ÁRIDOS CRUZ DE PIEDRA LTDA. con BANCO SANTANDER - CHILE

Concepción, ocho de octubre de dos mil veintiuno.

VISTO:

1°) Comparece el abogado Andrés Kuncar Oneto, con domicilio en domicilio reservado, en representación de Áridos Cruz de Piedra SpA., representada legalmente por nombre reservado, factor de comercio, ambos con domicilio en domicilio reservado, ruta 146, Concepción, interponiendo recurso de protección en contra de Banco Santander Chile (también el Banco o Banco Santander), representado por su Gerente General don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, toda vez que dicha entidad, al ordenar publicar en registros oficiales de información comercial y financiera que su representada es deudora morosa por obligaciones derivadas de un contrato de leasing celebrado con el Banco recurrido, entidad que al actuar de esta forma, incurrió en una actuación arbitraria e ilegal que vulneró las garantías constitucionales de su representada, causando afectación que es necesario remediar a la mayor brevedad.

Expone que el 29 de junio de 2016, las partes celebraron un contrato de arriendo con opción de compra con respecto de un equipo móvil o vehículo, consistente en una planta seleccionadora marca Powerscreen, modelo Chieftain 2100X, año 2016, nueva sin uso, pagándose un pie de 2.779,42 Unidades de Fomento (UF) y el saldo en 48 rentas mensuales de 153,89 UF más IVA, más la opción de compra por otras 153,89 UF. Este contrato se modificó el 30 de marzo de 2017, la vigencia del contrato a 64 meses, además de rebajando el monto de cada cuota y de la opción de compra a 140,95 UF.

Agrega que, en las cláusulas undécima del contrato original y cuarta del contrato modificado, Banco Santander asumió la obligación de contratar un seguro respecto del equipo móvil dado en arriendo, póliza que -entre otros aspectos- debía cubrir el riesgo por robo. Añade que, según dan cuenta documentos emitidos por el banco, su parte cumplió con su obligación de pagar las cuotas pactadas, las que incluían la prima correspondiente al seguro que debía contratar el Banco se había obligado a contratar, sin embargo, en el mes de julio del año 2019, el equipo objeto del arriendo fue robado desde la faena donde estaba instalado, perdiéndose noticia de su paradero desde entonces, por lo que de inmediato se hizo la denuncia en Carabineros y se dio aviso al Banco Santander, adjuntando los datos de la constancia policial, correspondiente al parte policial N° 117 de Carabineros de San Fabián de Alico. El aviso de robo dado al Banco fue registrado con fecha 9 de junio de 2019, ocasión en que se le requirió formalmente dar curso al seguro contratado para cubrir el robo del equipo móvil arrendado; al efecto, su parte solicitó el certificado de cobertura y el número de la póliza contratada, sin embargo, el Banco informó que el equipo arrendado carecía de póliza vigente, enterándose su parte de esa forma y en esas circunstancias el incumplimiento del Banco a su obligación de contratar un seguro para el equipo móvil arrendado, omisión injustificable tanto por la obligación contraída en el contrato celebrado, como por la circunstancia de que el Banco recibía mensualmente, junto con las rentas del arriendo, el monto correspondiente a la prima del seguro.

Explica que ante los efectos que generó su incumplimiento por la no contratación del seguro, el Banco adoptó diversas actitudes que evidenciaban sus intentos por encubrir su grave omisión, entre otras: cobrar y reversar las cuotas de arrendamiento; reconocer la efectividad de los cargos por prima de seguro; imputar los montos correspondientes al seguro cobrado al pago de cuotas de arrendamiento, etc.

Afirma que este incumplimiento del Banco causó a la recurrente, que fue diligente en cumplir las obligaciones asumidas, un evidente perjuicio ya que, tras la denuncia del robo del equipo arrendado, su parte se vio afectada por la inexistencia de una póliza que cubriera la pérdida del bien a causa de ese siniestro.

