nombre reservado con INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL Y OTRO

C.A. de Concepción rtp Concepción, treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco.

VISTO:

En estos autos ingreso Corte Rol 7929-2023 compareció deduciendo recurso de protección el abogado Julián San Martín Sepúlveda, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, chileno, viudo, empleado, Rut N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, en contra del Instituto de Seguridad Laboral, Rut N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, representada por nombre reservado y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, persona jurídica de derecho público, Rut N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, representado por nombre reservado.

Señala que presenta su Recurso de Protección, dentro de plazo, por la perturbación de las garantías constitucionales del artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de Chile, en contra de las entidades ya indicadas, haciendo presente que comenzó su relación laboral con Sergel Ingeniería Construcción y Servicios Limitada durante los primeros días del mes de abril de 2021, empresa adherida al ISL por la Ley N° 16.744. Asegura que se desempeñaba como ayudante de maestro en obras civiles, con un sueldo líquido de ($500.000) quinientos mil pesos mensuales, con una jornada de Trabajo que se fijó de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas. Agrega que a pesar que recibía de sueldo los ($500.000) quinientos mil pesos mensuales, su empleador declaraba y pagaba las imposiciones sociales por el sueldo mínimo.

Señala que Sergel Ingeniería Construcción y Servicios Limitada, prestaba servicios como contratista, en la Sede Rey Balduino de Bélgica, Concepción de la Universidad Técnica Federico Santa María, ejecutando diversos trabajos de mantención, como pintura, cambio de techumbres, instalación de cableado eléctrico, cambio de enchufes, instalación de lámparas, focos, cajas eléctricas, reparación de cañerías de agua, cambio de llaves, reparación de baños, soldadura de cañería de cobre y cambio y reparación de techos, entre otros.

Señala que el día 25 de octubre de 2021, a las 14:50 horas. aproximadamente, recibió la orden por parte de don nombre reservado, de subir al techo de la bodega ubicada en el extremo sur del recinto universitario, con el propósito de cambiar las viejas planchas de fibra por unas nuevas de zinc, este techo se encuentra a 3,5 metros de altura, esta orden impartida al actor, de escalar hasta el techo para realizar este trabajo, se dio a sabiendas de que el actor, al momento de subir, no contaba con su arnés de seguridad, cabo de vida ni punto de anclaje y que, además, carecía de los conocimientos básicos para su uso para trabajos en altura.

Continua señalando que una vez en el techo de la bodega, apoyó su mano izquierda en una de las planchas de fibra que debía cambiar lo que provocó que ésta se quebrara con lo que perdió el equilibrio y cayó sobre el piso de radier de la bodega.

Agrega que después de varias cirugías y una dolorosa recuperación quedó con una artrodosis lumbar en las vertebras L3 a L5 con un dolor axial crónico, con una limitación de movimiento leve de muñeca, también con dolor crónico y un trastorno de estrés postraumático, depresión mayor.

Por las secuelas médicas precedentemente señaladas, es que con fecha 28 de diciembre de 2022, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de Concepción, dictó la Resolución N° 5479, en la que se establece que el actor tiene un 60% de incapacidad por el accidente del trabajo que sufrió.

Señala que el Artículo 26° de la Ley N° 16.744, para los efectos del cálculo de las pensiones e indemnizaciones, entiende por "sueldo base mensual" el promedio de las remuneraciones o rentas, sujetas a cotización, excluidos los subsidios, percibidas por el afiliado en los últimos seis meses, inmediatamente anteriores al accidente o al diagnóstico médico, en caso de enfermedad profesional. En el caso de autos, el actor, al tener un 60% de incapacidad laboral, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 16.744, tiene derecho a una pensión de un 35% de su "sueldo base mensual".

El artículo 47 del Decreto N° 101 de 1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que es el "REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY N° 16.744, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES", dice lo siguiente, a saber: "Artículo 47.- Para los efectos de la determinación de los beneficios establecidos en la ley, el trabajador podrá servirse ante el organismo administrador de cualquier medio de prueba tendiente a acreditar que ha percibido una remuneración superior a aquélla por la que se le hicieron cotizaciones." Explica que con fecha 04 de abril de 2023, apoyado en las normas antes transcritas, con la intención de aclarar y probar su verdadero sueldo y consecuencialmente subir el monto de "sueldo base" se presentó con los antecedentes suficientes, en las dependencias del ISL en la ciudad de Concepción, sin embargo esta recurrida, de forma verbal, a través de sus funcionarios, le dicen que "que sólo se admitían - para subir el sueldo base- los certificados de cotizaciones previsionales", negándose los empleados públicos a seguir escuchando y atendiéndole.

Agrega que acto seguido, a pesar de su limitada movilidad, se dirigió ese mismo día a las dependencias de la Suseso en Concepción, en donde recibió la respuesta "Que el sueldo base lo determinaba los Tribunales de Justicia" Reclama que el artículo 47 del Decreto 101/1968, ya transcrita es prístina en lo siguiente: a) El trabajador puede por cualquier medio de prueba acreditar que ha percibido una remuneración superior a aquélla por la que se le hicieron cotizaciones.

Que esto se hace ante el Organismo Administrador de la Ley N° 16.744, en la especie, ante el ISL, y no ante los Tribunales de Justicia como le informaron en la Suseso.

Constatada la arbitrariedad del acto en que han incurrido ambas recurridas, se afecta el derecho de propiedad del recurrente, en tanto se le priva de poder probar las reales remuneraciones que obtenía y así subir su "sueldo base" de la pensión que debe recibir, evidenciando una falta de humanidad como una ausencia de cumplir con el deber de actuar conforme a Derecho, especialmente en casos como éste, al no atender respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad, lo que es al menos paradójico con instituciones que fueron creadas para atender a los ciudadanos que han sufrido estas contingencias.

En virtud de lo razonado, el actuar de ambos órganos recurridos deviene en arbitraria, pues carece de fundamento legal y peor aún informa mal al usuario con lo que las recurridas infringen la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder a los beneficios de la Ley N° 16.744.

Concluye solicitando tener por presentado el presente Recurso de Protección, someterlo a tramitación y en definitiva lo acoja en todas sus partes en contra del Instituto de Seguridad Laboral, representada por nombre reservado y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representado por don nombre reservado, todos ya individualizados y en definitiva declare que: Ordene se restituya el Estado de Derecho, ordenando al ISl recibir todos los antecedentes de parte del recurrente que permitan a éste probar una remuneración superior al que aparece en sus certificados de cotización previsional para aumentar el sueldo base del artículo 38 de la Ley N° 16.744 y a la Suseso ordene supervigilar al ISL para que de cumplimiento con el artículo 47 del Decreto N° 101 de 1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que es el "REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY N° 16.744, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES" respecto de don nombre reservado, Rut N° RUT reservado.

Informa la Superintendencia de Seguridad Social, por intermedio de SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, Abogado, quien actua, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, Señala que en relación con esta acción constitucional, más allá de rechazar desde ya las infundadas imputaciones que se hacen en contra de mi defendida, las que claramente tienen su origen en el desconocimiento que la contraria tiene de las normas que regulan el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales creado por la ley N° 16.744, alego, primeramente, que la acción de autos es manifiestamente extemporánea, en virtud de lo siguiente:

1. Mediante presentación de 06/10/2022 el Sr. nombre reservado se dirigió ante esta Superintendencia, reclamando en contra de la Resolución N° 435-2022, del 2 de octubre del mismo año, del Instituto de Seguridad Laboral, ya que, le habría rechazado el pago del subsidio por incapacidad laboral derivado de la licencia médica N° 76354477-K, por 21 días, a contar del 27 de septiembre, como asimismo, le informó, que era él quien debía dar inicio a los trámites para que se declare su incapacidad de ganancia.

Al respecto, mediante la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UJU-39761-2023 de 24 / 03 / 2023, esta Superintendencia resolvió que: “...Que, esta Superintendencia cumple con señalar que, atendidos los antecedentes de que se ha podido disponer, dentro de otros, la Resolución Exenta N° 12605 A.T, del 27 de enero de 2023, del Instituto de Seguridad Laboral, en la situación del afectado, se ha podido establecer que se concedió en su favor la correspondiente Pensión de Invalidez Parcial, atendido el 60% de incapacidad fijado en su favor, por las secuelas derivadas del accidente que sufrió el 25 de octubre de 2021. Beneficio que, le ha sido pagado desde el 26 de diciembre de 2022, por cuanto el afectado percibió el pago de subsidios hasta el 25 del mismo mes y año (25.12.2022)”.

