nombre reservado con DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

KVB/ari C.A. de Concepción.

Concepción, tres de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

Que, con fecha 13 de agosto pasado, comparece don Patricio Fierro Garcés, abogado, domiciliado en domicilio reservado, recurriendo en favor y representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Matheo nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Engelber nombre reservado, Ariadne nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado ajara Bahamondes, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Wuendy nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Giralda nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Nahomi nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, recurriendo en contra de la Delegación Presidencial Regional, recaída en el Delegado Presidencial Regional Patricio Kuhn Artigues, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, por amenazar y vulnerar los derechos constitucionales establecidos en los numerales 1°, 3° inc. 5º, 5° y N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso en que quienes hoy recurren se encuentran actualmente habitando un bien raíz de la Municipalidad de Talcahuano ubicado en calle nombre reservado número 552 en Población Las Salinas, de la comuna de Talcahuano, en el campamento denominado -Toma Las Salinas- bien raíz que correspondería a un sitio que se encontraba destinado para un proyecto de carácter deportivo, pero que hasta el día de hoy y por más de 10 años, no ha sido utilizado para los fines respecto de los cuales se estimó su destinación originalmente; añade que el mismo terreno fue ocupado anteriormente como campamento para las familias damnificadas del Terremoto y Tsunami del 27-F del año 2010.

Expone que en aquel sitio es donde han establecido un campamento desde el mes de enero del presente año, las familias recurrentes, debido a múltiples factores, entre ellos y sin duda el más significativo y determinante, ha sido no contar con una vivienda propia desde el año 2013, año en que se organizan como Comité Habitacional con personalidad jurídica N° 2406 Villa del Sol y a pesar de postular de forma individual a subsidio habitacional MINVU algunos integrantes, no han tenido respuesta a la fecha. En razón de ello, cuenta, algunas de las familias antes de llegar al campamento, estuvieron viviendo de allegados en viviendas que no eran de su propiedad, en las cuales debían convivir más de dos familias por vivienda, hacinados, sin tener el espacio necesario para desenvolverse día a día y sin aspirar a condiciones mínimas de higiene, salubridad y mínima comodidad, que asegurasen una calidad de vida digna; siendo dicha situación de hacinamiento insostenible, lo cual les llevó a buscar la manera de afrontar su problemática conjuntamente con otras familias que se encontraban arrendando vivienda, pero dado la pandemia Covid -19, la inmensa mayoría de los jefes y jefas de Hogar han perdido sus empleos quedando cesantes, debiendo dejar los arriendos.

Refiere que en la búsqueda de alternativas y soluciones habitacionales, han recibido una deficiente respuesta por parte de las Autoridades, en especial de las regionales como lo es el SERVIU Biobío, de la cual en sus inicios recibieron la orientación de formar el comité habitacional para lograr como familias alcanzar una solución habitacional para el grupo que conforma el Comité, pero han transitado por diversas instancias, vivenciando procesos burocráticos en los cuales no han sido escuchados con la preocupación y diligencia debida, lo cual en definitiva, hasta el día de hoy, los mantiene en esta situación incierta, más aún cuando la gran mayoría de los integrantes de la Toma las Salinas, han vivido de allegados o arrendatarios en el mismo sector.

Añade que la imperiosa necesidad de contar con la vivienda propia, unido a las circunstancias comentadas, han hecho que vean como única solución la Toma de Las Salinas, como un espacio para su sobrevivencia y así poder contar de modo rápido con un lugar para tener una vivienda de autoconstrucción, hasta lograr tener una vivienda digna y de calidad para su grupo familiar que lo componen niños, lactantes, adultos mayores, enfermos oncológicos, enfermos crónicos, discapacitados, de origen mapuche y también emigrantes.

Agrega que luego de deambular durante 8 meses aproximadamente por diversas instituciones, no han tenido ninguna respuesta favorable, sino que la única respuesta para ellos fue el desalojo por ocupación de un terreno municipal, sin ningún plan de reubicación, y que la situación de hecho en la cual se encuentran ha sido a sabiendas de la autoridad Municipal y por su mera tolerancia. Hace presente que actualmente los recurrentes se encuentran realizando un comedor solidario, en la sede, y con ello logran alimentar a los pobladores del campamento, sus familias y los niños y niñas de la Toma las Salinas.

