nombre reservado con nombre reservado

Coyhaique, a quince de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En lo principal de la presentación de fecha 13 de enero de 2024, comparece doña nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado, interior, Coyhaique, quien deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, empresario, domiciliado en domicilio reservado, interior, Coyhaique, por la acción ilegal y arbitraria cometida en su contra y su grupo familiar, consistente en el cambio de cerradura de su hogar, vulnerándose las garantías fundamentales contenidas en el artículo 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando, en definitiva: “…Obligarse a don nombre reservado para que reponga en sistema de seguridad (chapa y cilindro) que previamente existía para que yo y mi grupo familiar podamos, sin necesidad de pedir ningún permiso, información y/o autorización ingresar a nuestra vivienda y que deberá abstenerse en lo sucesivo de ejecutar conductas que constituyan vías de hecho contrarias al imperio del derecho y que interfieran en la normal ejercicio de las actividades que yo realizo y se han visto interrumpidas e impedidas por la actuación de la recurrida” (SIC).

Con fecha 02 de marzo de 2024 se incorporó el informe por el recurrido y el 07 del mismo mes y año se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 09 del presente sin que concurran abogados a alegar en estrados, quedando la causa en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente funda su acción señalando que, entre los años 2007 a 2014 fue pareja del recurrido, habiendo formado una sociedad de hecho que regentó el local comercial “Sin Bandera”, actividad comercial que generó ingresos permitiéndoles adquirir bienes, en particular, el inmueble ubicado en domicilio reservado, en el que existen dos viviendas, una interior que habita la recurrente con su grupo familiar, en tanto que la ubicada en la parte delantera por el recurrido y su nueva familia, pero que, atendida su situación migratoria quedó inscrito a nombre del recurrido, pese a que el inmueble se adquirió con el esfuerzo y recurso de ambos.

En cuanto al acto recurrido, indica que el día 13 de enero de 2024, en horas de la madrugada, el recurrido o sus dependientes procedieron a cambiar el cilindro de la chapa del portón de acceso, impidiendo que ésta y su grupo familiar puedan entrar o salir, lo que intentó denunciar pero Carabineros de negó a recibir una denuncia por estimar que era un asunto civil.

Sostiene que la actuación del recurrido es ilegal y arbitraria, ya que la priva a ella y su familia de ejercer el derecho de propiedad, alterando el orden de la situación jurídica dominante, tomando el recurrido justicia por sus propias manos como acto de autotutela cual está prohibido por el ordenamiento.

En cuanto se cuestione su calidad de propietaria, invoca la presunción de posesión del artículo 700 del Código Civil, ya que detenta el inmueble con ánimo de señora y dueña, alegando, además, falta de proporcionalidad en el actuar del recurrido.

En cuanto a la arbitrariedad, manifiesta que el recurrido desconoce la existencia de un acuerdo que han mantenido por años, citando al efecto jurisprudencia de la Ilma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, para finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, reclamar la perturbación de su derecho de propiedad y posesión del inmueble; afectación a la igualdad en el ejercicio de los derechos toda vez que, a través de la autotutela, el recurrido se constituyó como una comisión especial; y de la igualdad ante la ley, cual fue quebrantada por el recurrido a través de vías de hecho colocándose en una posición de privilegio.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe el recurrido solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas, refiriendo que efectivamente mantuvo una relación sentimental con la recurrente hace varios años, motivo por el que la ayudó a instalar el local comercial “Sin Bandera”, indicando que con sus propios ingresos adquirió un inmueble en la ciudad de Coyhaique en el que vivieron un tiempo.

Refiere que terminada la relación, ambos desocuparon la propiedad, pero luego de un tiempo la recurrente le habría solicitado ayuda ya que no tenía donde vivir, por lo que le permitió ocupar dicha vivienda por mera tolerancia, pero en mayo de 2023 la contactó para manifestarle sus intenciones de vender la propiedad, solicitándole el desalojo, accediendo la recurrente pero le solicitó dejar sus pertenencias en la vivienda interior mientras encontraba un lugar para vivir, lo que autorizó.

Que, con posterioridad, en enero del presente año, vendió la propiedad, tomando después conocimiento de que la recurrente habría ingresado a la vivienda interior y negado a desocuparla, para más tarde enterarse por la compradora que la recurrente habría hecho abandono el día 01 de marzo de 2024, encontrándose la vivienda interior sin ocupantes.

Finalmente, niega que la recurrente detente algún tipo de propiedad sobre el inmueble, el que si bien ocupó, fue por su mera tolerancia, además de señalar que en la actualidad tampoco mantiene derechos sobre el inmueble por haber sido transferido a un tercero, según escritura pública que adjunta.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

Igualmente, este Recurso Constitucional solo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no es un juicio declarativo de derechos.

SEXTO: Que, la recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en que se le impidió el acceso a la casa interior ubicada en Los Abedules N° 1248 interior de Coyhaique, ya que en un acto de auto tutela, el recurrido habría cambiado el cilindro de la chapa interior del portón de acceso, afectando su derecho de propiedad e igualdad ante la ley, constituyéndose en una verdadera comisión especial.

SÉPTIMO: Que, los antecedentes allegados a la presente causa resultan insuficientes a efectos de justificar el derecho que invoca, así como el acto recurrido, toda vez que en ningún caso se desprende la efectividad que la recurrente detente algún tipo de derecho sobre el inmueble individualizado como pretende, tampoco la forma en que presuntamente se le impediría su acceso, máxime si existen posturas contradictorias en cuanto a la efectividad que ésta mantenga algún tipo de titularidad sobre el inmueble, razón por la cual se requiere imperiosamente de un proceso que sea acorde al desarrollo de una prueba idónea para determinar en forma indubitada que la recurrente detente algún tipo de propiedad sobre el bien raíz, no siendo ésta la vía idónea al efecto.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, el recurrido acompaña escritura pública de fecha 17 de enero de 2024, en la que se da cuenta de la venta de la propiedad ubicada en Los Abedules N° 1248, Coyhaique, a doña nombre reservado, por lo que en la actualidad tampoco detenta derechos sobre la misma, sin perjuicio que de lo informado da cuenta que la recurrente habría hecho abandono del lugar, encontrándose la casa interior sin ocupantes.

NOVENO: Que, en definitiva, cabe concluir que no se advierte por parte de estos sentenciadores la existencia de un derecho indubitado que asista a la recurrente y que la habilite a obtener una sentencia favorable a sus intereses, descartando, en consecuencia, la existencia de una omisión o acto ilegal o arbitrario, razón por la que se deberá rechazar el recurso de protección que se conoce, según ya se indicó, sin que se advierta una vulneración del artículo 19, de la Constitución Política, en sus numerales 2, 3 y 24, cuyo análisis pormenorizado de éstos resulta, además, inoficioso.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RESUELVE:

Que, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado, por estimarse que tuvo motivos plausibles para recurrir.

Anótese, notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Señor Ministro Titular don Pedro Alejandro Castro Espinoza.

No firma el Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo, por encontrarse en comisión de servicio.

Rol Corte Nº 10-2024 (Protección).