nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES Y OTRA

Concepción, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece José Manuel Quilodrán, abogado en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Comisión Médica Central y la Superintendencia de Salud, por haber vulnerado las garantías de su representado contenidas en los numerales 1° y 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el recurrente, de 58 años de edad, adolece, desde hace más de 20 años, de patologías crónicas y degenerativas que han menguado notoriamente su calidad de vida en los últimos años, las que desde el año 1999, le impedían desarrollar su trabajo de soldador en forma normal, realizando una serie de consultas médicas que derivaron en una solicitud formal de incapacidad ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Concepción el año 2000, organismo que estableció que el recurrente sufría una discapacidad superior al 70%, sin embargo, luego de una apelación hecha por una aseguradora, la Comisión Médica de Concepción resolvió que el recurrente sufría un menoscabo de su capacidad de trabajo inferior al 50% (44%), por lo que decidió rechazar la invalidez, por lo que debió continuar trabajando, tratando las diversas afecciones que padecía y solicitando licencia médica cuando los padecimientos eran insostenibles.

Añade que realizó nuevamente una solicitud de incapacidad a la recurrida, el año 2016, siendo calificado por la Comisión Médica de Concepción con un menoscabo de la capacidad de trabajo de 73%, mediante Dictamen N° 010.3213/2016, de 14 de julio de 2016, sin embargo, diversas compañías de seguros apelaron, resolviéndose por la Comisión Médica Central en 2017 rechazar la solicitud de invalidez de mi representado, tampoco sin señalar mayor fundamentación, remitiéndose a una fórmula genérica e inespecífica.

Refiere que debido a su incapacidad para continuar trabajando, inició un nuevo procedimiento de declaración de incapacidad el año 2020, ocasión en que la Comisión Médica de Concepción, sin mayor fundamentación decidió rechazar la solicitud de pensión de invalidez del recurrente, estableciendo un menoscabo de la capacidad de trabajo de un 34%, lo cual fue apelado por el recurrente, sin embargo, la Resolución N° C.M.C. 4625/2021, de la Comisión Médica Central, fechada el 12 de mayo de 2021, rechazó el reclamo y confirmó el Dictamen N° 010.1287/2021, de la Comisión Médica Concepción, del 31 de marzo de 2021, que declara que no procede otorgar invalidez.

Indica que es imperativo que su representado no continúe trabajando, pues continuar trabajando significa el deterioro progresivo y acelerado de su salud y eventualmente implicará su invalidez completa, con todo el daño personal y familiar que ello implica.

Hace presente que el conjunto de normas legales, reglamentarias y administrativas que regulan el ámbito de los beneficios previsionales en el Sistema de Pensiones de Capitalización Individual y en el Sistema de Pensiones Solidarias, autoriza a los referidos órganos calificadores a solicitar evaluaciones de las diversas especialidades médicas, como también exámenes de laboratorio y demás complementos que estimen necesarios para fundamentar sus pronunciamientos, sin embargo nada de lo anterior fue realizado por la Comisión Médica Central, no entregando al recurrente la posibilidad de una revisión objetiva de su estado de salud actual, ni siquiera una entrevista, agregando que ha habido una actuación arbitraria sostenida en el tiempo de la recurrida, toda vez que yendo contra actos propios expresos, se desdice después de los mismos sin una mínima fundamentación exigible, que permita comprender a los administrados las razones concretas que le llevan a desdecirse de lo ya actuado.

Agrega que la actuación de la recurrida ha vulnerado dos derechos fundamentales asegurados por instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como son el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, y el derecho a la igualdad ante la ley pues, por una parte, al actuar en forma ilegal y arbitraria, sin ningún tipo de consideración a las circunstancias de salud apremiantes, graves y degenerativas de mi representado, amenaza el derecho a la vida, vulnera su derecho a la integridad física y psíquica en forma evidente; y, por otra parte, el acto ilegal y arbitrario de la recurrida ha privado a la recurrente de su derecho a la igualdad ante la ley, al despojarle arbitrariamente y en forma ilegal, de su derecho a tener un procedimiento de calificación de invalidez ajustado a Derecho, frente a otras personas que en situación equivalente, sí han tenido un procedimiento tal.

Solicita ordenar a las recurridas a realizar un procedimiento ajustado a Derecho, permitiendo al recurrente aportar todos los antecedentes médicos de que dispone y reevaluando su condición médica y el menoscabo real y objetivo de su capacidad laboral, y/o bien tomando aquellas otras medidas se estime procedentes en derecho, condenando expresamente en costas a la recurrida.

