Protección contra Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío

C.A. de Concepción xsr Concepción, a ocho de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, por sí y en representación del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio San Agustín de Concepción, así como en representación de 109 niños, niñas, adolescentes y apoderados individualizados en el segundo otrosí de la presentación, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío (SEREMI), representada por la Secretaria Regional Ministerial doña nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado; y la Fundación Educacional Santo Tomás de Villanueva, sostenedora del Colegio San Agustín de Concepción (RBD N° 4669-8), representada legalmente por doña nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado.

Funda su recurso en que se habrían vulnerado las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 11 inciso cuarto (derecho de los padres a escoger el establecimiento educacional de sus hijos) y artículo 19 N° 1 (derecho a la integridad psíquica de la persona) de la Carta Fundamental, a raíz del actuar ilegal y arbitrario de las recurridas materializado en la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 25 de junio de 2026, dictada por la SEREMI de Educación del Biobío.

Señala que dicha resolución acogió la solicitud de la entidad sostenedora para renunciar a la subvención escolar y modificar el régimen de financiamiento del establecimiento a colegio particular pagado a contar del año escolar 2027, rechazando paralelamente la oposición deducida por el Centro de Padres.

Sostiene que la SEREMI incurrió en ilegalidad y arbitrariedad al dar por acreditados requisitos que, a su juicio, no se cumplieron. Afirma que no existió comunicación escrita a los estudiantes, que la notificación a los apoderados fue incompleta por enviarse solo 1.002 cartas certificadas para una matrícula total de 1.245 estudiantes —existiendo 60 cartas dirijidas a domicilios erróneos o sin dirección—, que por correo electrónico se adjuntó una versión en borrador, y que no se detallaron de manera inmediata las medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo.

Agrega que el tránsito a la modalidad pagada significará un incremento arancelario de $1.200.000 a $3.300.000 anuales, forzando la exclusión de 53 alumnos becados y amenazando la continuidad del Programa de Integración Escolar (PIE) que beneficia a 59 estudiantes.

Solicita acoger la acción constitucional, dejar sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000 de la SEREMI de Educación del Biobío y disponer el restablecimiento del imperio del derecho.

Acompañó a su presentación los documentos individualizados en el primer y segundo otrosí de su presentación.

Informó la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío, representada por doña nombre reservado y solicitó el rechazo total del recurso con costas.

Expone que la actuación de la Secretaría de Estado se ciñó estrictamente al principio de legalidad previsto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política y al marco normativo de la Ley N° 20.845, en particular su artículo 17 transitorio, así como al Decreto N° 148 de 2016 y Decreto N° 478 de 2016, ambos del Ministerio de Educación.

Argumenta que con fecha 24 de marzo de 2026 la sostenedora comunicó la decisión de renunciar a la subvención escolar para el año 2027, acompañando comprobantes del envío de comunicaciones escritas mediante correos certificados y electrónicos a la comunidad escolar en dicho mes, junto con la certificación de encontrarse al día en el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales de su personal. En consecuencia, mediante la Resolución Exenta N° NUM000 de 25 de junio de 2026, la SEREMI declaró admisible la solicitud y rechazó la oposición, actuando fundadamente y dentro del límite de sus atribuciones.

Acompañó a su informe copia de las presentaciones de la sostenedora y de la Resolución Exenta N° NUM000.

Informó la Fundación Educacional Santo Tomás de Villanueva, representada por el abogado don Dalton Campos Seguin, solicitando el rechazo de la acción constitucional por no existir acto ilegal ni arbitrario ni vulneración de garantías fundamentales. Explicó que la decisión de cambiar la modalidad de financiamiento de particular subvencionado a particular pagado constituye el ejercicio legítimo de un derecho subjetivo de opción consagrado expresamente por el legislador en el artículo 17 transitorio de la Ley N° 20.845, el Decreto N° 148 de 2016 y el Decreto N° 478 de 2016.

Precisó que el establecimiento contaba al 23 de marzo de 2026 con 1.245 estudiantes pertenecientes a 1.002 apoderados reales, habiéndose remitido 1.002 cartas certificadas por Correos de Chile a la totalidad de dichos apoderados, además del envío de 6.604 correos electrónicos el 23 de marzo y 1.330 correos el 27 de marzo de 2026 donde se detalló la información sobre aranceles, becas y matrícula para el año 2027. Detalló asimismo la realización de reuniones informativas con el Sindicato, Centro de Padres, Centro de Alumnos, cuerpo docente y asistentes de la educación. Aclaró que la norma del Decreto N° 148 contempla como único elemento formal de admisibilidad la acreditación del pago al día de cotizaciones previsionales y remuneraciones, y confirmó que el programa de atención e integración continuará operando en el colegio. Citó jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Concepción (Rol N° 3931- 2017) y de la Excelentísima Corte Suprema (Rol N° 35221-2016 "Netland School").

Acompañó a su informe la documentación individualizada en el otrosí del mismo.

Se trajeron estos autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de urgencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos fundamentales expresamente enumerados en dicha disposición, ante actos u omisiones ilegales o arbitrarios que provoquen privación, perturbación o amenaza en su ejercicio.

