Protección contra Tesoreríaa General De La República

Foja: 34 Treinta y Cuatro Concepción, dieciséis de agosto de dos mil dieciséis.

VISTO:

A fojas 2 comparece nombre reservado vendedora, domiciliada en domicilio reservado, , interponiendo recurso de protección en contra de la Tesoreríaa General De La República, persona jurídica de derecho público, representada por nombre reservado, Tesorero General de la República, por la resolución de dicho servicio público de fecha 13 de mayo de 2016, en orden a retener dineros provenientes de su devolución de impuestos, originados de la emisión de boletas con ocasión de su trabajo a honorarios, la que califica de ilegal afectando su derecho de propiedad y el debido proceso.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de Tesorería General De La República, persona jurídica de derecho público, representada por nombre reservado, Tesorero General de la República, y en definitiva acogerlo en todas sus partes ordenando se deje sin efecto la retención de impuestos antes referida y se disponga se le devuelva el dinero retenido en forma urgente, dada la precariedad de su situación económica y social.

A fojas 18, informa nombre reservado,, en representación de la Tesorería General de la República, reconociendo la retención pero indicando que la devolución no se verificó porque la Administradora del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Católica de la Santísima Concepción así lo solicitó en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley №19.989.

Señala que, nombre reservado presentó su declaración anual de impuestos a la renta con fecha 26 de abril de 2016, solicitando devolución por un monto de $695.757.autorizando el Servicio de Impuestos Internos, la devolución de $706.193 actualizada por IPC. Con fecha 13 de mayo de 2016 se liberó este monto, el que fue retenido el mismo día, dando cumplimiento a lo dispuesto en en la norma citada , por existir una deuda amparada en dicha disposición, cuyo acreedor corresponde a la Administradora del Fondo Solidario de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a la cual ya se le enviaron los fondos.

Luego de citar las normas legales que en su concepto justifican su actuación solicita desechar en todas sus partes el recurso por no concurrir los requisitos que permiten su procedencia, con costas.

A fojas 22 y 25 informa nombre reservado, Director Ejecutivo Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores quien expone que revisados los sistemas de Comisión Ingresa, los cuales contienen los datos de los estudiantes beneficiarios de esta ayuda estudiantil, desde el año 2006, año en que comenzó a operar este Sistema de Financiamiento, se pudo constatar que doña nombre reservado no es beneficiaría del Crédito Garantía Estatal, de la Ley Nº 20.027 agregando que de acuerdo al informe emitido por la Tesorería General de la República, de fecha 07 de julio de 2016, habría sido beneficiaria del Fondo Solidario de Crédito Universitario, beneficio regulado en la Ley Nº 19.287 y administrado por cada una de las Instituciones de Educación Superior que reciben Aporte Fiscal, de acuerdo al Artículo 1º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 4, de 1981, del Ministerio de Educación.

A fojas 28 informa nombre reservado, Administradora General del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, señalando que la ex alumna suscribió el año 1986 el Crédito Fiscal Universitario para estudiar la carrera de Pedagogía en Educación Gene al Básica, y que luego de ser traspasada por el Fisco a dicha institución de educación superior en virtud del texto primitivo de los artículos 71 y siguientes de la Ley N° 18.591, documentó la deuda y suscribió pagaré por la suma equivalente en pesos de 34,4754 UTM más reajuste.