Posteriormente, dice, el Banco ha eludido su responsabilidad, llegando incluso, frente a un requerimiento formal de su parte para obtener una solución definitiva del asunto, efectuado por correo enviado en el mes de julio de este año, Banco Santander respondió que había iniciado acciones judiciales contra su parte, mediante la presentación de una querella -en noviembre de 2020- ante el Juzgado de Garantía de Concepción, además, el Banco cerró la cuenta corriente de la empresa, sin ninguna comunicación previa y, recientemente – el 12 de agosto de 2021- se enteró que su parte fue registrada como deudora morosa del pago de las cuotas del contrato de arriendo con opción de compra antes aludido, en sitios de información comercial y financiera como SINACOFI, según consta de certificado emitido por dicha entidad, dando cuenta de una deuda existente hasta julio de 2021.

Estima que esta orden del Banco de publicar información financiera de su representada, imputándole formal y públicamente la calidad de deudora de obligaciones derivadas contractuales carece de todo sustento y constituye una actuación ilegal y arbitraria, siendo el hecho de proporcionar dicha información a terceros, para ser mantenida y publicada en registros comerciales, una acción que nunca se debió ejecutar, ya que fue la entidad bancaria la que incumplió su obligación de contratar el seguro de la maquinaria para cubrir a su parte de siniestros, como el robo de que fue víctima.

Sostiene que el actuar del Banco recurrido vulneró su garantía del debido proceso y el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, consagrados el artículo 19 N° 3, incisos quinto y sexto de la Carta Fundamental, ya que su representada no ha sido objeto de un proceso judicial que establezca fehacientemente ni su incumplimiento ni su condición de deudora.

También, dice, dado que los registros sobre información comercial, bancaria y financiera y, especialmente, los informes de deudas, son usualmente revisados por bancos comerciales, entidades financieras y otras instituciones públicas y privadas, para efectos de celebrar contratos, participar en licitaciones, adjudicaciones, otorgamiento de créditos, financiamiento de proyectos, etc., resultan claros los perniciosos efectos generados por la actuación del Banco, afectando su derecho a desarrollar cualquier actividad económica previsto en el citado artículo 19 N° 21, debiendo considerarse que su parte siempre ha cumplido sus obligaciones y nunca fue objeto de un informe por deuda morosa.

Adiciona que el actuar del Banco vulneró su garantía de respeto y protección a la vida privada, honra de la persona y familia, también prestigio de las personas jurídicas y sus datos personales, consagrada en el mismo artículo 19 N° 4, el que establece que el tratamiento y protección de esos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley, es decir, en armonía con lo dispuesto en la Ley 19.628.

Solicita que esta Corte adopte las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a la recurrida que cancele o deje sin efecto la publicación de su deuda en registros de terceros, los que deberán eliminar de sus bases de datos la deuda que el Banco Santander les ordenó publicar, por ser esta inexistente y afectar las garantías constitucionales señaladas, con costas.

2°) Informó el abogado Hugo Larraín Prat, por Banco Santander-Chile, señalando ser inefectivos los hechos del recurso, con excepción de los que su parte acepta expresamente en su informe. Al efecto reconoce la existencia del contrato de leasing no inmobiliario sobre una planta seleccionadora marca Powerscreen, modelo Chieftain 2100X, año 2016, nueva sin uso y su modificación, celebrado con la actora, parte que no paga las rentas de arriendo desde el mes de marzo del 2021 en adelante, por lo que, conforme a la normativa legal y administrativa, el Banco está obligado a informar la morosidad de sus operaciones, incluidas las de leasing.

