirentes a cualquier título, continuando la protección por medio de los futuros propietarios, poseedores, tenedores o los usuarios de los predios resultantes.

Indica que sin perjuicio que el predio cuenta con una aptitud agrícola, ganadera o forestal, los loteos resultantes de la subdivisión están proyectados para ser áreas de micro-conservación de la flora y fauna de la zona, con la particularidad que la titularidad del dominio sobre los predios que eventualmente resulten de la subdivisión, deberá respetar y conservar el medioambiente, gracias a las mentadas prohibiciones y limitaciones que se imponen en virtud del derecho real de conservación, las que son protectoras y beneficiosas para el medioambiente y están detalladas en la cláusula quinta de la escritura de constitución, de las cuales destaca: prohibición de talar árboles y vegetación; extraer madera, eliminar o destruir vegetación; tener ganado, incluyendo el pastoreo, alimentar y criar; construir cualquier nueva estructura sin la autorización del titular del DRC; plantar o introducir plantas o animales invasores o especies no nativas con gran riesgo de que se transformen en invasores; alterar los cursos de agua y humedales; almacenar y depositar basura y/o escombros; instalar nuevos sistemas de servicios o extensiones de sistemas de servicios existentes tales como líneas de agua, alcantarillado, energía, combustible, etc.; usar vehículos fuera de los caminos; realizar actividades industriales o de minería; usar pesticidas, herbicidas, fertilizantes o cualquier otro químico para el tratamiento de la tierra, el agua, vegetación o cualquier especie animal; entre otras prohibiciones. Además, se exige a los futuros propietarios contar con planes de manejo aprobados por la Corporación Nacional Forestal (en adelante CONAF) para todas aquellas actividades que efectúen en sus respectivos lotes, y que requieran tal aprobación.

Apunta que, debido a lo anterior, bajo ninguna hipótesis se considera un cambio en el uso de suelo del Lote B o en su aptitud agrícola, ganadera o forestal. Asimismo, el propósito de la subdivisión resulta ser incompatible con un hipotético desarrollo urbano o inmobiliario, debido a las restricciones que contempla el derecho real de conservación.

Posterior a citar el artículo 46 de la Ley N°18.755, que “establece normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero”, enfatiza que el SAG es la entidad encargada de certificar que la subdivisión cumpla con la normativa vigente. En ese contexto, describe que se dictó la Resolución Exenta N°3.904/2019, modificada por la Resolución Exenta N°1189/2022, del mismo Ministerio, suscrita por la Directora Nacional subrogante del SAG, doña Rita María Sagredo Urra, que determinó el procedimiento para emitir el certificado de subdivisión y los elementos a ser revisados por el Servicio.

Añade que en virtud del DL N° 3.516 y de las resoluciones exentas mencionadas en el párrafo anterior, el SAG debe verificar el cumplimiento de sólo tres requisitos, que dice satisfacer.

Refiere, sobre el procedimiento para la certificación de una subdivisión, que el SAG debe emitir el certificado de subdivisión en un plazo de 20 días hábiles, debiendo, en la etapa número 1, verificar los antecedentes acompañados. Básicamente, en esta etapa se constata si el interesado acompañó todos los antecedentes requeridos en el DL N° 3.516 y en la Resolución Exenta N° 3.904, y si ellos son coherentes entre sí, recalcando que es una etapa en la cual no se contempla la intervención de otras instituciones públicas.

En la etapa número 2, en tanto, da cuenta que se efectúa un análisis técnico de la documentación, en la cual se revisan los aspectos formales y técnicos de los planos que se acompañan a la solicitud de certificación, no contemplándose tampoco la facultad del SAG para requerir el informe de otras reparticiones públicas con el objeto de analizar los esos antecedentes técnicos de la solicitud de subdivisión.

Finalmente, al término del plazo señalado debe procederse a la dictación de un acto definitivo y, de aprobarse la subdivisión, el mismo estará determinado por la emisión de los certificados en los que consta tal aprobación; si se rechaza, en cambio, el SAG deberá dictar una resolución exenta escrita en que conste el rechazo, indicándose los motivos y las observaciones a la solicitud y los documentos que se acompañaron con ella.

Asevera que el procedimiento se inició el 12 de octubre de 2022, entregándose todos los antecedentes necesarios en la Dirección Regional de Aysén del SAG, y al día siguiente se remitieron estos antecedentes a la oficina sectorial de Cochrane, con jurisdicción sobre el Lote B, emitiéndose el cupón de pago correspondiente con la tarifa de la etapa 1, tarifa que fue pagada idéntico día, avanzando a la etapa 2, según consta en el cupón de pago emitido por el Servicio, de la tarifa de esta etapa, fechada el 30 de diciembre de 2022. Aduce que después, el Servicio no volvió a entregar información oficial respecto de la solicitud de Puerto Alegre SpA. Sin embargo, atendido al tiempo transcurrido y la inexistencia de alguna resolución de rechazo, la recurrente entendió que se cumplieron todos los aspectos técnicos y formales dispuestos en el DL N°3.516 y en la Resolución Exenta N°3.904 y, por ende, sólo faltaba la aprobación del SAG.

