nombre reservado con BANCO SANTANDER-CHILE S.A.

C.A. de Concepción Luc Concepción, veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece el abogado Jairo Vásquez Araneda y deduce recurso de protección en beneficio de don nombre reservado, factor de comercio, chileno, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, en contra de Banco Santander Chile, representada legalmente por su gerente general, don nombre reservado, o por quien haga las veces de representante legal en la sucursal de la ciudad de Concepción, todos con domicilio en domicilio reservado, por la acción ilegal y arbitraria que ha privado y perturbado el ejercicio legítimo del derecho de propiedad del recurrente, cometido al retener los fondos de su cuenta corriente, sin fundamento plausible.

Refiere que el recurrente es cliente Cuenta Correntista del Banco recurrido y con fecha 31 de enero de 2024, realizó un depósito en su cuenta bancaria, ya singularizada, en Santander, por el monto de $923.031, los que provienen de diversas actividades remuneradas informalmente, hechos de los cuales realizó declaración de origen de fondos que remitió al Banco recurrido, acompañando documentos como contrato de trabajo y certificados de cursos de barbería.

Indica que con fecha 18 de marzo de 2024, al concurrir en forma presencial a Banco Santander, con la intención de realizar retiro de sus fondos lícitamente obtenidos e ingresados a su patrimonio, se le indicó que no podía hacer uso de ellos, y que se había instruido una investigación al Ministerio Público, sin indicar mayor detalle de aquello, sin brindar un número de causa, o de RUC.

Sostiene que la conducta del Banco recurrido, sin perjuicio de transgredir el debido proceso e infringir diversos cuerpos legales, ha discriminado en forma arbitraria al recurrente al coartar el derecho de propiedad sobre su patrimonio, al no permitirle realizar operaciones bancarias lícitas con el dinero que obtiene como fruto civil de sus labores independientes, por lo que solicita se ordene la liberación inmediata de los fondos de la cuenta corriente número [cuenta reservada], que don nombre reservado mantiene con contrato vigente en Banco Santander, por no existir razones o motivos plausibles para el actuar de la recurrida.

Informa el abogado Tomás Meléndez Moraga, en representación de la recurrida BANCO SANTANDER CHILE, relatando que el recurrente, entre el 1 y el 5 de enero de 2024, conforme a lo dispuesto en el art. 2 de la Ley N°20.009, dio un aviso al Banco Santander Chile informando que el 30 de diciembre de 2023 en su cuenta corriente se habían realizado operaciones bancarias que él desconocía por un monto de $600.000, lo que restituyó dentro del plazo establecido en el inciso primero del art. 5 de la Ley N°20.009.

Señala que, luego del estudio de los antecedentes relacionados a las operaciones desconocidas, Banco Santander Chile determinó que para realizarlas, se había requerido y cumplido con todos los mecanismos de seguridad que dispone el banco, y tampoco constaba que terceros hubieran intervenido la tarjeta, por lo que Banco concluyó no le incumbía responsabilidad alguna en la realización de estas operaciones.

Relata que Banco Santander Chile estimó que el reclamo del recurrente se enmarcaba dentro del patrón de autofraude que consistía en que el cliente, una vez que abre la cuenta en Banco, hace un depósito de al menos 35 UF, suma que posteriormente es retirada por los diversos medios disponibles (retiro de dinero en cajeros automáticos, pagos de cuentas, compra de bienes, etc.). Estos movimientos posteriormente son desconocidos por el cliente señalando que la operación de la tarjeta o transacción electrónica realizada fue a raíz del robo, hurto, extravío o fraude del producto bancario, haciendo operar el recientemente modificado artículo 5 de la Ley N°20.009, lo que implica que el banco, dentro de los 5 días hábiles desde la fecha del reclamo, debe restituir los fondos correspondientes a las operaciones hasta 35 UF. Una vez que el banco deposita las 35 UF en las cuentas de los clientes que hicieron el reclamo, inmediatamente el cliente procede a retirar la totalidad del dinero y las cuentas quedan generalmente sin movimiento. Lo mismo sucede cuando el Banco, en el plazo mayor que otorga la Ley, deposita los montos superiores a las primeras 35 UF.

Indica que, por este motivo, Banco Santander Chile interpuso una querella criminal contra el recurrente el 10 de enero de 2024 ante el 7°Juzgado de Garantía de Santiago, la cual se tramita con el RIT O-407-2024, lo que informó al recurrente por correo electrónico enviado el 8 de marzo de 2024, razón por la cual, alega la extemporaneidad del recurso de protección.

Sostiene que no hay acto ilegal ni arbitrario, por cuanto el art. 6 de la Ley N° 20.009 permite a las instituciones que prestan servicios a pagos y transacciones electrónicas tomar las medidas de seguridad necesarias para prevenir los fraudes regulados en dicha ley. Indica que dicho artículo faculta al banco a adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar la comisión de los ilícitos descritos en dicha ley, y cabe mencionar que dentro de estos ilícitos se cuenta el regulado en el art. 7, letra h), de la Ley N°20.009.