Señala que el lunes 26 de julio del 2021, fueron despertadas las familias del Campamento Villa el Sol violentamente por el Grupo de Operaciones especiales de Carabineros de Chile y otros funcionarios policiales, y comenzaron el desalojo y la demolición y destrucción completa de todas las autoconstrucciones sociales de vivienda terminadas (3) y otras 10 viviendas de autoconstrucción social cuyo piso y laterales era de pallets, incluso la sede comunitaria. Destaca que las demás familias se encontraban en limpieza de terreno para comenzar a construir su vivienda con sus materiales en dicho lugar, los que también fueron destruidos, y todo el esfuerzo económico de las familias, quedo destrozado, inservible, inutilizable considerando que habían materiales nuevos adquiridos por las familias a través del IFE, lo cual produjo una enorme impotencia, frustración y dolor además de un gran impacto emocional en las mujeres jefas de hogar que se encontraban defendiendo sus materiales que con gran esfuerzo había adquirido, y sumado a ello el impacto emocional provocado por la situación del momento; y, además, dice, se procede a notificar en ese mismo momento por la Municipalidad de Talcahuano a través del Inspector del Departamento de Inspección a los recurrentes, a través de la dirigente social doña nombre reservado. Hace presente que la Municipalidad de Talcahuano tuvo una semana para notificar dicha Resolución Exenta, pues ésta tiene fecha 20 de julio de 2021, y el desalojo es el día 26 de julio de 2021, hubo 6 días a lo menos advertir a las personas que estaban con sus familias e hijos en el lugar, que se produciría el desalojo, pero ello no ocurrió y los Carabineros actuaron violentamente y las personas vieron como destruían sus casas y bienes muebles.

Sostiene que el acto de decretar el desalojo, y la demolición de las viviendas, de cualquier persona que actualmente tenga ocupación de la propiedad municipal, amenaza las garantías constitucionales establecidas en el artículo número 19 de nuestra Constitución Política, específicamente los contenidos en el N°1, 3 inciso 5°, N° 5 y 24 del artículo 19 antes señalado, esto es, el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona, no ser juzgados por comisiones especiales, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, y el derecho de propiedad, toda vez que el uso de la Fuerza Pública desprovista de la validez de las normas.

Añade que las construcciones efectuadas por cada una de las familias que habitan hoy en día el Campamento Villa el Sol, constituyen no sólo un refugio provisional en tiempos de invierno y de pandemia covid-19, sino que constituyen su hogar, un lugar seguro donde cada individuo ha logrado desarrollar diversos aspectos de su vida y personalidad.

Cita jurisprudencia y normas legales relativas a sus alegaciones.

Pide en definitiva, se acoja el recurso y se declare: a) La vulneración y/o amenaza de los derechos constitucionales consignados en el numeral 1°, 3° inc.,5º, 5° y N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; b) se declare ilegal y arbitraria la notificación realizada el 26 de julio de 2021, mismo día del desalojo y Resolución Exenta 1410 de 20 de julio de 2021 del Delegado Presidencial del Bio Bío, ordenándole a la recurrida invalidar o dejar sin efecto la orden de desalojo dispuesta, o suspenderla en subsidio; c) Se adopten las providencias que juzgue necesarias para que las autoridades recurridas dispongan las acciones que garanticen a la brevedad que estas familias puedan guardar cuarentena total en sus viviendas y el acceso al agua potable de las y los pobladores de tomas; d) Se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, la restitución de los daños materiales causados a bienes muebles y materiales de construcción de los recurridos, poniendo fin a los actos arbitrarios e ilegales descritos con antelación de cada uno de los recurridos; con costas.

Informó la Delegación Presidencial Regional, Región del Biobío, señalando que el 5 de octubre de 2020, el Contralmirante nombre reservado, entonces Jefe de la Defensa Nacional, emite un pronunciamiento indicando que corresponde a las Gobernaciones Provinciales la tramitación de las solicitudes de restitución administrativa. Cita la Ley 21.073.