Acusa que, apartándose de las facultades que tiene el SAG, el expediente de la solicitud habría sido derivado a la Unidad de Recursos Naturales Regionales, por una hipotética afectación al medioambiente, decisión comunicada a su parte por medio de correo electrónico enviado el 20 de febrero de 2023, no siendo notificada de ninguna resolución u oficio que ordenara tal remisión, ni que indicara los fundamentos de la decisión. Agrega que no se ha expedido una decisión final respecto de la solicitud de certificación de subdivisión, pese a que han transcurrido cerca de seis meses desde la misma.

Patentiza que con fecha 13 de marzo de 2023 la Inmobiliaria ingresó una “Solicitud de pronunciamiento definitivo y aprobación respecto de la petición de emisión del certificado de subdivisión”, conforme a los artículos 10 y 64 de la Ley N° 19.880, ante la Oficina Regional de Aysén del Servicio Agrícola Ganadero, y el Jefe de Oficina del mismo Servicio en la comuna de Cochrane, para los efectos que se dicte una decisión final sobre la solicitud de emisión del certificado de subdivisión del Lote B presentado por Puerto Alegre SpA y, en definitiva, se apruebe sin más trámite.

Destaca que, con fecha 21 de marzo de 2023, esto es, habiendo transcurrido el plazo de 5 días contemplado en el artículo 64 de la LPBA, Puerto Alegre SpA volvió a ingresar requerimiento conforme a lo dispuesto en las mismas normas, solicitando ahora: que se certificara el hecho de que el Servicio no ha resuelto dentro de plazo legal la petición sometida a su conocimiento conforme a los mismos artículos de la LBPA; que, por ende, dicha solicitud se encuentra aceptada, y, en definitiva, se emitan sin más trámite los certificados de subdivisión sobre el predio Lote B, pero repara que ni siquiera se ha acusado recibo de esta última presentación, pese a que, al preguntar presencialmente en la Dirección Regional del SAG en Aysén, admitieron haberlo recibido y estar en conocimiento del mismo.

Censura que la tramitación ha sido lenta y retardada, extendiéndose más allá del plazo de 20 días con que cuenta el SAG para pronunciarse respecto de solicitudes de certificación de subdivisión, aún más, los recurridos se han negado derechamente a dar cumplimiento a la ley, incurriendo en falta de servicio por los motivos que indica, siendo la actitud esperada y normal del SAG: I. Que tramitara la solicitud de certificación de subdivisión Puerto Alegre SpA, en cumplimiento de las normas legales y principios que rigen su actuación, en un plazo máximo de 20 días. II. Haberse pronunciado en el plazo de 5 días respecto del requerimiento interpuesto el 13 de marzo de 2023, o en su defecto, proceder a certificar el hecho de que el Servicio no resolvió dentro de plazo legal la petición sometida a su conocimiento conforme a los artículos 10 y 64 de LBPA; que, por ende, dicha solicitud se encuentra aceptada, y, en definitiva, emitir sin más trámite los certificados de subdivisión sobre el predio Lote B de su representada.

A mayor abundamiento, dice que el día 30 de marzo de 2023, el abogado de la recurrente mantuvo una reunión con el Director Regional Subrogante de la Oficina Regional de Aysén del SAG, quien admitió verbalmente que recibieron la denuncia y requerimiento ingresado con fecha 21 de marzo de 2023 por Puerto Alegre SpA y que están en conocimiento del mismo. Asimismo, indicó que no procederían conforme a lo dispuesto en las disposiciones de la LBPA, pues a juicio del SAG, no le eran aplicables.

Manifiesta que dichas omisiones han repercutido perjudicialmente, al mantenerlos en un estado de absoluta incertidumbre que afecta gravemente sus derechos, inseguridad creada por la demora injustificada del SAG, actuando de manera irregular, arbitraria y tardía, impidiendo que su representada pueda obtener una respuesta con certeza sobre su petición, la que legalmente se entiende aceptada.

Sostiene que el SAG ha actuado en contravención al principio conclusivo, de inexcusabilidad, celeridad y economía procesal, previstos en los artículos 7, 8, 9, 14, 23 y 42, todos de la LBPA, cuestión que fue denunciada ante ella mediante presentación del 13 de marzo de 2023, y al ser un servicio de la Administración del Estado, queda sujeto al principio de juridicidad, establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República de Chile y agrega que toda extralimitación a las potestades del SAG indicadas, sin manifestar fundamento alguno, es un acto nulo que da lugar a las responsabilidades administrativas previstas en la ley.

Hace consistir la infracción en una acción y una omisión, ambas ilegales y arbitrarias de los recurridos, que son: “i. La infracción de las normas y principios que rigen el procedimiento administrativo, como consecuencia de la dilación excesiva e injustificada en la tramitación de la solicitud de subdivisión de predio rústico del expediente N° 3235/22, a la luz de los antecedentes presentados por Puerto Alegre SpA y de la normativa aplicable para estos efectos de emisión de los certificados correspondientes. Dicha omisión ocurrió luego de vencer el plazo de 20 días previsto en la Resolución Exenta N° 3.904 (esto es, 14 de noviembre de 2022), y continúa a esa fecha. ii. La omisión ilegal y arbitraria de acusar recibo del requerimiento presentado el 21 de marzo de 2023, y de dar cumplimiento a lo mandatado en el artículo 64 LBPA. Esta omisión ocurrió desde el vencimiento del plazo legal, esto es, el 21 de marzo de 2023, y se mantiene a esta fecha. A este respecto, reiteramos que, según lo comunicado verbalmente el día 30 de marzo de 2023 por don Héctor Cuevas Gómez, Director Regional Subrogante de la Oficina Regional de Aysén, ellos “no procederían a aplicar el silencio positivo”.

