nombre reservado con COMPLEJO ASISTENCIAL DOCTOR VICTOR RIOS RUIZ

Concepción, dos de diciembre de dos mil veintidós.

VISTO:

nombre reservado, técnico paramédico, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Complejo Asistencial Doctor Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, representado por don nombre reservado, en su calidad de Director del establecimiento, ambos con domicilio en domicilio reservado, por la conducta arbitraria e ilegal que perturba, priva y amenaza el legítimo ejercicio de su derecho a la integridad física y sicológica.

Precisa que el acto que concretamente le causa grave perjuicio en sus derechos fundamentales es la omisión en la ejecución de medidas de resguardo de parte de su empleador, producto de actos de acoso y maltrato laboral de las que fue víctima y por los cuales fue sancionado un profesional del mismo establecimiento de salud. Tal negativa se ha traducido en no tomar medidas que eviten que comparta nuevamente el espacio de trabajo con su agresor, una vez terminado el respectivo proceso administrativo sancionatorio. Tal negativa señala, ha perjudicado su salud emocional, ya que no ha obtenido respuesta satisfactoria en torno a evitar que pueda ser nuevamente objeto de maltrato de parte del profesional con el que comparte labores y espacio en común en la ejecución de sus funciones.

Destaca que la negativa del establecimiento de salud se ha materializado en el rechazo de una solicitud de cambio de servicio, intentada con el objeto de evitar trabajar con el sujeto que reiteradamente ha vulnerado sus derechos y el que a causa de esos hechos ha sido sancionado administrativamente.

Explica que se desempeña como auxiliar de anestesia en el estamento técnico del Centro de Costo Pabellón Central y Urgencias, por alrededor de 12 años en el Hospital Víctor Ríos Ruiz, de la ciudad de Los Ángeles, debiendo en el ejercicio de su cometido, compartir con diversos funcionarios para conformar equipos de trabajo en la ejecución de tareas propias de quienes trabajan en los sistemas públicos de salud, siendo de forma reiterada a partir del año 2019, objeto de violencia sicológica de parte de un médico anestesiólogo en su lugar de trabajo, atreviéndose el día 6 de septiembre del año 2021 a denunciar a tal profesional.

Señala que a raíz de su denuncia se instruyó un proceso por responsabilidad administrativa, por el que el profesional fue sancionado severamente. Sin embargo, pese a ser sancionado, el miedo y sensación de vulnerabilidad son secuelas que han quedado de forma permanente en quienes estuvieron expuestos a ese ambiente laboral.

Reitera que ha tratado de diversas formas evitar trabajar con su agresor, requiriendo para ello a su empleador que coordine medidas para evitar tal circunstancia; pero tales requerimientos han sido reiteradamente negados. El último de ellos, mediante solicitud administrativa de cambio de servicio, con respuesta negativa argumentando “altas competencias y pérdida para el servicio”.

Manifiesta que retornara a sus funciones el 02 de noviembre del presente año, luego de haber estado alejada por seis meses con Permiso Sin Goce de Remuneraciones; decisión tomada para resguardar su salud mental y mantenerse alejada de quien provocó su desgaste emocional y psicológico, escapando con ello del constante maltrato del que era víctima por parte de la persona denunciada, ya que ha sido tratada psicológica y psiquiátricamente, con terapias, medicamentos y acompañamiento familiar, los que han sido de gran ayuda para querer retomar su trabajo de la forma más profesional posible.

Relata que el día 26 de septiembre 2022, se acercó a su Supervisora para solicitar el cambio de servicio, argumentando su preocupación por el retorno y las aprehensiones existentes frente al comportamiento que puede adoptar este profesional cuando les corresponda trabajar en un pabellón; al pensar que deberá interactuar con la persona que le causó tanto daño, no visualizando otra solución que el salir de ahí para seguir cuidando su integridad. Sin embargo, indica que su Supervisora no quiso autoriza la solicitud planteada, negándose rotundamente a firmar el documento, argumentando la necesidad del servicio y que por la función que desempeñaba era imposible reemplazarla. En tal sentido, refiere no sentirse respaldada por su Supervisora, ni por el Jefe de pabellón, ya que omitió antecedentes importantes en sus declaraciones en el sumario ejecutado.

Señala que de sólo pensar en volver a trabajar con su agresor, la ansiedad, temor, inseguridad y angustia le inquietan, ya que siempre ha manifestado que no olvida si alguien le hace algo o se le enfrenta. Más aún, indica que no se sentiría tranquila administrando medicamentos o realizando sus actividades cotidianas.

