nombre reservado con SECCION DE REMUNERACIONES DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Coyhaique, a veintisiete de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En lo principal de presentación de fecha 1 de enero de 2025, comparece doña NATALIA ANDREA AGUILAR RODRIGUEZ, abogada, en representación de don nombre reservado, ex funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, domiciliado en domicilio reservado, XI Región de Aysén, quien deduce recurso de protección en contra de la SECCIÓN DE REMUNERACIONES de la Policía de Investigaciones de Chile, departamento que se encuentra bajo la jerarquía administrativa del Prefecto Inspector don nombre reservado, Jefe de la Jefatura Nacional de Administración y nombre reservado (JENAPRES), ambos domiciliados en domicilio reservado, por la omisión en el pago de los saldos remuneratorios adeudados de la asignación de grado efectivo, afectando los derechos contenidos en el art. 19 n ° 2 y 24 de la Carta Fundamental, solicitando, en definitiva: “…se regularice el pago por los montos adeudados de la asignación, por el período que ha fijado la Excma. Corte Suprema para el asunto debatido, esto es desde el ingreso a la institución hasta el 26 de abril de 2021. (SIC)”.

Que, con fecha 12 de mayo de 2025, doña MARÍA INÉS WISE DÍAZ DE LA VEGA, abogada, en representación de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, incorporó el informe requerido.

Con fecha 17 de mayo de 2025, se ordenó traer los autos en relación, procediéndose a la vista del recurso el día 20 del mismo mes y año, sin la comparecencia de los apoderados de las partes, quedando en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente funda su solicitud, indicando que, ingresó a la PDI el 20 de febrero de 1990 y que en la actualidad se encuentra jubilado.

Precisa que, la asignación de grado efectivo, código H0050, constituye remuneración y que desde el ingreso al cargo de Detective se les generó el derecho a percibirla, la que tiene incremento por asignación de zona equivalente a un 105%, en el caso de Coyhaique, habiendo desempeñado funciones desde el 12 de febrero de 1998 hasta el 4 de enero del 2005.

Refiere que, en el mes de mayo de 2019, la PDI informó a la totalidad del personal que “habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo”, lo cual fue comunicado mediante Radiograma N°225 del 30 de mayo de 2019 de la JENAPERS, por lo que ese mes se canceló de manera íntegra dicha asignación. No obstante, en junio de 2019 el monto íntegro de dicha remuneración se dejó de pagar para aquellos funcionarios que tenían del derecho al incremento conforme a la zona, mediante Radiograma N°285 de fecha 02 de julio de 2019, el que dispone, en lo sustancial, que para el pago de las remuneraciones se mantendrá la base de cálculo original hasta recibir la respuesta del Ente Contralor, solicitando al personal mantenerse a la espera.

Indica que, con fecha 26 de abril de 2021 la Contraloría General de la República, emitió respuesta al requerimiento de la PDI mediante el Dictamen N°E98928 / 2021 que, en síntesis, señala que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había hecho de forma correcta.

Explica que, a raíz de distintos fallos en materia de protección, la Policía de Investigaciones agilizó los procesos para pagar dicha remuneración, no obstante, el pago sería solo de manera parcial, ello al estimar que con la emisión del dictamen se generaba este derecho, por considerar la palabra “actualmente”, como elemento decisivo para la fijación de pagos, cancelando sólo el período desde el 26 de abril de 2021 a lo futuro.

Luego, refiere que dicha interpretación ha sido clarificada por la Excma. Corte Suprema, fallando que debe pagarse igualmente desde el ingreso a la Institución hasta el 26 de abril de 2021, que es el período reclamado en autos.

Señala que tomó conocimiento a través de la comunicación de don nombre reservado, quien resultó favorecido, según detalla en declaración jurada que adjunta.

