nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN

C.A. de Concepción rtp Concepción, seis de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparecen en la presente causa, Recurso de Protección Rol N° 9913-2021, don PAUL LAGNIEL VILLOUTA, abogado, por don nombre reservado, chileno, Ingeniero Civil Informático, cedula nacional de identidad n° RUT reservado y don nombre reservado, Ingeniero Civil Industrial, cedula nacional de identidad n° RUT reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, camino a Chome, comuna de Hualpén, y presentan recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALPEN, persona jurídica del giro de su denominación, rol único tributario n° 69.264.400-K, representada legalmente por su alcalde don MIGUEL RIVERA MORALES, Asistente Social, cedula nacional de identidad n° RUT reservado, o por quien le subrogue o reemplace, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Funda el recurso en que los recurrentes presentaron el 18 de julio de 2017 una solicitud de copropiedad inmobiliaria ante la Municipalidad de Hualpén para que fuese tramitada por la Dirección de Obras Municipales y se constituyese un régimen de copropiedad respecto del terreno o Lote llamado “1 B”, conformándose el expediente registro 219-E.

A los tres meses de ingresada dicha solicitud, el 2 de octubre de 2017, la Dirección de Obras Municipales señaló que previo a resolver se debía solicitar autorización al Consejo de Monumentos Nacionales para la urbanización del predio y además ingresar el expediente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por tratarse de un predio ubicado en un Santuario de la Naturaleza. Frente a ello, se presentó una aclaración pues en su concepto, la “urbanización” implica ejecución de obras al interior de un predio en las vías contempladas en un proyecto de loteo o en el área del predio que estuviese afecta a utilidad pública, y en la especie se trata de una solicitud de copropiedad y no un loteo.

El 3 de enero de 2018, la Dirección de Obras Municipales por oficio N° 12 pidió pronunciamiento al SEIA (Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental) respecto a la necesidad o no de que el proyecto se someta al sistema. El 6 de julio de 2018 se pidió autorizar la aprobación de copropiedad inmobiliaria para el inmueble ubicado en domicilio reservado.

A tal solicitud se les respondió que el proyecto debe ingresar al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y tener resolución ambiental favorable, previo a la recepción de las obras de urbanización. Frente a lo anterior, se cumplió lo requerido, solicitando el visto bueno para la asignación de roles de avalúo en trámite ante el SII, el que fue concedido por la Dirección de Obras Municipales el 1 de octubre del 2018 mediante oficio número 338.

Luego se ingresó el expediente 19-E de 18 de enero del 2019. Ante este ingreso, la Dirección de Obras Municipales observó el 28 de febrero de 2019 que el proyecto se emplaza en zona santuario de la naturaleza, por lo que se debe entregar resolución de calificación de impacto ambiental o en su defecto carta de pertinencia del Servicio de Evaluación Ambiental.

Por lo anterior, el 26 de junio de 2019 se presentó reclamo conforme al artículo 12 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que fue resuelto el 21 de octubre de 2020, rechazándolo. De esta manera, llevan dos años esperando el Certificado de Copropiedad Inmobiliaria, sin resultados.

Posteriormente, la Dirección de Obras Municipales emite nuevas observaciones mediante Oficio Ord. N° 163 del 26 de abril del 2021, que el recurrente refiere fueron respondidos por presentación de 24 de junio de 2021.

Con todo lo anterior estima vulnerados a su respecto los derechos constitucionales establecidos en los N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, en relación al artículo 10 de la ley de copropiedad inmobiliaria y Circular Ord. N° 0305 DDU 412, que señala corresponde al Director de Obras Municipales emitir el certificado que declara acogido un condominio al régimen, debiendo para ello únicamente verificar los datos del Reglamento de Copropiedad.