Argumenta que la acción tutelar que se está deduciendo satisface todos los requisitos que la Constitución y el Auto Acordado correspondiente, imponen a efectos que pueda ser acogida, ya que quien recurre es una persona que se ve enfrentada a un acto que tiene el efecto de causar una afectación en sus derechos fundamentales, derechos respecto de los cuales el artículo 20 de la Carta Fundamental expresamente autoriza la interposición de esta acción cautelar, toda vez que la actuación reprochada de fecha 26 de septiembre último causa una inmediata y directa privación de derechos, al negarle la solicitud administrativa destinada a evitar el encuentro con su agresor en el lugar de trabajo.

Estima que la acción arbitraria en que ha incurrido la autoridad recurrida, vulnera el derecho consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de su persona, amenazando con seguir lesionándolas, en tanto no se sigan realizando los resguardos pedidos para evitar nuevamente ser víctima de acoso y maltrato laboral.

Solicita acoger el recurso y, en definitiva, declarar que el rechazo a la solicitud administrativa de cambio de servicio destinada a evitar coincidir con el profesional sancionado por acoso y maltrato laboral en su contra, constituye un acto ilegal y arbitrario, ordenando que se dé curso a tal solicitud administrativa.

Informó Verónica Veloso Diez, abogada, en representación del nombre reservado “Dr. nombre reservado” de Los Ángeles, quien señala que la funcionaria nombre reservado, a inicios del año 2022 cursó una Licencia médica prolongada. Luego en mayo, realizó una solicitud de permiso sin goce de remuneración por un periodo de180 días.

Indica que nombre reservado, Enfermera Supervisora de Pabellón Central, en conocimiento de la situación en que se encontraba la funcionaria, en cuanto a la existencia de un proceso disciplinario en curso, por una denuncia formal en contra de un médico anestesiólogo, efectuada por la recurrente y otras funcionarias, acogió la solicitud de la recurrente del permiso sin goce de remuneración por 180 días, pese a los inconvenientes que ello significaba para mantener el óptimo funcionamiento del servicio. La dificultad se suscita por la falta de personal capacitado en anestesia, y competencias para el ejercicio de dicho cargo, competencias que sí posee la recurrente.

Sostiene que antes de que finalizara el permiso sin goce de remuneración, la funcionaria recurrente, solicitó se le otorgaran alternativas de puestos de trabajo, en donde no tuviera que encontrarse con el Médico Anestesiólogo con el cual tuvo problemas y que en definitiva denunció, por lo que con la finalidad de resguardar a la funcionaria, en el entendido de todo lo que le había sucedido, se le ofrecieron como alternativas trabajar como Técnico en enfermería (TENS) en recuperación, a lo cual se negó, ya que refirió querer seguir trabajando en anestesia; se le ofreció también trabajar como TENS en anestesia fuera de pabellón, en procedimiento tales como, endoscopía, resonancias, scanner y hemodinamia, para que pudiera mantener la jornada diurna y además no tener que trabajar con el anestesiólogo en cuestión, ya que él no desempeña funciones en esas áreas.

Agrega que en el contexto de las referidas conversaciones, la recurrente planteó la posibilidad de poder trabajar en horario de 10 a 19 horas, para poder dejar a su hija en el colegio en las mañanas y luego entrar al trabajo, ante lo cual se accedió. Días después la funcionaria se retractó de la petición antes dicha, señalando que sólo podía trabajar de 8 a 17 horas. Finalmente, presentó una carta solicitando cambio de servicio, la cual en ese instante se rechazó por varios motivos: por su alta competencia como auxiliar de anestesia en pabellones quirúrgicos; por el recurso humano capacitado muy limitado; por el alto ausentismo de personal con estas competencias, lo que generó suspensión de pabellones continuos (compromiso institucional); por la acumulación de feriados legales de los pocos auxiliares de anestesia desempeñando funciones y porque además, la recurrente no tenía claridad de con quién y a donde pediría el cambio de servicio.

Explica que sin embargo, y con la finalidad de salvar las dificultades señaladas, durante los últimos 4 meses se trabajó en la Unidad, para disminuir la brecha de personal capacitado en anestesia, para lo cual, se realizó un curso para algunos Técnicos en Enfermería. Dicho curso fue organizado por la jefatura y dictado por los mismos funcionarios (médicos y no médicos). Lo anterior, permitió que 4 nuevos Técnicos en Enfermería, se formaran en anestesia, siendo posible hoy en día, para la Jefatura de la Unidad, autorizar el cambio de servicio de un auxiliar de anestesias por no existir obstáculos para ello.

