Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Concepción rtp Concepción, veintiuno de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En folio 1 comparece don nombre reservado, empresario, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, actuando en representación legal y en su calidad de abuelo y apoderado del menor de edad nombre reservado, cédula de identidad N° NUM000, deduciendo recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, cuyo sostenedor es la Corporación nombre reservado, R.U.T. N° NUM001, representada por su sostenedora doña nombre reservado y su rectora doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Los actos que reprocha ilegales y arbitrarios y que sirven de fundamento al recurso son la tramitación de un procedimiento disciplinario e indagatorio iniciado el 18 de mayo de 2026 bajo el marco de la Ley N° 21.128 (Ley Aula Segura); la imposición de la sanción de “Carta de Condicionalidad de Matrícula” comunicada mediante Informe Concluyente de fecha 10 de junio de 2026; la resolución notificada por correo electrónico institucional de fecha 22 de junio de 2026 que rechazó la apelación administrativa interna manteniendo dicha medida sancionatoria y desestimando el Examen Médico Toxicológico de fecha 20 de mayo de 2026 con resultado negativo para cannabis; y las vías de hecho ocurridas el 10 de julio de 2026 consistentes en el retiro de aula e interrogatorio del menor sin la presencia de sus apoderados.

En cuanto a los hechos que fundan el recurso, sostiene que su pupilo nombre reservado, de 15 años, cursa actualmente 1° año Medio A en el establecimiento educacional recurrido. Expone que existen antecedentes clínicos de atención psicológica en el Centro nombre reservado desde el año 2024, que dan cuenta del agobio y estrés experimentado por el estudiante en el recinto escolar. Señala que el 18 de mayo de 2026 el colegio inició un proceso indagatorio bajo la Ley N° 21.128, imputándole el presunto uso y porte de marihuana y vaporizador, fundado exclusivamente en haber sido mencionado por terceros. Agrega que la Inspectoría General denegó el acceso al expediente investigativo, imponiendo un secreto sumarial que vulneró el debido proceso.

Manifiesta que, ante la falsedad de los cargos, el 20 de mayo de 2026 sometieron al menor a un Examen Médico Toxicológico en el Laboratorio Diagonal S.A., con resultado negativo para cannabis. No obstante, ello, el 10 de junio de 2026 la recurrida emitió el Informe Concluyente decretando la condicionalidad de la matrícula. El 11 de junio de 2026 interpuso recurso de apelación acompañando dicha prueba médica, el cual fue rechazado el 22 de junio de 2026 indicando el colegio que los antecedentes no permitían modificar la convicción alcanzada.

Finalmente, denuncia que el 10 de julio de 2026 el alumno fue retirado de clases e interrogado a solas por un funcionario del colegio sin la presencia ni autorización de su apoderado.

Denuncia que se han vulnerado las garantías de los numerales 1, 3 inciso sexto y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, además del artículo 1° de la misma Carta Fundamental y la Convención sobre los Derechos del Niño en sus artículos 3, 12, 16 y 19.

Pide que se acoja el recurso de protección, con costas, declarando el actuar del colegio como ilegal y arbitrario, y ordenando dejar sin efecto e invalidar en su totalidad la sanción de Carta de Condicionalidad de Matrícula ratificada con fecha 22 de junio de 2026; la eliminación inmediata y definitiva de toda anotación u hoja de vida derivada del procedimiento; la prohibición absoluta de apartar de clases o interrogar al menor sin la presencia física de su apoderado; y que el establecimiento dé estricto cumplimiento a la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar cesando todo acto de hostigamiento.

En folio 19 informó la recurrida Corporación nombre reservado, sostenedora del Colegio nombre reservado, por medio del abogado Dalton Campos Seguin, solicitando el rechazo del arbitrio. Alega primeramente la improcedencia de la acción constitucional por cuanto los hechos denunciados se hallan sometidos al imperio del derecho, al encontrarse pendiente de revisión y resolución en la sede administrativa de la Superintendencia de Educación la denuncia ingresada por el propio apoderado recurrente con fecha 9 de julio de 2026, asignada con el código NUM002, organismo que por ley detenta la competencia para fiscalizar y resolver sobre el procedimiento disciplinario educacional. En cuanto al fondo, sostiene que no existe actuación ilegal ni arbitraria de su parte; que el procedimiento indagatorio se inició el 18 de mayo de 2026 en estricto apego al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) y la Ley N° 21.128, garantizándose el derecho a defensa del estudiante mediante la recepción de sus descargos el 29 de mayo de 2026; que el examen toxicológico de 20 de mayo fue ponderado pero resulta insuficiente para descartar por sí solo la facilitación o uso de vapeadores ni desvirtúa los testimonios recopilados; que la apelación fue resuelta fundadamente el 22 de junio de 2026; y que es falso que hayan existido vías de hecho o interrogatorios abusivos el 10 de julio de 2026, correspondiendo dichas intervenciones a conversatorios formativos y de acompañamiento habituales del equipo de convivencia escolar.