Estima que la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Hualpén, al guardar silencio antes sus observaciones y aclaraciones, ha realizado un acto arbitrario e ilegal afectando los derechos constitucionales de los recurrentes en los términos del artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo que pide se ordene a la recurrida Ilustre Municipalidad De Hualpén, representada por su alcalde don Miguel Rivera Morales, o quien lo subrogue, otorgar el Certificado de Copropiedad Inmobiliaria a los recurrentes, o, en subsidio, se les ordene hacerse cargo en el menor tiempo posible de las respuestas y aclaraciones a las observaciones formuladas, o bien otras medidas conducentes para restablecer el imperio de derecho, con costas Informó por el recurrido don David Zúñiga Hermosilla, abogado, en representación de la I. Municipalidad de Hualpén, solicitando el rechazo del recurso de protección. Al efecto, refiere primeramente que existe falta de legitimación pasiva de la recurrida Municipalidad de Hualpén, por cuanto de los antecedentes se desprende que se recurre en contra del actuar del Director de Obras Municipales, consistente en la solicitud de someter al régimen de Copropiedad Inmobiliaria a su propiedad ubicada en camino a Hualpén s/n, Lote 1B, Rol 700/55, solicitud que motivó la formulación de observaciones por parte del aludido Director de Obras Municipales. Es decir, en la especie no se recurre en contra de quien produce el acto que se califica de arbitrario e ilegal, que es el Director de Obras Municipales.

Además, señala que las actuaciones de tal Director, así como de la falta de pronunciamiento o denegación de las solicitudes presentadas ante la Dirección de Obras Municipales, de acuerdo al artículo 118 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, facultan para reclamar ante la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, derecho que los recurrentes ya ejercieron durante la tramitación de su solicitud de Certificado de Copropiedad Inmobiliaria como indican expresamente en su libelo, siendo rechazado.

En subsidio, informa sobre el fondo, manifestando que el 18 de julio de 2017, se solicitó acoger al régimen de copropiedad inmobiliaria el inmueble ubicado en domicilio reservado, por los arquitectos Bernardo Suazo P. y nombre reservado. El proyecto corresponde a un Condominio Tipo B, contempla 32 sitios de dominio exclusivo, sin edificaciones, una calle de acceso a los predios, área verde y un equipamiento, todos los cuales corresponden a espacios comunes y, por lo tanto, son de carácter privado. El predio se encuentra ubicado en el sector denominado Península de Hualpén, declarado “Santuario de la Naturaleza” mediante el Decreto N° 556 de fecha 10 de junio 1976 del Ministerio de Educación, artículo 8 letra c). Añade que esto resulta muy relevante, puesto que el artículo 31 de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales establece que no se podrá iniciar en los Santuarios de la Naturaleza, trabajos de construcción sin la debida autorización del Servicio de Medio Ambiente.

Se formularon observaciones, que fueron contestadas por los arquitectos antes señalados. En relación a ello, si bien el art. 2.6.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece que en los Condominios Tipo B las obras de pavimentación no requerirán permisos especiales o la aprobación de un proyecto ante la Dirección de Obras Municipales, dicha circunstancia no lo exime de cumplir con la reglamentación ambiental por tratarse de un sector declarado Santuario de la Naturaleza.

Mediante el Oficio Edif. N° 330 de fecha 11.09.2018 el Director de Obras Municipales reiteró la observación de obligación de ingresar el proyecto al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y tener resolución favorable en forma previa a la recepción de las obras de urbanización, además de informar que en caso de requerir visto bueno para tramitar la asignación de roles de avalúo ante el Servicio de Impuestos Internos, debe solicitarlo formalmente, mediante oficio a la Dirección de Obras.

Añade que el 13 de agosto de 2018 los arquitectos ya mencionados señalaron que el proyecto sería ingresado al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. A continuación el expediente Registro 219 E-17 quedó sin movimiento y fue abandonada su tramitación por los propietarios recurrentes. Con fecha 18 de enero de 2019 se ingresó una nueva solicitud de copropiedad inmobiliaria sobre el mismo inmueble, a la cual se le asignó el Registro N° 19 E-19.

Este nuevo expediente fue observado el 28 de febrero de 2019, en el sentido que de conformidad al artículo 10 inciso segundo de la ley N° 19.537, al tratarse de santuario de la naturaleza implica una resolución de calificación ambiental o en su defecto carta de pertinencia del Servicio de Evaluación Ambiental. A lo anterior, el arquitecto Bernardo Suazo respondió por carta de fecha 07.03.19, que su proyecto ya tenía una autorización previa bajo el “compromiso” de ingresar al sistema de evaluación ambiental previo a la recepción de las obras de urbanización.