Indica que el 08 de julio de 2021 se recibió en la Gobernación Provincial de Concepción el Oficio Ordinario N°468, que contenía la solicitud de la I. Municipalidad de Talcahuano, mediante la cual se requiere la restitución administrativa con auxilio de la fuerza pública del inmueble ubicado en domicilio reservado, y que el 9 y 16 de marzo de 2021 se reciben en la Gobernación Provincial de Concepción los Oficios N°210 y 236 respectivamente, y que contenían las solicitudes de la I. Municipalidad de Talcahuano, mediante los cuales se requirió de restitución administrativa con auxilio de la fuerza pública del inmueble ubicado en domicilio reservado. De conformidad a dichas solicitudes la Gobernación Provincial dictó las Resoluciones Exentas N°796 de 11 de marzo de 2021 y N°911 de 18 de marzo de 2021, respectivamente, las que en dos oportunidades ordenaron la restitución administrativa del inmueble en comento.

Afirma que el 20 de julio de 2021 a través de la plataforma Zoom, se realizó reunión de coordinación con la participación de la Municipalidad de Talcahuano y Carabineros de la Segunda Comisaría de Talcahuano, instancia en que se acuerdan las acciones a tomar, verificando el cumplimiento de los requisitos legales; además de coordinar el desalojo si así se dispusiere. En razón de lo anterior, la Delegación Presidencial Regional dictó la Resolución Exenta N°1410 de 20 de julio de 2021 en la que se ordena la restitución administrativa en comento. Lo anterior en conformidad a las facultades que al respecto tiene la Delegación Presidencial Regional, en virtud de lo dispuesto por la Ley 19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional en su artículo 4, letras d) y h), y DFL N°22 que consagra la Ley Orgánica Constitucional del Servicio de Gobierno Interior en su artículo 26.

Indica que la mencionada resolución exenta fue notificada vía correo electrónico a la I. Municipalidad de Talcahuano en la fecha correspondiente.

Sostiene que la Delegación Presidencial Regional no ha conculcado de ninguna manera las garantías constitucionales alegadas, pues la orden de desalojo a través de la resolución exenta ha sido dictada dentro de la esfera de las facultades que la ley le confiere como autoridad a la Delegación Presidencial Regional, y que la resolución es clara y precisa en atención a que el servicio tiene facultad legal para requerir a Carabineros de Chile el auxilio de la fuerza pública, y además con facultades en este caso de allanamiento y descerrajamiento, “sólo si fuera necesario” (sic).

Continúa señalando que sobre eventuales maltratos a las personas que se encontraban en el lugar, no es algo de lo que tenga conocimiento la Delegación Presidencial, y que además no es una cuestión de responsabilidad de la Delegación Presidencial la forma de habitabilidad de las personas en el mencionado campamento, toda vez que se mantenían habitando en carpas, y en condiciones de insalubridad que podrían afectar la salud de ellos y sobre todos de las personas más ancianas y niños. Todo lo anterior por la propia voluntad de los recurrentes personas. Agrega que menos aún se ha conculcado el derecho de propiedad, puesto que el bien inmueble objeto de la acción constitucional, es de propiedad de la I. Municipalidad de Talcahuano.

Pide rechazar el recurso de protección, con expresa condenación en costas.

Informó la Ilustre Municipalidad de Talcahuano, señalando que es propietaria del inmueble ubicado en domicilio reservado (domicilio reservado) del sector Las Salinas de la comuna de Talcahuano, el que se encuentra inscrito a nombre de la Entidad Edilicia a fojas 1093 vuelta, bajo el Número 1670 del año 1973 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano.