Finalmente, en cuanto a las garantías conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, ya que existe una discriminación arbitraria respecto de otros funcionarios que sí han recibido el pago en su totalidad, y el derecho de propiedad, por cuanto la asignación de grado efectivo es remuneración y la recurrente tiene sobre ésta un derecho de propiedad.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida, en primer lugar, alega la prescripción de la acción, indicando que el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 15 de mayo de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, que dicta el Estatuto del Personal de Investigaciones de Chile, no consagra un plazo de prescripción para el derecho al cobro de las asignaciones establecidas en aquel cuerpo normativo, razón por la cual, supletoriamente, debe aplicarse lo dispuesto en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Agrega que, en ese orden de ideas, conforme la legislación vigente tanto el pago de la asignación de zona constituye un derecho funcionario, razón por la que a esta remuneración le son aplicables las reglas de prescripción contenidas en el artículo 99 de la Ley n ° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que dispone “El derecho al cobro de las asignaciones que establece el artículo anterior, prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles”.

Sostiene que, es de conocimiento que las asignaciones a que alude el artículo 99 del Estatuto Administrativo se hacen exigibles desde el momento en que se devengan, esto es, desde que se han verificado las condiciones que establece la ley para el pago de las mismas, pues, en ese instante, nace el derecho a percibir las sumas respectivas.

Destaca que, el plazo de prescripción de seis meses previsto en el referido artículo 99 se cuenta según el principio general establecido en el artículo 2514 inciso segundo del Código Civil, desde que éstas se hicieron exigibles, lo que, tratándose del derecho al pago de remuneraciones periódicas, acontece desde que éstas se devengan. Añade que, en cuanto a la interrupción del cómputo del plazo de prescripción, el ente Contralor ha señalado, que el derecho al cobro de las asignaciones de su artículo 98, prescribe en el plazo de seis meses, contados desde que se hicieron exigibles, conforme a lo señalado en el artículo 99 de dicha ley, término que se interrumpe por el reclamo formal ante el pertinente organismo o esta entidad fiscalizadora, de acuerdo a los dictámenes n° 21.838 del año 2013 y el n° 62.712 del año 2014.

A mayor abundamiento, sostiene que la génesis del reclamo del recurrente se funda en el Radiograma n° 225 de 30 de mayo de 2019, mediante el cual informó que, por error, se encontraba pagando de forma incompleta la remuneración en un ítem que debía cancelarse de acuerdo a la asignación de zona. Sin embargo, en atención de la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes n°s 33.924, de 2008; 47.598, de 2012; 47.562, de 2013, entre otros, ha señalado que el plazo de prescripción de seis meses es aplicable al cobro de diferencias producidas por estipendios pagados parcialmente, tanto por un error en su cálculo o en la interpretación de la normativa aplicable, cuanto por la inadvertencia de la Administración de la concurrencia de un supuesto que permitía al interesado la percepción del estipendio en un monto mayor.

Por su parte, sostiene que, habiendo transcurrido con creces el plazo de prescripción consagrado en el ordenamiento jurídico para el cobro de las asignaciones contempladas en leyes especiales, puntualmente en el Estatuto Administrativo, la acción de protección intentada no puede prosperar.

Por otra parte, en segundo lugar, alega la extemporaneidad del recurso de protección intentado, ya que, no consta en el expediente la efectividad de la fecha en que tuvo conocimiento del acto ilegal y arbitrario, no siendo suficiente la mera declaración del recurrente, por lo que, estima, la acción se encuentra extemporánea, por cuanto, no existe certeza que el peticionario haya tomado conocimiento en la fecha indicada, así como también, el fundamento temporal de su petición ocurrió hace más de dos años.

En cuanto al fondo, menciona que intentar una acción de tal naturaleza, para perseguir el cobro de remuneraciones no reclamadas en su oportunidad, no constituye la vía idónea, por cuanto, el recurso de protección tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que se encuentren indubitados, lo que no ocurre en la especie. Agrega que, es cuestionable que el recurrente haya intentado una acción excepcionalísima, sin antes agotar la vía administrativa.

