Protección contra Universidad nombre reservado

C.A. de Concepción Concepción, lunes veintiuno de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de la Universidad nombre reservado, por estimar que ésta ha incurrido en actos ilegales y arbitrarios que vulneran las garantías consagradas en los numerales 2°, 3° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que mediante Resolución NUM000, de 23 de junio de 2026, la Rectora de la Universidad nombre reservado, le aplicó la sanción de suspensión de su condición de estudiante por dos meses y dispuso, además, que debía asistir a un taller de psicoeducación en temas de género, diversidad y relaciones interpersonales, decisión adoptada con motivo de una investigación instruida por denuncia formulada por la estudiante nombre reservado.

Señala que los hechos que dieron origen al procedimiento tuvieron lugar en el contexto de una relación interpersonal privada mantenida entre ambos, desarrollada principalmente fuera de las dependencias universitarias, cuestionando por ello la competencia de la recurrida para investigar y sancionar tales acontecimientos.

Menciona que el recurso tiene por objeto restablecer el imperio del derecho frente a un procedimiento disciplinario desarrollado con infracción de las garantías mínimas que integran un procedimiento racional y justo. La Universidad nombre reservado impuso una sanción disciplinaria mediante un procedimiento en el cual fue privado del conocimiento íntegro de antecedentes incorporados al expediente, particularmente de un informe psicológico de la denunciante que formaba parte de la investigación; posteriormente rechazó las impugnaciones formuladas sin pronunciarse de manera suficiente sobre las vulneraciones denunciadas y omitió ponderar antecedentes relevantes de descargo, entre ellos su diagnóstico médico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) acreditado durante la investigación.

Explica que el recurso fue interpuesto dentro de plazo, pues el acto recurrido corresponde, principalmente, a la decisión comunicada por el Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad nombre reservado, mediante correo electrónico de 24 de julio de 2026, oportunidad en que se comunicó al recurrente, por primera vez y de manera concreta, que la suspensión de su condición de estudiante, desde esa fecha, le impediría asistir a clases, rendir evaluaciones y utilizar las plataformas o herramientas tecnológicas vinculadas a su programa académico, retirándosele todos los permisos relacionados a la calidad de estudiante de Magíster.

Dicha comunicación no constituye una mera reiteración de la Resolución NUM000, sino un acto posterior, autónomo y actualmente ejecutado, mediante el cual la autoridad universitaria concretó el alcance material de la sanción, individualizando restricciones académicas que no habían sido especificadas en la resolución original. En consecuencia, computado el plazo desde el conocimiento cierto de esta decisión, ocurrido el 24 de julio de 2026, la acción constitucional ha sido deducida oportunamente. Las resoluciones de 23 de junio y 9 de julio de 2026, se invocan como antecedentes necesarios del acto de ejecución actualmente recurrido y como fundamento de su ilegalidad y arbitrariedad.

Expone sobre los hechos relevantes que se inicia el proceso disciplinario por resolución de la Facultad de Ingeniería NUM001, de 4 de noviembre de 2025, donde la Universidad nombre reservado dispuso la instrucción de una investigación administrativa originada en una denuncia formulada por una estudiante de pregrado, en el marco del Protocolo de Actuación relacionado con conductas constitutivas de acoso sexual, violencia de género y discriminación. Que dentro del plazo conferido, el recurrente formuló sus descargos solicitando su absolución; que sostuvo, entre otras alegaciones, que los hechos investigados se desarrollaron principalmente en el ámbito de una relación interpersonal privada; cuestionó la competencia disciplinaria de la Universidad respecto de tales hechos; denunció la falta de precisión de los cargos; alegó la inexistencia de una adecuada contradicción de la prueba y acompañó antecedentes médicos que acreditaban que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico desde el año 2016 por diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista. Asimismo, hizo presente que no había recibido copia íntegra de la carpeta investigativa, circunstancia que afectaba gravemente su derecho de defensa.

Que con fecha 23 de junio de 2026, la Rectora de la Universidad, dictó la Resolución NUM000, acogiendo las conclusiones contenidas en el Informe Final de la Fiscalía Especializada de Género, e imponiendo al recurrente la sanción de suspensión de su calidad de estudiante de postgrado por dos meses, además de la obligación de asistir a un taller de psicoeducación.