Señala que, en junio de 2016, nombre reservado, representante legal de la empresa Áridos Cruz de Piedra Limitada, contactó a su representada para adquirir la máquina ya identificada con la modalidad de financiamiento vía leasing, esto significó que el Banco adquirió dicho equipo “nuevo y sin uso” para entregárselo mediante un contrato de arriendo con opción de compra (leasing), para ser usado por la sociedad en su giro comercial de extracción y explotación de áridos. Para materializar la operación el representante de la empresa presentó una cotización de “RASA”, donde se detallaban las especificaciones técnicas de la planta seleccionadora que se vendía como nueva y sin uso en la suma de US$ 358.0000 dólares americanos más IVA, propuesta que Banco Santander aceptó previo análisis, otorgando el financiamiento vía leasing de lo que parecía un negocio lícito, suscribiendo el contrato respectivo el 29 de junio de 2016, estipulándose que el Banco adquiriría la maquina antes signada por instrucciones expresas de la recurrente, en el precio señalado, equivalente a $ 236.813.420 pesos chilenos más IVA. El objeto del contrato consistía en el arrendamiento con opción de compra del equipo, por el cual el arrendatario pagaba un pie o cuota de contado correspondiente al 30% del valor del equipo, equivalente en moneda local a 2.779,42 UF, mientras que el 70% del precio restante sería financiado por el Banco, pactándose un arriendo a 4 años, mediante 48 rentas mensuales de 153,89 UF más IVA y una opción de compra final de 153,89 UF más IVA. Conforme a lo anterior el representante de la empresa les entregó al Banco Santander cotización N° 16/1391 del proveedor del equipo, conteniendo sus especificaciones técnicas, el precio de venta, las condiciones de pago, así, el 30 de junio de 2016, el proveedor envió un correo indicando haber recibido del recurrente el pago del anticipo del 30% del valor del equipo, equivalente a $ 86.161.755 IVA incluido, que supuestamente había efectuado el recurrente directamente al proveedor. A su vez, Banco Santander, recibió una carta de RASA reiterando haber recepcionado el anticipo correspondiente al 30% ya indicado de la empresa Áridos Cruz de Piedra Ltda., remitiendo la factura N° 300 a nombre del Banco Santander, por el valor total de la maquinaria correspondiente a $ 281.807.970 IVA incluido, indicando en el documento que el equipo era nuevo y sin uso, sin indicar números de motor, de chasis o de serie del equipo; también recibió un acta de recepción conforme, firmada por nombre reservado, en representación de nombre reservado, declarando haber recibido la máquina nueva y sin uso objeto del financiamiento, por lo que el Banco procedió al pago de la maquinaria.

No obstante este relato, el informante señala tener motivos para presumir que nunca hubo un pago efectivo del señalado 30% entre la empresa y el proveedor, sino que se trató de aparentar una operación y hacerla ver como de menor riesgo financiero para la aceptación del Banco, también sospecha que la identidad de la máquina es ficticia, dudando de su existencia, de su estado de conservación y de su antigüedad. Al efecto dice que transcurrido poco más de un mes de la operación, nombre reservado informó al Banco que el 11 de agosto de 2016 le habían robado la planta seleccionadora, mientras era trasladada hacía Melipilla, entregando detalles del delito, del cual solo se recuperó el camión, pero sin la rampa ni la planta seleccionadora, ante lo cual se presentó por el actor un primer denuncio por robo de la maquinaria, obteniendo el pago del seguro por su valor total de 9.264 UF, cantidad por la cual fue asegurada por su representada en la Compañía de Seguros Chilena Consolidada, la que recibido el denuncio del siniestro, inició el proceso de liquidación del seguro a través de la empresa de liquidadores Mclarens Chile, la que solicitó al recurrente una serie de documentos y antecedentes relacionados con el siniestro, que no fueron aportados, sin embargo, el 16 de agosto de 2016, el actor informó por correo electrónico al Banco que la planta seleccionadora había sido encontrada abandonada en la región del Maule y que se encargaría de su recuperación, sin señalar más detalles.

