nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. Concepción scc Concepción, dos de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparecen nombre reservado y Francisco Daniel Ríos Quilodrán, abogados, quienes dedujeron recurso de amparo en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, impugnando la Resolución Exenta N° 2600100395333, de 8 de julio de 2026, dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, que rechazó la solicitud de residencia temporal ID N° 69466109 presentada por aquel y dispuso su abandono del territorio nacional dentro del plazo de treinta días.

Por resolución de 28 de julio de 2026, esta Corte, estimando que los hechos relatados podían eventualmente encuadrarse en la acción contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dispuso su ingreso y continuación como recurso de protección.

Exponen que el recurrente reside en la comuna de Yumbel y que desde el 1 de febrero de 2024 mantiene una relación laboral con Comercial Todocarnes Limitada, desempeñándose como ayudante de carnicería, atención de público y labores de ordenamiento. Señalan que el contrato de trabajo, de 26 de abril de 2024, fue legalizado ante notario el 5 de julio del mismo año, que mediante anexo de 2 de febrero de 2026 pasó a tener duración indefinida y que posteriormente se adecuó su jornada laboral a cuarenta y dos horas semanales. Añaden que registra cotizaciones previsionales y de salud, carece de antecedentes penales tanto en Chile como en Venezuela y mantiene residencia efectiva en Yumbel.

Refieren que el 5 de marzo de 2024 presentó una solicitud de residencia temporal y que, pese a los antecedentes anteriores, el Servicio Nacional de Migraciones la rechazó mediante la resolución impugnada, fundándose en que el contrato de trabajo acompañado no satisfaría, a juicio de la autoridad, las exigencias previstas en el artículo 17 del Decreto N° 177, de 2022, y en que no se habría remitido la carpeta tributaria del empleador exigida por su artículo 22.

Sostienen que la decisión es ilegal y arbitraria, por cuanto el contrato de trabajo sí se encontraría legalizado, la relación laboral se mantiene vigente y la autoridad no habría ponderado adecuadamente el arraigo social y laboral del recurrente, el pago regular de sus cotizaciones ni la ausencia de antecedentes penales. Estiman que la orden de abandono resulta desproporcionada y que el acto administrativo carece de motivación suficiente.

Invocan, además, los principios de integración e inclusión, interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, pro homine y no devolución, sosteniendo que las circunstancias personales del recurrente debieron ser consideradas por la autoridad antes de adoptar una medida que afecta su permanencia en el país.

Solicitan que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 2600100395333 y la orden de abandono asociada a ella y que se disponga la continuación del procedimiento de residencia temporal, teniendo especialmente en consideración los antecedentes laborales, previsionales, de residencia y de intachabilidad penal acompañados.

Informó el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción. Señala que el 5 de marzo de 2024 el recurrente ingresó la solicitud de residencia temporal ID N° 69466109 y que, mediante notificación electrónica de 18 de junio del mismo año, se le comunicó que los antecedentes presentados eran incompletos o insuficientes y se le requirió acompañar diversos documentos para dar continuidad al procedimiento.

Precisa que, entre otros antecedentes, se le solicitó documentación relativa al contrato de trabajo y, atendido que el empleador era una persona jurídica, certificado de inicio de actividades, carpeta tributaria destinada a acreditar renta y documentación relativa a la titularidad o representación legal de quien suscribía el contrato. Asimismo, se le indicó que, en caso de no contar con los documentos solicitados, debía acompañar una carta explicativa.

Agrega que el 19 de febrero de 2025 se notificó al interesado el previo rechazo de la solicitud, comunicándole específicamente que subsistían dos deficiencias, consistentes en no haber presentado un contrato de trabajo vigente y no haber acompañado la carpeta tributaria del empleador o contratante. En dicha oportunidad se le otorgó un plazo de diez días hábiles para presentar antecedentes respecto de las causales comunicadas.

Expone que, transcurrido dicho término y estimando la autoridad que las observaciones formuladas no habían sido subsanadas, el 8 de julio de 2026 se dictó la Resolución Exenta N° 2600100395333, que rechazó la solicitud de residencia temporal y dispuso el abandono del país. Sostiene que la actuación del Servicio se ajustó a la legislación migratoria vigente y que no existe acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido mediante esta acción constitucional.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías susceptibles de tutela conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República. Para su procedencia se requiere, por consiguiente, la constatación de una actuación contraria al ordenamiento jurídico o carente de fundamento racional y, además, una afectación concreta y actual de alguna garantía constitucional amparada por esta vía.