Agrega que dichas acciones y omisiones vulneran, perturban y amenazan gravemente el derecho a la igualdad ante la ley, toda vez que los recurridos se han negado y siguen negándose a actuar de la forma que la Ley N°19.880 los obliga, y el derecho de propiedad de su representada, al no permitirse a la recurrente usar, gozar y disponer arbitraria y libremente de sus predios, aun cuando, en los hechos ello no sea contrario a la ley ni a derecho ajeno.

Culmina pidiendo se acoja el recurso en todas sus partes, declarándose a su favor en los siguientes términos: “1. Que los Recurridos han cometido omisiones ilegales y arbitrarias que vulneran, amenazan y perturban las garantías constitucionales de nuestra representada contempladas en los artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de Chile. 2. Que la solicitud de pronunciamiento definitivo y aprobación respecto de la petición de emisión del certificado de subdivisión, presentada por Puerto Alegre SpA con fecha 13 de marzo de 2023, se encuentra irreversiblemente aprobada, por el sólo ministerio de la Ley. 3. Que, con motivo de la violación, perturbación y amenaza de las garantías constitucionales señaladas se ordene a los Recurridos Proceder a actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 19.880: (i) emitiendo sin más trámite el respectivo certificado por medio del cual constaten que la solicitud de pronunciamiento definitivo y aprobación respecto de subdivisión del Lote B presentado por Puerto Alegre SpA, no fue resuelta dentro del plazo legal, y (ii) constatando que la solicitud de certificar la subdivisión del predio rústico denominado Lote B, se encuentra aceptada. 4. Como consecuencia de lo anterior, se solicita a esta Ilma. Corte ordenar a que los Recurridos a que emitan, en forma inmediata, los certificados de subdivisión del Lote B conforme a lo requerido por Puerto Alegre SpA en el expediente N° 3235/22, conforme a la regulación aplicable. 5. Que se condena a los Recurridos a pagar las costas de este recurso.” (sic)

SEGUNDO: Que, por su parte, la recurrida, por medio del abogado don Héctor Cuevas Gómez, en representación del Servicio Agrícola y Ganadero, evacuando el informe requerido, solicitó el rechazo del presente recurso, señalando que, con fecha 18 de julio de 2022, la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, emitió la Circular N° 475, que instruye sobre Suspensión o Rechazo de Proyectos de Certificación de Subdivisión de Predios Rústicos y Criterios Complementarios de Revisión, añadiendo que el 7° Juzgado Civil de Santiago, en los autos Rol C-11.409-2022, caratulados “Chile Rural con Ministerio”, con fecha 21 de noviembre de 2022, resolvió, en lo pertinente: “(…) la suspensión de los efectos de los actos administrativos impugnados, Ordinario N 637, de fecha 12 de julio de 2022, suscrito por el Ministro de Agricultura, Subsecretario de Agricultura y Director Nacional (S) del Servicio Agrícola y Ganadero y Ordinario N 475 de fecha 18 de julio de 2022, emitido por la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero.” Aduce que, con fecha 30 de marzo de 2023, el demandante, en el referido proceso metropolitano, solicitó la modificación y/o ampliación de la medida precautoria en el sentido que ésta afectara todo proceso similar, incluyendo la prohibición de dictar actos administrativos que produzcan sus mismos efectos “(…) ya sea la suspensión expresa o tácita de los procedimientos de certificación de subdivisión de predios rurales, la paralización de estos mientras no se reciban los oficios ya remitidos, la emisión de solicitud de informes a otras entidades públicas o privadas, o la supeditación del resultado del procedimiento al contenido de dichos informes, y en general, la imposición de nuevos trámites o etapas que no estén contemplados en el Decreto Ley Nº 3.516 de 1980”. Enseguida aporta que, con fecha 19 de abril de 2019, el 7° Juzgado Civil de Santiago en la singularizada causa, en lo pertinente, resolvió: “(…) no ha lugar a la solicitud de ampliación de la medida precautoria de folio 60, por exceder el objeto del juicio, atendido que la demandante en su libelo de folio 1 solo solicita la nulidad de Derecho Público de la dictación del Ordinario N°637 suscrito por el Ministro de Agricultura, el Subsecretario de Agricultura, y el Director Nacional (S) del SAG, y su circular N°475 emitido por la Dirección Nacional del SAG.” Dicha resolución fue objeto de recurso de reposición por parte del demandante, encontrándose pendiente por parte del Consejo de Defensa del Estado el traslado conferido.

Por otra parte, informa que el recurrente en esa acción de protección, sostiene en su página 5: “A su vez, los únicos requisitos que establece el DL mencionado y que resultan aplicables al caso de Inmobiliaria Balmaceda son los siguientes : i. Que se trate de predios rústicos, de acuerdo con la definición del DL N° 3.516, ii. Que los predios resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas, iii. Que los lotes resultantes tengan acceso a un espacio público o un camino proveniente del proceso de parcelación de la reforma agraria.