Por tanto, dicho ofició concluyó que: “.En mérito de lo antes indicado y, teniendo presente lo informado en la citada Resolución de Constitución del citado Instituto, cuya copia se ha tenido a la vista, se estima atendida la presentación del señor nombre reservado, tanto en lo que se respecta al subsidio derivado del reposo indicado en la citada licencia médica, como en lo que se refiere a la constitución y pago de la Pensión de Invalidez Parcial a la que tiene derecho”.

2. - Ahora bien, el recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 2 de mayo de 2023, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que el Sr. nombre reservado, ya tenía conocimiento de la situación planteada, al menos, con fecha 6 de octubre de 2022, cuando realizó una presentación ante este servicio en contra de lo resuelto por el ISL. Es decir, consta que nombre reservado DE 6 MESES de la presentación del recurrente ante esta parte.

Al respecto, como SS. ILTMA. muy bien conoce, el número primero del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

Solicita, en consecuencia, se rechace la Acción de Protección, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

En subsidio de las alegaciones anteriores, solicita se declare su improcedencia en materias relacionadas con el derecho a la seguridad social.

En forma previa a informar el fondo de la acción de protección interpuesta, esta parte viene en alegar la improcedencia de la presente acción por cuanto la materia sobre la que versa dice relación con un aspecto específico del Sistema Chileno de Seguridad Social, a saber, el Subsistema correspondiente al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y puntualmente, con la calificación del origen común o laboral de un accidente.

En efecto, la calificación de un accidente como de etiología común o laboral, corresponde al procedimiento de reclamos o apelaciones contempladas en los artículos 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744, son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y, por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, cabe reiterar a SS. Ilustrísima que la Acción de Protección es de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales “.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En subsidio de todo lo anterior, informa en cuanto al fondo.

a) Respecto de la Superintendencia de Seguridad Social.

No obstante que la Superintendencia de Seguridad Social es una institución de rango legal, sus competencias arrancan de una norma constitucional. En efecto, de acuerdo con el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, corresponde al Estado supervigilar el adecuado ejercicio del Derecho a la Seguridad Social, de tal forma que a mi representada le corresponde cumplir con ese mandato constitucional en las materias que resultan de su competencia, para lo cual el legislador la ha dotado de amplias atribuciones legales en torno a sus funciones que debe cumplir en su rol de institución fiscalizadora del Estado, según lo prescribe el artículo 1° de la Ley N° 16.395, orgánica y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social.

Corresponde, entonces, a mi representada como misión esencial, la fiscalización y el control superior del funcionamiento del Sistema de Seguridad Social y garantizar, en el campo administrativo, el respeto de los Derechos específicos de los usuarios reconocidos en la legislación, con la sola exclusión del ámbito que compete a las Superintendencias de Salud y de Pensiones. Respecto de esta última, en lo que concierne al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980 y de aquel conformado por las ex Cajas de Previsión y el ex Servicio de Seguro Social hoy fusionados en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), como sucesor legal del ex Instituto de Normalización Previsional (I.N.P.), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 20.255.

La organización y funciones de la Superintendencia de Seguridad Social están contempladas en la Ley N° 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, del año 2013. Así el artículo 1° de este cuerpo legal, establece que a mi representada le corresponde “...la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y en conformidad a la ley.”

En seguida, el artículo 2° del referido cuerpo legal, establece las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, entre las cuales podemos citar las siguientes:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.

b) Dictar las circulares, instrucciones y resoluciones a las entidades sometidas a su supervigilancia, en tanto sean necesarias para el ejercicio de las funciones y atribuciones que le confiere esta ley.

c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

A su vez, el artículo 3° del mismo cuerpo legal en comento dispone que:

"La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”.

El inc. 2° del mismo artículo indica que: "La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

A su vez, el artículo 27 de la Ley N° 16.395 señala que: "En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley N° 16.395, modificado por la señalada Ley N° 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: "Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley N° 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: "Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

b) Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Particularmente, en lo que respecta a la materia de la presente acción, cabe hacer presente a US. ILTMA., que la Ley N° 16.744, publicada en el Diario Oficial el 1° de febrero de 1968, creó el SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO CONTRA RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Las contingencias cubiertas por este Seguro Social son los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en los términos que están definidos por el legislador en los artículos 5° y 7°, respectivamente de la Ley N° 16.744. Las personas protegidas por este seguro social están señaladas, principalmente, en los artículos 2° y 3° de dicho cuerpo legal, contemplando, entre otros, a todos los trabajadores por cuenta ajena o dependientes.

La administración de este seguro social corresponde, entre otros, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley N° 16.744 al Instituto de Seguridad del Trabajo, como sucesor del Instituto de Normalización Previsional y éste del ex Servicio de Seguro Social y las Mutualidades de Empleadores, respecto de los trabajadores dependientes de las entidades empleadoras adheridas a éstas.

Pues bien, a la Superintendencia le corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N°16.395, sobre Organización y Funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, “...la fiscalización del seguro sobre accidentes del trabajo como de las instituciones que a él se dediquen.”.

Por su parte, el inciso quinto del artículo 12 de la Ley N° 16.744, dispone que: “Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad con sus leyes y reglamentos orgánicos.”

c) Siniestros cubiertos por este seguro, personas protegidas, administración y financiamiento.

Las contingencias cubiertas por este Seguro Social de carácter obligatorio son los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en los términos que están definidos por el legislador en los artículos 5° y 7°, respectivamente de la Ley N° 16.744.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 16.744, se entiende por accidente del trabajo “toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.”

De lo antes expuesto, se desprende que para que se configure un accidente del trabajo es preciso que exista una relación de causalidad entre la lesión y el quehacer laboral, la que puede ser directa o inmediata, lo que constituye un accidente “a causa” o bien mediata, caso en el cual el hecho será un accidente “con ocasión” del trabajo, debiendo constar el vínculo causal en forma indubitable.

Según lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 16.744, las enfermedades profesionales son las “causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produce incapacidad o muerte”. Luego, del concepto legal mencionado se infiere que debe existir una relación causal directa entre el quehacer laboral y la patología que provoca una incapacidad, sea ésta temporal o permanente.

Por su parte, el artículo 16 del D.S. N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en complemento del precepto legal antedicho dispone que, para que “una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico”.

Las personas protegidas por este Seguro Social están señaladas, principalmente, en los artículos 2° y 3° de dicho cuerpo legal, contemplando, entre otros, a todos los trabajadores por cuenta ajena o dependientes.

La administración de este seguro social corresponde, de acuerdo con el artículo 8° de la Ley N° 16.744 al ex Servicio de Seguro Social (que en la actualidad corresponde al Instituto de Seguridad Laboral), al ex Servicio Nacional de Salud, al cual le sucedieron los Servicios de Salud y, en la actualidad, esta referencia debe entenderse hecha, además, a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley N° 19.937, que modificó el D.L. N° 2.763, de 1978, y que regula la nueva Autoridad Sanitaria; y de las Mutualidades de Empleadores, respecto de los trabajadores dependientes de las entidades empleadoras adheridas a éstas.

El seguro de que se trata, se financia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley N° 16.744, mediante una cotización básica general de un 0,90% de las remuneraciones imponibles de cargo del empleador. A este se debe agregar una cotización extraordinaria de un 0,05% fijada transitoriamente por ley; y la cotización adicional diferenciada en función de la actividad y riesgo de la empresa o entidad empleadora, la que no puede exceder de un 3,4% de las remuneraciones imponibles que también son de cargo del empleador. Otras fuentes de financiamiento son las multas que aplican los Organismos Administradores, las utilidades o rentas obtenidas de la inversión de los fondos de reserva y por los cobros a los que se refieren en los artículos 56 y 69 de la Ley N° 16.744.

Ahora bien, la Ley N° 16.744 es aplicable, por regla general, a los trabajadores por cuenta ajena o dependientes, vale decir, a aquellas personas que tengan un vínculo de subordinación y dependencia con respecto a un empleador”.

d) Prestaciones contempladas por el Seguro Social de la Ley N° 16.744 En cuanto a las prestaciones que se contemplan en la Ley N° 16.744, se distinguen las médicas y las económicas o pecuniarias.

Las prestaciones médicas son las contempladas en el artículo 29 del cuerpo legal en comento, las que incluyen atención médica, quirúrgica, y dental en forma ambulatoria o hospitalaria, fármacos, prótesis, aparatos ortopédicos, rehabilitación física y reeducación profesional y gastos en traslado.

Las prestaciones económicas, por su parte se otorgan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.744, según el grado de incapacidad laboral y clase (temporal o permanente) que el accidente del trabajo o la enfermedad profesional causen, y están contempladas a partir del artículo 30 del cuerpo legal ya citado.