Hace presente que frente a una solicitud de un funcionario de cambio de servicio, este debe solicitar formalmente el cambio de servicio mediante un formulario tipo y dejar constancia de éste en la Unidad de personal, notificando de igual modo a su supervisor o jefatura directa. La Unidad de personal por su parte, debe efectuar un seguimiento de eventuales opciones de cambio, contactando a funcionarios, a fin de ver la factibilidad de materializar el cambio. En caso de recibir respuesta positiva por parte de funcionarios continúa el proceso. Finalmente, la Unidad de personal toma contacto con el supervisor o Jefatura directa del funcionario solicitante y le expone la opción de cambio. En caso de recibir retroalimentación positiva de ambas partes se procede a materializar el cambio. En consecuencia, expresa que un cambio de servicio involucra la voluntad de 4 partes, 2 jefaturas y 2 funcionarios, debiendo existir acuerdo de todas y cada una de ellas, pues involucra una modificación definitiva.

En efecto, indica que la realidad que la recurrente expone en su recurso no es tal, toda vez que existe y siempre ha existido la disposición por parte de su institución, materializado en la especie por una jefatura, cual es, la Supervisora de Pabellón Central, doña nombre reservado, de poder dar curso y otorgar una ayuda efectiva a la funcionaria. Sin embargo, en primera instancia no existió acuerdo entre la recurrente y su Jefatura. Luego no fue posible acceder a su solicitud, por razones de buen funcionamiento del servicio, que obviamente eran prioritarias, y finalmente, no se efectuó la solicitud por parte de la recurrente correctamente de acuerdo a lo que regla ese Establecimiento.

Concluye alegando que actualmente es inoficiosa la presente acción cautelar, toda vez que se está gestionando el cambio de servicio de la recurrente.

CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese legítimo ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito fundamental para la procedencia de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto de la mera voluntad o capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta estructurante para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

2°.- Que, la recurrente hace consistir la ilegalidad y/o arbitrariedad denunciada, en el rechazo por parte del Hospital Víctor Ríos Ruíz de Los Ángeles, a la solicitud administrativa de cambio de servicio, destinada a evitar encontrarse con el médico anestesiólogo con el que trabajaba, y que fue sancionado por acoso y/o maltrato laboral en su contra.

La parte recurrida, en tanto, expresó que existe y siempre ha existido la disposición por parte de la institución, de poder dar curso a la solicitud de cambio de servicio y otorgar una ayuda efectiva a la funcionaria. Sin embargo, en primera instancia no existió acuerdo entre la recurrente y su Jefatura; luego, no fue posible acceder a la solicitud, por razones de buen funcionamiento del servicio, y finalmente, porque no se efectuó la solicitud por parte de la recurrente, de acuerdo a las reglas del Establecimiento; sin embargo refiere que actualmente se está gestionando su cambio de servicio, por lo que la presente acción cautelar sería inoficiosa.

3°.- Que, son hechos sobre los cuales no existe discusión y que interesan para la resolución del recurso, los siguientes:

a) Que por Resolución Exenta N°8366 de 08 de septiembre de 2022 se aplicó medida disciplinaria al Dr. nombre reservado, médico anestesiólogo del nombre reservado “Dr. nombre reservado” de Los Ángeles, consistente en la suspensión de su empleo por 3 meses con goce de remuneraciones de un 50%, por incurrir en conductas de maltrato y/o acoso laboral, consistente en agresiones verbales, amenazas físicas, intimidando y hostigando a nombre reservado, entre otros funcionarios; siendo la ocurrencia de estos hechos entre los años 2014 a 2022. Lo anterior, afectó la integridad física, psíquica y la honra del personal, generando un ambiente laboral hostil, repercutiendo en el desempeño del personal.

b) Que la recurrente con fecha 26 de septiembre de 2022 solicitó cambio de servicio por motivos de salud mental, siendo rechazado por su jefatura directa, fundado en las altas competencias de la funcionaria, lo que constituiría una pérdida para el servicio.

c) Que la recurrente estuvo desde inicios de este año con licencia médica, y en mayo del año en curso solicitó 180 días de permiso sin goce de remuneraciones.

d) Que en certificado de fecha 24 de octubre del presente, la psicóloga clínica del Centro nombre reservado, doña nombre reservado, informa que trata profesionalmente a la recurrente, por un trastorno adaptativo generado por reacción a estrés grave por acoso laboral (Mobbing).