Dadas estas circunstancias en septiembre de 2016, la compañía de seguros, encargó a un perito mecánico inspeccionar la máquina seleccionadora de áridos para determinar su identificación, fecha de fabricación, operatividad, estado general de conservación y si, efectivamente, era nueva sin uso, sin embargo, el actor dilató la inspección hasta el 26 de noviembre de 2016, en la que se detectaron variadas irregularidades. Por ejemplo, en conversaciones telefónicas al inicio de la inspección, el recurrente reconoció al perito que el equipo tenía unas 1000 horas de uso previo, cuestión conocida por él que le permitió rebajar su valor unos 70 mil dólares, dato que es un engaño respecto a lo informado por el cliente al Banco al momento de celebrar el contrato; en cuanto al robo de la planta seleccionadora, el actor no señaló el donde fue hallada ni como transportada hasta desde donde fue encontrada a la ubicación de la inspección, distantes a más de 220 kilómetros uno del otro a través de carretera; tampoco entregó documentos, ni datos de personas, o medio de transporte para efectuar el traslado del equipo desde la región del Maule, hasta la comuna de San Fabián, en la región de Ñuble, para acreditar que la máquina efectivamente fue encontrada en otro lugar y trasladada; a su vez, el actor modificó su relato en cuanto al uso y adquisición del equipo, señalando que a la fecha de inspección tenía alrededor de 450 a 600 horas totales de uso, con promedio estimado de 220 horas mensuales en los tres meses contados desde su adquisición, indicó también que la máquina fue importada desde Estados Unidos donde estuvo unas 320 a 340 horas en exhibición; sobre la identificación del equipo, el perito no encontró su número de chasis porque había sido removido, lo cual es infrecuente en equipos nuevo o con poco uso, si se logró identificar en el motor diésel, en una placa del fabricante, el número de serie 44409613 y en otra placa la inscripción “Sep 2010”, correspondiente a su año de fabricación. Por consiguiente, y no existiendo evidencias de que haya sido reemplazado el motor del equipo únicamente, el perito concluyó que se trataba de un equipo fabricado en el año 2010 o 2011 como máximo, nunca el año 2016 debido a la antigüedad del motor, el cual, al verificar su funcionamiento, despidió humo visible, señal de exceso de combustible por desregulación de la bomba inyectora o desperfecto en algunos inyectores, lo que no ocurre en un motor nuevo sino hasta alrededor de las 1.000 horas de uso; también se constató presencia de herrumbre y oxidación en el equipo, consecuencia de piezas de antigua data o que el equipo estuvo por un extenso período sin uso ni protección, evidencia de que llevar expuesto a la intemperie y en operación por un largo período de tiempo, al menos 2 años, siendo más probable unos 4 a 5 años de uso, plazos que coinciden con lo indicado acerca de la fecha de fabricación del motor del equipo.

De acuerdo a esa inspección mecánica, se concluyó que el equipo supuestamente nuevo y sin uso al 30 de junio de 2016, y recepcionado por el actor nombre reservado sin reparos, no era tal y que mantenía, a lo menos, unas 1000 horas de operatividad con una antigüedad de 4 a 5 años, es decir, su fabricación correspondía, al menos, al año 2011, con un valor considerablemente menor al precio en que fue adquirido por su representada, la que, como resultado de esta operación de leasing, sufrió un engaño de proporciones, puesto que la máquina ni siquiera valía la “cuota contado” que supuestamente se habría pagado por el equipo, por un 30% de su valor declarado.

Añade que el 7 de junio de 2019, el representante legal de la recurrente, realizó una segunda denuncia por robo de la planta seleccionadora, señalando que ésta se encontraba en un terreno que mantiene su empresa de áridos, ubicado en el sector de Pichinal, kilómetro 39.5, comuna de San Fabián, región de Ñuble y que al ir a verificar el predio se percató que desconocidos ingresaron al lugar y sustrajeron la planta seleccionadora, pero, como su empresa no funcionaba desde hacía más de un año a la fecha y llevaba unas siete semanas sin concurrir al predio, no tenía certeza sobre la fecha en que ocurrieron los hechos. En el contexto de esa denuncia, su representada presentó inicialmente una querella por robo, quedando la investigación a cargo de la Fiscalía Local de San Carlos bajo el RUC 1910058417-7, donde se contiene el informe policial de 17 de febrero de 2020, N° 20200095554/00545/810, de la Brigada de Investigación Criminal San Carlos, señalando que los investigadores concurrieron al sitio del suceso, el cual se encontraba cerrado con un portón de fierro, sin lograr ingresar, pero al realizar una inspección ocular del lugar, no encontraron “indicios o evidencias de interés criminalístico”, concluyendo que “el trabajo del sitio de suceso y el empadronamiento del lugar, no arrojó resultados positivos para el esclarecimiento de los hechos”.