Por lo anterior, estima que los propietarios recurrentes pretenden que la Dirección de Obras Municipales acoja a Copropiedad inmobiliaria un proyecto de Condominio tipo B y autorice la transferencia de los sitios con la sola presentación de un plano y un reglamento de copropiedad, dejando postergado para los futuros compradores su obligación de urbanizar y, consecuentemente, su ingreso al servicio de evaluación ambiental, en circunstancias que la obligación del propietario de urbanizar en forma previa a acoger un proyecto al régimen de copropiedad inmobiliaria se encuentra aclarada en la Circular N°1065 de fecha 26.12.07 (DDU 192) de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en el marco de la facultad que le otorga el Artículo 1 bis de la Ley 19735, que reproduce.

Luego, con fecha 28.06.2019 mediante el Of. Ord. N° 2021 de la Seremi Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de la Región del Bío Bío se comunicó al Director de Obras Municipales de Hualpén, una reclamación de don nombre reservado, por no extender Certificado de Copropiedad Inmobiliaria que declare acogido a régimen de copropiedad inmobiliaria en el procedimiento administrativo registro N° 19-E/19. Dicha reclamación, fue rechazada por extemporánea, y la solicitud de Certificado de Declaración de estar acogido al régimen de Copropiedad Inmobiliaria fue rechazado mediante un pronunciamiento escrito de fecha 20.03.2019.

Además del rechazo de la Seremi Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de la Región del Bío Bío del recurso de reclamación intentado por los propietarios, dicha SEREMI realiza una interpretación parcial de la Circular Ord. N°305 de fecha 22.08.18 (DDU 412), interpretación que ha sido utilizada como fundamento de éstos para insistir ante la Dirección de Obras Municipales y recurrir en estos autos de protección, pero que sin embargo, se encuentra parcialmente derogada por la Circular DDU 447.

Por carta de 12.04.2021 suscrita por el propietario nombre reservado y el arquitecto Bernardo nombre reservado, solicitaron nuevamente al Director de Obras Municipales el otorgamiento del Certificado de Copropiedad Inmobiliaria, fundado en algunas de las consideraciones parciales tenidas a la vista por la SEREMI para rechazar su reclamación, manteniendo aun las observaciones sin subsanar.

Atendido que la Dirección de Obras Municipales tiene la obligación de comunicar los aspectos que no dan cumplimiento con la reglamentación vigente y que inicialmente en el ingreso del Expediente Registro N° 19-E19 no se contenía la solicitud de tramitación de permiso y recepción de urbanización, sólo en este momento surgen observaciones, no teniendo la calidad de “nuevas”, sino que se originan en la modificación que los recurrentes realizan a su solicitud, lo que motivó el Oficio Ord. N° 191 de 27 de Abril de 2021.

Por todo lo anterior, pide el rechazo del recurso de protección, al carecer la recurrida de legitimación pasiva en este caso, y en subsidio igualmente se rechace atendida la inexistencia de acto arbitrario o ilegal de su parte, con costas.

Informó igualmente don nombre reservado, Director de Obras Municipales de la Municipalidad de Hualpén, señalando que en la especie que de la revisión del expediente Registro N° 19-E/19 se formularon observaciones por cuanto la solicitud no cumple con el artículo 1° de la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, desde que no se trata de una situación en que existan construcciones, terrenos con construcciones, o terrenos con proyectos de construcción aprobados, como lo exige tal normativa para los efectos de acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria.

Refiere que tampoco se cumple con el artículo 2 del DS 46 Reglamento de Copropiedad Inmobiliaria, al no tratarse de un proyecto que cuente con certificado de la Dirección de Obras Municipales del que conste que no se requiere obras de urbanización o que han sido ejecutadas o que ellas se encuentran garantizadas.

