Protección contra TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Foja: 51 Cincuenta y Uno Concepción, dieciséis de agosto de dos mil dieciséis.

VISTO:

A fojas 1 comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, persona jurídica de derecho público, representada por nombre reservado, Tesorero General de la República, indicando que, a raíz de la resolución de dicho servicio público de fecha 13 de mayo de 2016, en orden a retener dineros provenientes de su devolución de impuestos, originados de la emisión de boletas con ocasión de su trabajo a honorarios, actividad que desarrolla sin contar con un contrato de trabajo ni vínculo laboral, lo que en la práctica significa estar al margen de las normas de protección social, y cuyos impuestos han sido correctamente pagados y declarados ante el Servicio de Impuestos Internos. Indica que dichos ingresos son los únicos de los que dispone para ella y su familia, pues conforme a lo antes señalado, no cuenta con un trabajo formalmente esta​ble, fondos que fueron retenidos, aparentemente, para ser destinados al pago de deudas educacionales. Señala como vulnerado el derecho disciplinado en el numeral 20 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita admitir a tramitación el presente Recurso o Acción de Protección, ponerlo en conocimiento de la recurrida, Tesorería General de la República y, en definitiva, acogerlo en todas sus partes, ordenando se deje sin efecto la retención de impuestos antes referida y se disponga se le devuelva el dinero retenido en forma urgente, dada la precariedad de su situación económica y social.

A fojas 17 informa Leonardo Suazo Torres, Abogado, en representación procesal de la Tesorería General de la República, indicando que, efectivamente, en este caso, la declaración de impuesto a la renta del presente año tributario presentada por la contribuyente, arrojó un remanente de pagos provisionales a favor de ella, cantidad que la Tesorería General debía restituir en el mes de Mayo del 2016. Sin embargo, agrega, tal devolución no se verificó puesto que se solicitó al Servicio de Tesorerías que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N°20.027, retuviera de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del Crédito con Aval del Estado, entre los cuales se encuentra la recurrente, los montos a que tuviera derecho, hasta la suma del crédito que se encontrare impago, para así imputar dicha cantidad al pago de la mencionada deuda.

Añade que el Servicio de Tesorerías, en cumplimiento de ese mandato legal y a lo informado por las entidades acreedoras, procedió a retener de forma centralizada la totalidad de las devoluciones de renta de los contribuyentes antes citados y remitió las cantidades respectivas a las instituciones financieras correspondientes.

En el caso de la recurrente de protección, nombre reservado, ella presentó su declaración anual de impuestos a la renta con fecha 21 de abril de 2016, solicitando devolución por un monto de $ 81.628. A ese respecto, el Servicio de Impuestos Internos, autorizó dicha devolución, actualizándose esa cantidad de conformidad a la variación experimentada por el I.P.C., a la suma de $82.852.

Agrega que con fecha 6 de mayo de 2016 se retuvo este monto, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 20.027, por existir una deuda amparada en dicha disposición, cuyo acreedor corresponde al Banco De Crédito e Inversiones, al cual ya se le enviaron los dineros.

Señala que, de conformidad al Acta N° 94-2015, que fija el texto refundido del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, el recurso o acción de protección se debe interponer ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Agrega que teniendo presente los hechos descritos en los "antecedentes del recurso", puede establecerse que los acontecimientos en que se funda la presente acción de protección, consistente en la retención de la suma cuya devolución se solicitó, ocurrió el 6 de mayo de 2016, en consecuencia el recurrente disponía hasta el 5 de junio de 2016 para interponer el presente recurso, lo que ocurrió el 9 de junio de 2016, siendo procedente, en consecuencia, declarar la extemporaneidad del recurso.

En subsidio, en cuanto al fondo del recurso, indica que la ley N° 20.027 y su reglamento, contenido en el Decreto N° 266, de 2009, del Ministerio de Educación, regulan un sistema de financiamiento de estudios de educación superior para alumnos de aquellas instituciones educacionales que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 3o de la citada ley, que cuenta con la garantía de las instituciones de educación superior y del Estado. Precisa que para estos efectos, la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, lleva a cabo anualmente un proceso de licitación pública para el servicio de financiamiento y administración de estos créditos a través de instituciones financieras. Añade que las instituciones educacionales participantes deben garantizar el riesgo académico de sus estudiantes; el sector financiero debe aportar sus recursos; el Estado debe aportar las garantías que reduzcan el riesgo de los créditos y, por último, los estudiantes, deben asumir el cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas.