Comparece nombre reservado, Presidenta de la Comisión Médica Central, quien en primer lugar hace presente la falta de legitimación pasiva pues las Comisiones Médicas Regionales y la Comisión Médica Central no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propios y son supervigiladas por la Superintendencia de Pensiones.

Luego alega que la acción deducida en autos excede el ámbito del recurso de protección, no siendo susceptible de discutirse en esta sede lo que persigue el recurrente, pues solo es posible amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, no un pronunciamiento declarativo como pretende el recurrente ni que se deje sin efecto un acto administrativo, como es la Resolución de esta Comisión Médica Central.

Explica que el señor nombre reservado el 20 de julio de 2020 inició un tercer proceso de evaluación de invalidez, el cual motiva la presente acción cautelar, agregando que en sesión N° 63 de 31 de marzo de 2021, la Comisión Médica Regional de Concepción en mérito de los antecedentes e informes médicos dictaminó rechazar la solicitud de pensión de invalidez al recurrente, por cuanto el porcentaje asignado a las enfermedades alegadas como invalidantes le provocan un 34% de pérdida de capacidad de trabajo, porcentaje insuficiente para acceder al beneficio solicitado conforme a las Normas de evaluación vigentes de 2016. Del referido dictamen el recurrente el 5 de mayo de 2021 presentó recurso de apelación, manifestando su disconformidad con el dictamen que no le otorgó pensión, recurso que fue fallado por dicha Comisión Médica Central, rechazando la apelación y confirmando el dictamen de la Comisión Médica Regional de Concepción, que rechazó la solicitud de pensión de invalidez, por cuanto las patologías alegadas como invalidantes alcanzaban a provocar tan solo un 34% de capacidad de trabajo.

Esgrime que tanto el Dictamen de la Comisión Médica Regional de Concepción y la Resolución de esta Comisión Médica Central se encuentra debidamente motivada, luego de un debido razonamiento de todos los antecedentes médicos recabados, habiéndose efectuado todos los estudios y análisis necesarios frente a la presentación y reclamaciones realizadas por la recurrente, más allá de que lo resuelto por éstas no sea compartido, añadiendo que el actuar tanto de la Comisión Regional de Concepción y dicha Comisión Médica Central ha sido legal, ceñido estrictamente al procedimiento de evaluación y calificación de invalidez que cuestiona la recurrente, que está debidamente regulado por el D.L. N° 3.500 de 1980 y su Reglamento contenido en el D.S. N° 57, de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Informa la Superintendencia de Pensiones, alegando falta de legitimación pasiva de la Superintendencia de Pensiones, pues el acto objeto del recurso, es la Resolución N° CMC-4625/2021 de 12 de mayo de 2021, dictada por la Comisión Médica Central y no por dicho Organismo Fiscalizador, analizando nutrida jurisprudencia en apoyo de su postura.

Sin perjuicio de lo anterior, expone que no puede intervenir en el proceso de evaluación y calificación de invalidez de los afiliados al sistema de capitalización individual y solo cumple una función de supervigilancia administrativa de las Comisiones e impartirá las normas operativas que se requieran para calificar la invalidez y, por último hace presente que el recurrente no hizo presentación alguna ante su representada, a fin de determinar si efectivamente existió algún tipo de arbitrariedad e ilegalidad en su proceso de evaluación, imponiéndose de la situación reclamada sólo con la interposición de la acción de protección.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

2°) Que la alegación de falta de legitimación pasiva planteada por la recurrida Comisión Médica Central debe ser rechazada, por cuanto la acción de protección establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República se dirige en contra de persona, funcionario o autoridad que por actos u omisiones, prive, perturbe o amenace alguno de los derechos fundamentales contemplados en dicha norma, por lo que, tratándose una cautelar constitucional basta que se dirija en contra del órgano sin que tenga incidencia si cuenta o no con personalidad jurídica.

En tal sentido es que el numeral 3º del Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales señala que, en los casos en que el recurrido sea un organismo público, bastará la notificación al jefe local del servicio o a su representante en el territorio jurisdiccional respectivo.

3°) Que, en cuanto al fondo, es preciso consignar que según se desprende del mérito de los antecedentes, resultan indubitados los siguientes hechos:

1.- Con fecha 31 de marzo de 2021, la Comisión Médica de la Región de Concepción, mediante Dictamen N°010.1287/2021 acordó rechazar la solicitud de pensión de invalidez del recurrente, considerando que las enfermedades alegadas como invalidantes no alcanzan a provocar una pérdida de la capacidad de trabajo de a lo menos 50%. Determina un menoscabo de la capacidad de trabajo de un 34%.

2.- Ante dicha determinación, reclama el recurrente en los términos del artículo 11 el Decreto Ley N° 3.500 de 1980.