No se cumple tampoco con el artículo 10 de la ley de copropiedad inmobiliaria al no cumplir hasta el momento con las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Además, siendo obligación del propietario la ejecución de las obras de urbanización del terreno, y sin que en este caso se haya solicitado siquiera permiso para dichas obras, se infringe el artículo único de la ley 20.851, que interpretó el artículo 10 inciso primero de la ley 19.537.

Se trata de una solicitud que igualmente infringe los artículos 2.6.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, no adjunta permiso de construcción, pretendiendo acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria con un proyecto de sitios y autorizar por la Dirección de Obras Municipales su transferencia permitiendo una venta sin ningún tipo de urbanización, lo que se contradice en la especie con las normas citadas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ley de Copropiedad Inmobiliaria ya citadas.

Por todo lo anterior, se concluye que la recurrente no cumple con las exigencias necesarias para acoger a copropiedad inmobiliaria el expediente de que se trata, y las condiciones establecidas para los condominios Tipo B en relación al régimen de copropiedad. Adjunta igualmente los antecedentes que cita.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en la misma disposición se nominativamente se indican, mediante la adopción de las medidas de resguardo necesarias de disponer ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe el ejercicio de tales derechos.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la plausibilidad de la acción de que se trata, que efectivamente se establezca un acto u omisión ilegal, esto es, un evento contrario a la ley, entendida ésta de acuerdo al concepto amplio contenido en el artículo 1° del Código Civil, o bien un suceso arbitrario, es decir un evento originado en el mero capricho o voluntad impulsiva y carente de sustrato lógico de quien incurre en él, y que provoque además algunas de las situaciones o efectos ya señalados, afectando a una o más de las garantías constitucionales preexistentes que se encuentran protegidas.

SEGUNDO: Que el acto que por la recurrente se estima ilegal y arbitrario y que vulnera los derechos constitucionales aludidos, según el propio recurrente consiste, en síntesis, en la reiterada presentación de observaciones por parte de la recurrida y no autorizar la aprobación de copropiedad inmobiliaria para el inmueble ubicado en domicilio reservado, considerando al efecto la recurrente que se trata de un proyecto que no implica la ejecución de obras de edificación y que en atención al artículo 2.6.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, las obras del proyecto de copropiedad inmobiliaria no requieren de permisos especiales.

TERCERO: Que a su turno, como primera cuestión, la recurrida alega que existe falta de legitimación pasiva de la Municipalidad de Hualpén, por cuanto se recurre precisamente en contra del actuar del Director de Obras Municipales, en relación a la solicitud técnica de someter a régimen de Copropiedad Inmobiliaria una propiedad ubicada en camino a Hualpén s/n, Lote 1B, Rol 700/55, solicitud que motivó la formulación de observaciones por parte del aludido Director de Obras Municipales, de conformidad a la normativa correspondiente. Al ser presentado el recurso en contra de la Municipalidad de Hualpén, no se recurre en contra de quien realiza precisamente el acto que se califica de arbitrario e ilegal, que precisamente es el Director de Obras Municipales.

Añade que carece de legitimación pasiva además por cuanto los actos del Director de Obras Municipales, así como de la falta de pronunciamiento o denegación de solicitudes presentadas, de acuerdo al artículo 118 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, facultan para reclamar ante la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, derecho que los recurrentes ejercieron durante la tramitación de su solicitud de Certificado de Copropiedad Inmobiliaria.

En cuanto al fondo, se expresa en síntesis que frente a los dos expedientes presentados al efecto por quienes recurren, se ha procedido conforme a la normativa que cita, contenida fundamentalmente en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y en la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, exigiendo el cumplimiento de los requisitos contenidos en dichas normas para acogerse al régimen de la copropiedad inmobiliaria. Al efecto, se señala que los propietarios recurrentes pretenden que la Dirección de Obras Municipales acoja a copropiedad inmobiliaria un proyecto de Condominio tipo B y autorice la transferencia de sitios con la sola presentación de un plano y un reglamento de copropiedad, dejando postergado para futuros compradores la obligación previa de urbanizar y, consecuentemente, el ingreso al servicio de evaluación ambiental, CUARTO: Que tratándose en la especie de una acción cautelar de protección de garantías constitucionales, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, corresponde primeramente establecer si se ha incurrido por la recurrida en una acción u omisión calificable de ilegal o arbitraria, para posteriormente discernir si dicho acto u omisión vulnera o amenaza de algún modo un derecho constitucional de que sea titular la persona en cuyo favor se recurre.