Ahora bien, las devoluciones de pagos provisionales mensuales que arrojaron las declaraciones de impuesto a la renta presentadas por los recurrentes, deudores del crédito con aval del Estado, efectivamente, tal como lo indica el recurso interpuesto, no se verificó, puesto que la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores solicitó a la Tesorería General de la República que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 20.027 y artículo 44 de su reglamento, retuviera de las devoluciones de impuesto a favor de los contribuyentes ( luego de presentada la Declaración de Impuesto a la Renta), que correspondiere a los deudores del crédito con Aval del Estado regulado por esa ley, los montos equivalentes a la deuda que mantienen por ese concepto, según lo informado por las respectivas instituciones financieras, para el pago total o parcial de éstas.

Concluye que para la procedencia de la acción intentada, resulta fundamental comprobar la existencia de un acto ilegal o arbitrario emanado del recurrido, del cual se siga inmediata y directa privación, perturbación o amenaza de su derecho de propiedad. Agrega que tampoco ha existido una ilegalidad, sino que como ya se ha señalado, el Servicio de Tesorerías precisamente ha procedido a actuar en cumplimiento de un deber legal, reteniendo la devolución de impuesto a la renta de la recurrente correspondiente al año tributario de 2016, de acuerdo a lo informado por la entidad competente y amparado en una disposición que tiene carácter obligatoria.

A fojas 20 comparece nombre reservado, Director Ejecutivo Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, informando que La Ley N° 20.027 estableció un sistema de crédito destinado a apoyar el acceso a la educación superior de aquellos estudiantes que, por motivos económicos, no podían acceder al sistema financiero para obtener los recursos necesarios para solventar el pago de sus estudios de educación superior. Añade que en este sentido, y de acuerdo a los registros de la Comisión, doña nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N° RUT reservado, es beneficiaria del Crédito con Garantía Estatal desde el año 2007, año en que solicitó financiamiento para cursar sus estudios de Pedagogía en Educación Media en Historia y Ciencias Sociales en la Universidad San Sebastián, razón por la cual el Banco de Crédito e Inversiones, institución financiera administradora de su crédito, traspasó a esa casa de estudios el monto de $1.091.566. Durante los años 2008 al 2012, la recurrente renovó la mencionada ayuda estudiantil, solicitando el 100% del arancel de referencia establecido por el Ministerio de Educación para la carrera referida, en la Universidad indicada, durante cada una de las anualidades. Posteriormente, durante el año 2013, la referida casa de estudios informó acerca del egreso de la recurrente, lo que generó la exigibilidad de las obligaciones derivada de los desembolsos efectuados conforme a la ley N° 20.027 y su reglamento, a partir del día 5 del decimonoveno mes contado desde la fecha de término del plan de estudios de la beneficiaria, iniciándose su calendario de pago de cuotas el día 6 de octubre de 2014. Agrega que, de acuerdo con la normativa vigente, Banco de Crédito e Inversiones inició el cobro de su deuda con fecha 24 de marzo de 2015, dando cumplimiento a la normativa de este Sistema de Créditos, dando inicio a las acciones judiciales tendientes a obtener el pago de la obligación crediticia antes mencionada, para luego hacer exigibles las garantías del Sistema de Financiamiento de la Ley N° 20.027. Indica que resulta pertinente señalar también que los Créditos con Garantía Estatal son garantizados por el Estado y por las instituciones de educación superior (IES), por lo que, en caso de incumplimiento en el pago de las cuotas del mismo, las instituciones financieras pueden solicitar el pago de la garantía estatal y/o por deserción académica que corresponde a las casas de estudio.

Dice que en el caso específico de doña nombre reservado, tratándose de una estudiante egresada cuya morosidad se ha mantenido desde la primera cuota de su crédito, esto es, 6 de octubre de 2014, Banco de Crédito e Inversiones inició las acciones judiciales de cobro el 24 de marzo del año 2015, y luego solicitó en el mes de septiembre del mismo año, el pago de la Garantía por Deserción Académica. Posteriormente, y tras efectuar la revisión de los antecedentes presentados por la ya referida institución financiera, en el mes de octubre de 2015, Comisión Ingresa aprobó el pago de la Garantía por Deserción Académica toda vez que fue verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa propia de este Sistema. En este contexto, en el mes de marzo de 2016, Banco de Crédito e Inversiones informó a Comisión Ingresa la deuda de doña nombre reservado, deuda que ascendería a un monto de 471,1 Unidades de Fomento. Respecto de este punto, cabe tener presente que corresponde al Banco administrador del financiamiento otorgado proporcionar, de acuerdo a los antecedentes de los estudiantes beneficiarios de este Sistema, la información referida a quiénes se encuentran en incumplimiento del pago de su crédito mientras esta morosidad se mantenga, aun cuando se hayan hecho efectivas las garantías del Sistema de Financiamiento de la Ley N° 20.027, por cuanto la ejecución de estas garantías no extinguen las obligaciones contraídas por los deudores.