EN TAL SENTIDO, SOBRE EL CALCULO DEL SUBSIDIO OTORGADO, NO CONSTA SOLICITUD SOBRE AQUELLO POR ESCRITO ANTE MI REPRESENTADA. EN TAL SENTIDO NO BASTA UNA AFIRMACIÓN DEL RECURRENTE, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR DE ALGUNA FORMA ALGUNA SOLICITUD ANTE ESTE SERVICIO QUE ACLARE LA MATERIA.

En cuanto a una supuesta ilegalidad en que habría incurrido mi representada, cabe hacer presente que mi defendida no ha cometido ilegalidad alguna, por cuanto como ya se indicó anteriormente, la Superintendencia de Seguridad Social, es el organismo encargado de la fiscalización del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Tanto es así, que el recurrente en su escrito en el cual materializa el ejercicio de la acción constitucional, no señala en forma precisa norma legal o reglamentaria vinculante o atingente alguna que haya sido infringida, por cuanto en realidad no se ha actuado en contrario a ninguna disposición legal o reglamentaria que regula esta materia, simplemente lo que mi defendida ha hecho es pronunciarse en cuanto a lo consultado, resolviendo mediante el citado impugnado, el que reúne todos los argumentos entregados por el mencionado Organismo Administrador y el recurrente, en base a los cuales se fundó el referido Ordinario.

Entonces, cabe preguntarse cuál es la ilegalidad que se imputa y cuál es la norma constitucional, legal o reglamentaria infringida por la Superintendencia. La respuesta es ninguna, por cuanto lo que existe, lisa y llanamente, es la aplicación de una norma específica a la que se fija su sentido y alcance en uso de sus atribuciones legales, como lo ha hecho en infinidad de veces y cuyo resultado, no es obviamente de la conveniencia del recurrente.

De tal forma, es válido preguntarse también, si por el hecho de aplicar una norma legal en un sentido determinado que no es aquel que pueda interesar al recurrente, hace que dicho actuar sea ilegal y arbitrario. La respuesta, claramente, es no.

Además, el conflicto de relevancia jurídica que se ha generado, dice relación con el sentido y alcance que debe dársele a una determinada norma legal, sin duda alguna, escapa del ámbito de aplicación de esta acción cautelar y más es propia de un juicio de lato conocimiento en el que un juez este llamado a interpretar en definitiva la norma de que se trate.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “...sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19.”.

En el caso, la discusión acerca de la cobertura o no de la Ley N° 16.744 del recurrente, no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que era procedente la cobertura del Seguro de la Ley N° 16.744.

Obviamente, la parte recurrente optó por esta acción cautelar, en razón de tratarse de un procedimiento cautelar de carácter excepcional y por lo mismo más rápido, pero que evidentemente está llamado a ser utilizado para otros casos, y no para que, por esta vía, se solucione un problema que dice relación con unos de los efectos jurídicos de la mentada decisión de mi representada es que la cobertura o no de la cobertura del mencionado Seguro Social.

La parte recurrente, en resumen, para calificar al dictamen de la Superintendencia como ilegal, parte del supuesto que la conclusión a la que llega mi defendida, es “errónea” ya que ella tiene otra opinión sobre el particular, sin embargo, no se debe perder de vista que es la Superintendencia de Seguridad Social la que, como ya se señaló largamente, esta llamada por la normativa ya citada a fijar en última instancia el sentido y alcance que debe dársele a una norma de seguridad social.

Por último, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario por parte de mi defendida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen además detalladamente las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, que por lo demás está en concordancia con criterios jurisprudenciales desde largo tiempo vigentes en este Organismo de Control.

En consecuencia, el actuar de la Superintendencia de Seguridad Social, no ha estado motivado por el capricho, entendido éste como una voluntad irracional carente de lógica o sentido, pues se han dado las razones por las cuales se resolvió acerca de no otorgar la cobertura del Seguro Social de la Ley N° 16.744 en el caso del Sr. nombre reservado.

Es del caso, que el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Sobre la base de lo preceptuado en la Carta Fundamental, cabe reconocer que la actuación estatal en relación con el derecho a la seguridad social se halla radicada, con carácter exclusivo y excluyente, en la Superintendencia de Seguridad Social, cualificado como órgano técnico, encargado directamente por la Constitución de ejercer esa competencia, fiscalizando, interpretando la normativa aplicable en la materia y también, por cierto, dictando instrucciones que garanticen el disfrute por todas las personas del derecho a la seguridad social.

Adviértase bien, a US. Iltma., que, lejos de vulnerar derechos fundamentales, la Superintendencia de Seguridad Social supervigila el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social de que son titulares los trabajadores en Chile, fiscalizando a las instituciones que por ley, se encuentran obligadas o autorizadas a otorgar las prestaciones respectivas, disponiendo como enfermedad profesional lo que una entidad empleadora sostuvo, erradamente, que no era tal, para que el trabajador vea cubierta la contingencia derivada de ese hecho y no se vea, al contrario, forzado a cubrirla con su propio peculio, sino acudiendo al completo sistema diseñado por el legislador con base constitucional.

Sostener lo contrario, sobre la base de negar a la Superintendencia su competencia constitucional para resolver, fiscalizar, interpretar y dictar instrucciones, en el ámbito de la seguridad social, importaría sustraer a las instituciones que deberían estar sujetas a su supervigilancia, situándolas en el ámbito de la autonomía de la voluntad plena para resolver, por sí y ante sí, que una enfermedad no es del trabajo. En tal sentido, la base constitucional de donde la Superintendencia de Seguridad Social arranca sus potestades, exige caracterizarla como entidad autónoma, ya que éste es un rasgo indispensable para el desempeño de sus atribuciones, en asuntos complejos y que suponen fiscalizar, interpretar y dictar instrucciones en asuntos delicados, pues tienen por finalidad el adecuado ejercicio de un derecho fundamental, como es la seguridad social.

Tal autonomía la reconoce expresamente el artículo 2° del D.L. N° 3551, de 1980, al establecer que: “La Fiscalía Nacional Económica, el Servicio Nacional de Aduanas, la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social, serán instituciones autónomas, con personalidad jurídica, de duración indefinida, y se relacionarán con el Ejecutivo a través de los Ministerios de los cuales dependen y se relacionan con la actividad” (...). Además, se manifiesta, evidentemente, en las atribuciones contenidas en los artículos 2° y 3° de su ley orgánica.

Sin embargo, lo realmente decisivo para el caso, es que se comprenda cabalmente la dimensión constitucional de la Superintendencia de Seguridad Social, tanto por lo preceptuado en el artículo 19 N° 18° inciso 4° de la Carta Fundamental, como porque ella se orienta a la cautela de un derecho fundamental que el Código Político asegura a todas las personas.

Cualquier merma de esa autonomía, deja a la Superintendencia de Seguridad Social sin la competencia constitucionalmente asignada para supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, exponiendo a los trabajadores que son titulares de él y sumiendo en la inseguridad jurídica el sistema completo que regula y cautela ese derecho esencial.

Por eso, lo que caracteriza a las Superintendencias, entre ellas, a mi representada, es su origen y sustento constitucional y posteriori configuración por la ley; la personalidad jurídica de Derecho Público, infundida precisamente a raíz de ser un órgano erigido por el legislador, desde la Carta Fundamental; el patrimonio propio que le ha sido asignado; la relación de tutela respecto del Presidente de la República y la exclusión, total o parcial, general o específica, de las normas aplicables a la Administración del Estado.

En suma, la Superintendencia de Seguridad Social es un ente de carácter técnico y autónomo, según lo establece, directamente y en texto expreso, la Constitución, en su artículo 19 N° 18° inciso 4°, cuyas atribuciones de fiscalización, interpretación de la normativa que rige el sector y competencia para dictar instrucciones, tendientes a supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, las lleva a cabo con carácter exclusivo, indelegable y especializado por esa naturaleza técnica.

Finalmente, la Ley N° 16.395, confirma la naturaleza, características y competencia de la Superintendencia de Seguridad Social, ya que traza los rasgos más relevantes de mi representada, los que tienen que ser, necesariamente interpretados y aplicados en consonancia con la Carta Fundamental. Así, el artículo 3° de dicha ley, señala que la Superintendencia es la autoridad técnica de fiscalización, dentro del ámbito de su competencia. Por su parte, su artículo 2° letra c), le confiere la atribución de resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.

Por último, la recurrente olvida que la interpretación de las normas previsionales y de seguridad social que realiza esta entidad está determinada por un mandato legal, de carácter obligatorio, vinculante para los organismos fiscalizados y en cuanto está asociada con la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, importa necesariamente que los fiscalizados apliquen tales normas en el correcto sentido y alcance que se determina, sin perjuicio de los reclamos que sean procedentes. Cualquier otra interpretación importa dejar a esta Superintendencia como una instancia consultora o consejera no vinculante, lo que está en abierta contradicción con la naturaleza "fiscalizadora” que tiene este Servicio.

