Protección contra TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Foja: 43 Cuarenta y Tres Concepción, dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis.

VISTOS:

A fojas 2 comparece nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por nombre reservado, Tesorero General de la República, ambos domiciliados en domicilio reservado, indicando que la recurrida mediante resolución de fecha 13 de mayo de 2016, ordenó la retención de dineros provenientes de su devolución de impuestos, originados de la emisión de boletas de su trabajo a honorarios, lo que significa estar al margen de las normas de protección social; que sus impuestos han sido correctamente pagados y declarados ante el Servicio de Impuestos Internos; que dichos ingresos son los únicos de que dispone para sobrevivir junto a su familia, pues no cuenta con un trabajo formalmente estable y que estos montos fueron retenidos, aparentemente, para ser destinados al pago de deudas educacionales; y que tuvo conocimiento de esta retención el 13 de mayo, fecha en que, según lo informado por el referido Servicio, debía realizarse la devolución respectiva.

Estima conculcada la garantía constitucional establecida en el artículo 19 № 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, toda vez que el Servicio recurrido ha actuado privándolo de dicha garantía, como si se tratara de una verdadera "expropiación", omitiendo todo procedimiento judicial al respecto, infringiendo el debido proceso; y que su derecho de propiedad se encuentra vulnerado de manera actual, seria, precisa y concreta, de manera que se le ha privado de devolución de impuestos, que legalmente es de su propiedad, por una decisión arbitraria e inconstitucional.

Pide tener por interpuesto el presente recurso en contra de Tesorería de la República y en definitiva acogerlo y ordenar a la recurrida la devolución del dinero retenido en forma urgente, dada la precariedad de su situación económica y social, en el plazo que US Ilustrísima determine.

A fojas 7 se admitió a tramitación el recurso y se ordenó informar a la recurrida.

A fojas 18 el abogado LEONARDO SUAZO TORRES, en representación de la Tesorería General de la República, domiciliado en domicilio reservado, de Concepción, viene en evacuar el informe, solicitando desde ya el rechazo del recurso en todas sus partes. Señala que la declaración de impuesto a la renta del presente año tributario de nombre reservado, R.U.T. RUT reservado, de fecha 04 de abril de 2016, arrojó un remanente de pagos provisionales a su favor, cantidad que la Tesorería General debía restituir en mayo del presente año; que el Servicio de Impuestos Internos autorizó dicha devolución por $834.654 (actualizado de acuerdo al I.P.C., a la suma de $847.174); y que el 6 de mayo de 2016 se liberó este monto, pero tal restitución no se verificó puesto que esa cantidad fue compensada con igual fecha, con el Formulario 34 correspondiente a una deuda que el recurrente mantiene a título de crédito con aval del Estado (CAE) por 74,87 .U,T.M.

A continuación alega la extemporaneidad del recurso, ya que teniendo presente los hechos descritos en los "antecedentes del recurso", puede establecerse que el acontecimiento en que se funda esta acción, consistente en la retención y posterior compensación de la suma cuya devolución se solicitó, ocurrió el 6 de mayo de 2016, por lo que el recurrente disponía hasta el 5 de junio de 2016 para interponer el recurso; y que habiéndose ingresado el escrito respectivo en la Secretaría de esta lltma. Corte, el 13 de junio de 2016, es procedente que Ssa., declare la extemporaneidad del recurso.

En subsidio de lo anterior, informa el fondo del recurso, solicitando su rechazo fundado en que la obligación de pago de los créditos con aval del Estado por parte de los alumnos, nace en un plazo de 18 meses contados desde que han sido informados como egresados, o al mes subsiguiente desde que son declarados desertores, momento en el cual la institución financiera debe generarles un cuadro de pago, iniciándose el período del servicio normal de financiamiento. Añade que si el alumno incurre en mora en el pago de su crédito, las instituciones financieras como administradoras de los créditos, deben efectuar las gestiones de cobranza de los mismos, conforme lo disponen las Bases de Licitación relativas a la adjudicación del servicio de administración y financiamiento de estos créditos, tanto para aquéllos financiados por las instituciones financieras como para los que son vendidos y cedidos al Fisco. En ambos casos, las gestiones de cobranza forman parte de los requisitos que éstas deben cumplir para efectos de proceder al cobro de la Garantía Estatal y de la Garantía por Deserción Académica, excepto para los créditos adquiridos por el Fisco y que corresponden a Deudores Egresados, caso en el cual la Garantía Estatal se extingue por confusión entre acreedor y garante.