En la misma línea, critica que el recurrente solicita se proceda con las operaciones financieras destinadas al pago de las sumas adeudadas al actor, con los reajustes correspondientes, como también la reliquidación de sus pensiones y desahucios, sin señalar montos de dinero específicos, ni proponiendo una operación aritmética de cómo determinar la cuantía de los presuntos dineros adeudados, no habiendo petición concreta, además de pedir dicha regularización desde su ingreso, sin embargo, el D.S. N° 135 de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional, rige desde el año 2009, no pudiendo extender su vigencia a situaciones anteriores.

A mayor abundamiento, se refiere a los dictámenes n°s. 38.810, de 1998, 48.264, de 2008, 2.510, de 2010 y 47.598, de 2012, de la Contraloría General de la República, los que han concluido que aun tratándose de beneficios que deben concederse de oficio, como acontece en la especie, los interesados tienen la obligación de ser diligentes en su cobro con el fin de obtenerlos dentro del plazo establecido para tal fin, circunstancia que no puede obviarse en la especie.

Finalmente, hace presente que el recurrente dejó de pertenecer a la Institución en el año 2021, que ha señalado cuales son los periodos y meses en los que dejó de percibir –presuntamente- algún monto por concepto de “asignación de zona”, y afirma que no ha existido ningún acto ilegal o arbitrario que atente contra los derechos fundamentales del recurrente, puesto que se han realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer el pago a los funcionarios, a los cuales les asiste la referida asignación; que en aquellos casos donde haya diferencias por estipendios pagados parcialmente, es aplicable el plazo de prescripción.

TERCERO: Que, se debe tener presente que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en criterio compartido por este Tribunal, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto arbitrario o ilegal, que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Igualmente, este Recurso Constitucional solo tiene por objeto proteger derechos indubitados y que no constituyan una esperanza o mera expectativa de constituir un derecho, pues no es un juicio declarativo de derechos.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo se afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en síntesis, en la privación ininterrumpida e injustificada del pago íntegro al actor de la “Gratificación de Zona” cuya fórmula de cálculo debía incluir la “Asignación de especialidad al grado efectivo” la cual tiene el carácter de remuneración y como tal ingresó a su patrimonio, dada su otrora relación estatutaria con la Policía de Investigaciones de Chile, derecho preexistente e indubitado, vulnerando así sus garantías constitucionales reconocidas en los N°2 y 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

Por su parte, la recurrida, desestima lo sostenido por el recurrente, alegando, en primer término, las excepciones de prescripción y extemporaneidad, que en cuanto al fondo explica que se solicita por el recurrente proceder al pago de la suma adeudada con los reajustes correspondientes, sin señalar montos de dinero específicos, no habiendo petición concreta.

SÉPTIMO: Que, de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, los que fueron apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que, don nombre reservado, ingresó a la institución en el año 1998, encontrándose en situación de retiro desde el mes de enero de 2023.

2.- Que, con fecha 30 de mayo de 2019 mediante Radiograma N°225 del 30 de Mayo de 2019 de la JENAPERS, se informa al personal que para los trabajadores de la Policía de Investigaciones habría un mejoramiento del cálculo de la gratificación de zona a quienes tengan derecho de percibirlo.

3.- Que, con fecha 2 de julio de 2019 mediante Radiograma N°285 se informa que las remuneraciones con asignación de zona continuarán pagándose, utilizando la base de cálculo original hasta recibida la respuesta del Ente Contralor, solicitándose al personal mantenerse a la espera.

4.- Que, con fecha 26 de abril de 2021 la Contraloría General de la República, emitió respuesta al pronunciamiento de la PDI evacuando Dictamen N°E98928 / 2021, en el que se dispone que la asignación de especialidad al grado efectivo que actualmente recibe el personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debe ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio.

5.- Que, don nombre reservado, desempeñó funciones en la ciudad Coyhaique desde el año 1998 hasta el 2005.

I.- EN CUANTO A LA PRESCRIPCIÓN.

OCTAVO: Que la recurrida, primeramente, opone excepción de prescripción, la que funda en que, según el artículo 99 de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, "el derecho al cobro de las asignaciones prescribirá en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que se hicieron exigibles".