Concluye solicitando el rechazo del recurso.

Informe Instituto de Seguridad Laboral, por intermedio de nombre reservado, quien actua en su representación.

Que por este acto vengo en dar cumplimiento a lo ordenado por S.S. Informando de la Acción de Protección de autos, solicitando desde ya su rechazo por cuanto, como se demostrará, no ha existido de parte del Instituto Seguridad Laboral actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantizado o siquiera su amenaza, conforme los antecedentes que se exponen y acompañan en un otrosí de esta presentación.

Sobre el particular, es menester comenzar contextualizando que este Instituto de Seguridad Laboral -en adelante e indistintamente ISL-, es una entidad pública, descentralizada, y con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada a partir del artículo 63 de la Ley No 20.255, de Reforma al Sistema Previsional encargada de administrar el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley N° 16.744.

En ese entendido, este ISL como Ente Administrador del seguro de la ya referida ley 16.744, cuenta con una dotación de personal fijada por el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) No 4, de 2009, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que a fin de dar continuidad al servicio que la propia normativa le impone, debe, cumplir sus funciones dispone del personal necesario, en el ámbito de las competencias del ISL. En ese mismo sentido, además se encuentra autorizado por el legislador para otorgar prestaciones médicas a través de los servicios de salud, las mutualidades de empleadores u otros establecimientos de salud públicos o privados, para lo cual debe someterse a las normas de contratación general del Estado, esto es, la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

En igual sentido, conforme dispone la ley, deben otorgarse igualmente prestaciones económicas que sean determinadas por la autoridad.

Conforme con los antecedentes expuestos en el recurso, el actor eventualmente tendría derecho a percibir por parte de este Instituto el beneficio de Pensión de Invalidez de la Ley N°16.744, que consiste en un monto de dinero que se paga mensualmente al trabajador(a) que haya sufrido, por causa u ocasión de un accidente del trabajo o enfermedad profesional, una pérdida de su capacidad de ganancia, en un porcentaje, igual o superior a un 40%, según lo resuelto por la COMPIN.

La pensión de invalidez cesa en el momento que el trabajador(a) alcanza la edad para pensionarse por la causal de vejez, en su respectivo régimen previsional (60 años si es mujer y 65 años si es hombre).

Este beneficio debe ser solicitada a través de las sucursales del ISL, para lo cual deberá adjuntar los siguientes documentos:

- Certificado histórico de pago de cotizaciones en la AFP.

- Copia de las liquidaciones de sueldo de los 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha del accidente laboral o llenar poder simple adjuntado en el correo.

- Certificado de Afiliación (Isapre o Fonasa). en el caso de Isapre, certificado que señale claramente el plan contraído”.

Habiéndose analizado los antecedentes por el departamento de prestaciones económicas, mediante Resolución Exenta N° 12605 A.T, de fecha 27 de enero de 2023 considero la Resolución Exenta N° 5479, de fecha 28 de diciembre de 2022, de la Secretaria Ministerial de Salud del Bío Bío Subcomisión Concepción, se resolvió, conceder al recurrente una pensión de invalidez parcial, por accidente del trabajo, cuyo monto inicial asciende a ciento setenta y dos mil ochocientos sesenta y nueve pesos ($172.869.-) mensuales, a partir del 18/11/2022, toda vez que el trabajador ha sido evaluado con una incapacidad de 60%.

Se indica, además, que la pensión se pagará a contar 26/12/2022, por cuanto el trabajador percibió el pago de subsidios por licencias médicas hasta el 25/12/2022. Conforme indica el artículo 64 de la Ley N°16.744, de 1968, reglamentado en el artículo 76 bis del Decreto N°101, de 1968, el grado de incapacidad actual del trabajador es susceptible de modificación, en mejoría, o agravamiento, pudiendo ser citado por el instituto de seguridad laboral cada dos años para revisión de la incapacidad laboral, ante ello, el beneficiario es responsable de mantener actualizado su medio de contacto con este instituto.

De conformidad al artículo 4° de la Ley N°19.260, este beneficio es revisable de oficio o a petición de parte en un plazo de tres años desde su otorgamiento, si se pide o decreta su revisión dentro de los dos primeros años de su concesión, las diferencias se pagarán o descontarán desde su inicio, si se pide o decreta después del segundo año, las diferencias se pagarán o descontarán desde la fecha de la solicitud que disponga la revisión.

Finalmente, se señala que el beneficio cesará al cumplir el trabajador la edad establecida en su respectivo régimen previsional para pensionarse por vejez, de acuerdo al artículo 53 de la ley n°16.744. Observaciones: beneficio ajustado a monto mínimo de pensión en conformidad a lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 16.744 De esta suerte el recurrente indica que, “Que con fecha 04 de abril de 2023, el actor, apoyado en las normas antes transcritas, con la intención de aclarar y probar su verdadero sueldo y consecuencialmente subir el monto de “sueldo base” se presentó con los antecedentes suficientes, en las dependencias del ISL en la ciudad de Concepción y que ésta recurrida, de forma verbal, a través de sus funcionarios, le dicen al actor que “que sólo se admitían -para subir el sueldo base- los certificados de cotizaciones previsionales”, negándose los empleados públicos a seguir escuchando y atendiendo al sr. nombre reservado”.

Mediante procedimiento interno de Concesión de Indemnizaciones y Pensiones de la Ley N° 16.744, aprobado mediante Resolución Exenta N° 483, de fecha 04 de noviembre de 2019, el cual tiene por objeto definir las actividades a realizar para la concesión de las indemnizaciones y pensiones derivadas de accidente del trabajo o enfermedades profesionales contempladas en la Ley N° 16.744.

Una vez que ingresa el trámite de solicitud de concesión de pensión derivada del accidente laboral, se revisan los antecedentes del caso asignado, y en cuanto pensión de invalidez, se requieren los siguientes documentos:

• Formulario de Beneficios Ley 16.744 y Ley 19.345, sólo en circunstancias cuando el beneficio fue solicitado por el causante o sus represente legal, directamente en la sucursal del ISL.

• Resolución de Incapacidad Permanente (REIP), mediante la cual la Seremi de Salud respectiva haya evaluado al trabajador con una pérdida de incapacidad de ganancia igual o superior a un 40%.

• Informe emitido por la Unidad de seguimiento de casos del ISL.

• Resolución de la Comisión Médica de Reclamos(COMERE), si existirá y en relación a lo evaluado mediante la REIP respectiva y resolución COMERE, si procediera.

• Certificado de Nacimiento del Trabajador.

• Certificado de Nacimiento de hijos del trabajador/a, en caso de tener derecho al suplemente de asignación familiar.

• Denuncia Individual de Accidente del Trabajo.

• Copia del contrato de trabajo vigente y/o finiquito correspondiente al empleador bajo cuya dependencia aconteció el accidente laboral o se declaró la enfermedad profesional. En caso de no contar con ello, se pide documentos alternativos tales como: Informe de la Inspección del Trabajo, certificado histórico de AFP, Lista de Cotizaciones obtenidas en sistema proporcionado por Instituto Previsión Social, certificados emitidos por el empleador, Denuncia de Accidente u otros.

• Copia de Liquidaciones de sueldo de los 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha del accidente laboral o del diagnóstico de la enfermedad profesional.

• Lista de Cotizaciones, obtenidas en el sistema de información del Instituto de Previsión Social.

• Certificado Histórico de AFP.

• Antecedentes laborales acreditados con documentos, tales como: contrato de trabajo, finiquito, carta de aviso, etc.

• Resolución de Calificación- RECA- debidamente timbrada y firmada por el funcionario del ISL a cargo.

• Informe de Revisión Dictamen Compin o Comere, antecedentes cuya emisión de responsabilidad del Departamento de Prestaciones Médicas.

• Certificado de afiliación a Isapre.

• Listado Maestro de Licencias Médicas.

• Listado Maestro de Pago de Subsidio, entre otros.

De los antecedentes expuesto, conforme dispone el artículo 34 de la Ley 16.744, dispone lo siguiente a propósito de las prestaciones por invalidez.

“Se considerará inválido parcial a quien haya sufrido una disminución de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente, igual o superior a un15% e inferior a un 70%. ”

Del caso en comento es que, el recurrente conforme fue informado fue concedida una pensión por invalidez parcial, considerando el porcentaje de perdida de ganancia determinado por la autoridad de salud del 60%. De ello, y conforme se establece en los procedimientos internos de cálculo de beneficio, corresponde que el beneficiario proporcione una serie de documentación necesaria para dicho trámite, cuestión que corrobora con la carta de notificación de los antecedentes requeridos para ello por parte del ISL al señor nombre reservado.