Añade que cumplidos los requisitos por las instituciones financieras, éstas pueden solicitar a la Comisión Administradora del nombre reservado que certifique dicha circunstancia y remita un oficio a los garantes para que éstos procedan al pago de las garantías; que una vez pagada la garantía por el Fisco, la Comisión Administradora del nombre reservado, remite los respectivos formularios de cobro por concepto de deuda de crédito con aval del Estado a Tesorería, deuda que se registra en la cuenta única tributaria de los recurrentes como una deuda fiscal; y que conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2° del D.F.L. № 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, corresponde a esta institución efectuar el pago de las obligaciones fiscales y, en general, las de las entidades del sector público que las leyes le encomienden, contando con la facultad de compensar deudas de los contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, en los términos dispuestos en el artículo 6o de dicho cuerpo normativo.

Refiere que el Fisco le adeudaba al recurrente, cantidades de dinero por concepto de excedentes de pagos provisionales mensuales que arrojaron sus declaraciones de impuesto a la renta, año tributario 2016; y que a su vez el recurrente es deudor del Fisco de sumas de las que da cuenta en el respectivo formulario 34, por concepto de deuda de crédito con aval del Estado; que en consecuencia, en la especie, concurrieron todos los requisitos para que operara la compensación, esto es, deudas recíprocas; en dinero, cuya liquidez emana de su propia naturaleza; y en cuanto al requisito referido a la exigibilidad de ambas deudas, indica que durante el período en que se hizo exigible el crédito de los recurrentes en contra el Fisco, sus deudas eran plenamente exigibles, los giros en cuestión estaban en Tesorería en "condiciones de ser pagados", modalidad de la exigibilidad requerida por el artículo 6° del citado D.FL. № 1 y, por ende, en relación a estas deudas recíprocas operó por el sólo ministerio de la ley una compensación aún sin el conocimiento de los deudores.

Manifiesta que para la procedencia de la acción intentada, resulta fundamental comprobar la existencia de un acto ilegal o arbitrario, del cual se siga inmediata y directa privación, perturbación o amenaza de su derecho de propiedad; que claramente la actuación del Servicio no ha sido antojadiza o caprichosa, sino que ha respondido a un actuar que se encuadra dentro de la legislación vigente; y que tampoco ha existido una ilegalidad, pues su mandante ha actuado en cumplimiento de un deber legal, reteniendo y compensando las sumas correspondientes a la devolución de impuesto a la renta del recurrente del año tributario de 2016, amparado en disposiciones de rango legal.

A fojas 21 comparece nombre reservado, Director Ejecutivo Comisión Administradora Del nombre reservado, informando el recurso en los siguientes términos:

Indica que la Ley № 20.027 estableció un sistema de crédito destinado a apoyar el acceso a la educación superior de aquellos estudiantes que por motivos económicos no podían acceder al sistema financiero para obtener los recursos necesarios para solventar sus estudios de educación superior. En este sentido, y de acuerdo a los registros de Comisión Ingresa, don nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad №RUT reservado, es beneficiario del Crédito con Garantía Estatal desde el año 2009, año en que solicitó financiamiento para cursar sus estudios de Licenciatura en Derecho en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, razón por la cual Scotiabank Chile, institución financiera administradora de su crédito, traspasó a esa casa de estudios el monto de $647.100; y que durante el año 2010 el recurrente realizó la renovación de la referida ayuda estudiantil solicitando un monto de $1.932.213, equivalente al 100% del arancel de referencia establecido por el Ministerio de Educación para la carrera de Licenciatura en Derecho en la referida Universidad durante la mencionada anualidad.

Señala que en abril de 2011 la referida Casa de Estudios informó el egreso de nombre reservado, circunstancia que, de acuerdo a la normativa propia de este Sistema de Créditos, generó la exigibilidad de las obligaciones derivadas de los desembolsos efectuados conforme a la Ley № 20.027 y su Reglamento, a partir del día 5 del decimonoveno mes contado desde la fecha de término del plan de estudios del beneficiario; y que el 5 de noviembre de 2012, se inició el calendario de pago de cuotas correspondiente al Crédito con Garantía Estatal, generándose en ese momento la obligación de realizar el pago de la primera cuota del mismo.