Expone que el 08 de marzo del año en curso, el Director de Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de Talcahuano, remite correo electrónico, por el cual informa que en recorrido y visita en terreno al inmueble antes referido, se constató que este se encuentra ocupado por personas, las que estarían marcando sitios y levantado construcciones, que el 09 de marzo de 2021, el Director (S) de Seguridad Pública, remite informe el cual señala que, el 05 de marzo del año en curso, vecinos de la comuna se contactaron con la Dirección de Seguridad Pública de esa Municipalidad, denunciando que personas habrían ocupado ilegalmente el inmueble antes individualizado, adjuntando fotografías que darían cuenta de dicha situación. Ante lo anterior, con misma fecha, se constituyen en el lugar inspectores municipales a fin de verificar la efectividad de los hechos señalados en la denuncia; y que ante la presencia de los funcionarios públicos, los ocupantes se retiran del inmueble. Sin perjuicio de lo anterior, transcurridas unas horas, otras personas vuelven a ocupar el inmueble, advirtiendo que, no obstante no existir construcción de vivienda, se estaban preparando para erigir alguna estructura de madera, además de instalaciones de carpas y cierres perimetrales, todo ello sin autorización alguna.

En razón de lo expuesto, dice que la referida Dirección solicita se realicen los trámites necesarios para diligenciar la restitución administrativa del inmueble ilegalmente ocupado. Advirtiendo que el inmueble es de propiedad municipal y constatando que la ocupación ilegal no se encontraban niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera de edad o con estados de salud deteriorados, se remite por parte del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Talcahuano al Gobernador, oficio N° 210 de 09 de marzo del año en curso, por el cual solicita se ejerzan las facultades legales a fin de obtener el desalojo del asentamiento irregular; y que mediante resolución exenta N° 796 de 11 de marzo de 2021 el Gobernador accede a la solicitud, la que el 12 de marzo del presente años se lleva a efecto con la participación de profesionales del municipio de Talcahuano y Carabineros de la Segunda Comisaría de Talcahuano, el que se desarrolló sin la oposición de los ocupantes.

Luego, el 16 de marzo del año en curso, el Director (S) de Seguridad Pública informa que, no obstante el desalojo llevado a cabo el 12 de marzo del presente, el 13 y 14 de marzo del año en curso, nuevamente comenzaron a instalarse con carpas en el inmueble personas que habrían sido desalojadas, constando el día 16 de marzo de 2021 la presencia de 7 carpas y cierres perimetrales, no observado construcciones de viviendas. Además, informa que dentro de las personas que ocupan ilegalmente el terreno no se advierte la presencia de niños, niñas, adolescentes o adultos mayores pernoctando en él. Por lo anterior, la referida Dirección nuevamente requiere que se realicen las diligencias necesarias para obtener la restitución administrativa del inmueble ilegalmente ocupado. Refiere que el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Talcahuano solicita nuevamente al Gobernador, mediante oficio N° 236 de 16 de marzo del año en curso, el desalojo del inmueble ocupado; siendo contestado el 23 de marzo del presente, y en virtud de la resolución exenta N° 911 de 18 de marzo de 2021, se lleva a efecto la restitución del inmueble.

Añade que el 23 de junio de 2021, el Director (S) de Seguridad Pública informa que nuevamente han ocupado el inmueble en comento, existiendo solo construcción de esqueletos de vivienda, recibiendo reclamos por parte de los vecinos del sector ya que, según indican, afecta seriamente la percepción de seguridad de la comunidad. Recalca que, conforme a constatación realizada por inspectores municipales y según informa doña nombre reservado, quien es ocupante del inmueble, en el lugar no pernoctan niños, niñas ni adolescentes; es que la máxima autoridad comunal, a través de oficio N° 468 de 08 de julio del 2021, solicita al Gobernador Provincial de Concepción se ejerzan las facultades legales a fin de obtener el desalojo del asentamiento irregular, a la cual se accede mediante resolución exenta N° 1410 de 20 de julio de 2021, la cual se materializó el día 26 de julio del presente.

Afirma que en el inmueble cuyo desalojo ha sido solicitado existe un proyecto que se encuentra en evaluación en el Ministerio de Desarrollo Social, consistente en una carpeta multipropósito y en diseño un proyecto que se denomina Construcción Parque Recreativo Las Salinas, el que comprende una intervención de 30.122 metros cuadrados.

Concluye señalando que toda solicitud de restitución administrativa del inmueble antes indicado, se verificó que no existiera presencia de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, existiendo actualmente mesas de trabajo entre los ocupantes del inmueble y la Municipalidad de Talcahuano, a fin de buscar una solución habitacional definitiva para ellos, postergando acciones tendientes a obtener la restitución del terreno.