Así las cosas, y a la fecha de cálculo de la pensión por invalidez parcial, el sr. nombre reservado sólo hizo entrega información referida al contrato de trabajo, cotizaciones previsionales, y liquidaciones de sueldo, no acompañando otros documentos que den cuenta de la base de cálculo distinto a lo indicado.

Para efectos de determinar el monto inicial de la pensión, se deberá calcular un sueldo base, de la forma indicada en la Letra A, de prestaciones económicas del título III, Capítulo VI, teniendo presente que las remuneraciones o rentas consideradas deberán actualizarse desde la fecha en que fueron percibidas hasta la fecha a partir de la cual se declaró el derecho a pensión.

Sobre el referido sueldo base, se deberá aplicar el porcentaje que corresponda de acuerdo a lo señalado en las letras a) o b), del número 3, de esta Letra D. (LIBRO VI. PRESTACIONES ECONÓMICASTÍTULO III. Prestaciones económicas por incapacidad permanente. Indemnizaciones y pensiones. Pensiones de invalidez6. Cálculo de las pensiones de invalidez).

En el evento de que un trabajador de aquellos a que se refiere el inciso primero del artículo 1° de Ley N°19.345, haya estado en servicio a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y sufriere con posterioridad un accidente del trabajo o una enfermedad profesional que lo incapacitare en un porcentaje igual o superior a un 70% o que le causare la muerte, la pensión mensual que correspondiere, conforme a la Ley N° 16.744, no podrá ser de un monto inferior a la que le hubiere correspondido percibir en las mismas circunstancias de haberse aplicado las normas por las que se regía en esta materia con anterioridad al 1° de marzo de 1995.

Para estos efectos, el organismo administrador efectuará los cálculos respectivos, y solicitará al Instituto de Previsión Social la estimación de la pensión que le hubiese correspondido de aplicarse las normas que regían con anterioridad al 1° de marzo de 1995.

El organismo administrador deberá pagar la pensión que resulte mayor y en el evento que la pensión resultante fuese de un monto mayor que la de la Ley N° 16.744, la diferencia será de cargo fiscal.

La Tesorería General de la República, a requerimiento del respectivo organismo administrador enterará mensualmente la aludida diferencia y sus reajustes dentro de los diez primeros días del mes correspondiente al del pago de la pensión. En cada oportunidad en que varíe el monto de la pensión, el organismo administrador deberá efectuar el respectivo requerimiento.

Las cantidades que no se enteren oportunamente, se reajustarán en el mismo porcentaje en que hubiere variado el Índice de Precios al Consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en que debió efectuarse el pago y el mes precedente a aquel en el que efectivamente se realice y devengarán interés corriente. Ahora bien, en cuanto a definir qué se entiende por “Sueldo Base” o Remuneración”, el Código del Trabajo ha sido claro en señalar lo siguiente:

“Art. 42. Constituyen remuneración, entre otras, las siguientes: a) sueldo, o sueldo base, que es el estipendio obligatorio y fijo, en dinero, pagado por períodos iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios en una jornada ordinaria de trabajo, sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del artículo 10. El sueldo, no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual. Se exceptúan de esta norma aquellos trabajadores exentos del cumplimiento de jornada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 22, se presumirá que el trabajador está afecto a cumplimiento de jornada cuando debiere registrar por cualquier medio y en cualquier momento del día el ingreso o egreso a sus labores, o bien cuando el empleador efectuare descuentos por atrasos en que incurriere el trabajador.

Asimismo, se presumirá que el trabajador está afecto a la jornada ordinaria, cuando el empleador, por intermedio de un superior jerárquico, ejerciere una supervisión o control funcional y directo sobre la forma y oportunidad en que se desarrollen las labores, entendiéndose que no existe tal funcionalidad cuando el trabajador sólo entrega resultados de sus gestiones y se reporta esporádicamente, especialmente en el caso de desarrollar sus labores en Regiones diferentes de la del domicilio del empleador”.

En el mismo sentido, ha indicado la Superintendencia de Seguridad Social que, por medio del Compendio de Normas sobre Seguridad y salud en el Trabajo, lo siguiente.

“El sueldo base mensual será equivalente al promedio de las remuneraciones o rentas imponibles -incluyendo las cotizaciones que se paguen en calidad de trabajador independiente voluntario-, excluidos los subsidios, percibidas por el afiliado en los últimos 6 meses, inmediatamente anteriores al accidente o al diagnóstico de la enfermedad profesional. La definición contenida en el presente número, será aplicable tanto a los trabajadores dependientes, como a los trabajadores independientes voluntarios.

Si alguno o la totalidad de los 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha del accidente o del diagnóstico de la enfermedad profesional, coincide con el período de cobertura de los trabajadores independientes, a que se refiere el inciso quinto del artículo 88 de la Ley N°20.255, dichos meses deberán considerarse para efectos de la determinación del sueldo base mensual, considerándose como renta, para estos efectos, aquella indicada en el número 3. Sueldo base mensual aplicable a los trabajadores independientes obligados, de esta Letra A del Título III.

Por el contrario, si dentro de los 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha del accidente o del diagnóstico de la enfermedad profesional, el trabajador percibió rentas del artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pero aún no hubiere cotizado en forma obligatoria respecto de éstas, dichas rentas no deberán ser consideradas para la determinación del sueldo base mensual.

En caso que algunos de los referidos 6 meses no estén cubiertos por cotizaciones, el sueldo base será igual al promedio de las remuneraciones o rentas por las cuales se han efectuado cotizaciones.

Si el accidente o enfermedad ocurre antes que hubiere correspondido enterar la primera cotización, se considerará como sueldo base la remuneración imponible establecida en el contrato de trabajo, o la renta declarada en el acto de la afiliación. Asimismo, este criterio será aplicable en aquellos casos en que el trabajador no registre remuneraciones o rentas imponibles, en los últimos 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha del accidente o del diagnóstico de la enfermedad.

Si el trabajador estuvo sólo con subsidio por incapacidad laboral durante los 6 meses inmediatamente anteriores al diagnóstico de la incapacidad por enfermedad profesional, corresponderá considerar las remuneraciones o rentas imponibles que el trabajador percibió en los meses anteriores al inicio del reposo.

Si el trabajador ha dejado de prestar servicios al momento de diagnosticarse la enfermedad profesional, y no registra remuneraciones en ninguno de los 6 meses anteriores al diagnóstico, el sueldo base deberá calcularse promediando las remuneraciones o rentas sujetas a cotización, excluidos los subsidios que el trabajador percibió en los 6 últimos meses anteriores a la fecha en que dejó de trabajar.

En el caso anterior, corresponderá al último organismo administrador al que estuvo afiliada la entidad empleadora, otorgarle las prestaciones económicas de la Ley N°16.744, sin perjuicio de las concurrencias.

El trabajador podrá acreditar que ha percibido mayores remuneraciones que aquellas por las cuales se le efectuaron cotizaciones, debiendo entonces calcularse el sueldo base sobre las remuneraciones efectivamente percibidas, sin perjuicio que las respectivas instituciones previsionales persigan el pago de las cotizaciones adeudadas.

Para los efectos de la determinación de los beneficios establecidos en la Ley N°16.744, el trabajador podrá utilizar cualquier medio de prueba para acreditar ante el organismo administrador, que ha percibido una remuneración superior a aquélla por la que se le hicieron cotizaciones, lo anterior de acuerdo al artículo 47, D.S. N°101, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

El derecho del organismo administrador a impetrar el citado pago prescribirá en el plazo de doce meses, contado desde la fecha de la resolución por la cual se haya otorgado la pensión o desde la fecha en que hubiere variado el monto de la misma, según el caso.

En el mismo sentido, y tal como fue señalado en el escrito de la acción cautelar, en el artículo 47 del Decreto Ley 101/ 1968, lo siguiente:

“Artículo 47.- Para los efectos de la determinación de los beneficios establecidos en la ley, el trabajador podrá servirse ante el organismo administrador de cualquier medio de prueba tendiente a acreditar que ha percibido una remuneración superior a aquélla por la que se le hicieron cotizaciones”.

Finalmente, y a efectos de considerar Conceptos a considerar para determinar la Base de Cálculo, dable es considerar lo siguiente, conforme indicado la Superintendencia de Seguridad Social (LIBRO VI. PRESTACIONES ECONÓMICASTÍTULO II.

Prestación económica por incapacidad temporal. Subsidio por incapacidad laboral. Cálculo del subsidio1. Conceptos a considerar para determinar la Base de Cálculo).