Por otro lado, y de acuerdo con la normativa vigente, Scotiabank Chile inició en septiembre de 2013, el cobro de la deuda del recurrente, quien sólo pagó las diez primeras cuotas de su crédito; y que posteriormente, con fecha 16 de abril de 2014, y atendido que el deudor mantuvo impagas las cuotas de su crédito, la referida institución financiera inició las acciones judiciales para obtener el pago de la obligación crediticia, dando cumplimiento así a las obligaciones de administración y cobro de los Créditos con Garantía Estatal cedidos a la Tesorería General de la República, en representación del Fisco de Chile, en virtud de la Ley № 20.027 y su Reglamento.

Refiere que aquellos créditos otorgados en virtud de la Ley № 20.027, cuyo acreedor sea el Fisco de Chile, deberán ser cobrados por el Servicio de Tesorerías, organismo que es el competente para ejercer las acciones de cobranza de los créditos de los órganos de la Administración del Estado, criterio que ha sido ratificado mediante Dictamen № 54.839 (30/08/2011) de la Contraloría General de la República.

Concluye señalando que respecto del recurrente en marzo de 2015, la Comisión Ingresa remitió a la Tesorería General de la República el formulario de cobro del crédito, registrando en la Cuenta Única Tributaria del beneficiario una deuda por $3.237.379, la cual fue compensada por la Tesorería General de la República, en el marco de la Operación Renta del año 2016.

A fojas 36 rola informe del Banco Scotiabank que señala que efectivamente el recurrente obtuvo en dicha institución financiera un crédito con garantía estatal para cursar sus nombre reservado, conforme lo establece la Ley N°20.027, y que dicho crédito se encuentra impago, habiéndose iniciado las acciones judiciales de rigor en su contra.

A fojas 37 se trajeron los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

TERCERO: Que el recurrente, en síntesis, tilda de ilegal y arbitrario el hecho de habérsele retenido por parte de la Tesorería General de la República, los dineros provenientes de su devolución de impuestos, originados de la emisión de boletas con ocasión de su trabajo a honorarios.

CUARTO: Que conforme a lo informado por el Director Ejecutivo de la Comisión Administradora del nombre reservado, el recurrente es beneficiario del Crédito con Garantía Estatal desde el año 2009, solicitando la renovación del mismo en el año 2010. Todo ello, para cursar la carrera de Licenciatura en Derecho en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, informándose su egreso en abril de 2011. El 5 de noviembre de 2012, se inició el calendario de pago de dicho crédito, generándose en esa fecha la obligación de pagar la primera cuota. En septiembre de 2013, el banco Scotiabank Chile inició el cobro de la deuda de este crédito, del que recurrente sólo pagó las diez primeras cuotas; y, el 16 de abril de 2014 dicha institución bancaria inició acciones judiciales para obtener el pago del saldo.

A su vez, la Tesorería recurrida informa que conforme lo dispuesto en el artículo 2, N°4, en relación con el artículo 6, ambos del D.F.L. N°1 de 1994, del Ministerio de Hacienda, dicha institución tiene la facultad para compensar deudas del contribuyente con créditos que los contribuyentes tengan contra el Fisco.

De esta manera no existe acto arbitrario o ilegal, por cuanto su actuar se enmarca en las facultades legales, que la obligan a retener los dineros indicados y remitirlos al acreedor.

QUINTO: Que, de lo indicado en las consideraciones que anteceden, fluye que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la entidad recurrida, Tesorería General de la República, debiendo, en consecuencia, ser rechazada la acción de protección intentada, estimándose innecesario emitir pronunciamiento sobre las demás alegaciones del recurrido.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 2 por nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República, por las razones antes indicadas.

Regístrese, comuníquese y archívese oportunamente.

Dese oportuno cumplimiento a lo establecido en el numeral 14 del citado Auto Acordado.

Redactó la Fiscal Judicial Silvia Claudia Mutizábal nombre reservado.

Rol N° 9328-2016.- Recurso de Protección.

Sr. nombre reservado

Sr. nombre reservado

Sra. nombre reservado POR LA SEXTA SALA integrada por los ministros Sr. Renato Campos González, Sr. Rodrigo Cerda San Martín y fiscal judicial Sra. nombre reservado.

Indra Yáñez Fernández Secretaria (S)

En Concepción, a dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.

Indra Yáñez Fernández Secretaria (S)