2°) Que el acto que se estima ilegal o arbitrario está constituido por la Resolución Exenta N° 2600100395333, de 8 de julio de 2026, mediante la cual el Servicio Nacional de Migraciones rechazó la solicitud de residencia temporal ID N° 69466109 presentada por don nombre reservado y dispuso su abandono del territorio nacional dentro del plazo de treinta días. La decisión se sustentó en que la solicitud no satisfacía los requisitos de la subcategoría migratoria pretendida, por estimar la autoridad que la documentación relativa al contrato de trabajo no cumplía las exigencias correspondientes y por no haberse remitido la carpeta tributaria del empleador o contratante. La resolución dejó constancia, además, de los requerimientos formulados durante el procedimiento y de la notificación de previo rechazo efectuada el 19 de febrero de 2025.

3°) Que el artículo 88 N° 1 de la Ley N° 21.325 contempla el rechazo de las solicitudes de residencia cuando el interesado no cumple los requisitos de la categoría o subcategoría migratoria respectiva. A su turno, el artículo 91 del mismo cuerpo legal exige que, previamente a la dictación del rechazo, se comuniquen al interesado las razones en que este se fundará y se le otorgue la oportunidad de presentar antecedentes respecto de la causal invocada. Tratándose de extranjeros que desarrollan actividades lícitas remuneradas, el Decreto N° 177, de 2022, establece los antecedentes necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos de la respectiva subcategoría. Su artículo 17 fija las condiciones formales y sustantivas que debe reunir el contrato de trabajo presentado, mientras que su artículo 22 exige, adicionalmente y de manera autónoma, la carpeta tributaria del empleador o contratante en los casos allí previstos.

4°) Que los antecedentes del procedimiento demuestran que las deficiencias que finalmente sustentaron el rechazo no fueron comunicadas al recurrente por primera vez en la resolución terminal. En efecto, durante la tramitación de la solicitud el Servicio requirió la complementación de antecedentes relativos a la relación laboral y a la situación del empleador. En particular, la comunicación de 18 de junio de 2024 solicitó la carpeta tributaria del empleador o contratante, además de otros documentos relacionados con la persona jurídica que había celebrado el contrato. Posteriormente, el 19 de febrero de 2025, la autoridad comunicó formalmente al interesado, en el trámite de previo rechazo, que subsistían dos observaciones precisas, consistentes en no haber presentado un contrato de trabajo vigente y en no haber acompañado la carpeta tributaria del empleador o contratante, concediéndole diez días hábiles para presentar documentación destinada a desvirtuar tales causales. No aparece, por consiguiente, que los fundamentos de la decisión hayan sido introducidos de manera sorpresiva ni que el recurrente hubiese carecido de una oportunidad real y concreta para aportar los antecedentes requeridos.

5°) Que adquiere especial relevancia la falta de presentación de la carpeta tributaria del empleador, pues se trata de un antecedente expresamente contemplado en el artículo 22 del Decreto N° 177, de 2022, para acreditar el cumplimiento de las condiciones propias de la subcategoría migratoria solicitada. La omisión fue comunicada al recurrente durante el procedimiento y reiterada expresamente en la notificación de previo rechazo. Sin embargo, de los antecedentes incorporados a estos autos no aparece acreditado que dicho documento hubiese sido oportunamente presentado ante el Servicio Nacional de Migraciones. Tal incumplimiento constituye, por sí mismo, una razón objetiva directamente vinculada con los requisitos de la residencia temporal solicitada y resulta suficiente para sustentar la aplicación del artículo 88 N° 1 de la Ley N° 21.325.

6°) Que la alegación relativa al contrato de trabajo no permite arribar a una conclusión diferente. Es efectivo que el recurrente acompañó a estos autos un contrato de trabajo de 26 de abril de 2024, cuya legalización notarial consta efectuada el 5 de julio del mismo año, además de antecedentes posteriores que dan cuenta de la continuidad de la relación laboral y de su modificación a duración indefinida. Los documentos acompañados comprenden, asimismo, cotizaciones previsionales, antecedentes de salud y liquidaciones de remuneraciones. Sin embargo, aun prescindiendo de la controversia relativa a las formalidades específicas que dicho instrumento debía satisfacer conforme al artículo 17 del Decreto N° 177, y dando por acreditada la existencia actual de una relación laboral vigente, subsiste la falta de acreditación de la carpeta tributaria del empleador, antecedente autónomamente exigido por el artículo 22 del mismo decreto y cuya omisión fue expresamente comunicada al interesado. No resulta necesario, por ello, resolver en esta sede si el contrato acompañado satisface íntegramente las exigencias previstas en el artículo 17 del referido decreto, desde que permanece incumplido otro requisito que, por sí solo, proporciona fundamento suficiente para la decisión administrativa.