Indica que dedujo recurso de reposición e incidente de nulidad en contra de la resolución sancionatoria, los que fueron rechazados por resolución de 9 de julio de 2026.

Añade, que el 20 de julio solicitó se precisara el alcance efectivo de la suspensión y que, mediante correo electrónico de 24 de julio de 2026, el Decano de la Facultad de Ingeniería le comunicó las consecuencias académicas que derivaban de ella, señalándole, entre otras, que no podía asistir a clases, rendir evaluaciones ni utilizar los recursos correspondientes a su condición de estudiante hasta el 10 de septiembre de 2026.- Que los actos recurridos son ilegales y arbitrarios, porque la Universidad nombre reservado impuso una sanción disciplinaria mediante un procedimiento que privó al recurrente del ejercicio efectivo de su derecho de defensa, desatendió alegaciones esenciales formuladas durante la investigación y dictó resoluciones insuficientemente motivadas, infringiendo las exigencias mínimas de racionalidad que deben observar todos los procedimientos sancionatorios.

Explica que falta de entrega integra del expediente investigativo, la omisión produjo una verdadera indefensión material, la Universidad reconoció que el informe integró el material probatorio, la confidencialidad no justifica impedir el ejercicio del derecho de defensa sumado a la falta de motivación suficiente de la resolución sancionatoria y del rechazo del incidente de nulidad y del recurso de reposición, con la omisión de ponderar el diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista.

Pidió tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Universidad nombre reservado, declarar que la decisión comunicada por el Decano de la Facultad de Ingeniería, el 24 de julio de 2026, mediante la cual se concretaron las restricciones académicas derivadas de la suspensión, constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 Ns 2, 3 y 4 de la Constitución Política de la República; y que la Resolución NUM000, de 23 de junio de 2026, y la resolución de 9 de julio de 2026, constituyen sus antecedentes necesarios y el fundamento de la actuación impugnada; dejar sin efecto el acto de ejecución comunicado el 24 de julio de 2026 y, como medida indispensable para restablecer el imperio del derecho, dejar sin efecto o suspender los efectos de las resoluciones que le sirven de fundamento; ordenar a la Universidad nombre reservado restablecer íntegramente la condición de estudiante de postgrado del recurrente, eliminando todas las consecuencias académicas derivadas de la sanción impugnada como asimismo disponer las demás medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección; con costas.

Informó la Universidad nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso. En primer término, alegó su extemporaneidad, sosteniendo que la resolución de 9 de julio de 2026, que rechazó la reposición y el incidente de nulidad, fue notificada al recurrente el día 10 del mismo mes, oportunidad desde la cual comenzó a producir plenos efectos la sanción, de manera que la posterior comunicación del Decano únicamente aclaró sus consecuencias y no constituyó un nuevo acto.

En cuanto al fondo, se exponen antecedentes de la denuncia de la estudiante nombre reservado, alumna de pregrado de la Universidad nombre reservado, de la carrera de Enfermería del Campus Concepción, quien presentó denuncia con fecha 22 de octubre de 2025, a través del formulario de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Universidad (DEGYD) en contra de nombre reservado, alumno de postgrado del programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Química en la Facultad de Ingeniería, como el autor de violencia de género, ocurrida en un transcurso de octubre de 2024, hasta la fecha de su denuncia. Agregó que, después del término de la relación, existieron comunicaciones realizadas mediante la plataforma institucional Microsoft Teams.

Se ordenó una investigación, efectuada por la Fiscal nombre reservado refiere los cargos formulados, antecedentes y pruebas aportadas por los intervinientes; que el 20 de mayo de 2026, se emite por la Contraloría de la Universidad nombre reservado, oficio Reservado NUM002, en el que se comunica y envía al Rector el Informe Final NUM003, donde se hace mención de los hechos, determinación de la eventual responsabilidad y conclusiones, a objeto que se proceda a la dictación de la resolución definitiva por esa autoridad superior, conforme lo dispone el artículo 11.3 del Protocolo de Actuación N°2024-111 (fojas 377 y siguientes del expediente).