3.- La Comisión Médica Central conoció de dicho reclamo y, mediante Resolución C.M.C. N° 4625/2021 de 17 de junio del año en curso, decidió rechazarlo, estimando que la incapacidad global alcanza un no alcanza a un 50%.

4.- Que en el año 2000, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez había declarado que las enfermedades que afectaban al recurrente consistentes en Lumbago crónico y Ciatica eran irrecuperables correspondiendo a un 70% de menoscabo; sin embargo, reclamada por la seguradora, la Comisión Médica de la VIII Región, rechaza la invalidez solicitada por cuanto el menoscabo de la capacidad de trabajo es inferior al 50%, correspondiendo a un 44%.

5.- Que, en el año 2016 y frente a una nueva solicitud de pensión de invalidez del recurrente, la Comisión Médica de la Región del Bio Bio, por Dictamen N° 010.3213/2016 determina un menoscabo de capacidad de trabajo de un 73%. Reclamada por la aseguradora, se vuelve a rechazar.

4°) Que, de los hechos asentados en el motivo que precede, queda en evidencia que, en el año 2000 y luego, en el año 2016, la Comisión Médica de la Región de Concepción determinó que la incapacidad global de la recurrente superaba el 70%, porcentaje que la Comisión Médica Central rebajó en ambos casos a porcentajes inferiores al 50% al conocer del reclamo de las compañías aseguradoras.

Esta situación varió en el mes de junio pasado al establecer, sin mayores fundamentos y conociendo de una nueva solicitud, que alcanzaba sólo un 34%, pese a haberse adjuntado una serie de antecedentes médicos que no sólo ratifican los mismos diagnósticos presentados hace 20 años atrás, sino que aparecen agudizadas y acrecentadas cada una de las dolencia, sumándose otras.

5°) Que el artículo 11 del Decreto Ley N° 3.500 establece el procedimiento al que se deben someter las solicitudes de calificación de invalidez, contemplando una primera etapa en que ésta es efectuada por la respectiva Comisión Médica Regional, cuyas decisiones o dictámenes son reclamables por el solicitante, por el Instituto de Previsión Social o por las compañías de seguro, según el caso, mediante solicitud fundada ante la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, conforme las reglas establecidas entre las letras a) y d) del mismo artículo.

En estas circunstancias, los procesos administrativos de calificación de invalidez no sólo deben ajustarse a la legalidad y, en especial, a las disposiciones que contiene la norma recién aludida, sino que deben también estar dotados de la necesaria racionalidad exigible, en general, al actuar de la Administración, cualidad incompatible con el inconsistente comportamiento de la Comisión Médica de la Región del Bio Bio y la Comisión Médica Central evidenciado en la infundada determinación del porcentaje de incapacidad o invalidez que afecta a la recurrente a través del tiempo, sin exponer los fundamentos que justifiquen conclusiones tan diversas a las alcanzadas en los años 2000 y 2016.

6°) Que, de esta manera, en la especie el comportamiento de la Comisión Médica Central deviene en arbitrario, por carecer de la debida fundamentación respecto de los antecedentes médicos aportados por el recurrente y, asimismo, de racionalidad en los términos ya indicados, e importa una discriminación en perjuicio del actor en relación con otras personas que, en condiciones jurídicas equivalentes, han sido favorecidas con procedimientos de calificación de invalidez racionales y justos.

7°) Que, en consecuencia, habiendo incurrido la Comisión Médica Central en un comportamiento arbitrario que atenta contra la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, la presente acción cautelar debe ser acogida, ordenándose a la Comisión Médica Central que disponga una reevaluación de la condición de salud y grado de invalidez de la recurrente por una comisión de médicos diversa a aquéllas que ya han intervenido en el proceso y se pronuncie en resolución debidamente fundada del menoscabo real de la capacidad de trabajo del recurrente, tomando en consideración todos los antecedentes médicos aportados y su relación con aquellos que viene acompañando desde el año 2000.

8°) Que en lo que concierne a la Superintendencia de Pensiones, el recurso será rechazado a su respecto al no haber incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario teniendo presente el carácter autónomo de la Comisión Médica Central Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución C.M.C. N° 4625/2021 de 17 de junio del año en curso, de la Comisión Médica Central, debiendo esta autoridad disponer, para resolver el recurso de reposición deducido por el recurrente en contra del Dictamen N°010.1287/2021, la realización de una completa reevaluación de la condición de salud y grado de invalidez de la recurrente, con exámenes médicos actualizados, por una comisión de médicos diversa de aquella que ya ha intervenido en el proceso, y resolver enseguida el referido recurso ajustándose a las conclusiones a que ésta arribe.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra Carola Rivas Vargas Rol N° 8888-2021. Protección