Informó también el Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Biobío, quien indica que revisado sus antecedentes, referente al Campamento Villa del Sol o Toma Las Salinas, por el Programa de Asentamientos Precarios del Servicio, el que tiene por misión la atención de los campamentos que forman parte del Catastro Nacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, actualizado durante los años 2018 y 2019, y cuyos resultados fueron informados por medio de Ord. N° 599 de 30 de diciembre de 2019 del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, no se contiene ningún asentamiento situado en el inmueble descrito en el recurso, razón por la cual este no ha sido objeto de ningún tipo de intervención por parte de ese equipo, ni se ha requerido en esa dirección. Afirma, además, que no se encuentra desarrollando ningún proyecto habitacional en el terreno aludido, ni tampoco se han constituido como Entidad Patrocinante para trabajar con los miembros del Campamento Villa del Sol o Toma Las Salinas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, es decir, que sea producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías o derechos -preexistentes- protegidos, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

TERCERO: Que, se recurre en favor de personas que han realizado la ocupación de un bien raíz de propiedad de la I. Municipalidad de Talcahuano, y en contra de la Resolución Exenta 1410 de 20 de julio pasado de la Delegación Presidencial de la Región del Biobío, por medio de la cual se decretó el desalojo del inmueble con fuerza pública, la que estima es ilegal y arbitraria por afectar derechos y garantías constitucionales, pidiendo se restituya el imperio del derecho atendida la precaria situación en que se encuentran dichas familias.

CUARTO: Que, la Delegación Presidencial reconoce la dictación de la resolución cuestionada, la que estima se dictó en mérito de sus facultades legales y conforme le fue pedido por la Municipalidad de Talcahuano, propietaria del inmueble; destaca que el desalojo se ha pedido en tres oportunidades, emitiendo las resoluciones respectivas.

QUINTO: Que, la I. Municipalidad de Talcahuano afirma que por una denuncia de vecinos y posterior fiscalización se tomó conocimiento de la ocupación del inmueble municipal, el que se encuentra afecto a los proyectos que indica; sostiene, también, que como presupuesto del desalojo se verificó que en el lugar no había presencia de niños, niñas, adolescentes ni adultos mayores; que el desalojo se verificó el 26 de julio pasado y que, actualmente, se encuentran en conversaciones con los ocupantes para una solución al problema socio-económico que los aqueja.

SEXTO: Que, entonces, son hechos indiscutidos que las personas en favor de quienes se recurre se instalaron en un bien del Estado, como da cuenta, por cierto, el certificado de dominio vigente acompañado, cuya restitución administrativa impetró la Municipalidad a nombre de quien se encuentra dicho bien, en virtud de lo cual se dictó la resolución recurrida, como se lee, por lo demás, de la misma y de las solicitudes de restitución administrativa impetrada por la Municipalidad de Talcahuano, y no obstante que en ella se señale que es un bien nacional de uso público, no existen antecedentes de su afectación a tal denominación acorde lo prescrito en el artículo 64 del Decreto Ley 1939, como bien lo señala el recurrente.

Además, aparece del informe del Director de Seguridad Pública adjuntado, que se procedió al desalojo el 26 de julio en horas de la madrugada, intimando la resolución a la única persona que se encontraba pernoctando en el lugar, produciéndose desórdenes por la llegada de otras personas.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de la disquisición en torno a la calificación del bien de que se trata, conforme lo dispone el Decreto con Fuerza de Ley N°1, texto refundido de la Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, el Delegado Presidencial Provincial tiene dentro de sus atribuciones poder requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción en conformidad a la ley y ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público; en uso d esta facultad, el delegado presidencial provincial velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda, conforme se lo permite el artículo 4 letras d) y h); lo que se encuentra en concordancia con las facultades que otorgaba el artículo 26 letras e) y f) del Decreto con Fuerza de Ley N°22 sobre Gobierno Interior a los gobernadores al describir sus atribuciones, “ejercer la vigilancia y cuidar de la conservación de los bienes del Estado, fiscales o nacionales de uso público, cuidar que se respeten en el uso a que están destinados y, en especial, impedir que se ocupen en todo o parte, se realicen obras, se lleven a efecto resoluciones o se ejecuten otros actos que embaracen o perturben el uso común; exigir administrativamente la restitución de cualquier bien de propiedad fiscal o perteneciente a entidades del Estado con patrimonio distinto al del Fisco, o nacional de uso público, que esté indebidamente ocupado. En caso de oposición podrá hacer uso de las facultades que le otorga la presente ley. Si el ocupante exhibe un título aparente de ocupación o de mera tenencia, enviará los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para su pronunciamiento, dando cuenta a los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Tierras y Colonización. En el intertanto, se abstendrá de actuar”.