En folio 22 obra a requerimiento de esta Corte, informe evacuado por el Encargado Regional de la Unidad de Comunicaciones y Denuncias de la Superintendencia de Educación de la Región del Biobío, nombre reservado, conjuntamente con la abogada Bárbara Fernanda Castro Hidalgo. Se refirió previamente a las competencias legales de esa Superintendencia en el marco de la Ley N° 20.529. Luego, en cuanto a las gestiones realizadas, indicó que con fecha 9 de julio de 2026 el apoderado don nombre reservado ingresó denuncia ante ese Servicio bajo el código NUM002 por la temática de medidas disciplinarias, en la cual expone los mismos hechos referidos en el presente recurso de protección, cuestionando el procedimiento de investigación, la imposición de la condicionalidad de matrícula y la falta de consideración del examen toxicológico. Señaló que dicho requerimiento fue declarado admisible y se dispuso su tramitación mediante una investigación normativa y proceso de fiscalización a cargo de la Unidad de Fiscalización de dicho Servicio, encontrándose dicho procedimiento administrativo actualmente en curso.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1°) Que el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción que persigue tutelar la privación, perturbación o amenaza que sufran las personas en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producidas a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado. 2°) Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene y que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada. 3°) Que, como se consignó en lo expositivo, el recurrente interpone este recurso en representación de su nieto y pupilo, en contra de la Corporación nombre reservado, sostenedora del Colegio nombre reservado, por la aplicación de un procedimiento indagatorio bajo la Ley N° 21.128, la imposición de la sanción de Carta de Condicionalidad de Matrícula comunicada el 10 de junio de 2026 y ratificada el 22 de junio de 2026, desestimando un examen médico toxicológico de orina de fecha 20 de mayo de 2026 con resultado negativo, así como por presuntas vías de hecho ocurridas el 10 de julio de 2026. 4°) Que, por su parte, la entidad recurrida descarta totalmente la existencia de un acto ilegal o arbitrario de parte del establecimiento, señalando que la investigación por consumo y porte de sustancias se desarrolló conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar y a la normativa educacional vigente; que se escuchó al estudiante y se ponderaron sus descargos; que el examen médico de orina presentado no descarta la totalidad de las conductas investigadas; que la apelación fue resuelta motivadamente; y que las intervenciones del 10 de julio de 2026 correspondieron a acciones ordinarias de acompañamiento pedagógico. 5°) Que, el Encargado Regional de la Unidad de Comunicaciones y Denuncias de la Superintendencia de Educación de la Región del Biobío, señaló en su informe los siguientes antecedentes que conviene detallar para la resolución del recurso: a) Que el 9 de julio de 2026, don nombre reservado, apoderado del alumno nombre reservado, ingresó denuncia ante ese Servicio bajo el código NUM002, haciendo referencia a que el establecimiento educacional habría incurrido en actos de hostigamiento, vulneración de derechos e indefensión en el marco del procedimiento indagatorio iniciado el 18 de mayo de 2026, la aplicación de la condicionalidad de matrícula de 10 de junio de 2026 y el rechazo de la apelación. b) Que, efectuada la revisión de la presentación, la Superintendencia de Educación otorgó admisibilidad al requerimiento e instruyó la tramitación de una investigación normativa. c) Que la referida denuncia fue derivada a la Unidad de Fiscalización de ese Servicio a fin de verificar el cumplimiento de la normativa educacional y el debido proceso en la aplicación de las medidas disciplinarias, procedimiento administrativo que se encuentra actualmente en curso y pendiente de resolución. 6°) Que, como se aprecia, los hechos que se denuncian en este recurso ya se encuentran bajo el imperio del derecho, puesto que de ellos conoce el organismo encargado por ley de adoptar las medidas que el caso amerita, -la Superintendencia de Educación-, la cual, en caso de encontrar irregularidades en el proceder del establecimiento educacional respecto del alumno pupilo del recurrente, debe, en dicha sede, adoptar las medidas correctivas que la presente cuestión requiere. 7°) Que, por las razones antes expuestas, el recurso que se analiza no puede prosperar y debe ser desestimado, siendo innecesario entrar al estudio de los derechos constitucionales denunciados.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de su nieto nombre reservado, en contra de la Corporación nombre reservado, sostenedora del Colegio nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Redacción de la ministra Antonella Farfarello Galletti.

N° Protección-9025-2026.