Conforme a estos antecedentes la Compañía de Seguros, rechazó continuar asegurando el equipo, quedando este sin seguro, por la insinceridad en las declaraciones del asegurado, mientras que su parte interpuso querella por fraude de seguro en el Juzgado de Garantía de Concepción.

De acuerdo a lo señalado pide el rechazo del recurso de protección, ya que no hay acto arbitrario o ilegal del Banco y porque la recurrente no ha pagado las rentas del contrato de arrendamiento de la planta; en esas circunstancias, su parte está obligada a publicar la morosidad en el pago; además, la planta no cuenta con seguro por robo pues la Compañía de Seguros lo dejó sin efecto por las graves falsedades e insinceridades de parte del recurrente. Estima, asimismo, que el actor no tiene un derecho indubitado, pues la maquina objeto del contrato de arriendo y que éste afirma le fue robada, al no tener vigente su seguro por robo, genera la obligación de pagar las rentas del contrato pactadas y, como eso no se hizo oportunamente, la publicación de morosidad de las mismas se ajusta al contrato.

Añade que el recurso de protección no es la sede propicia para discutir incumplimientos contractuales. Igualmente, la presente acción se debe desestimar en atención a su naturaleza cautelar, mientras que los hechos expuestos dan cuenta de una controversia que se debe resolver por jueces del fondo, en un procedimiento declarativo que contenga las etapas necesarias para que las partes hagan vales sus derechos y alegaciones.

Concluye solicitando rechazar en todas sus partes el presente recurso con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional autónoma y de urgencia, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio; tampoco se persigue a través de su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o administrativa del ofensor, menos alguna declaración de derechos.

SEGUNDO: Que, para la procedencia de esta esta acción se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último; d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que, por consiguiente, es requisito indispensable para la plausibilidad de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, esto es, un hecho contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o bien un evento que sea arbitrario, es decir, producto del mero capricho o voluntad infundada de quien incurre en él, y que provoque algunas de las consecuencias que se han enunciado, afectando a una o más de las garantías constitucionales preexistentes expresamente protegidas por la Constitución, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso.

CUARTO: Que la controversia en esta causa consiste en el reclamo que el actor le formula al Banco Santander por haber ordenado publicar en registros oficiales de información comercial y financiera que la sociedad que representa es deudora morosa de dicha institución, por obligaciones derivadas de un contrato de leasing celebrado entre las partes en junio de 2016, mediante el cual el Banco adquirió una planta (máquina) seleccionadora de materiales áridos, nueva y sin uso, que entregó en arrendamiento, con promesa de compra, al recurrente, quien, a su vez, además de pagar al contado un pie equivalente al 30% del valor del equipo, se obligó a pagar el 70% del precio restante, que fue financiado por el Banco, mediante rentas mensuales de arriendo y una renta final correspondiente a opción de compra; dentro de las estipulaciones de este contrato, estaba la obligación de Banco Santander de contratar un seguro frente a posibles siniestros que afectaran al equipo arrendado. Agrega que al ser víctima de un robo, requirió del Banco hacer efectivo el seguro, sin embargo, esto no ocurrió y, por el contrario se le siguieron cobrando las rentas mensuales, pese al siniestro hasta caer en mora, socializando en diversos registros financieros su condición de deudora, mediante la publicación de su morosidad.

A su vez, el Banco reconoce haber celebrado dicho contrato de leasing y la entrega de la maquinaría, sin embargo, señala que estuvo obligada a publicar la morosidad de la recurrente, dado que esta no pagó las rentas del contrato de arrendamiento. Añade sus sospechas de haber sido víctima de un fraude por parte del representante de la sociedad recurrente, razón por la cual se interpuso querella criminal por el delito de estafa ante el Juzgado de Garantía de Concepción.

