nombre reservado con CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTQADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS

Coyhaique, catorce de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece don Eduardo Salomón Lillo, abogado, en representación de don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, ingeniero civil industrial, con domicilio particular en domicilio reservado Lote tres, de la comuna de Coyhaique funcionario perteneciente a la planta profesional del Gobierno Regional de Aysén.

Interpone recurso de protección de garantías constitucionales, acorde con lo previsto en los artículos 20 y 19 numeral 2° de la Constitución Política de la República, en contra de la Contraloría General de la República, RUT RUT reservado, representada, por el Contralor General de la República, Sr. Jorge Bermúdez Soto, RUT RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y para los efectos del presente recurso en domicilio reservado de la ciudad de Coyhaique, solicitando, como peticiones concretas, se declare que: “la decisión de los recurridos, formalizada a través de la Resolución de data 03 de enero de 2023 relativa a rechazar el recurso de revisión del fallo de alzada de ese Tribunal de nombre reservado es ilegal y arbitraria, ya que no se sustenta en fundamentos legales, se basa en una jurisprudencia inaplicable que no conceptualizada desde la perspectiva de todo nuestro ordenamiento Jurídico Positivo el criterio sobre lo que debe entenderse por error de hecho, todo lo cual provoca en definitiva la ilegalidad de toda decisión; y se ordene que el Tribunal de nombre reservado de la Contraloría General, proceda a reestablecer el imperio del derecho, acogiendo a tramitación el recurso de revisión interpuesto en tiempo y forma por esta parte contra el fallo de alzada de igual Tribunal colegiado de cuentas”.

Con fecha 06 de enero de 2023, se declara admisible y a tramitación el recurso de protección.

Con fecha 17 de enero de 2023, se evacua el Informe solicitado por Contraloría General de la República, informando el recurso y solicitando su rechazo, con costas.

Con fecha 04 de abril de 2022, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 06 de abril de 2023, se procedió a la vista de la causa, compareciendo vía zoom los letrados don Eduardo Salomón Lillo, por el recurso, y don nombre reservado, Abogado procurador Fiscal de Coyhaique, en contra del recurso, quedando ésta en acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente, fundamentando su recurso, señala que el Tribunal de nombre reservado, entidad que depende jurídicamente del ente Contralor, integrado por los señores nombre reservado, Presidente Subrogante del Tribunal de nombre reservado, y los Abogados Integrantes Titulares don nombre reservado y don nombre reservado, todos miembros que integraron la Sala del Tribunal de nombre reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado y en domicilio reservado, de Santiago, todo lo cual por haber dictado con fecha 03 de enero de 2023 una Resolución que declara inadmisible un recurso de revisión, deducido en el contexto del juicio de cuentas, en contra del Tribunal de nombre reservado de Contraloría, con notable perturbación, privación y amenaza de la garantía constitucional de Igualdad ante la Ley que ostenta la persona en favor de la cual recurre. A fin de que previa ponderación de los hechos y del derecho, se declare el actuar ilegal y arbitrario del Señor Contralor, específicamente en lo relativo al rechazo del recurso de revisión.

Dicha resolución se habría dictado en el contexto del juicio de cuentas aludido, e interpuesto de acorde con el artículo 126 de la Ley N° 10.336, según señala, y que constituirían una grave infracción a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19, numeral segundo, del actual Texto de la Constitución Política de la República.

El recurrente funda su acción cautelar, señalando que con fecha 03 de enero de 2023, el Tribunal de Cuentas de la Contraloría General de la República, declaró inadmisible el recurso de revisión del fallo de alzada de ese Tribunal de nombre reservado, siendo dicho acto ilegal y arbitrario ya que no se sustenta en fundamentos legales, se basaría en una jurisprudencia inaplicable desde la perspectiva del ordenamiento Jurídico positivo, el criterio sobre lo que debe entenderse por error de hecho, todo lo cual provocaría la ilegalidad de tal decisión.