En virtud del Informe Final, la Rectora de la Universidad, determina en Resolución NUM000, de 23 de junio de 2026: acoger las propuestas de sanción formuladas por la Fiscal en su informe, y aplica al estudiante nombre reservado la sanción del artículo 12.2 letra d), esto es:

Suspensión de su condición de alumno regular por dos meses, además de la asistencia a taller de psicoeducación en temas de género, diversidad y relaciones interpersonales a realizarse por la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual.

Sostiene que el procedimiento fue instruido de conformidad con la Ley N° 21.369 y el Protocolo de Actuación aplicable, haciendo presente que ambas personas pertenecen a la comunidad universitaria, que la relación tuvo su origen en actividades sociales universitarias y que los antecedentes reunidos daban cuenta de consecuencias que se proyectaron sobre la vida de la denunciante en la Universidad.

Agrega que el denunciado, fue notificado de los cargos, mediante correo electrónico de 16 de marzo de 2026; que en el mismo correo, que consta a foja 328 de la Carpeta, la Asistente de la Fiscalía Especializada indica expresamente: “Además, se informa que se han extraído las páginas 22, 23 y 24 que corresponden al informe psicológico de la denunciante, por motivos de confidencialidad, como también se ha tarjado los numerales 6 y 7 de la página 27, por mismas razones”. Refiere que las probanzas resultaron concluyentes y determinantes, tales como la coherencia y concordancia del testimonio de la víctima, declaraciones testimoniales coincidentes, evaluaciones profesionales y registros documentales, las propias admisiones del denunciado, en síntesis, la valoración integral de este conjunto probatorio acreditó de forma indubitable la comisión de conductas de violencia de género psicológica consistentes en tratos humillantes, control de conductas, intimidación, limitación de la libertad de acción y acoso reiterado. De tal manera que no conocer el informe, no influye en absoluto en la determinación de la veracidad de los hechos acreditados.

En cuanto a la omisión de la condición del recurrente, la Investigadora, acertadamente señala la insuficiencia de la salud mental para justificar los hechos. En el punto 9 de sus conclusiones, la Fiscal determina que los diagnósticos y las explicaciones de nombre reservado sobre su propia conducta no son suficientes para desvirtuar la existencia de agresiones verbales, discusiones conflictivas habituales y el acoso insistente ejercido tras el quiebre de la relación. Que en cuanto a la denuncia sobre una falta de motivación del rechazo de incidente de nulidad y del recurso de reposición, estas carecen de sustento, la discrepancia del recurrente con el resultado del procedimiento no transforma una decisión reglada en arbitraria. Asimismo, en cuanto a la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción impuesta, consistente en la suspensión por dos meses de la condición de alumno regular, junto con la obligación de asistir a talleres psicoeducativos, no se trata de un castigo arbitrario o caprichoso, por el contrario, se encuentra expresamente contemplada en el artículo 12 del Protocolo como sanción aplicable a conductas graves de violencia de género, por lo tanto, no se trata de una sanción improvisada, ni de una medida no prevista Estima que no se encuentran vulneradas las garantías que indica el recurrente, no existe vulneración al derecho constitucional de un debido proceso ni a la igualdad ante la ley, debido a que la sanción impuesta no es producto de una voluntad antojadiza o caprichosa, sino la culminación de un procedimiento universitario previamente establecido, regulado en el Protocolo de Actuación Relacionado con las Conductas Constitutivas de Acoso Sexual, Violencia y Discriminación, aprobado y legalmente aplicado a la comunidad universitaria; ni se ha lesionado la honra del actor, pues no existió exposición pública de parte de la Universidad nombre reservado, que haya ocasionado el deterioro del buen nombre de don nombre reservado ante terceros, ajenos a la investigación.

Solicita, finalmente, el rechazo del recurso interpuesto.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, en un primer orden de ideas, corresponde analizar la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida.

Sobre el punto, consta que la Resolución NUM000, fue dictada y notificada el 23 de junio de 2026; que la resolución que rechazó el recurso de reposición y el incidente de nulidad fue dictada el 9 de julio del mismo año y notificada al recurrente el día 10 siguiente, y que el 24 de julio de 2026, el Decano de la Facultad de Ingeniería le comunicó al recurrente las consecuencias académicas concretas que se seguirían de la suspensión de su condición de estudiante.