QUINTO: Que, ambas partes allegaron prueba documental al recurso, entre otras se señalan las siguientes:

a) El contrato de leasing celebrado sobre una planta seleccionadora de material árido, marca Powerscreen, modelo Chieftain 2100X, año 2016, nueva sin uso, celebrado el 28 de junio de 2016. Consta el pago de un pie de 2.779,42 UF y el saldo en 48 rentas mensuales de 153,89 UF más IVA, más la opción de compra por otras 153,89 UF. Este contrato modificó el 30 de marzo de 2017, donde se amplió su vigencia a 64 meses, rebajándose el monto de cada cuota y la opción de compra a 140,95 UF;

b) Facturas emitidas por Banco Santander, acompañadas por la sociedad recurrente, de las que aparece que dicha parte habría pagado las rentas devengadas del contrato de leasing hasta el 19 de agosto de 2020; así consta en la factura electrónica N° 34364113, que contiene la siguiente glosa: “PAGO ARRIENDO RENTA 23 PARCIAL CON PRIMAS DE SEGUROS NO CONSUMIDAS. $ 3.434.661”;

c) Notas de crédito emitidas por Banco Santander, donde consta la anulación de las siguientes facturas:

i) Nota de crédito Nº 741593, anula factura N°32673160 de 10/01/2020;

ii) Nota de crédito Nº: 746705, anula factura N° 33383458 de 13/04/2020;

iii) Nota de crédito Nº: 750351, anula factura N° 33942039 de 25/06/2020;

d) Querellas interpuestas por el Banco:

i) Una por robo en lugar no habitado, admitida a tramitación y remitida al Ministerio Público, según resolución de 15 de noviembre de 2019, dictada en la causa RUC 1910058417-7, RIT 1814 – 2019, del Juzgado de Garantía de San Carlos;

ii) Otra por estafa contra todos aquellos que resulten responsables; en el libelo se sindica al representante legal de la recurrente, como la persona que propuso realizar un negocio fraudulento. Esta querella fue admitida a tramitación y remitida a la Fiscalía Local de Concepción, el 28 de agosto de 2020, según consta en la causa RUC 2010045066-7, RIT 9635 – 2020, del Juzgado de Garantía de Concepción;

e) Peritaje mecánico realizado por encargo de la Compañía Chilena Consolidada Seguros Generales a la máquina seleccionadora de áridos marca PowerScreen, modelo Chieftain 2100X, con el objeto de determinar su identificación, fecha de fabricación, operatividad, estado general de conservación y si era efectivamente nueva sin uso. La inspección del equipo se verificó el 18 de noviembre de 2016, en la localidad de Paso Ancho, km 38 del camino a San Fabián de Alico, Región del Bio Bío, hallándose el equipo en un predio privado de producción de áridos. El perito mecánico Alexis Vassiliú Sonderburg, fue acompañado por nombre reservado, RUT RUT reservado, y por nombre reservado, RUT RUT reservado, ambos por la arrendataria del equipo. Las conclusiones del peritaje constan en informe de 28 de noviembre de 2016, y son similares a las señaladas por el Banco en su informe.

SEXTO: Que, de lo expuesto por las partes en sus respectivas presentaciones y en sus alegatos ante esta Corte, más la prueba ya colacionada y que se aprecia conforme a las reglas de la sana crítica, resulta evidente que el conflicto suscitado entre las partes excede del ámbito de esta acción de naturaleza cautelar, puesto que, por un lado, la sociedad recurrente señala haber sido perjudicada por la publicación de su morosidad, mientras que Banco Santander, sostiene que fue víctima de un fraude y, ocurre, que ambas situaciones emanan de la celebración de un contrato de arrendamiento y su modificación posterior, sobre bienes muebles, con promesa de compra, denominado contrato de leasing.

Luego, cualquier diferencia que se suscite entre recurrente y recurrida o viceversa, derivada o relacionada con la celebración del aludido contrato de leasing y su modificación, corresponde que sea conocida y resuelta por los tribunales ordinarios, mediante un procedimiento de lato conocimiento, donde cada parte, además de plantear sus respectivas acciones y excepciones, pueda también rendir prueba para acreditar sus afirmaciones y descargos, actuaciones procesales que, ciertamente, no se pueden materializar a través de un recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección intentado por el abogado Andrés Kuncar Oneto, en representación de Áridos Cruz de Piedra SpA, en contra de Banco Santander Chile.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Redactada por el ministro (i) Waldemar Koch Salazar.

Rol N° 9878-2021. Protección.