Sin embargo, dichas alegaciones no podrán ser acogidas en esta sede, en atención a la entidad constitucional que detenta la acción de protección enderezada, a través de la cual se solicita una cautela inmediata y de urgencia de uno o más derechos fundamentales e indubitados, de manera que, a causa de no ser el foco de lo impetrado, el petitorio no puede resultar enervado mediante la oposición de excepciones perentorias de carácter ordinario, que son propias de juicios de naturaleza civil o administrativa, estos últimos configurados como contexto procesal idóneo para obtener la declaración de la prescripción que se busca.

II. EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD.

NOVENO: Que, enseguida, se debe tener presente que el numeral 1° del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establece que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

DÉCIMO: Que, en tal orientación, si bien la recurrida refiere que lo reclamado por el recurrente consta únicamente en una declaración realizada por otro ex funcionario, lo que en su criterio no resulta ser suficiente para acreditar de manera clara y fehaciente que el actor haya tomado conocimiento del acto reclamado en la fecha indicada, esto es, recién el 4 de diciembre de 2024, lo que asocia al transcurso en exceso del plazo de 30 días corridos para su interposición; cabe tener a la vista que la acción u omisión objeto de este arbitrio presenta efectos permanentes, condición que hace decaer el basamento de lo esgrimido, llevando también a rechazar en lo resolutivo la alegación de extemporaneidad formulada por la parte recurrida.

III.- EN CUANTO AL FONDO DE LA ACCIÓN DEDUCIDA.

UNDÉCIMO: Que, por último, para un mejor acierto de lo que se resolverá, cabe destacar que, entre las funciones de la Contraloría General de la República, como ente fiscalizador, está la de velar por la legalidad de los actos de los organismos administrativos. De este modo, para cumplir dicha labor, dicho organismo puede emitir informes y dictámenes, de naturaleza declarativa e interpretativa sobre cuestiones cuyo pronunciamiento se requiera. Es dable señalar, además, que en atención a que dichos actos se entienden incorporados a las leyes o reglamentos interpretados, no rige para ellos la prohibición de retroactividad.

Dicho esto, la solicitud efectuada por la JENAPERS, por intermedio del Radiograma N° 285 del 2 de julio del año 2019, a la Contraloría General de la República, con el objeto de que aclare la manera en que debe conformarse la base de cálculo para el pago de la gratificación de zona, la cual fue respondida por el órgano contralor, mediante el Dictamen E98928, de 26 de abril de 2021, constituye una aclaración en relación a la manera en que deben efectuarse lo cálculos relativos a la gratificación de zona, lo que, a su vez, dista de ser un acto constitutivo de derechos, que implique el nacimiento de éstos para las partes a contar de tal Dictamen, desde que sólo aclara y explica los derechos que ya existían a la fecha de realizarse la consulta por parte de la JENAPERS. En consecuencia, no se trata de una aplicación retroactiva de las normas sobre la materia, sino la explicitación de lo ya existente.

DUODÉCIMO: Que, asentado lo anterior, cabe señalar que no resulta atendible el fundamento invocado por la recurrida en el informe evacuado, y que dice relación con haber realizado todas las actuaciones que le competen para satisfacer su pago en favor de aquellos a quienes les asistía la asignación de especialidad al grado efectivo, considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona del personal que tenga derecho a este último beneficio, de conformidad al Dictamen N° E98928, de fecha 26 de abril de 2021, emanado de la Contraloría General de la República, al haber estimado no poseer efecto retroactivo; lo cual resulta ser una interpretación incorrecta de lo señalado por el ente contralor, atendido lo indicado en el considerando precedente, pues dicha fecha de pronunciamiento no representa el hecho jurídico que dio nacimiento a los derechos del recurrente, sino que corresponde a una resolución meramente consultiva sobre la materia.