Pues bien, el recurso de autos no se dirige únicamente contra la resolución sancionatoria, sino también contra el acto de 24 de julio de 2026, mediante el cual fueron determinadas y comunicadas al recurrente las consecuencias académicas específicas y concretas de la suspensión que le había sido impuesta.

Acorde con ello, y habiéndose deducido el recurso el 10 de agosto de 2026, se encontraba vigente el término previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, razón por la cual la alegación de extemporaneidad habrá de ser desestimada.

TERCERO: Que, ahora bien, la cuestión que debe ser dilucidada consiste en determinar si los hechos por los cuales fue sancionado el recurrente se encontraban comprendidos dentro del ámbito en que la Universidad nombre reservado podía ejercer la potestad de investigación y sanción reconocida por la Ley N°21.369 y por su normativa interna.

Sobre ello, ha de tenerse en cuenta que el artículo 2° de la Ley N°21.369 dispone, en lo pertinente, que quedan comprendidos los comportamientos o situaciones que sean realizados o tengan como destinatarias a personas que cursen programas de pre y posgrado, desarrollen funciones de docencia, administración, investigación o cualquier otra función relacionada con las instituciones de educación superior.

El mismo precepto establece, en su segundo inciso, que la potestad de las instituciones de educación superior para investigar y sancionar se extenderá a los hechos o situaciones que se enmarquen en actividades organizadas o desarrolladas por las instituciones de educación superior o por personas vinculadas a ellas en los términos allí señalados, ocurran o no en espacios académicos o de investigación, especialmente si afectan el buen desenvolvimiento de los fines y propósitos de aquellas instituciones.

CUARTO: Que de la norma predicha, se sigue, entonces, que la circunstancia de que un hecho ocurra físicamente fuera de las dependencias de una universidad no determina, por sí sola, la ausencia de potestad disciplinaria.

Sin embargo, tampoco resulta suficiente la sola pertenencia de las personas involucradas a una misma comunidad universitaria para someter a dicha potestad cualquier acontecimiento de su vida privada. En efecto, es de toda evidencia que resulta necesario establecer, en cada caso, el vínculo que existe entre los hechos sancionados y el ámbito de actuación que la ley entrega a la institución de educación superior, pues una interpretación distinta -o más laxa- importaría extender la potestad disciplinaria a toda conducta privada de quienes tengan la calidad de estudiantes, docentes o funcionarios, sin consideración a su conexión con las actividades, fines y propósitos institucionales.

QUINTO: Que en el caso de autos, el aludido Informe Final NUM003, describe una relación interpersonal y posteriormente sexoafectiva entre el recurrente y la denunciante, consignando acontecimientos sucedidos, entre otros lugares, en el domicilio domicilio reservado.

El mismo informe consigna que ambos se conocieron en actividades sociales universitarias y que después del término de la relación existieron comunicaciones efectuadas a través de Microsoft Teams. No obstante, la sanción aplicada no fue circunscrita a un hecho determinado ocurrido en una actividad universitaria ni a una conducta específicamente individualizada por el uso de aquella plataforma, sino que se fundó en la valoración conjunta de la relación y de los distintos episodios ocurridos durante esta relación habida entre ambos estudiantes.

Asimismo, tampoco se advierte que entre recurrente y denunciante haya existido una relación académica común que explique, por sí misma, la sujeción de sus relaciones personales al régimen disciplinario universitario, puesto que ella cursaba estudios de pregrado en la carrera de Enfermería y el recurrente el Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Química, pertenecientes a facultades y programas claramente distintos.

En este mismo sentido, no se encuentra establecido que los viajes, permanencias en domicilios particulares o demás acontecimientos propios de la relación privada hubiesen tenido lugar con motivo de clases, actividades curriculares, investigación, prácticas, salidas a terreno u otra actividad organizada por la casa de estudios recurrida.

SEXTO: Que la circunstancia de que las partes se hayan conocido en una actividad social universitaria no permite, sin más, extender indefinidamente la potestad disciplinaria de la institución a todo acto posterior ocurrido en el desarrollo de una relación privada entre ellas.