Debemos agregar que, si bien no es un requisito para la subdivisión, los predios quedan sujetos a una prohibición —futura— de cambiar su destino en los términos establecidos en los artículos 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones ("LGUC")…”

Pero adiciona que la sentencia de 28 de abril de 2023, de la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó, sin costas, un recurso de protección Rol N°101.241-2022, interpuesto por Inmobiliaria E Inversiones Penty en contra del Ministerio de Agricultura, de la Subsecretaría de Agricultura y del Servicio Agrícola y Ganadero, inspirado en similares fundamentos, destacando lo reflexionado en su considerando décimo cuarto, que reproduce.

Agrega que en la Región de Aysén se han presentado acciones penales cuyo fundamento radicaría en haber generado oficios, utilizando oblicuamente el deber de coordinación de los órganos de la Administración del Estado y, amparándose en los artículos 37 y 37 bis de la Ley N°19.880, por lo que la autoridad pública pretendería agregar trámites en el procedimiento regulado por el DL N°3.516, que dicha norma no contempla.

Informa, además, que, por Acuerdo de 18 de abril de 2023, el Consejo de Defensa del Estado decidió asumir la representación judicial de los querellados.

Da cuenta que, no obstante el efecto relativo de las sentencias, la situación del recurrente no es aislada, o una acción u omisión discriminatoria dirigida en su contra, sino que es parte de una situación más amplia, que dice relación con aplicación de normas legales y/o administrativas cuya interpretación por parte de los usuarios y de los Servicios encargados de aplicarlas ha generado diversos tipos de acciones, judiciales incluidas, entre ellas juicios civiles de lato conocimiento, acciones penales y acciones de protección.

Así, respecto del fondo del recurso, apunta que la Dirección Regional del SAG Aysén, a fin de precaver una eventual vulneración de la normativa vigente, solicitó a: Seremi Región de Aysén Ministerio del Medio Ambiente, I. Municipalidad de Tortel, Directora Regional CONAF Región de Aysén, Seremi Región de Aysén Ministerio de Bienes Nacionales, Jefe Oficina Regional Aysén Superintendencia de Medio Ambiente, y Seremi Minvu Región de Aysén, se les informara al tenor de lo expuesto en los Oficios N° 150, 142, 143, 141, 147 y 145, respectivamente, todos del año 2023.

Resalta que en el Oficio N°141/2023, se informa y consulta a Seremi de Bienes Nacionales, en lo pertinente, lo siguiente:

“En solicitud de certificación de planos de proyecto de subdivisión de predio rústico, propiedad de "PUERTO ALEGRE SPA, RUT RUT reservado, correspondiente a un predio denominado "Lote B", de una superficie de 40,09 hectáreas, ubicado en sector Río Baker Comuna de Tortel, Provincia Capitán Prat, inscrito a fojas 248, N°215, del año 2022 del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Cochrane, rol de Avalúo N° 241-185 de la comuna de Tortel, con 78 lotes resultantes, se ha podido establecer que el referido proyecto de subdivisión eventualmente afectaría a un sector clasificado como humedal, correspondiente a la caja del río Baker, que además constituiría un bien nacional de uso público.

Por ello, de acuerdo con el principio de coordinación consagrado en los artículos 3° y 5° de la ley N°18.575 sobre bases generales de la administración del Estado, y artículos 37 y 37 bis de la Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; y las competencias que este Servicio tiene en materia de certificación de proyectos de Subdivisión de Predios Rústicos (SPR) encomendadas por el artículo 46 de la ley N° 18.755 Orgánica del SAG, a fin precaver una eventual vulneración de la normativa vigente, solicito informar a este Servicio:

1.- En el marco de su normativa, restricciones, impedimentos o prohibiciones que afecten el loteo del singularizado predio, asociadas a la eventual parcial superposición del proyecto de subdivisión sobre el deslinde Norte, con río Baker, lo que involucraría superposición sobre bienes nacionales de uso público, y/o autorizaciones, permisos o cumplimiento de requisitos para efectos de otorgar la certificación del proyecto de subdivisión solicitada.

2.- Cualquier otro antecedente que deba considerar el SAG para estos efectos.”

Añade que, mediante Hoja de Envío N° 1639/2023, el profesional Analista Protección Recursos Naturales Renovables de la Dirección Regional SAG Aysén, informó al Analista RNR Normativa de suelos de este Servicio, en lo pertinente, lo siguiente:

1. “El proyecto presenta 13 parcelas emplazadas en terrenos de propiedad del fisco, contraviniendo el numeral 57 del Título 1 del Decreto 9 DEFENSA (2018) en lo que se refiere al emplazamiento de dichas parcelas en Terreno de Playa.

2. El proyecto presenta parcelas que deslindan y/o afectan al Humedal inventariado por el MMA como HU-RP-137, Río Baker. 3. La SPR debe ingresar al SEIA por que las servisumbres (sic) que dan acceso a las parcelas afectan significativamente a el humedal donde se emplaza la propiedad, de acuerdo a Art.3 Inciso a.2.2.”

De esta suerte, manifiesta que de los antecedentes aportados por el solicitante, recurrente en estos autos, más aquellos con los que cuenta su Servicio como mallas prediales, y de acuerdo con el inciso primero del artículo primero del DL N°3516, que señala “Los predios rústicos, podrán ser divididos libremente por sus propietarios…”, cabe concluir que la solicitud de certificación de planos de proyecto de subdivisión de predio rústico incluiría superficies correspondientes a caja de río, los que en su condición de bienes nacionales de uso público y/o terrenos fiscales, su propietario sería el Fisco de Chile y no la sociedad Puerto Alegre SpA, conclusión que es necesario verificar con el Ministerio de Bienes Nacionales.