En particular, se cuestiona por la recurrente la reiterada solicitud de informes y observaciones por parte de la recurrida, y se estima ello constituye un acto ilegal o arbitrario, al impedirla de obtener el certificado pretendido.

QUINTO: Que teniendo presente el mérito de las alegaciones de las partes, y primeramente respecto a la falta de legitimación pasiva alegada por la recurrida, refiere ésta que lo verdaderamente cuestionado por la recurrente es el desempeño del Director de Obras Municipales, quien ha sido la autoridad que ha formulado las observaciones y ha tramitado la petición administrativa de la recurrente. Sin embargo, no se ha presentado el recurso de protección en su contra.

A lo anterior, la recurrida adiciona que las actuaciones del Director de Obras Municipales, y la eventual falta de pronunciamiento o denegación de solicitudes presentadas ante la Dirección de Obras Municipales, de acuerdo al artículo 118 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, son causal de reclamo ante la Secretaría Regional Ministerial correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, derecho que los recurrentes han ejercido en este caso, oportunamente, siendo rechazado su reclamo..

SEXTO: Que en relación a la falta de legitimación pasiva que se alega, el artículo 10 de la ley N° 19.537 establece “Para acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria, todo condominio deberá cumplir con las normas exigidas por esta ley y su reglamento, por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, por los instrumentos de planificación territorial y por las normas que regulen el área de emplazamiento del condominio, sin perjuicio de las excepciones y normas especiales establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1959, del Ministerio de Obras Públicas, y en el Reglamento Especial de Viviendas Económicas.

Corresponderá a los Directores de Obras Municipales verificar que un condominio cumple con lo dispuesto en el inciso anterior y extender el certificado que lo declare acogido al régimen de copropiedad inmobiliaria, haciendo constar en el mismo la fecha y la notaría en que se redujo a escritura pública el primer reglamento de copropiedad y la foja y el número de su inscripción en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces. Este certificado deberá señalar las unidades que sean enajenables dentro de cada condominio”.

Por su parte, el artículo 12 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que “…La Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo podrá resolver las reclamaciones interpuestas en contra de las resoluciones dictadas por los Directores de Obras. El reclamo deberá ser interpuesto en el plazo de 30 días, contados desde la notificación administrativa del reclamante, aplicándose en este caso el procedimiento previsto en el artículo 118”

Por otro lado, de acuerdo al artículo 118 de del DS 458 de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones, en caso de falta de pronunciamiento de la Dirección de Obras Municipales, el interesado tiene la posibilidad de reclamar ante la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cual dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción del reclamo, debe solicitar a la Dirección de Obras Municipales que dicte su resolución, si no se hubiere pronunciado o evacue el informe correspondiente en el caso de denegación del permiso.

Como puede observarse, tratándose de un procedimiento administrativo de este ámbito, atingente a la petición del certificado de copropiedad que la actora pretende y que a su vez ha originado los dos expedientes ya consignados, ha sido la Dirección de Obras Municipales la autoridad que ha presentado observaciones y emitido oficios a fin de establecer la necesidad cumplir con la normativa aplicable, y someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, ingreso a tal sistema y tener resolución favorable, como requisito previo a la emisión del certificado de copropiedad, suponiendo para ello la recepción de obras de urbanización y exigiendo además los requisitos legales.

De esta manera, precisamente en cuanto a la posibilidad de impugnación de la actuación de la Dirección de Obras Municipales, y especialmente atendiendo a la especificidad técnica de los trámites y actuaciones en que ésta debe intervenir, la ley establece como autoridad superior en estos casos, ante la cual se puede recurrir a fin de enmendar dichas observaciones o trámites a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo correspondiente, con lo que efectivamente, en relación a los hechos que sirven de fundamento al presente recurso y a la posibilidad de adoptar medidas a fin de restablecer el imperio del derecho, el Municipio recurrido, en cuanto a tal, carece de legitimación pasiva, debiendo resolverse así y en consecuencia.