Solicitando se ordene que el Tribunal de nombre reservado de la Contraloría General, proceda a reestablecer el imperio del derecho, acogiendo a tramitación el recurso de revisión interpuesto en tiempo y forma, contra el fallo de alzada de igual Tribunal colegiado de cuentas.

Señala que su representado fue objeto de un examen de cuentas en calidad de funcionario del Gobierno Regional de Aysén, realizado en dependencias del Gobierno Regional de Aysén, relativo a un examen y revisión de Cuentas en dependencias de la Oficina que el Gobierno Regional de Aysén mantiene en la Provincia de Aysén, relacionado a Programas de Fortalecimiento de la Actividad e Iniciativas de Producción Pesquera que se desarrollaban en esa zona de la Región, y en forma posterior constituido como demandado o cuentadante en el juicio de Cuentas iniciado por el Tribunal Administrativo que existe dentro de la Contraloría. Seguidamente en el reseñado juicio de Cuentas se condenó a su representado, en el juicio de cuentas Rol N°101/2022, al pago solidario, conjuntamente con la ex gobernadora provincial de Aysén, de ese entonces, Sra. nombre reservado, al pago de la suma de 79,82 Unidades Tributarias Mensuales, rechazando la excepción de caducidad del reparo opuesta por su parte.

Señala que en ese orden, el examen de cuentas lo realizó Contraloría Regional de Aysén en dependencias del Gobierno Regional de Aysén, durante el año 2016, ingresando las cuentas reparadas al Ente de Control ( Contraloría Regional de Aysén). Procediéndose a incoarse el juicio de cuentas N°17 del año 2017, el cual fue notificado personalmente a su representado el día 27 de abril de 2017, según da cuenta acta de notificación adosada al oficio N°1797 de 2 de mayo de 2017 de la Contraloría Regional de Aysén, todo lo cual se indicó tanto durante la defensa del referido juicio de cuentas como en la apelación para ante el Tribunal de nombre reservado, que las cuentas se encontraban caducadas por haber vencido con creces el plazo para deducir el reparo ( demanda en el juicio de cuentas) que es de un año solamente, infringiéndose de tal modo las prevenciones contenidas en el artículo 96 de la Ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República.

Indica el recurrente que, la Jurisprudencia constante y uniforme de la Contraloría General de la República ha indicado que la norma prevista en el artículo 96 de la citada Ley Nª 10.336, referida en el párrafo precedente, establece un plazo de caducidad de un año, plazo que opera de pleno derecho, extinguiéndose indefectiblemente la responsabilidad pecuniaria del cuentadante por el solo transcurso de dicho término.

Así las cosas, a su representado lo beneficiaria la caducidad, ya que en la práctica transcurrió el plazo de examen y finiquito de las cuentas, de que habla la norma legal citada en forma precedente, esto es un año, y que en tal sentido cesó su responsabilidad de cuentadante, y no puede ser exigida y hecha valer su responsabilidad pecuniaria, en razón de ser la caducidad del reparo a la sazón de eximente de responsabilidad.

SEGUNDO: Que, la recurrida, Contraloría General de la República, Informa el recurso de protección deducido en su contra, señala que con fecha 03 de enero de 2023, se habría visto la causa en cuenta en audiencia en que intervinieron los ministros individualizados anteriormente, quedando en acuerdo y dictando la sentencia, en el Ingreso N°101/2022, la que fue notificada con esa misma fecha a las partes.

Indica que el recurrente, interpone recurso de revisión del artículo 126 de la Ley N°10.336 en contra de la señalada sentencia definitiva, recurso que fue declarado inadmisible, por la resolución recurrida de protección de fecha 3 de enero de 2023.

El recurso de protección tiene por objeto reestablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución política de la Republica.

Señala que la acción que se pretende impetrar se encuentra sometida al imperio del derecho que tiene el Tribunal de nombre reservado, a quien lo compete resolver los asuntos que procedan contra sus resoluciones; de manera tal que acoger el recurso contra una resolución judicial, dictada en un procedimiento reglamentado por el derecho, implicaría desnaturalizar tal recurso.