Por ello colige que, a consecuencia de lo expuesto, la solicitud de certificación de planos de proyecto de subdivisión de predio rústico materia del presente recurso afecta el patrimonio fiscal, por lo que no resulta procedente entender aceptada una solicitud de esta naturaleza.

Cita el artículo 65 y 64 de la Ley N°19.880, y agrega que si bien la Resolución Ex. 3904/2019 del SAG establece un plazo de 20 días para su tramitación, ni el artículo 46 de la Ley N°18.755 que cita el recurrente, ni norma legal alguna establece un plazo de estas características, por lo que, para efectos de la institución del silencio positivo, habrá que remitirse entonces al artículo 27 de la Ley N°19.880, el cual señala que, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final. Así, desde la fecha de pago de la tarifa por Etapa I, esto es, 3 de noviembre de 2022, a la fecha de las presentaciones a que alude el recurrente, 13 de marzo de 2023, no existe plazo legal alguno vencido.

Agrega que, debe tenerse presente que recién con fecha 29 de diciembre de 2022, el mandatario del recurrente envió los documentos que inicialmente acompañó con errores o que no acompañó con su solicitud, y con fecha 30 de diciembre de 2022, el recurrente pagó la tarifa por etapa II.

De este modo, sostiene que corresponde descontar el tiempo durante el cual el recurrente no entregó toda la documentación para iniciar y avanzar en el trámite de su solicitud, además del tiempo transcurrido hasta el pago de la tarifa de la Etapa II, por lo que a esta fecha aún no se han cumplido los 6 meses.

Refiere al efecto que la Resolución Exenta N° 3.904, de fecha 24 de mayo de 2019, que “Determina forma de expedir Certificados de Subdivisión de Predios Rústicos, y deroga Resolución N° 169 de 1994”, en su numeral 1.3 luego de establecer el Plazos de tramitación, señala: “Con todo, en aquellos casos de reingreso o a propósito del pago de la tarifa correspondiente a la etapa de análisis técnico de la documentación, este plazo se entenderá suspendido por el número de días que demore el usuario en realizar el referido reingreso o pago de tarifa.”

Indica que los plazos no son fatales para la Administración, premisa que en caso alguno puede aplicarse de forma abusiva.

Añade que una declaración o dictamen de juicio, constancia o conocimiento, a la luz del concepto de acto administrativo del artículo 3 de la ley N° 19.880, en la especie, llamada “certificación”, consiste en que la subdivisión de un determinado predio rústico cumple con la normativa vigente.

En ese caso el SAG requiere indefectiblemente tener a la vista, analizar, revisar y observar, en su caso, tanto los antecedentes suministrados por los interesados, como aquéllos que pudieren estar en su poder o conocimiento, o que requieran información de otros Servicios, por lo que resulta imposible e improcedente aplicar el silencio administrativo positivo a este trámite, no siendo aplicables en la especie las normas contenidas en el artículo 64 de la Ley N°19.880.

Señala que cualquier error en una interpretación contraria a la normativa, podría ser luego advertido por el Servicio de Impuestos Internos o por el Conservador de Bienes Raíces, pudiendo rechazar la inscripción, asimismo, el incremento de las solicitudes de Certificación en esta materia y del número de lotes resultantes en cada una de ésta, que involucra mayor complejidad en la revisión de los expedientes, efectivamente ha significado un retraso en los tiempos de tramitación, igualmente, tanto la medida precautoria a que se hizo referencia como las querellas infundadas, requieren análisis jurídico para decidir el mantener o modificar las actuaciones definidas previamente, todo lo cual involucra retraso en las tramitaciones, no habiendo en ello negligencia o desidia por parte del SAG.

Manifiesta que, mediante Resolución Exenta N°3904, de 24 de mayo de 2019, de la Dirección Nacional del SAG, se estableció la forma de expedir los certificados de subdivisión de predios, en síntesis 2 etapas, siendo la primera, a.- Etapa I: revisión documental de los antecedentes acompañados; b.- Etapa II: Señalada en el N° 4 de la citada Resolución, Además, de la referida Resolución 3904/2019 se expresan las exigencias que debe cumplir el solicitante, referidas al Formulario de Solicitud, Antecedentes del Propietario y Antecedentes del Predio.

Reitera que la facultad de requerir informes está contemplada en la ley y es aplicable al procedimiento de certificación iniciado por el recurrente, refiriendo además que la información al recurrente también le fue respondida por correo electrónico de fecha 20 de febrero de 2023, agregando que no existe arbitrariedad ni ilegalidad en el actuar del SAG, debiendo considerarse que no hay inacción al haberse despachado los oficios de las instituciones detalladas.

Así, las alegaciones contenidas en este recurso son propias o dicen relación con las decisiones que, según su mérito, debe adoptar la Administración. Agrega que no habría actuado en contravención al principio conclusivo, de inexcusabilidad, celeridad ni economía procesal.