Concluye indicando que, posteriormente, en el mes de abril de 2016, y con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales previamente citadas, Comisión Ingresa remitió dicha información a la Tesorería General de la República, incluyendo a la ya mencionada beneficiaria del Sistema de Créditos de la Ley N° 20.027, dentro de la nómina de deudores que mantenían morosa o impaga su obligación crediticia al mes de marzo de 2016. Finalmente, indica, que la institución financiera administradora, Banco de Crédito e Inversiones, aplicó los fondos retenidos por la Tesorería General de la República a la deuda que doña nombre reservado mantiene vigente, actualizando el saldo de deuda el cual asciende a 467,64 Unidades de Fomento.

A fojas 37 informa el Banco de Crédito e Inversiones, indicando que la recurrente suscribió con éste un contrato de apertura de línea de crédito para Estudiantes de Educación Superior con Garantía Estatal según ley N° 20.027, al tenor del cual el Banco le otorgó a la recurrente créditos que constan en los pagarés cuyas copias de adjuntan al informe. Posteriormente, se inició demanda ejecutiva ante el 1° Juzgado Civil de Talcahuano, siendo la recurrente notificada personalmente con fecha 6 de mayo de 2015. Añade que, luego, el Banco en cuestión, solicitó a la Comisión Ingresa efectuar el pago de la respectiva garantía estatal, de modo que la Tesorería General de la República procedió a retener la suma de $82.852, con cargo a la devolución de impuestos de la misma recurrente, cantidad que luego fue remesada al Banco que informa, en abono parcial a los aludidos créditos impagos.

A fojas 38, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

TERCERO: Que la recurrente, en síntesis, tilda de ilegal y arbitrario el hecho de habérsele retenido por parte de la Tesorería General de la República, los dineros provenientes de su devolución de impuestos, originados de la emisión de boletas con ocasión de su trabajo a honorarios.

CUARTO: Que, en primer término, en lo tocante a la alegación de extemporaneidad alegada por la Tesorería General de la República, esta Corte es de opinión de desecharla, toda vez que no existe ningún antecedente probatorio tendiente a acreditar los fundamentos de la alegación planteada, sobre todo, la fecha en que ocurrió la retención de impuestos, pero, más específicamente, aquella en que tomó conocimiento de ésta la recurrente; carga procesal de cargo del incidentista, motivo por el cual, como se dijo, esta Corte desechará tal alegación de extemporaneidad.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo de lo debatido, teniendo en cuenta los antecedentes que obran en el proceso, sobre todo, los informes evacuados tanto por la Tesorería General de la República, por la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores y por el Banco de Crédito e Inversiones, estos sentenciadores son de la opinión que la recurrida, Tesorería General de la República, no ha actuado en forma ilegal, pues su conducta está amparada por lo dispuesto en los artículos 1° de la ley N° 19.989, en relación a la disposición 17 de la ley N° 20.027, que la facultan para retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, aquellos montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora, imputando dicho monto al pago de la mencionada deuda; todo lo que ocurrió en la especie.

SEXTO: Que, por lo que se acaba de indicar, el actuar de la administración no ha sido caprichoso, lo que desvanece la posibilidad de arbitrariedad o falta de fundamento del accionar de la entidad recurrida, máxime si se tiene en cuenta que la recurrente posee una deuda con el Estado, lo que es sin perjuicio que esta pueda alegar en una sede jurisdiccional distinta, aquello que crea conveniente a sus particulares intereses.

SÉPTIMO: Que, de lo indicado en las consideraciones que anteceden, fluye que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la entidad recurrida, Tesorería General de la República, debiendo, en consecuencia, ser rechazada la acción de protección intentada.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 1 por nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República, por las razones antes indicadas.

Regístrese, comuníquese y archívese oportunamente.

Dese oportuno cumplimiento a lo establecido en el numeral 14 del citado Auto Acordado.

Redactó Mauricio Ortiz Solorza. Abogado Integrante.

No firma la fiscal judicial Sra. nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por encontrase con permiso.

Rol N° 9116-2016.- Recurso de Protección.

Sr. nombre reservado

Sr. nombre reservado

nombre reservado POR LA SEXTA SALA integrada por el ministro Sr. Renato Campos González, fiscal judicial Sra. nombre reservado, quien no firma por estar ausente y abogado integrante Sr. Mauricio Ortiz Solorza.

Indra Yáñez Fernández Secretaria (S)

En Concepción, a dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.

Indra Yáñez Fernández Secretaria (S)