Para efectos de lo dispuesto en el presente Libro VI, se considerará como remuneración del trabajador dependiente, aquella regulada en el Capítulo V del Código del Trabajo. La remuneración mínima imponible para un trabajador dependiente no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual para fines remuneracionales, para una jornada completa o proporcional a la pactada, ni superior al límite máximo imponible establecido en el inciso primero del artículo 16, del D.L. N°3.500, de 1980. El valor de la Unidad de Fomento (UF) que se utilizará para convertir a pesos el tope máximo imponible mensual será la del último día del mes de la remuneración.

El tope imponible para trabajadores cotizantes a alguno de los regímenes administrados por el Instituto de Previsión Social será de 60 Unidades de Fomento (UF). El valor de la UF corresponderá al del último día del mes anterior al pago de la remuneración.

Tratándose de los trabajadores independientes señalados en el artículo 88 de la Ley N°20.255, la renta imponible será anual y corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas anuales gravadas por el citado artículo 42 N°2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, obtenidas en el año calendario anterior a la declaración de dicho impuesto, la que no podrá ser inferior a cuatro ingresos mínimos mensuales para fines remuneracionales, ni superior al producto de multiplicar por 12 el límite máximo imponible establecido en el inciso primero del artículo 16, del D.L. N°3.500, de 1980. En este caso el valor de la Unidad de Fomento (UF) que se utilizará para convertir a pesos el tope máximo imponible anual, será el del último día de mes de diciembre del respectivo año.

Si durante el año calendario anterior al de la declaración de Impuesto a la Renta, el trabajador independiente hubiere percibido remuneraciones como trabajador dependiente y rentas del artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, la cotización para el Seguro de la Ley N°16.744, en calidad de trabajador independiente, se calculará sobre el monto de la renta imponible para pensiones determinada por el Servicio de Impuestos Internos. Si dicha renta imponible anual fuere inferior a cuatro ingresos mínimos mensuales, las cotizaciones que la Tesorería General de la República entere al organismo administrador se considerarán erróneamente pagadas y deberán seguir el procedimiento que se instruye en laLetra M, del Título II, del Libro II. De esta manera, dicho trabajador no gozará de la cobertura del Seguro de la Ley N°16.744 en calidad de independiente obligado, sin perjuicio de que podrá cotizar voluntariamente, conforme a lo señalado en el párrafo siguiente.

Si en su calidad de dependiente, el trabajador hubiere cotizado por el tope imponible durante todos los meses del año, no le corresponderá cotizar obligatoriamente para el Seguro de la Ley N°16.744 -en su calidad de trabajador independiente- y sólo podrá hacerlo de manera voluntaria si la diferencia entre la remuneración que se encuentre percibiendo durante el periodo en que cotice voluntariamente y el ingreso máximo imponible, sea igual o superior a un ingreso mínimo mensual.

En el caso de los trabajadores independientes del artículo 89 de la Ley N°20.255, la renta imponible para el Seguro de la Ley N°16.744, será la misma que declare para el pago de sus cotizaciones para pensiones y salud. Dicha renta no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual para fines no remuneracionales, ni superior al límite imponible que resulte de la aplicación del artículo 16 del D.L. N°3.500, de 1980.

El límite máximo imponible establecido en el citado artículo 16 del D.L. N°3.500, será determinado cada año por la Superintendencia de Pensiones y regirá a partir del primer día del respectivo año. Asimismo, el límite máximo que se utiliza para el cálculo de las cotizaciones del Seguro de Cesantía será equivalente a la cantidad de Unidades de Fomento que determine anualmente la Superintendencia de Pensiones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° de la Ley N°19.728, independiente del régimen de pensiones a que pertenezca el trabajador.

Tratándose de trabajadores independientes que cotizan en alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Previsión Social (IPS), la renta mínima imponible no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual para fines remuneracionales, en tanto que el límite máximo imponible será el equivalente a 60 UF del último día del mes anterior a aquél por el cual se está cotizando, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.095.

Para efecto de determinar las bases de cálculo del subsidio, no se deberán considerar las remuneraciones ocasionales especiales, es decir, aquellas que se pagan sólo en las ocasiones o fechas previstas en el contrato de trabajo, como aguinaldo de las fiestas patrias, navidad, bono de escolaridad del mes de marzo, ni las que correspondan a períodos de mayor extensión que un mes, tales como gratificaciones que se paga una vez al año.

No obstante, el denominado "bono de vacaciones" deberá considerarse en el cálculo de los subsidios cuando corresponde al promedio de remuneraciones variables de los tres meses anteriores, que el trabajador deja de percibir durante el período de vacaciones, y que le permite mantener su remuneración íntegra, puesto que no es otra cosa que el reemplazo de la remuneración habitual durante dicho período, por lo que deberá incluir en el cálculo de los subsidios por incapacidad laboral en la medida que constituyan remuneraciones imponibles.

Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 67 del Código del Trabajo, que dispone que los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a feriado anual de quince días hábiles, con remuneración íntegra. El concepto de remuneración íntegra a que se refiere dicha norma, está contenido en el artículo 71 del mismo Código, el que señala que, durante el feriado, la remuneración íntegra, en el caso de trabajadores con remuneraciones variables, será el promedio de lo ganado por el trabajador en los tres últimos meses.

Sí se deberán considerar en el cálculo de los subsidios por incapacidad temporal, aquellas remuneraciones de naturaleza variable.

Las remuneraciones de naturaleza variable son aquellas establecidas en el contrato de trabajo, que no están referidas a una fecha específica, sino que deben pagarse cada vez que se cumplan las condiciones establecidas en el mismo, tales como comisiones, bonos o premios por rendimiento, productividad, logro de metas y otras que con arreglo al contrato de trabajo impliquen la posibilidad de que el resultado mensual total no sea constante entre uno y otro mes.

Por otra parte, se deberá tener presente que, el subsidio es una prestación económica que reemplaza las remuneraciones del trabajador accidentado o enfermo profesional que dejan de percibir durante el período en que está incapacitado para desempeñar sus labores.

Las remuneraciones, bonos, asignaciones u otros montos pecuniarios que se pacten con la entidad empleadora y se pagan a todo evento, durante los períodos de licencia médica, no deberán ser incluidas en el cálculo de los subsidios por incapacidad temporal, ya que el objeto de este subsidio es reemplazar la remuneración que deja de percibir el trabajador - durante los períodos en que se encuentre temporalmente incapacitado para trabajar- supuesto que no se cumple en las remuneraciones a todo evento, pues el trabajador las continúa percibiendo durante esos períodos.

Con el fin que las remuneraciones que se consideran en la base de cálculo sean representativas de las que habría obtenido el trabajador si hubiese trabajado el tiempo pactado en su contrato de trabajo, se deberán amplificar las remuneraciones que se consideran para el cálculo del subsidio, cuando en alguno de los meses considerados éstas correspondan a un número menor de días de los pactados, salvo que en los días no trabajados el trabajador haya percibido subsidio.

Por ejemplo, si el trabajador tiene pactada remuneraciones mensuales y en uno de los meses que sirven de base de cálculo, trabaja menos de 30 días, el monto de la remuneración imponible que percibió por los días trabajados debe dividirse por el número de días a los que ésta corresponda, obteniendo así el monto de la remuneración imponible diaria. Este monto deberá multiplicarse por 30 para obtener la remuneración imponible mensual amplificada. Si el trabajador percibió subsidio durante el mes, la remuneración imponible diaria deberá multiplicarse por 30 menos los días por los que percibió subsidio.

También corresponde amplificar a mes completo las remuneraciones percibidas por los trabajadores contratados por plazos fijos para desarrollar determinadas obras o faenas y cuyos contratos no son asimilables a los de los trabajadores embarcados y/o eventuales.

Por otra parte, si en el contrato de trabajo se hubiese convenido prestar servicios por un número determinado de días de la semana, se deberán amplificar los días efectivamente trabajados respecto al total de días pactados en el respectivo contrato de trabajo. Por ejemplo, si el trabajador está contratado para trabajar 3 días a la semana, lo que equivale a trabajar 12 días al mes, para amplificar la remuneración percibida por los días efectivamente trabajados debe dividirse por los días efectivamente trabajados y multiplicarse por 12, número de días máximo mensual, según contrato.

En términos generales corresponde amplificar todas aquellas remuneraciones que se pagan en relación al número de días trabajados.

No corresponde amplificar:

Aquellos ítems que forman parte de la remuneración imponible, cuyo monto no depende del número de días trabajados en el mes, por ejemplo, comisiones.

Si en el contrato de trabajo se estipula que el trabajador será remunerado exclusivamente por horas.