Por otra parte, hace presente que los artículos 2 y 3 del DL N°3.516 de 1980, que establece normas sobre División de Predios Rústicos, deben estar en armonía con el artículo 46 de la Ley N°18.755, que previene que para la procedencia de la subdivisión de predios rústicos, el Servicio certificará el cumplimiento de la normativa vigente.

Finalmente, respecto de las garantías constitucionales que el recurrente estima infringidas, asevera que, en relación al derecho a la Igualdad ante la ley, no ha existido en este caso ni discriminación ni diferencias en el trato, pues se basan en normativa y disposiciones generales, adoptadas en vista del interés general y para el cumplimiento de las obligaciones que debe observar el SAG.

Asimismo, respecto del derecho de propiedad, manifiesta que éste no se ha visto afectado por el actuar del Servicio Agrícola y Ganadero, pues no se ha hecho más que ejercer las atribuciones y facultades entregadas por disposiciones legales, reglamentarias y/o administrativas para el cumplimiento de sus objetivos.

TERCERO: Que, ya reseñadas las extensas presentaciones de recurrente y recurrida, es menester recordar el objeto central y exigencias propias del arbitrio que nos ocupa, y en tal sentido, la Excma. Corte Suprema ha sostenidamente resuelto, entre otras, en sentencia dictada el 16 de mayo de 2019, en causa rol N° 78-2019: “(…) según se deduce de lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la denominada acción o recurso de protección requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

a)

Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria;

b)

La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto;

c)

Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d)

Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.”

CUARTO: Que, congruente con el descrito criterio jurisprudencial, para que pueda prosperar el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe existir un acto u omisión arbitraria o ilegal, que signifique o una “privación” o una “perturbación” o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso. Asimismo, esa privación, perturbación o amenaza ha de conculcar o afectar precisamente, sea de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y, finalmente, el restablecimiento del imperio del derecho debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

QUINTO: Que, en tal orientación, se distinguen dos principales aspectos constitutivos del núcleo del asunto eventualmente susceptible de ser dirimido por esta vía. Primeramente debe dejarse asentado que para el recurrente el acto o, más bien, la omisión principal denunciada ha consistido en la dilación excesiva e injustificada del SAG en la tramitación de la solicitud de subdivisión del predio rústico denominado Lote B, efectuada por la recurrente Puerto Alegre SpA, con infracción de las normas y principios que rigen el pronunciamiento de un acto administrativo de este especial carácter, debido al transcurso inicial de los veinte días hábiles con que cuenta ese organismo para la emisión del respectivo certificado de subdivisión, luego de corroborados los presupuestos del D.L. N°3516 y según lo previsto por la Resolución Exenta N°3.904 emanada de ese Servicio. Agrega que el Servicio recurrido también se ha extralimitado en sus facultades legales al solicitar información adicional mediante una serie de oficios dirigidos a otros organismos, remitiendo además el expediente contenedor de la solicitud a la Unidad de Recursos Naturales Regionales, por una hipotética afectación al medioambiente.

En segundo lugar, se resalta la omisión incurrida tras haber ingresado, con fecha 13 de marzo de 2023, “Solicitud de pronunciamiento definitivo y aprobación respecto de la petición de emisión del certificado de subdivisión”, conforme al artículo 10 y 64 de la Ley N° 19.880 ante la Oficina Regional de Aysén del Servicio Agrícola Ganadero, para luego, con fecha 21 de marzo de 2023, habiendo transcurrido el plazo de 5 días contemplado en la ley, reingresar el requerimiento, solicitando que se certifique el hecho que el Servicio no ha resuelto dentro de plazo legal la petición sometida a su conocimiento; por lo que dicha solicitud debe entenderse aceptada, correspondiendo, a su juicio, emitir sin más trámite el certificado de subdivisión recaído sobre el predio denominado Lote B, sin obtener respuesta, al menos hasta la fecha de ingreso del recurso, configurándose la hipótesis de falta de servicio.

Lo anterior, en opinión de la recurrente, ha estado al margen de la legalidad y resulta arbitrario, además que produce vulneración, perturbación y amenaza grave de su derecho de igualdad ante la ley y de su derecho de propiedad, como asimismo atenta contra los principios de: juridicidad, conclusivo, de inexcusabilidad, de celeridad y de economía procesal, previstos en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 23 y 42, todos de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos.

SEXTO: Que, en aras de una acertada resolución del asunto planteado, conforme a la apreciación de los antecedentes aportados según las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1. Que, con fecha 3 de noviembre de 2022, la recurrente ingresó una solicitud de certificación de planos del proyecto de subdivisión del predio rústico denominado Lote B, de propiedad de Puerto Alegre SpA, R.U.T. N° RUT reservado, de una superficie de 40,09 hectáreas, ubicado en sector Río Baker, comuna de Tortel, Provincia Capitán Prat, inscrito a fojas 248, N°215, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Cochrane del año 2022, rol de Avalúo N° 241-185 de la comuna de Tortel, con 78 lotes resultantes.

2. Que, con fecha 13 de marzo de 2023, la recurrida ingresó la “Solicitud de pronunciamiento definitivo y aprobación respecto de la petición de emisión del certificado de subdivisión”, conforme a la Ley N° 19.880 ante la Oficina Regional de Aysén del Servicio Agrícola y Ganadero.