4°.- Que, en concordancia con el Instructivo Presidencial Contra el Acoso, GAB. PRES. N°006 de 23 de mayo de 2018, por Resolución Exenta N° 3360 de 03 de julio de 2019 se aprobó Procedimiento para Acoger, Investigar y Sancionar el Maltrato, Acoso Laboral y/o Sexual, por el Servicio de Salud Biobío, el cual se encontraba vigente al tiempo de la denuncia por acoso, cuyo ámbito de aplicación es todo el personal que depende del Servicio de Salud Biobío, tanto en el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruíz de Los Ángeles, como en los Hospitales de la Familia y la Comunidad, en la condición contractual Planta Titular, Contrata y Honorarios.

Es dable señalar que, tanto en el Instructivo, como en el Protocolo, se pone especial énfasis en consolidar una cultura de pleno respeto a la dignidad de las personas y buen trato; debiendo potenciar y promover ambientes laborales saludables, de mutuo respeto y no discriminación, propendiendo a mejorar la calidad de vida laboral y el bienestar físico, psicológico y social por parte de las personas en su labor y en su entorno de trabajo.

5°.- Que, asimismo se indica que en todo procedimiento sumario, siempre se podrá disponer, si es necesario y cuando sea procedente, una o más medidas precautorias de las indicadas en el artículo 136 del Estatuto Administrativo. Así, en el punto 7 del Protocolo del Servicio de Salud Biobío, se contempla que de estimarse necesario, considerando la gravedad de los hechos denunciados, y con la finalidad de proteger a la víctima, se observa una serie de acciones o medidas precautorias, que no impliquen menoscabo o pérdida de derechos para los involucrados.

6°.- Que, como se observa es claro que la recurrente fue víctima de maltrato laboral, el que le provocó una afectación en su salud mental, al punto que luego de permanecer con licencia médica desde comienzos de 2022, en mayo del año en curso, solicitó un permiso sin goce de remuneraciones durante seis meses, y requirió a su jefatura en varias ocasiones un cambio de servicio para no volver a tener contacto con su agresor.

7°.- Que, no obstante lo anterior, de forma inexplicable, y contraviniendo toda la normativa, tanto nacional como internacional que regula la materia, el servicio omitió adoptar oportunamente las medidas de resguardo que la denuncia ameritaba; y más aún, de igual forma una vez que los cargos al agresor fueron probados, y sancionados administrativamente.

En consecuencia, la denegación a la solicitud administrativa de cambio de servicio se ha traducido en un acto arbitrario de la recurrida, ya que dada la situación de la recurrente, no resulta razonable dicha negativa fundada en ser una profesional muy competente y necesaria para el servicio; sin embargo ante su ausencia, perfectamente la jefatura pudo capacitar a cuatro personas en el área que ella maneja; actuar que además deviene en ilegal, toda vez que está en franca contravención con el marco normativo, nacional e internacional que regula la materia, especialmente el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, que establece el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas; artículo 84 letra l), 90 A) y 136 de la Ley N°18.834; artículo 1 y 2 del Código del Trabajo; artículos 5 N°1 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San nombre reservado Rica y Directrices sobre acoso laboral emitidas por la OIT; todas normas que imponen el deber de respetar la dignidad de los servidores públicos, lo que claramente en este caso no se hizo, y trajo como consecuencia una grave afectación a la salud emocional de la recurrente, asociada a la incertidumbre de tener que seguir compartiendo labores y espacio común con el médico agresor.

8°.- Que, así las cosas, no cabe absolutamente ninguna duda que la recurrida ha incurrido en una conducta omisiva ilegal y arbitraria, que vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, debiendo esta Corte adoptar las medidas que aseguren el restablecimiento del imperio del derecho, todo lo cual conduce al acogimiento del presente recurso.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra del Complejo Asistencial Doctor Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, disponiéndose que la recurrida, debe adoptar todas las medidas que sean necesarias, a fin de concretar dentro del plazo de 05 días hábiles el cambio de servicio de la actora, a fin de evitar el encuentro de la Sra. nombre reservado con el médico del Hospital sancionado por acoso y maltrato laboral en su contra.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Redacción de la ministra interina Antonella Farfarello Galletti.

Rol N° 78.670-2022 – Protección.