7°) Que tampoco se advierte infracción al procedimiento previo establecido por la legislación migratoria. El artículo 91 de la Ley N° 21.325 exige que las razones del eventual rechazo sean comunicadas antes de la resolución terminal y que se otorgue al solicitante la oportunidad de presentar antecedentes respecto de ellas. En este caso, además del requerimiento de documentación efectuado durante la tramitación, se practicó la notificación formal de previo rechazo el 19 de febrero de 2025, identificándose concretamente las dos deficiencias que la autoridad estimaba subsistentes y otorgándose un plazo de diez días hábiles para acompañar documentos adicionales. De este modo, el recurrente tuvo conocimiento suficiente de las observaciones pendientes y dispuso de una oportunidad efectiva para aportar los antecedentes necesarios antes de adoptarse la decisión definitiva, sin que se advierta una actuación sorpresiva o una situación de indefensión atribuible al Servicio.

8°) Que la resolución recurrida satisface, asimismo, las exigencias de fundamentación previstas en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, en cuanto permite conocer las razones determinantes de la decisión. En ella se individualiza la solicitud, se señalan los requisitos que la autoridad tuvo por incumplidos, se identifican las disposiciones reglamentarias relacionadas con tales exigencias, se da cuenta de los requerimientos efectuados durante la tramitación y del trámite de previo rechazo, y se concluye que los antecedentes aportados no permitieron desvirtuar las causales comunicadas. Existe, entonces, una relación comprensible entre los antecedentes considerados, la normativa aplicada y la decisión adoptada, sin que pueda sostenerse que el rechazo sea producto del mero capricho de la autoridad o se encuentre desprovisto de fundamento objetivo.

9°) Que las circunstancias personales y laborales invocadas por el recurrente tampoco tienen la virtud de eliminar el incumplimiento precedentemente establecido. Los antecedentes acompañados permiten constatar la existencia de una relación laboral, el pago de cotizaciones previsionales y de salud, la residencia del recurrente en la comuna de Yumbel y la ausencia de antecedentes penales en Chile, circunstancias que dan cuenta de su inserción laboral y social. Sin embargo, tales antecedentes no generan, por sí solos, un derecho indubitado a obtener el permiso de residencia solicitado ni relevan al interesado del cumplimiento de los requisitos establecidos para la subcategoría migratoria a la cual postuló. Sostener lo contrario importaría prescindir de una exigencia contemplada expresamente por la regulación sectorial sobre la sola base de circunstancias personales favorables.

10°) Que tampoco resulta aplicable en los términos pretendidos por el recurrente el artículo 129 de la Ley N° 21.325. Dicha disposición regula las circunstancias que el Servicio debe considerar previamente a dictar una medida de expulsión, entre ellas aquellas relativas a los antecedentes del extranjero, su permanencia en el país y determinados vínculos personales y familiares. En estos antecedentes, sin embargo, no se ha dispuesto una medida de expulsión, sino el rechazo de una solicitud de residencia temporal y la consecuente orden de abandono. Se trata de instituciones diversas, sometidas a presupuestos normativos distintos, por lo que no corresponde trasladar sin más a la decisión sobre una solicitud de residencia las exigencias específicas que el legislador estableció para la expulsión. Lo anterior no significa desconocer la relevancia que pueden revestir el arraigo y las circunstancias personales del extranjero al examinar la razonabilidad de una determinada actuación administrativa. Sin embargo, en la especie tales antecedentes deben ponderarse conjuntamente con el hecho de que el recurrente fue requerido para satisfacer exigencias concretas de la subcategoría solicitada y dispuso de oportunidades para aportar la documentación correspondiente.

11°) Que la jurisprudencia invocada por el recurrente tampoco conduce a una conclusión diversa. Los precedentes citados corresponden a supuestos fácticos y jurídicos que no resultan plenamente equiparables al que se examina, algunos de ellos referidos a medidas de expulsión, respecto de las cuales el artículo 129 de la Ley N° 21.325 impone expresamente a la autoridad la ponderación de las circunstancias personales que la propia disposición enumera, y otros a decisiones migratorias cuya razonabilidad fue examinada atendiendo a las particularidades acreditadas en cada caso. Aquellos pronunciamientos no permiten concluir que la sola existencia de arraigo laboral, social o previsional releve a quien solicita un permiso de residencia del cumplimiento de los requisitos establecidos para la respectiva subcategoría migratoria, ni que toda orden de abandono consecuente al rechazo de una solicitud de residencia resulte, por esa sola circunstancia, ilegal o arbitraria. En la especie, la decisión recurrida se sustenta-como ya se dijo-, entre otros antecedentes, en la falta de la carpeta tributaria del empleador, documento cuya presentación fue requerida durante la tramitación y reiterada en la notificación de previo rechazo, sin que se encuentre acreditado que hubiese sido oportunamente acompañado.

