nombre reservado con nombre reservado

En Coyhaique, a veintiséis de Junio del año dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 23 de Abril del año 2025, comparece doña nombre reservado, pensionada, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, empleado público, domiciliado en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la obstrucción casi completa, por parte del recurrido, del paso de servidumbre que beneficia a su terreno, vulnerándose la garantía fundamental contenida en el artículo 19, N°s 21 y 24, de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: “… disponer se tomen las providencias necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, pudiendo ordenar que el recurrido retire el cerco que obstruye el uso de la servidumbre de paso, y con costas de la causa”.

Con fecha 05 de Junio del año 2025, se incorporó el informe de rigor, por don José Luis Novoa López, abogado, en representación del recurrido.

Con fecha 17 de Junio del año 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 19, del mismo mes y año, con la comparecencia del abogado, don José Luis Novoa López, contra el recurso, quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente funda su acción señalando que es propietaria del LOTE A-10, de 525 metros cuadrados, ubicado en el lugar denominado El Salto, comuna y provincia de Aisén, el cual se encuentra inscrito a su nombre a fojas 550, N°540 del año 2005, del Conservador de Bienes Raices de Aisén. Que, dicho terreno es fruto de la subdivisión del llamado LOTE A, perteneciente a la sucesión de doña nombre reservado; subdivisión efectuada en el año 2005 y que se inscribió al margen de las inscripciones de dominio que amparaban el inmueble, manteniendo como deslindes: Nororiente, en 16,50 metros con servidumbre de paso incorporada al Lote A y Lote A-6, en 6 metros; Suroriente, en 25 metros con Lote A-8; Surponiente, en 17,10 metros con Lote A y en 3 metros con servidumbre de paso incorporada al Lote A; Norponiente, en 25 metros con lote A-3.

Agrega que, la misma subdivisión constituyó servidumbre de tránsito en el “Lote Matriz A”, de una superficie de 84 metros cuadrados y los siguientes deslindes: Nororiente, en 25 metros con Lote A-3 y en 3 metros con Lote A-10; Suroriente, en 3 metros con Lote A; Surponiente, en 28 metros con Lote A; Norponiente, en 3 metros con camino interior.

Explica que, el acceso a su terreno es a través de la servidumbre de paso, debidamente constituida e inscrita, por un ancho de 3 metros y 28 metros de largo, por la cual siempre accedió, incluso con vehículo.

Ahora bien, indica que el recurrido, al parecer, tiene derechos de ocupación o dominio del Lote A-3, colindante con el suyo y con la servidumbre de paso, que en una fecha incierta, hace aproximadamente dos semanas, éste levantó un cerco ampliando la superficie de ocupación de su terreno, dejando un paso de apenas 1,5 metros de ancho aproximadamente, que impide que pueda acceder a su propiedad con vehículo y coartando absolutamente su derecho de paso y de uso de su inmueble, situación que se mantiene.

En cuanto a las garantías conculcadas, refiere el derecho de propiedad, ya que se le está impidiendo hacer uso de la servidumbre de paso para acceder a su terreno, viéndose afectados elementos esenciales del dominio, esto es, el uso y usufructo.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido a la recurrida, se solicita el rechazo del recurso, con costas.

Alega que, de los planos presentados por la recurrente, la carga de la supuesta servidumbre del Lote A-10, correspondería al Lote-A, de 2.952 Mt2, y no el Lote A-3, que corresponde al recurrido.

Por otro lado, precisa que la recurrente sí tiene acceso a su inmueble a través de camino ubicado al Nororiente, con el que deslinda en 16,50 metros, por lo que en ningún caso podría alegar que su predio de halla destituido de toda comunicación con los caminos adyacentes, no cumpliéndose, en consecuencia, con los requisitos necesarios para la constitución de una servidumbre legal.

En ese sentido, sostiene que se está en presencia de un problema de demarcación, fijación de deslindes o error en la cabida del terreno que la recurrente adquirió, por lo que, en definitiva, el conflicto planteado no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, ya que no se permite el análisis de la prueba que en el presente caso se requiere, a saber, peritajes topográficos y de geomensura de los predios objetos de la acción, razón por lo que la acción no puede prosperar.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20, de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal -es decir, contrario a la ley-, o arbitrario, -esto es, producto del mero capricho de quien lo comete- y que, como consecuencia del mismo, afecte una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

Igualmente, este Recurso Constitucional solo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no es un juicio declarativo de derechos.

SEXTO: Que, la recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario e ilegal, en síntesis, en que el recurrido levantó un cerco ampliando la superficie de ocupación de su terreno, obstruyendo la servidumbre que da paso a su inmueble, dejando un paso de apenas 1,5 metros de ancho aproximadamente, lo que impide que pueda acceder a su propiedad con vehículo, vulnerándose la garantía constitucional prevista en el N°24, del artículo 19, de la Constitución Política de la República de Chile.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes allegados al proceso no aparece que el actuar del recurrido haya privado a la actora del acceso al inmueble que refiere, desde que las fotografías acompañadas no dan cuenta clara y visible de ello, máxime si se ha planteado otro acceso posible, que se desprende de la imagen del plano acompañado, sumado a que existen posturas contradictorias en cuanto al predio que se encontraría gravado con la servidumbre que se reclama obstaculizada, así como de eventuales conflictos de deslindes o demarcaciones, razón por la cual se requiere imperiosamente de otro proceso que sea acorde al desarrollo de prueba tendiente a determinar en forma indubitada el derecho que asiste a la recurrente, no siendo ésta la vía idónea al efecto.

OCTAVO: Que, en consecuencia, cabe concluir que no se advierte por parte de estos sentenciadores la existencia de un derecho indubitado que asista a la recurrente y que le habilite a obtener una sentencia favorable a sus intereses, descartando, por lo tanto, la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, razón por la que se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, según ya se indicó, sin que se advierta una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en su numeral N° 24, cuyo análisis pormenorizado resulta inoficioso.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado del 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RESUELVE:

Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Señor Ministro Titular, don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

Se deja constancia que no suscriben la presente sentencia, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y presente acuerdo, los Ministros Titulares, doña nombre reservado, y don nombre reservado, por encontrarse la primera, en comisión de servicios y, el segundo, en uso de permiso del artículo 347, del Código Orgánico de Tribunales.

Rol Corte Nº: 101-2025. (Protección).-