Indica que se pretende obtener por el recurrente un pronunciamiento de esta Corte respecto de un recurso de derecho estricto del que debe conocer el Tribunal de nombre reservado, tal como el recurso de revisión contemplado en el artículo 126 de la ley N°10.336. Señala que contra la resolución que declara inadmisible un recurso de revisión no procede recurso alguno, poniéndose fin al procedimiento.

Agrega la recurrida que el recurso de autos se interpone formalmente en contra del Contralor General de la Republica, en calidad de representante del Tribunal de nombre reservado, el que mediante la Resolución N°3.510 de 3 de enero de 2023, declaró inadmisible el recurso de revisión.

Sin embargo, agrega la recurrida, que en dicha resolución no hay actuación del Organismo de Control que eventualmente podría haber causado el supuesto agravio alegado por la recurrente.

En lo que dice relación al juicio de cuentas señala la recurrida, que esta actividad jurisdiccional se ejecuta a través del procedimiento contencioso administrativo contenido en el título VII de la ley N°10.336 y contrariamente a lo señalado por el recurrente, no resulta aplicable la ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, muy por el contrario, en silencio de la normativa aludida, procede la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil.

Indica que el Tribunal de nombre reservado es un órgano jurisdiccional independiente del Contralor General, que no depende jerárquicamente de esa autoridad, y respecto del cual dos de sus integrantes han sido nombrados por el Presidente de la República y no por la Entidad Contralora, ni son funcionarios de la Contraloría General. Este no tiene intervención en las resoluciones del Tribunal de nombre reservado, no pudiendo declararse la admisibilidad del recurso.

Termina señalando que el actor no ha acreditado como la inadmisibilidad del recurso de revisión, declarada mediante Resolución N°3.510 de 2023 habría establecido diferencias arbitrarias que lesionan su derecho a la igualdad ante la ley, principio que ha sido estrictamente respetado por el procedimiento que rige al tribunal, el que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, se ha limitado a aplicar la normativa existente en la materia y jurisprudencia vigente.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

CUARTO: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

SEXTO: Que, para resolver el recurso planteado se hace necesario indicar que el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario y/o ilegal, en la Resolución N°3.510 dictada con fecha 03 de enero de 2023 por el Tribunal de nombre reservado, una resolución que declara inadmisible un recurso de revisión lo que afectaría la garantía constitucional de igualdad ante la Ley, previstas en el N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y pidiendo, en definitiva, se acoja a tramitación el recurso de revisión interpuesto en tiempo y forma, contra el fallo de alzada del Tribunal de nombre reservado.

SÉPTIMO: Que, en la sentencia de fecha 26 de noviembre de 2020, dictada en causa rol N° 132.015-2020, la excelentísima Corte Suprema ha ratificado sentencia, que en lo pertinente, señala que: Tercero: “(…) esta Corte Suprema estima necesario recordar que se ha asentado el criterio general de que esta acción constitucional no procede en contra de resoluciones judiciales y que, estando una controversia sometida al imperio del derecho, no procede, entonces, otorgar amparo constitucional. Cuarto: Que, siendo precisamente una resolución judicial el acto impugnado mediante el recurso interpuesto, la que ha sido librada en el desarrollo de un procedimiento legalmente tramitado, no resulta posible sea aquella impugnada por esta vía”.

OCTAVO: Que, en consecuencia, procede rechazar el recurso de protección que se conoce, toda vez que no corresponde resolver la admisibilidad del recurso de revisión por medio de la presente acción cautelar, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino, una de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados.

NOVENO: Que, no obstante lo razonado, cabe hacer presente que contribuye al rechazo del recurso interpuesto, la circunstancia de falta de legitimidad pasiva del recurrido, la que resulta evidente dada la investidura y función de éste en relación directa al acto que se dice causa afectación o agravio a la recurrente.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por don Eduardo Salomón Lillo, en representación de don nombre reservado, sin costas, por haber tenido motivo plausible para accionar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Abogada Integrante señora Paola Aguilar Gallardo.

Rol N°1-2023. (Protección).