OCTAVO: Que, según se aprecia de la resolución recurrida ella aparece fundada, motivada y amparada en las normas legales pertinentes; luego, no resulta efectivo que se violenten con la misma las disposiciones de la Ley 19.880 en cuanto a las exigencias que se efectúan para los actos administrativos de motivación, causa, fin y procedimiento reglado.

NOVENO: Que, en tales condiciones, no es posible considerar que la actuación de la Delegación Presidencial al emitir la resolución cuestionada pueda calificarse de ilegal ya que se encuentra dentro de sus facultades y atribuciones, ni tampoco de arbitraria puesto que le fue solicitada conforme a los antecedentes que se le suministraron por la Municipalidad propietaria del inmueble y ponderando la solicitud en su mérito decidió.

Al efecto hay que considerar, igualmente, que quienes se instalaron en el bien municipal lo hicieron a sabiendas de no pertenecerles, y su situación socio-económica y habitacional no es motivo suficiente para decidir por sí y ante sí una ocupación que sabían de antemano era irregular y como evidente medida de presión, máxime considerando la situación de pandemia en que nos encontramos. La imposibilidad de acceso a mejores condiciones de viviendas debe ser instalada ante las Autoridades correspondientes, sin perjuicio de requerir de la Municipalidad respectiva las ayudas sociales necesarias, sin perjuicio, por cierto, de que no existe antecedente alguno en los autos de que las personas a favor de las cuales se recurre pertenezcan a un grupo organizado en los términos que se plantea en el recurso.

NOVENO: Que, valga consignar que, ante el cuestionamiento a la calificación del inmueble de que se trata, la normativa precedentemente aludida (Ley 19.175) no excluye las facultades concedidas en el inciso segundo del artículo 4 reproducido, cuando se trata de bienes fiscales, ya que la restitución administrativa es una de las acciones que se puede ejecutar en el ejercicio de la facultad de vigilancia de los bienes del Estado, dentro de los cuales tiene especial atención, pero no exclusiva, aquellos calificados como bienes nacionales de uso público; ni se opone a ello lo establecido en el artículo 19 del Decreto Ley 1939 sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, cuando dispone en su inciso tercero “todo ocupante de bienes raíces fiscales que no acreditare, a requerimiento de la Dirección, poseer alguna de las calidades indicadas en el inciso anterior (autorización, concesión o contrato), será reputado ocupante ilegal, contra el que se podrán ejercer las acciones posesorias”, ya que su inciso primero comienza diciendo que “La Dirección, sin perjuicio de las facultades que le competen a los Intendentes Regionales y Gobernadores Provinciales, cuidará que los bienes fiscales y nacionales de uso público se respeten y conserven para el fin que están destinados”, y ello justamente se coordina con lo que referido en el inciso segundo de la letra f) del artículo 26 del DFL N°22 transcrito; por ende, sea que el bien sobre el que recayó la decisión administrativa sea fiscal o nacional de uso público, la normativa aplicable es la misma.

DÉCIMO: Que, en tales condiciones, la acción constitucional entablada será desestimada.

Por estos fundamentos, disposiciones legales citadas y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Patricio Fierro Garcés, en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Matheo nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Engelber nombre reservado, Ariadne nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado ajara Bahamondes, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Wuendy nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Giralda nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Nahomi nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, en contra de la Delegación Presidencial Regional.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Suplente Margarita Sanhueza Núñez.

Se deja constancia que no firma el Fiscal Judicial señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.

Rol Protección 9556-2021.