SEPTIMO: Que en cuanto al fondo de los fundamentos de la acción cautelar, tampoco resulta posible tener por establecida la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, desde que las observaciones y exigencias que de su parte se cuestionan, dicen relación con el artículo 1° de la ley N° 19.537, que establece que pueden acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria “las construcciones o los terrenos con construcciones o con proyectos de construcción aprobados, emplazados en áreas normadas por planes reguladores o que cuenten con límite urbano, o que correspondan a proyectos autorizados conforme al artículo 55 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, y que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley”, hipótesis que no se da respecto del inmueble que en esta situación se pretende, ubicada en un lugar declarado santuario de la naturaleza.

Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 19.537 señala que para los efectos de dicha ley, se entenderá por Condominio Tipo B “los predios, con construcciones o con proyectos de construcción aprobados, en el interior de cuyos deslindes existan simultáneamente sitios que permanezcan en dominio exclusivo a cada propietario y terrenos de dominio común de todos ellos”.

Además, como se indicó, se trata de un sector declarado “Santuario de la Naturaleza” por Decreto N° 556 de 10 de junio 1976, y por lo tanto, conforme al artículo 31 de la Ley N° 17.288 no es posible iniciar trabajos de construcción sin la debida autorización del Servicio de Medio Ambiente, la cual no se aprecia se haya obtenido en la especie, especialmente considerando lo reglado al efecto en relación a la necesidad del propietario de urbanizar en forma previa para acoger un proyecto al régimen de copropiedad inmobiliaria.

OCTAVO: Que de la manera que se viene anunciando, en la especie se trata de una solicitud que hasta el momento no ha demostrado cumplir con las normas de la ley 19.537, desde que no se ha establecido que existan construcciones, terrenos con construcciones, o terrenos con proyectos de construcción aprobados, como lo exige tal normativa para los efectos de acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria. Tampoco se cumple con el artículo 2° del DS N° 46, Reglamento de Copropiedad Inmobiliaria, al no tratarse de un proyecto que cuente con certificado de la Dirección de Obras Municipales en que conste que no se requiere obras de urbanización o que han sido ejecutadas o que se encuentran garantizadas.

Por todo lo anterior, no cabe sino concluir que hasta el momento no se ha dado cumplimiento por la recurrente con las exigencias necesarias para acoger a copropiedad inmobiliaria el expediente de que se trata, y el rechazo a la solicitud de acoger el inmueble ubicado en domicilio reservado, Rol 700/55 al régimen de copropiedad inmobiliaria no se aprecia carente de lógica ni una consecuencia del mero capricho del Director de Obras Municipales sino que efectivamente, como lo observa la recurrida, a la falta de los requisitos necesarios que la ley exige al efecto.

NOVENO: Que como consecuencia de lo señalado, tanto porque atendida la naturaleza y el carácter de los hechos en que el recurso se funda, no resulta posible concluir que en la especie la recurrida tenga una legitimación pasiva plausible; cuanto porque atendida la falta de cumplimiento de requisitos y la calidad de santuario de la naturaleza del sector en que se encuentra sito el inmueble en cuestión, tampoco es factible tener por concurrente un acto o una omisión de la I Municipalidad de Hualpén que sea posible de calificar como arbitrario o ilegal, el recurso no puede prosperar, razón por la cual no resulta pertinente pronunciarse acerca de las garantías constitucionales que se estiman afectadas, correspondiendo directamente el rechazo de la acción cautelar, sin costas, por estimar que ha existido un motivo plausible para litigar.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección presentado por don PAUL LAGNIEL VILLOUTA en favor de don nombre reservado, y de don nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALPEN, representada legalmente por su alcalde don Miguel Rivera Morales.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Gonzalo Rojas Monje.

No firma el ministro señor Jaime Solís Pino, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse presidiendo el Tribunal Electoral.

N°Protección-9913-2021.