3. Que, con fecha 21 de marzo de 2023, habiendo transcurrido el plazo de 5 días contemplado en la ley para obtener respuesta de su solicitud, el recurrente sostiene haber reingresado el requerimiento, solicitando esta vez que se certifique el hecho de que el Servicio no ha resuelto dentro de plazo legal la petición sometida a su conocimiento, y se emita sin más trámite el certificado de subdivisión sobre el predio denominado Lote B.

4. Que, con fecha 6 de abril de 2023, mediante carta N° 247/2023, en lo relativo a la “Solicitud de pronunciamiento definitivo y aprobación respecto de la petición de emisión del certificado de subdivisión”, se informa al recurrente que con fechas 13 y 23 de marzo de 2023, se produjo la recepción de documentos y su ingreso a la Oficina de Partes, agregando que en virtud de los antecedentes con los que contaba el Servicio más otros que eventualmente pudieran aportar diversas instituciones del Estado, no ha sido posible concluir a esa fecha el procedimiento de certificación de subdivisión solicitado por la recurrente, atendida la naturaleza del referido procedimiento administrativo y estimando que no resultaban aplicables las normas contenidas en el artículo 64 de la Ley N°19.880.

5. Que, como elemento de juicio posterior a la interposición del recurso, con fecha 12 de junio de 2023, mediante Resolución Exenta N° 352/2023, doña nombre reservado, Directora Regional (S) Región Aysén del Servicio Agrícola y Ganadero, resolvió rechazar la solicitud de certificación de planos del proyecto de subdivisión de predio rústico, presentado por la sociedad “Puerto Alegre SpA”.

6. Que, con similar posterioridad al hito indicado en el numerando que precede, el 20 de junio de 2023, la recurrente interpuso recurso de invalidación administrativa en contra de la Resolución Exenta N°352/2023 ya referida y, en subsidio, formuló recurso de reposición, y en subsidio de éste, dedujo recurso jerárquico.

SÉPTIMO: Que, por el contrario, fluye del tenor de los escritos presentados con ocasión de este arbitrio y de los antecedentes aparejados al expediente virtual, que existen presupuestos fácticos claramente controvertidos, como lo son, entre otros: A) La circunstancia de haber existido efectivamente una demora excesiva en la tramitación de la solicitud de subdivisión de predio rústico efectuada por la recurrente, iniciada según ésta el 2 de octubre de 2022, mientras conforme al criterio del SAG, con fecha 3 de noviembre de 2022 - en que recién se completaron los antecedentes requeridos-, pese a sostener la primera el cumplimiento de todos los requisitos dispuestos en el DL N° 3.516/1980 y en la Resolución Exenta N° 3.904/2019, conclusión en la que no concuerda la entidad recurrida. B) Circunstancias que configuran una supuesta falta de servicio por parte del órgano público recurrido, desde que la pretensora lo afirma de modo categórico, en base a la demora que estima injustificada en la emisión del aludido certificado de subdivisión, reflexionando sobre supuestos de términos legales vencidos de 20 días hábiles de la Resolución Exenta N°3904, más los 5 días del artículo 64 de la Ley N°19.880; tampoco compartidos por el sujeto pasivo del recurso, que se apoya, tanto en la ausencia de la fatalidad del plazo previsto por la aludida resolución, como en la vigencia de uno de mayor extensión de 6 meses, acorde al artículo 27 de la misma Ley N°19.880. C) Los hechos que conforman la presunta extralimitación de facultades legales del SAG, al haber dispuesto oficios dirigidos a una serie de órganos, tales como: SEREMI Región de Aysén del Ministerio del Medio Ambiente, I. Municipalidad de Tortel, Directora Regional CONAF Región de Aysén, SEREMI Región de Aysén del Ministerio de Bienes Nacionales, Jefe de la Oficina Regional Aysén de la Superintendencia de Medio Ambiente, y SEREMINVU de la Región de Aysén, además de la derivación del expediente de solicitud a la Unidad de Recursos Naturales Regionales, por una hipotética afectación al medioambiente. Y D) La superposición de parte del predio comprendido en el proyecto a subdividir (13 parcelas) con terrenos de propiedad del Fisco, por su emplazamiento en Terreno de Playa o caja de río- bienes nacionales de uso público-, así como la afectación y o deslinde con el Humedal inventariado por el MMA como HU-RP-137, Río Baker, con necesidad de ingreso al SEIA porque las servidumbres que darán acceso a las parcelas afectarían significativamente el humedal donde se emplaza la propiedad.

Lo anterior, sin considerar una abierta discrepancia jurídica respecto de la aplicación del silencio administrativo positivo, cuyas premisas de vigencia la recurrente estima convergentes, en tanto la recurrida discuerda de tal inferencia, promoviendo en cambio la del negativo.

OCTAVO: Que, en concordancia con lo explicitado ya en el motivo cuarto y avanzando al mismo tiempo en torno a otra cuestión fundamental, es menester explicitar que ésta es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través suyo aspirar a la obtención de un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y, en general, las materias cuyo fallo requiere de una discusión y tramitación en un juicio declarativo de lato conocimiento.

En efecto, la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida.