La remuneración afecta a impuesto es equivalente a la remuneración imponible con deducción de las cotizaciones de cargo del trabajador, incluida la cotización para el seguro de cesantía de cargo del trabajador. Lo anterior, dado que el artículo 53 de la Ley N°19.728 estableció que la cotización señalada en la letra a), del artículo 5° (0,6% de cargo del trabajador con contrato de duración indefinida), se comprenderá en las excepciones que prevé el N°1, del artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta Por su parte, la cotización para salud, está dentro de las excepciones sólo hasta un monto máximo, equivalente al 7% del límite imponible que resulte de aplicar el artículo 16 del D.L. N°3.500. Por ende, si el trabajador tiene contratado con una institución de salud previsional un plan de salud por un monto superior al señalado, sólo se deberá descontar de la remuneración imponible hasta el equivalente a dicho monto máximo para efectos de determinar la remuneración afecta a impuesto.

Cuando en uno o más de los meses a considerar en la base de cálculo del subsidio, el trabajador ha percibido, además de su remuneración, subsidio por incapacidad temporal común o laboral, corresponde sumar a la remuneración neta del mes, el monto del subsidio a que tuvo derecho el trabajador en ese mes.

En todo caso, cuando en la base de cálculo se incluyan subsidios que han estado afectos al pago de cotizaciones para el seguro de cesantía, de cargo del trabajador, se deberá considerar el subsidio que se determinó de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8° del D.F.L. N°44 y, por ende, sin deducción de la cotización para dicho seguro.

Si el trabajador estuvo todo el mes con subsidio, en el mes correspondiente de la base de cálculo del nuevo subsidio, se deberá considerar el monto del subsidio diario multiplicado por 28, 29, 30 o 31, según corresponda.

Si durante el periodo de cobertura de la cotización obligatoria -esto es, entre el 1° de julio del año en que se pagan las cotizaciones y el 30 de junio del año siguiente- el trabajador independiente obligado se encuentra percibiendo una renta superior a aquella que sirvió de base para la determinación de su cotización obligatoria, podrá cotizar voluntariamente respecto de la renta superior que se encuentra percibiendo, con el fin de incrementar la base de cálculo de las prestaciones económicas del Seguro de la Ley N°16.744.

La renta mensual imponible por la que cotice voluntariamente, no podrá ser inferior a la diferencia entre un ingreso mínimo mensual y la renta imponible anual que sirvió de base para la determinación de su cotización obligatoria dividida por doce.

Asimismo, la suma de la renta imponible por la que cotice mensualmente de manera voluntaria y la renta imponible anual que sirvió de base para la determinación de su cotización obligatoria dividida por doce, no podrá exceder el límite máximo establecido en el artículo 16 del D.L. N°3.500, de 1980, vigente al 31 de diciembre del año al que corresponde la renta imponible anual. El valor de la unidad de fomento necesaria para calcular el equivalente en pesos del límite máximo imponible, será el vigente a dicha fecha.

Esta cotización se adicionará a la base de cálculo del subsidio por incapacidad laboral del Seguro de la Ley N°16.744, en los términos descritos previamente.

De los antecedentes aportados, se acredita que la base de cálculo considerada fue realizada de manera correcta, en atención a la documentación que registra el recurrente al momento del cálculo de la pensión. No existe ninguna solicitud de revisión de dichos antecedentes, tampoco se han aportado nuevos antecedentes para realizar el cálculo correspondiente.

Igualmente, se informa que de conformidad al artículo 4° de la Ley N°19.260, el beneficio que se concede es revisable de oficio o a petición de parte en un plazo de tres años desde su otorgamiento. si se pide o decreta su revisión dentro de los dos primeros años de su concesión, las diferencias se pagarán o descontarán desde su inicio. si se pide o decreta después del segundo año, las diferencias se pagarán o descontarán desde la fecha de la solicitud que disponga la revisión.

Finalmente, el beneficio económico cesará al cumplir la edad establecida en su respectivo régimen previsional para pensionarse por vejez de acuerdo al artículo 53 de la ley n°16.744.

Señala la recurrida que, en el caso de autos, hay ausencia de derechos constitucionales conculcados y, por lo mismo pide el rechazo del recurso, por no existir actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantizado o siquiera su amenaza, con costas.

Informa Sergel LTDA., por intermedio de JORGE ZEIDAN MASHINI FACUSE, abogado, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien lo hace en representación de SERGEL LTDA. RUT RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, cedula nacional de identidad numero RUT reservado y dona nombre reservado, cedula nacional de identidad numero RUT reservado todos domiciliados en domicilio reservado.

En primer término, opone la excepción de avenimiento, transacción, renuncia de acciones y cosa juzgada, fundada en que, el actor en causa por accidente de trabajo RIT O-696-2022, caratulada "nombre reservado con ERGEL INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS LIMITADA" del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, demando por daño emergente, de acuerdo a la siguiente fundamentación contenida en el numeral 34 de la demanda.

"Que en cuanto al daño emergente se concreta ya que el actor al momento del accidente tenía 62 años por lo que restan 3 años para llegar a la edad de jubilación con la 12 disminución de sus ingresos en $150.000 (cientos cincuenta mil) pesos mensuales aprox.,ya que desde que el actor ingresó al ISL, en virtud de la Ley N° 16.744, esta institución le paga subsidios por la suma de $350.000 (trescientos cincuenta mil) aprox" Que, esta parte contestó la demanda respecto a ese punto señalando:

"III. DAÑO EMERGENTE Que, al actor se le pagaba su remuneración por 350.000 pesos, y en virtud de lo anterior la Mutual le pagó sus licencias, por lo que no existe monto a indemnizar por dicho concepto" Que, las partes con fecha 13 de junio de 2023, suscribieron el siguiente avenimiento:

"Que las partes de este juicio han decidido poner término al conflicto de esta causa a través de los siguientes avenimientos, cuyas disposiciones son las que a continuación se señalan y que sometemos a vuestra aprobación: I. Respecto de la demandada SERGEL LTDA.:

1. La parte demandada SERGEL LTDA., sin reconocer los hechos ni fundamentos de las acciones deducidas en estos autos, y con el sólo objeto de poner término al presente juicio, ofrece pagar a la parte demandante, la suma única y total de $10.000.000.- (DIEZ MILLONES DE PESOS), pagadera en cuatro cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $2.500.000.- (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS) cada una, por medio de 4 (cuatro) cheques nominativos a nombre del actor, don nombre reservado, los cuales se dejaran en custodia en vuestro Tribunal. La primera cuota se devengará el día 10 de julio de 2023, el que se pagará por medio de cheque N° [cuenta reservada]; la segunda el día 9 de agosto de 2023, el que se pagará a través de cheque N° [cuenta reservada]; 2 la tercera el día 11 de septiembre de 2023 el que se pagará por medio de cheque N° [cuenta reservada];y la cuarta el día 9 de octubre de 2023, el que se pagará a través de cheque N° [cuenta reservada], todos del Bancoestado cuenta corriente N°[cuenta reservada]. La parte demandante, acepta el ofrecimiento formulado en la cláusula anterior y la forma de pago.

3. Que, con el objeto de asegurar el cumplimiento de esta obligación, se establece una cláusula de aceleración, vale decir, el no pago de uno de las cuotas y/o cheques precedentemente señalados, por la razón que sea, hace exigible el total de la deuda como si fuera de plazo vencido, y se establece una cláusula penal como avaluación anticipada de los perjuicios en caso de incumplimiento o simple retardo, ascendente al 50 del valor insoluto, más los respectivos intereses y reajustes.

4. Las partes, atendido lo declarado y acordado en las cláusulas precedentes y cumplidas las mismas, se confieren el más amplio, total, completo y recíproco finiquito de la relación laboral que los unió, renunciando a toda acción que pudiere derivar del presente litigio o de la relación que los ligó, cualquiera que sea su naturaleza, declarando que nada se adeudan por ningún concepto, salvo la obligación contraída en el presente avenimiento, sin que puedan posteriormente volver a discutir sobre los hechos vertidos en el presente juicio.

5. Que a mayor abundamiento en este mismo instrumento, entre el actor y Sergel Ltda. se confieren el más amplio, total, completo y recíproco finiquito de la relación laboral que los unió, sin que se adeuden ningún tipo de prestación económica y/o previsional, renunciando desde ya el actor a todo tipo de acción laboral, civil y/o penal en contra de su ex - empleador, derivado de su relación laboral y/o de los hechos que causaron el presente juicio.

6. Cada parte pagará sus costas.

II. Respecto de la demandada UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA:

1. La parte demandada UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA, sin reconocer los hechos ni fundamentos de las acciones deducidas en estos autos, y con el sólo objeto de poner término al presente juicio, ofrece pagar a la parte demandante, la suma única y total de $10.000.000.- (DIEZ MILLONES DE PESOS), pagadera en una sola cuota, a más tardar dentro del plazo de 20 (veinte) días hábiles a contar de la fecha en que S.S. apruebe el presente avenimiento mediante depósito o transferencia electrónica a la chequera electrónica o cuenta vista del Bancoestado N°[cuenta reservada], cuyo titular es el abogado del demandante, don JULIÁN ALFONSO SAN MARTIN SEPULVEDA, Rut RUT reservado, quien cuenta con expresas facultades para percibir.