12°) Que la carga de acompañar la carpeta tributaria del empleador, no obstante tratarse de un antecedente referido a un tercero, resulta exigible al propio solicitante de residencia, por cuanto es este quien invoca en su beneficio la existencia y regularidad de una relación laboral como fundamento de la subcategoría migratoria pretendida, de manera que le corresponde allegar los antecedentes que acrediten la efectividad y solvencia de dicho vínculo, incluidos los relativos a la situación tributaria de quien figura como su empleador. A ello se añade que la carpeta tributaria constituye un documento de obtención expedita a través de los sistemas de acceso del Servicio de Impuestos Internos, sea directamente por el contribuyente o mediante autorización otorgada a un tercero, sin que conste en el caso de la especie una gestión en tal sentido. Tampoco consta que el recurrente haya hecho presente ante la autoridad una imposibilidad material de obtener dicho antecedente, la negativa del empleador a proporcionárselo o alguna otra circunstancia que obstaculizara su presentación. Por el contrario, en el requerimiento de 18 de junio de 2024 se indicó expresamente que, en caso de no contar con los documentos solicitados, debía acompañarse una carta explicativa, sin que de los antecedentes examinados aparezca que se hubiese hecho uso de esa posibilidad. Estas circunstancias permiten distinguir el presente asunto de aquellos casos en que la valoración judicial se ha sustentado en la imposibilidad concreta del extranjero de aportar documentación que no se encontraba bajo su control y, por consiguiente, impiden trasladar automáticamente a estos autos las conclusiones alcanzadas en otros precedentes.

13°) Que tampoco puede estimarse desproporcionada, por sí sola, la orden de abandono del territorio nacional. El artículo 91 de la Ley N° 21.325 dispone que toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para abandonar el país, el que no podrá ser inferior a cinco días. En la especie, la resolución recurrida otorgó un término de treinta días. Por consiguiente, atendido que el rechazo de la solicitud de residencia encuentra fundamento en el incumplimiento antes examinado, la orden de abandono constituye una consecuencia expresamente prevista por el ordenamiento jurídico y no aparece, en las circunstancias del caso, como una determinación carente de sustento normativo.

14°) Que la invocación del principio de no devolución tampoco modifica lo razonado, pues los antecedentes acompañados dan cuenta de una referencia general a la situación social, económica y humanitaria de Venezuela, sin aportar elementos relativos a una situación personal e individualizada del recurrente que permitan tener por configurado un riesgo concreto de devolución prohibida. A ello se añade que la resolución impugnada se limita a disponer el abandono del territorio nacional dentro del plazo fijado y no ordena su devolución o expulsión a Venezuela ni a otro Estado determinado. En tales condiciones, y ante la ausencia de antecedentes que den cuenta de un riesgo personal y concreto para el recurrente, no aparece configurada una vulneración actual del referido principio susceptible de tutela por esta vía.

15°) Que, en consecuencia, no se advierte en la actuación del Servicio Nacional de Migraciones una conducta ilegal o arbitraria susceptible de ser corregida por esta vía constitucional. La resolución impugnada encuentra sustento en el incumplimiento de un requisito establecido para la subcategoría migratoria solicitada, particularmente en la falta de la carpeta tributaria del empleador, antecedente expresamente requerido y cuya presentación oportuna no se encuentra acreditada. Tal deficiencia fue comunicada previamente al interesado, quien dispuso de oportunidades concretas para subsanarla, y la resolución terminal exteriorizó las razones que condujeron al rechazo. Los antecedentes de arraigo laboral y social invocados, aun siendo atendibles, no permiten desconocer aquel incumplimiento ni configuran un derecho cierto e indubitado a obtener la residencia temporal solicitada.

16°) Que acceder a lo solicitado y dejar sin efecto la resolución para disponer la continuación del procedimiento implicaría reabrir, por medio de esta acción cautelar, una etapa administrativa en la que el recurrente contó con oportunidades suficientes para satisfacer los requerimientos que le fueron comunicados, sin que se haya acreditado una actuación ilegal o arbitraria que justifique dicha intervención.

17°) Que lo decidido no obsta al ejercicio de los recursos administrativos o demás acciones que el ordenamiento jurídico reconozca al recurrente, ni impide que formule ante la autoridad migratoria las solicitudes que estime procedentes conforme a la legislación vigente, considerando, además, que la propia resolución impugnada dejó a salvo los recursos establecidos en la Ley N° 19.880.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra titular Antonella Farfarello Galletti, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

N° Protección-9201-2026.