Del mismo modo, la utilización posterior de una plataforma institucional constituye un antecedente que puede eventualmente ser jurídicamente relevante, pero no permite incorporar dentro de la competencia disciplinaria todos los acontecimientos anteriores y posteriores de una relación desarrollada predominantemente en la esfera privada, si la resolución sancionatoria no distingue claramente qué hechos concretos quedan comprendidos en la potestad de la Universidad y cuál es el vínculo que permite someterlos a ella.

Y esta exigencia adquiere especial importancia, desde que en el procedimiento el recurrente planteó expresamente la incompetencia de la Universidad para conocer de los hechos, sosteniendo que éstos habían ocurrido fuera del campus y en el marco de una relación privada. No obstante ello, el Informe Final concluyó que los hechos acreditados se encontraban comprendidos en el Protocolo porque éste se aplica a quienes integran la comunidad universitaria, y la Resolución NUM000, se limitó, en esta materia, a manifestar su coincidencia con aquellas conclusiones y acoger la propuesta de sanción.

Consecuencialmente, no aparece explicado de qué manera los hechos concretamente sancionados, considerados como una unidad, se enmarcaron en actividades organizadas o desarrolladas por la institución o presentaron una conexión suficiente con sus fines y propósitos que autorizara el ejercicio de la facultad disciplinaria en este caso.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, al haberse aplicar una sanción fundada en una valoración global de hechos cuya vinculación con el ámbito universitario no fue establecida en los términos que se han venido exponiendo, la recurrida extendió su potestad disciplinaria más allá de los presupuestos que habilitaban su ejercicio, por lo que su actuación cabe ser tildada como ilegal.

Y ello afecta el origen mismo de la Resolución NUM000 y torna igualmente carente de sustento el acto posterior mediante el cual se mantuvo la sanción y aquel que concretó su ejecución.

Además, la actuación resulta análogamente arbitraria, pues, habiéndose cuestionado expresamente la competencia de la Universidad, la decisión adoptada no contiene una justificación suficiente acerca del nexo que permitiría someter a su potestad disciplinaria los hechos propios de la relación privada examinada, limitándose a la calidad de integrantes de la comunidad universitaria y a las conclusiones generales de la investigación.

OCTAVO: Que la referida actuación ilegal y arbitraria afecta la garantía contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, desde que se hizo aplicable al recurrente una consecuencia disciplinaria respecto de hechos que, en los términos en que fueron globalmente sancionados, no podían quedar sometidos a aquella potestad.

Asimismo, se afecta la garantía contemplada en el inciso quinto del numeral 3° del mismo artículo, al haber sido el recurrente sometido a decisión y sanción por hechos que excedían el ámbito en que la Universidad podía ejercer legítimamente su potestad disciplinaria.

NOVENO: Que, de la forma explicitada, el recurso habrá de prosperar del modo que se pasará a decir, y sin que en ello tenga relevancia el hecho que la sanción de suspensión se haya extendido hasta el pasado 10 del mes en curso, comoquiera que en la especie se ha constatado una situación de ilegalidad que razonablemente podría afectar la trayectoria estudiantil futura de actor, lo que esta Corte está facultada para remediar.

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad del recurso formulada por la recurrida, y II.- Que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Universidad nombre reservado, en cuanto se deja sin efecto la Resolución NUM000, de 23 de junio de 2026, mediante la cual se aplicó al recurrente la sanción de suspensión de su condición de estudiante por dos meses y dispuso su asistencia a un taller de psicoeducación en temas de género, diversidad y relaciones interpersonales, dejándose sin efecto, asimismo, y en lo que concierne al recurrente, la resolución de 9 de julio de 2026, que mantuvo dicha sanción y el acto de ejecución comunicado por el Decano de la Facultad de Ingeniería mediante correo electrónico de 24 de julio del año en curso.

Se previene que el ministro Panés Ramírez, fue de opinión de no imponer el pago de las costas a la recurrida, por estimar que tuvo motivos plausibles para oponerse al acogimiento del recurso de que se trata.

Cúmplase oportunamente con lo que prevé el ordinal 14° del referido Auto Acordado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro titular César Gerardo Panés Ramírez.

No firma el ministro Camilo Álvarez Órdenes, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse en comisión de servicio (Curso Academia Judicial).

Rol N° 9.390-2026 – Protección.-