SEGUNDO: Que para la procedencia de la presente acción constitucional es requisito indispensable la concurrencia de una acción u omisión ilegal —esto es, contraria a la ley o norma jurídica vigente— o arbitraria —entendida como el producto del mero capricho, sin sustento racional ni motivo fundado—, y que de dicha acción u omisión se derive directamente una afectación o amenaza a una o más de las garantías constitucionales amparadas.

TERCERO: Que en estos autos se ha impugnado como acto ilegal y arbitrario la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 25 de junio de 2026, emitida por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío, la cual declaró admisible la solicitud de renuncia a la subvención escolar y cambio de financiamiento a modalidad de colegio particular pagado presentada por la Fundación Educacional Santo Tomás de Villanueva respecto del Colegio San Agustín de Concepción, para hacerse efectiva a contar del año escolar 2027, rechazando a su vez la oposición formulada por la representación del Centro de Padres.

CUARTO: Que la parte recurrente sostiene sustancialmente que la referida resolución administrativa es ilegal y arbitraria por haber dado por acreditados requisitos que estima incumplidos, principalmente relativos a la forma y oportunidad de la comunicación a la comunidad educativa, la falta de un desglose inicial de las medidas de continuidad, y el consecuente impacto económico y psíquico sobre las familias, alumnos becados y estudiantes pertenecientes al Programa de Integración Escolar (PIE).

QUINTO: Que, para resolver adecuadamente la controversia, corresponde analizar el marco regulatorio fijado por el legislador. Al efecto, el artículo 17 transitorio de la Ley N° 20.845 consagra expresamente que "el sostenedor que opte por dejar de percibir la subvención deberá comunicar esta decisión por escrito a los padres, madres o apoderados y a la comunidad educativa del establecimiento al inicio del año escolar anterior a aquel en que dejará de percibir subvención", comunicación que "deberá indicar expresamente si el establecimiento educacional continuará o no en funcionamiento y las medidas que se adoptarán al efecto".

En idéntico sentido, el artículo 6° del Decreto N° 148 de 2016 y el artículo 15 del Decreto N° 478 de 2016, ambos del Ministerio de Educación, reglamentan dicho procedimiento, prescribiendo que la comunicación por escrito a los padres o apoderados debe efectuarse dentro del mes de marzo del año escolar anterior, debiendo presentarse la solicitud respectiva ante la SEREMI acreditando estar al día en el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales del personal docente y asistente de la educación, configurándose esto último como el requisito de admisibilidad formal del requerimiento.

SEXTO: Que de la normativa reseñada se colige que el ordenamiento jurídico concede al sostenedor un derecho subjetivo de opción para transitar desde el régimen de financiamiento compartido al régimen de educación particular pagada. Tal facultad no se encuentra supeditada a la aquiescencia o aprobación previa de las familias o apoderados del establecimiento, ni constituye una decisión discrecional que la autoridad administrativa pueda denegar de manera libre, sino que obliga a la SEREMI a verificar el cumplimiento formal de las exigencias contempladas en la ley y sus reglamentos.

SÉPTIMO: Que, en relación con la legalidad de la actuación de la SEREMI de Educación de la Región del Biobío, consta en los antecedentes que el órgano administrativo obró dentro de la competencia y atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico. En efecto, la autoridad constató que la entidad sostenedora presentó formalmente su solicitud el 24 de marzo de 2026, dentro del plazo legal del mes de marzo, acompañando la certificación de estar al día en el pago de cotizaciones previsionales y remuneraciones de su personal, así como los respaldos de las comunicaciones efectuadas a la comunidad educativa.

Por tanto, la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000 ajustó plenamente el actuar estatal a los principios de legalidad y fundamentación consagrados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política y en la Ley N° 18.575.

OCTAVO: Que, respecto del actuar de la Fundación Educacional Santo Tomás de Villanueva, conforme lo informado por la autoridad sectorial y por la misma fundación recurrida, se encuentra acreditado que con fecha 23 de marzo de 2026 remitió cartas certificadas mediante Correos de Chile a los apoderados registrados para la matrícula de estudiantes que registraba el colegio a dicha fecha. Asimismo, consta que la sostenedora envió correos electrónicos el mismo 23 de marzo y el 27 de marzo de 2026, informando de forma directa a las direcciones de e- mail personales otorgadas por los apoderados los aranceles, el fondo de becas y el proceso de matrícula para el año 2027.

En consecuencia, conforme lo informado por la autoridad sectorial competente, la sostenedora dio cumplimiento oportuno y sustancial al deber de información por escrito previsto en el artículo 17 transitorio de la Ley N° 20.845 y artículo 6° del Decreto N° 148 de 2016.

NOVENO: Que, así las cosas, de los antecedentes descritos aparece que el ajuste de financiamiento se ha tramitado en conformidad a los cauces reglamentarios y legales vigentes y, en consecuencia, al no haberse acreditado la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible a los órganos y entidades recurridas, la presente acción cautelar debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, por sí y en representación del Centro General de Padres y Apoderados del Colegio San Agustín de Concepción y de las personas a cuyo nombre se recurre en autos, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del Biobío y de la Fundación Educacional Santo Tomás de Villanueva.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Redacción de la abogada integrante Laura Soledad Silva Acuña.

N° Protección-9132-2026.