En tal dirección, la Excma. Corte Suprema ha resuelto que: “(…) la acción de cautela de derechos constitucionales impetrada en estos autos constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos” (Rol N° 27.451-2014, de 14/01/2015). En refuerzo, el Tribunal Constitucional ha fallado que la naturaleza jurídica del recurso de protección es la de “una acción cautelar, para la defensa de derechos subjetivos concretos, que no es idónea para declarar derechos controvertidos, sino tan solo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita una solución urgente.” (Rol N°2538-2014, de 09/09/2014).

NOVENO: Que, a partir de lo consignado en el basamento séptimo, dada la serie de capitales aspectos de orden factual debatidos, se constata que en este caso no concurre de parte de la sociedad recurrente el derecho indubitado que alega tener para acceder sin más al certificado de subdivisión que pretende, mediante la sola comprobación formal por parte del SAG, a quien incumbe legalmente su emisión, de los requisitos consistentes en: a) que se trate de predios rústicos de acuerdo con la definición del DL N° 3.516, b) que los predios resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas y c) que los mismos tengan acceso a un espacio público o a un camino proveniente del proceso de parcelación de la reforma agraria.

Lo dicho se sustenta en haberse apreciado de la armónica vinculación normativa sectorial, compuesta por los artículos 2 y 3 del D.L N°3516 y parte final del artículo 46 de la Ley N°18.755, que corresponde comprobar en forma previa a la autoridad que tal certificación resulte jurídicamente acorde, al prescribir este último: “Asimismo, para proceder a la subdivisión de predios rústicos, el Servicio certificará el cumplimiento de la normativa vigente”.

De este modo y para alcanzar dicho objetivo no le está impedido prevalerse del informe de otros organismos afines, en virtud además de la vigencia del principio de coordinación a nivel interinstitucional que debe disciplinar su actuar, con sentido de unidad de acción, según se desprende de lo preceptuado en los artículos 4, 7, 9, 37 y 37 bis de la Ley N°19.880 y 2, 3 y 5 de la Ley N°18.575, satisfaciendo así el principio general de juridicidad previsto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, como cumpliendo el estándar de servicialidad estatal en pos del bien común, que le mandata también el inciso tercero del artículo 1° de mismo texto político y 2° del mentado Estatuto Administrativo.

Lo anterior queda reforzado por la circunstancia, que fruto de la información recabada han surgido en el proceso administrativo legítimas dudas respecto de cardinales aspectos, como la superposición dominical y eventual afectación de humedales, de las cuales no puede desentenderse el SAG, considerando la eventual afectación del patrimonio fiscal y medioambiental que pudiera estar comprometido y cuya dilucidación debe propugnarse por todo órgano del Estado.

Se condice también lo razonado con la misión y potestades específicas del SAG, enunciadas de conformidad a lo prescrito en los artículos 2, 3 y 5 de la Ley N° 18.755, que le otorga plenas atribuciones legales como uno de los órganos encargados de proteger y preservar los recursos naturales de nuestro país.

DÉCIMO: Que, así las cosas, se advierte igualmente que los cuestionamientos sobre los que versa el conflicto sometido al criterio de esta Corte, por la vía de índole cautelar escogida, son de un carácter eminentemente técnico, cuyas resoluciones respecto del fondo requieren, a todas luces, del despliegue de un debate, aporte probatorio especializado y decisión con autoridad de cosa juzgada propios de un procedimiento declarativo de lato conocimiento. Máxime ahora que, mediante escritos posteriores al recurso mismo, se ha hecho patente la adopción efectiva y en paralelo de una determinación administrativa denegatoria de parte del órgano recurrido, con fecha 12 de junio de 2023, mediante Resolución Exenta N° 352/2023, emanada de la Directora Regional (S) Región Aysén del Servicio Agrícola y Ganadero, lo que ha motivado inclusive la interposición por la recurrente, el 20 de junio de 2023, de un recurso de invalidación administrativa y, en subsidio, de un recurso de reposición, y a su vez en subsidio de éste, de un recurso jerárquico.

Tal proceder refiere el encauzamiento propio, en un procedimiento reglado, de una cuestión de esta clase en la sede correspondiente por parte del administrado, en presencia ya de la dictación del acto administrativo echado en cuenta y representado mediante este remedio constitucional, validando de esta manera esa vía especializada como la adecuada para el conocimiento de la materia; sin perjuicio de lo previsto en el artículo 54 de la Ley N°19.880, ni del eventual ejercicio posterior de las acciones que en derecho estime del caso frente a lo que se resuelva, ante la sede jurisdiccional competente.

UNDÉCIMO: Que, como corolario de lo expresado en los motivos que preceden, subyace la desestimación de este arbitrio en lo resolutivo, al constatarse que se ha adolecido de un derecho indubitado que hacer valer frente a las omisiones arbitrarias e ilegales que se reportan, lo que torna inoficioso analizar la forma específica cómo dicho actuar pudo afectar alguna de las garantías que se reclaman conculcadas.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, más Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por los abogados, don José Luis Honorato San Román y doña nombre reservado, en representación convencional de PUERTO ALEGRE SpA, sociedad del giro de inversiones, en contra del SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO, oficina regional de Aysén, representado legalmente por su Directora Regional, doña Valeria Carrasco Sáez; y de don nombre reservado, en su calidad de Jefe de la Oficina del Servicio Agrícola y Ganadero de Cochrane.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del señor Ministro Titular, don Luis Moisés Aedo Mora, quien no firma por encontrarse haciendo uso de permiso administrativo.

Rol Protección N° 105-2023.