Finalmente, el recurrente no comparece en autos ejerciendo un derecho indubitado, toda vez que Banco Santander Chile está expresamente facultado por ley para evitar eficazmente la comisión de fraudes en sus plataformas de transacciones electrónicas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. De ahí que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal –esto es, contrario a la ley- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

2°) Que el acto que se estima ilegal y arbitrario lo constituye la retención de los fondos de la Cuenta Corriente del recurrente, que ha realizado el Banco Santander, por el monto de $931.000, sin fundamento plausible.

Por su parte, el banco recurrido reconoce la calidad de cuenta correntista del recurrente y la realización de dicha retención, la que justifica en la circunstancia de haber determinado un autofraude por parte del cliente y considerar que su obrar está legitimado en la Ley 20.009.

3°) Que la alegación de extemporaneidad debe ser rechazada, por cuento si bien el recurrente fue informado con fecha 8 de marzo de 2024 que el Banco Santander Chile había interpuesto una querella criminal en su contra, y que motivó el bloqueo de la cuenta corriente; es lo cierto que se trata de un acto permanente donde se imputa la apropiación de fondos de una cuenta corriente, razón por la cual esta Corte considera que el recurso fue interpuesto dentro del plazo que otorga el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

4°) Que, en cuanto al fondo, es preciso consignar que no es el recurso de protección la vía idónea para discernir respecto de la existencia de la existencia de algún acto doloso o culposo por parte del recurrente aludido por el banco recurrido. Efectivamente la naturaleza propia de esta acción constitucional y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente este arbitrio para discutir y resolver materias propias de un procedimiento declarativo.

Sin embargo, el tema en cuestión y sobre el cual puede pronunciarse esta Corte dice relación con las facultades que se atribuye la recurrida, para retener de la cuenta corriente de un cliente los dineros que darían cuenta de un fraude que –según sus procedimientos internos- habría incurrido el cliente.

5°) Que, el contrato de cuenta vista bancaria o chequera electrónica, constituye una especie de depósito respecto de un bien eminentemente fungible, que es de cargo del depositario el riesgo de pérdida de la cosa depositada durante la vigencia de la convención (Corte Suprema Rol Nº 2.196-2018).

En efecto, constituye un elemento esencial de los contratos de cuenta corriente, la entrega de ciertas cantidades de dinero al banco, bajo la modalidad de la figura del depósito. En este sentido, resulta ilustrativa la definición contenida en el artículo 2211 del Código Civil que señala que el deposito es el: "contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie".

6°) Que, en este particular escenario, resulta de todos modos indudable que la forma legal de solicitar la retención de dineros ajenos y de los cuales el banco está bajo las obligaciones del depositario, es a través de las acciones jurisdiccionales correspondientes, ya sea civiles o penales, por lo que de aceptarse que pueda la recurrida actuar de la forma en que lo hizo, implicaría admitir el ejercicio de la autotutela, lo cual proscribe nuestro ordenamiento jurídico.

7°) Que, de esta manera, el obrar de la recurrida es un acto ilegal y que no se encuentra amparado en ninguna de las normas jurídicas que invoca en su favor.

En efecto, la Ley 20.009 limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, principalmente respecto de la posibilidad de dar aviso ante el extravío, robo o hurto de una tarjeta de crédito y. en ningún caso habilita a proceder en contra del cliente, salvo el caso específicamente establecido en su artículo 5 o en el ejercicio de las acciones ordinarias, civiles o penales que estime asistirle, como ya lo hiciera el banco recurrido al deducir la querella correspondiente en contra del recurrente, La doctrina y los autores son unánimes en afirmar, como lo destaca la historia fidedigna de su redacción, que ella tiene por objeto “proteger los derechos de los usuarios de tarjetas de crédito y cuentas corrientes” y no así, del banco obligado a responder de los dineros bajo su custodia que fueron defraudados, estableciendo una serie de beneficios para el cliente. (Historia de la ley 20.009 que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas. Moción parlamentaria. P. 4, y discusión en sala p. 30. Disponible en: http://www.bcn.cl/search?Subject:list=CHILE.%20LEY%20NO.%2020.009)

8°) Que, a su vez, el acto es arbitrario pues de forma unilateral y sin fundamento alguno, pretende resguardar los derechos que estima asistirle como eventual víctima de un fraude, y privando con ello de toda posibilidad de defensa al recurrente con las herramientas procesales que contempla la Ley.

La sola mención al cumplimiento de “patrones de autofraudes” no justifica su obrar, desde que se desconocen cuáles son y a que objetivos responden.

9°) Que, conforme lo que se viene razonando, la actuación de la recurrida afectó el derecho de propiedad garantizado en el numeral 24 de nuestra Carta Fundamental, que el recurrente tenía respecto de los fondos que mantenía en su cuenta corriente, lo cual sólo puede enmendarse acogiendo el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por el abogado Jairo Vásquez Araneda en beneficio de don nombre reservado y se dispone que la recurrida, BANCO SANTANDER CHILE, deberá restituir al recurrente la suma indebidamente retenida en su cuenta corriente de $ 923.031, dentro del plazo de 5 días, contados desde que se produzca la ejecutoriedad del presente fallo.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra Carola Rivas Vargas.

No firma la ministra suplente señora Villegas, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado en sus funciones como ministra suplente.

N°Protección-8687-2024.