A fojas 30, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan privación, perturbación o amenaza en el goce de alguna o algunas de las garantías constitucionales que expresamente señala la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario -es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías – preexistentes - protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, el artículo 1o de la ley 19.989, faculta a la Tesorería General para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado en la ley 19.287 - que creó el Fondo Solidario de Crédito Universitario, de dominio y administración de cada una de las Instituciones de Educación Superior que reciben aporte fiscal - los montos de dicho crédito que se encontraren impagos, según lo informado por la respectiva entidad acreedora e imputar dicho monto al pago de la referida obligación. Conforme al artículo 4º del Reglamento de la ley, contenido en el D. S. Nº 297, del Ministerio de Educación, D.O. 19 de noviembre de 2009, los Administradores, deben antes del 1º de febrero del año respectivo, elaborar una nómina de deudas vencidas y no pagadas. Luego, el artículo 5o indica que los Administradores deben notificar a los deudores respectivos que serán sujetos de la retención. Agrega el artículo 6o que los deudores que figuren en la nómina una vez notificados tienen un plazo de 10 días para solicitar al Administrador que aclare la situación del deudor en aquellos casos que considere que haya operado algún modo de extinguir obligaciones o bien que el monto que se consigna como adeudado no está correcto, agregando que la interposición de la aclaración no obsta al ejercicio de las acciones y recursos que disponga la ley. Por su parte, el su artículo 8º dispone que el Administrador tiene un plazo de 10 días para resolver y el artículo 12 dice que una vez finalizado el proceso de reclamo, los administradores deben remitir las nóminas al Ministerio de Educación antes del 30 de marzo del respectivo año, organismo que debe verificar que las nóminas contengan las menciones que indica el artículo 4º, que haya sido practicada la notificación ordenada por el artículo 5º, que en caso de que haya sido interpuesta la solicitud de aclaración ésta haya sido resuelta. Para ello el Ministerio tiene un plazo de 10 días. Luego de cumplirse con los requisitos señalados el Ministerio emite un certificado de conformidad el que es remitido al Administrador del Fondo respectivo y a la Tesorería General. Además, el Ministerio debe remitir electrónicamente a la Tesorería las nóminas de deudas impagas para que con el mérito de éstas y del certificado proceda a la retención.

TERCERO: Que, la recurrente no ha impugnado en autos el monto de la deuda ni tampoco hay constancia en autos que haya ejercido los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico para reclamar el monto de lo adeudado de acuerdo a lo descrito en el considerando precedente CUARTO: Que, la recurrida, Tesorería General de la República, no es acreedora original ni actual ya que ni la ley, ni acto alguno la ha transformado en una acreedora. El acreedor sigue siendo el Fondo de Crédito Universitario Solidario de cada universidad. En consecuencia, al efectuar la retención de la devolución de renta y remitirla a la respectivos Administradora del Fondo Solidario de Crédito Universitario, ha actuado en el ejercicio de una facultad legal que le ha sido concedida respecto de todos los deudores de ese crédito, actuando como mero ente "recaudador" pues la deuda no es con el Fisco. Así lo ha resuelto esta Corte en sentencia de 29 de Noviembre de 2005.

QUINTO: Que, como se dijo, para la procedencia de la acción intentada, resulta fundamental comprobar la existencia de un acto ilegal o arbitrario emanado del recurrido, del cual se siga inmediata y directa privación, perturbación o amenaza de su derecho de propiedad, fundamentos que no se observan en el presente recurso.

En efecto, el Servicio de Tesorerías ha procedido a actuar en cumplimiento de un deber legal, reteniendo la devolución de impuesto a la renta de la recurrente correspondiente al año tributario de 2016 y , de acuerdo a lo informado por la entidad competente y amparado en una disposición que tiene carácter obligatoria, como lo es el claro tenor del artículo 1º de la Ley N°19.989, por lo que su actuar no puede ser calificado ni de ilegal ni de arbitrario, razón por la cual el recurso no puede prosperar..

Y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de protección interpuesto en lo principal de fojas 3.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Mario Pucheu Muñoz.

No firma el ministro Sr. Hadolff Ascencio molina, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrase con permiso.

N° Protección 9119-2016.

Sra. nombre reservado

Sr. nombre reservado POR LA SEXTA SALA, integrada por los ministros Sr. Hadolff Gabriel Ascencio Molina, quien no firma por estar ausente, Sra. nombre reservado y el abogado integrante Sr. Mario Pucheu Muñoz.

Indra Yáñez Fernández Secretaria (S)

En Concepción, a dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.

Indra Yáñez Fernández Secretaria (S)