DÉCIMO TERCERO: Que, en este estadio, los sentenciadores que conocen de este asunto estiman que la recurrida, Policía de Investigaciones de Chile, actuó de forma al menos arbitraria, desde que a través de una interpretación errada de lo señalado por Contraloría, ha configurado una excusa de la cual se ha prevalido para no disponer el pago de una asignación que forma parte integrante de las remuneraciones a que tiene derecho el recurrente de autos, y respecto de las cuales ostenta un derecho de apariencia indubitada y preexistente, por lo que no resulta procedente, en principio, que el actor no perciba durante todo este tiempo parte de sus remuneraciones por hechos u omisiones de la Administración, que no le son atribuibles, verificando así la amenaza de afectación de su garantía constitucional consagrada en el artículo 19 numeral 24, de la Constitución Política de la República, esto es, de su derecho de propiedad, desde que se le ha privado anticipadamente de la posibilidad que los emolumentos correspondientes a la asignación discutida, y a los cuales tenía derecho, ingresen a su patrimonio, sin haber mediado un procedimiento declarativo idóneo y afinado que obste a ello.

Asimismo, el actuar arbitrario de la recurrida ha significado la afectación antijurídica del derecho a la igualdad ante la ley que tiene el recurrente, reconocido en el artículo 19 N°2, de la Carta Fundamental, pues de los hechos asentados se desprende que se le ha discriminado de forma arbitraria en relación a los demás funcionarios (as) que, en semejantes circunstancias, han podido gozar de la señalada asignación de especialidad del grado efectivo como base de cálculo de la gratificación de zona a que, en su oportunidad, habían adquirido derecho.

DÉCIMO CUARTO: Que, así las cosas, habiendo incurrido la Policía de Investigaciones en un actuar al menos arbitrario, que ha amenazado el goce por el recurrente de las garantías constitucionales referidas, cabe a esta Corte acoger el presente recurso de protección, sólo en cuanto la recurrida deberá disponer el pago de la asignación que favorece al recurrente, respecto del período no solucionado por aquélla, sin dejar de considerar que ello operará sin perjuicio de las alegaciones de fondo que pudieran tener lugar en el proceso competente.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

I.- Que SE RECHAZA la excepción de prescripción, deducida por la recurrida, POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.

II.- Que SE RECHAZA petición de extemporaneidad, deducida por la recurrida, POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.

III.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña NATALIA ANDREA AGUILAR RODRIGUEZ, abogada, en representación de don nombre reservado, en contra de la SECCIÓN DE REMUNERACIONES de la Policía de Investigaciones de Chile, solo en cuanto la recurrida deberá disponer el pago de la asignación que favorece al recurrente, respecto del período no solucionado por aquélla, conforme al cálculo que se determinará en la sede correspondiente, sin perjuicio de los derechos que pueda hacer valer en el procedimiento administrativo de rigor.

Acordada la decisión anterior con el voto en contra del señor Ministro Titular, don José Ignacio Mora Trujillo, quien fue del parecer de rechazar el presente recurso, por estimar que la presente acción tiene como elemental exigencia aquélla que sólo pueda referirse a derechos indubitados y manifiestos, esto es, los que deben aparecer y constar del solo mérito de los antecedentes allegados al proceso, circunstancia que no se advierte concurrente en el caso de marras, desde que el derecho que sostiene poseer el actor y en base al cual funda su petición, se encuentra controvertido, tanto porque no ha existido claridad en la pretensión concreta que ha planteado, como por la introducción por la entidad recurrida de alegaciones de fondo relativas a la prescripción del mismo, discusiones y discrepancias que únicamente caben ser dilucidadas en un procedimiento diverso, de lato conocimiento, mas no por la presente vía sumarísima del recurso de protección, que es portador de caracteres jurídicos de excepcionalidad y urgencia, que se traducen en brindar tutela inmediata a un derecho incuestionable; todo lo cual, al no verificarse, necesariamente conlleva a que el arbitrio intentado deba ser desestimado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del voto de mayoría de la Sra. Ministro Titular, doña Natalia Rencoret Oliva y, del de disidencia, su propio autor.

No firma el Ministro Titular don Luis Moisés Aedo Mora, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo, por encontrarse haciendo uso de permiso administrativo.

Rol 1-2025 (Protección).