2. La parte demandante, acepta el ofrecimiento formulado en la cláusula anterior y la forma de pago.

3. Las partes, atendido lo declarado y acordado en las cláusulas precedentes y cumplidas las mismas, se confieren el más amplio, total, completo y recíproco finiquito, renunciando a toda acción que pudiere derivar del presente litigio o de la relación que las unió, cualquiera que sea su naturaleza, declarando que nada se adeudan por ningún concepto, salvo la obligación contraída en el presente avenimiento, sin que puedan posteriormente volver a discutir sobre los hechos vertidos en el presente juicio.

Cada parte pagará sus costas.

III. Las partes comparecientes dejan constancia del hecho que los avenimientos de los que dan cuenta los numerales I y II precedentes, son independientes entre sí, de modo que ponen término al presente juicio respecto de cada una de las demandadas, y que en caso de incumplimiento, las obligaciones derivadas de éstos sólo serán exigibles respecto de aquella parte que no cumplió, quedando la parte diligente exenta de toda clase de responsabilidad. POR TANTO, en mérito de lo expuesto, ROGAMOS A SS., se sirva tener por presentados los avenimientos precedentes, prestarles su aprobación, estimándolos como un equivalentes jurisdiccionales para todos los efectos legales y ordenando su registro y archivo de los antecedentes en su oportunidad." En el numeral quinto se señala claramente "Que a mayor abundamiento en este mismo instrumento, entre el actor y Sergel Ltda. se confieren el mas amplio, total, completo y recíproco finiquito de la relación laboral que los unio, sin que se adeuden ningún tipo de prestación económica y/o previsional, renunciando desde ya el actor a todo tipo de acción laboral, civil y/o penal en contra de su ex - empleador, derivado de su relación laboral y/o de los hechos que causaron el presente juicio.

O sea hace referencia a que no se adeuda monto previsional alguno, por lo que el recurso de autos no tiene asidero.

Por otro lado, cabe señalar que la diferencia demandada era la colación y movilización del actor, que por un error involuntario no apareció en sus liquidaciones.

En subsidio, evacua informe y por economía procesal solicita que se tenga presente los mismos fundamentos vertidos en la excepción antes opuesta, rechazando el recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la extemporaneidad e improcedencia alegada por la Superintendencia de Seguridad Social.

PRIMERO: Que, la recurrida, SUCESO ha planteado, en primer término, la extemporaneidad del recurso, en razón que con más de seis meses de antelación a la interposición de la acción de protección, el recurrente ya sabía o había tomado conocimiento de que se le había calificado su accidente como de origen laboral y que se le había determinado un grado de invalidez para el trabajo de 0%, acorde a lo cual se le había efectuado el cálculo de la pensión de invalidez que le correspondía.

SEGUNDO: Que, aun cuando lo anterior sea efectivo, lo cierto es que el monto de la pensión de invalidez calculada para el caso del recurrente es un acto de efectos permanentes, pues mes a mes es la pensión que está recibiendo, razón por la cual la interposición de la presente acción constitucional se encuentra dentro del plazo que en el Auto Acordado se concede al afectado para recurrir de protección, motivo por el cual será desestimada la alegación de extemporaneidad.

TERCERO: Que, también la SUCESO ha solicitado el rechazo del recurso por ser la acción improcedente cuando se trata de reclamo de aspectos de la seguridad social, pues esta garantía constitucional no se encuentra protegida por el recurso de protección, de acuerdo a la numeración que se hace en el artículo 20 de la Carta.

CUARTO: Que, siendo efectivo lo señalado por la recurrida, en cuanto a que la seguridad social como derecho constitucional no se encuentra en el listado contenido en el artículo 20 de la Constitución, su planteamiento será desestimado desde luego, puesto que no ha sido la única garantía constitucional que el recurrente reclama como vulnerada, sino que también lo es la contemplada en el numeral 24 del artículo 19, que si se encuentra contenida en el artículo 20, ambos de la Constitución.

II.- En cuanto al fondo.

QUINTO: Que, el recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, en razón de un acto u omisión arbitrario o ilegal.

Requiere para su procedencia la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal o arbitraria; que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas, y, finalmente, que quien lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quien ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

SEXTO: Que, el objeto de la presente controversia radica en que al actor, se le calificó como accidente laboral el padecido mientras desempeñaba funciones para su empleador, acto seguido se le determinó el grado de invalidez que el referido accidente le causo, fijando este en un 60% de su capacidad laboral, otorgándole en consecuencia la pensión de invalidez parcial a que tiene derecho, la que se le calculó en una suma de dinero inferior a la que le correspondía, producto que su empleador le pagaba una determinada suma, pero le imponía por el mínimo legal, lo cual motivó que concurriera a dependencia de IST, recurrida de autos, para acompañar los antecedentes justificativos de sus dichos, que daban cuenta del pago de un sueldo superior al mínimo, determinante a la hora de calcular su pensión de invalidez, sin embargo, los funcionarios que le atendieron se negaron a recibirle tales antecedentes, en clara infracción a la normativa legal y reglamentaria que permite acreditar con cualquier medio la remuneración previa al accidente laboral que causo su invalidez parcial.

Luego, se apersona ante la SUCESO, también recurrida, para que subsane lo acontecido, recibiendo por respuesta que los reclamos los debía hacer ante Tribunales.

Como se aprecia, la actuación ilegal o arbitraria que imputa a las recurridas, se refiere a una omisión, a recibirle los antecedentes justificativos de su remuneración anterior al accidente laboral y a ejercer labor fiscalizadora, respectivamente.

SEPTIMO: Que, a su turno, las recurridas se excepcionan argumentando que no es efectivo lo sostenido por el recurrente, indicando de manera detallada las funciones que por ley le han sido asignadas a ambas instituciones, así como el mecanismo para el cálculo de la pensión de invalidez, sin que conste de manera alguna lo denunciado por el recurrente en su libelo.

Requerido informe por esta Corte al ex empleador del recurrente, este ha señalado que en juicio laboral en que el recurrente le demandó a el y a la empresa mandante de los servicios, las partes demandante (recurrente) y demandadas, separadamente, llegaron a avenimientos, recibiendo el actor la suma de $10.000.000 de cada demandada, a título de daño emergente, puesto que lo que se demandaba era porque debido a que lo que se le pagaba era superior al mínimo, pero solo se le imponía por ese mínimo legal, su pensión de invalidez fue menor de lo que correspondía.

OCTAVO: Que, dado que lo que se pide por el actor de autos es que se le admitan las pruebas que le permitirían acreditar que su sueldo mensual era superior al mínimo legal, no se divisa inconveniente en que las instituciones recurridas reciban esas pruebas, sin perjuicio de la valoración de las mismas y de si ellas son o no útiles para los fines pretendidos por el recurrente.

De hecho, la negativa injustificada de cualquier institución pública a recibir antecedentes por parte de los administrados, en el marco de un procedimiento administrativo determinado, es de por si una omisión arbitraria y con potencial de afectar las garantías constitucionales del administrado, en este caso del recurrente de autos.

NOVENO: Que, en razón de lo que se viene diciendo, se acogerá la presente acción constitucional de protección, para el solo efecto de permitir al recurrente presentar al IST los antecedentes y pruebas que, en su concepto sirven para determinar el real monto de su sueldo base anterior al accidente laboral y que debe servir de base para el cálculo de su pensión de invalidez parcial y, con su mérito emitir un fundado pronunciamiento al respecto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

I.- Se rechaza la excepción de extemporaneidad e improcedencia promovida por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Julián San Martín Sepúlveda, en representación de don nombre reservado, solo en cuanto, este se dirige en contra del Instituto de Seguridad Laboral, para el solo efecto que se admita al recurrente presentar pruebas respecto de su real remuneración con anterioridad al accidente laboral que la causo incapacidad laboral parcial y, con su mérito emitir una resolución fundada al efecto.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Se deja constancia que en el estudio de los antecedentes se hizo uso de la facultad contemplada en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Oportunamente dese cumplimiento a lo previsto en el numeral 14 del Auto Acordado más arriba aludido, comunicándose la sentencia a las partes.

Redacción del ministro Hadolff Gabriel Ascencio Molina.

No firman la fiscal judicial señora nombre reservado y el abogado señor Gonzalo Montory Barriga, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, la primera por encontrarse haciendo uso de feriado legal y el segundo por haber cesado en sus funciones como abogado integrante.

N°Protección-7929-2023.