nombre reservado con DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

C.A. de Concepción Concepción, veintisiete de agosto del año dos mil veintiuno.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se presenta nombre reservado, jubilada, deduciendo recurso de protección constitucional en contra de la Dirección Nacional de Vialidad, representada legalmente por su Director don nombre reservado, o quién le suceda, reemplace o subrogue legalmente. Expresa que la ley 20.305 otorgó a los funcionarios de la administración que ella misma indica, la posibilidad de acceder a un bono que tendría por objeto mejorar las pensiones magras y exiguas que estos pensionados mantenían hasta la fecha de su publicación.

Refiere que esta iniciativa ofreció, prometió y aseguró que los funcionarios de la administración cuya pensión a la fecha calificara dentro del porcentaje legal para hacerse acreedor del bono referido, sería beneficiado con un monto adicional mensual de por vida, equivalente a la suma de $50.000.- reajustables.

Señala que dentro de este contexto presentó oportunamente sus antecedentes a la recurrida y en forma legal, con miras a obtener este beneficio post laboral establecido en la señalada ley.

Como transcurrió el tiempo desde su postulación (más de un año) y ante las evasivas respuestas de la recurrida, decidió, ante la falta de información y el 12 de Mayo de 2021, enviar a su servicio una nota preguntando las razones por las que no ha tenido novedades respecto de su nombre reservado laboral, a tanto tiempo de haberlo pedido y de esa solicitud por escrito y enviada por correo certificado no ha tenido respuesta alguna hasta el día de hoy, presentación en que acompaña al recurso.

Añade que, de acuerdo a su solicitud formulada para la obtención del bon post laboral con fecha 05 de septiembre de 2019, tras trabajar en Vialidad desde el 21 de noviembre de 1996, y hasta el 31 de diciembre del año 2019, siendo funcionaria pública al año 1981 al trabajar para la empresa de transportes del Estado y al tener una pensión con una tasa de reemplazo muy por debajo de lo que exige la ley, dicho bono me corresponde de conformidad a derecho, sin que a la fecha exista constancia en los organismos relacionados o en Tesorería General de que ello se haya cumplido, vale decir no se ha procedido a la tramitación legal de su nombre reservado laboral por lo que consecuencialmente está perdiendo su nombre reservado laboral, no obstante haber postulado en el plazo establecido en la ley y en cumplir con los requisitos legales de procedencia del mismo.

Señala que se contactó con su ex empleador el 14 de junio de 2021, oportunidad en la que se le dijo que no habría ninguna respuesta a su solicitud y que tampoco tenían certeza de haberla recibido a pesar que correos ha certificado haberle entregado.

Agrega los requisitos exigidos por la Ley 20.305 para tener derecho al bono y refiere infringidos los numerales 1, 2, 3 inciso cuarto del artículo 19 de la Constitución Política del Estado y solicita se ordene a la recurrida tramitar en la forma que legalmente corresponde el decreto que ordena hacerme pago del Bono de la ley 20.305 y, en consecuencia, de acuerdo se determine por la Corte, disponer lo conveniente para que este cumpla con los derechos sociales que me benefician y se ordene a los recurridos tomar todas las medidas que, en concepto de este Tribunal sean conducentes al restablecimiento y la protección de sus derechos, con costas del recurso.

SEGUNDO: Que, informando nombre reservado, Jefe de la Sección de Operaciones de la Tesorería Regional de Concepción señala que revisados nuestros sistemas, no se registra a esta fecha ingreso de los antecedentes para evaluar la nombre reservado laboral de la Sra. nombre reservado en esta Tesorería Regional.

En caso contrario si el ex empleador indica que entregó los antecedentes en Tesorería, se solicita indicar número de oficio y Tesorería donde fueron entregados los antecedentes.

Al no haberse recepcionado la postulación de la Sra. nombre reservado en la Tesorería Regional, no ha sido posible cursar el nombre reservado laboral de la ex funcionaria.

TERCERO: Que, informando nombre reservado, Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, señala que la recurrente, Sra. nombre reservado, fue funcionaria de la Dirección Regional de Vialidad de Concepción desde el 22 de noviembre del año 1995 hasta el 1 de enero de 2020, desempeñándose en el Subdepartamento de Pesaje y Peaje.

Efectivamente, la funcionaría presentó los antecedentes que indica, con fecha 11 de marzo de 2020, ante la Dirección Regional de Vialidad, Región del Biobío, los cuales se derivaron a la Dirección Nacional mediante Memorándum N° 43 de fecha 11 de marzo de 2020. Los antecedentes remitidos fueron los siguientes: 1. nombre reservado Laboral; 2. Fotocopia de cédula de identidad; 3.

Resolución cese de funciones; 4. Certificado de afiliación de AFP; 5.Copia de liquidación de sueldo diciembre 2008; 6. Copia de última liquidación de sueldo; 7. Certificado de Antigüedad; 8. Certificado de imposiciones Canaempu.

Con fecha 21 de agosto de 2020, doña nombre reservado, analista de recursos humanos de nivel central, informa mediante correo electrónico que, con los antecedentes enviados, la funcionaría no puede postular al nombre reservado laboral, porque no cumple lo establecido en el artículo 2 N° 2 de la Ley 20.305, esto es "Tener a lo menos 20 años de servicios en las instituciones señaladas en el artículo anterior o las que sean sus antecesores legales, a la fecha de la publicación de la presente ley", ya que presenta un certificado de Imposiciones de 1978 a 1979 con un año y diez meses de cotizaciones donde no aparece claro su empleador y en atención a que en Vialidad se encuentra contratada desde 1995, tiene al 2008, 13 años de servicios, por tanto no cumple con el requisito de tener 20 años que exige la ley.

En el mismo correo se solicita consultar a la ex funcionaria si tiene tiempo servido, aparte del demostrado en la Administración Pública, aclarando que no sirve el Certificado de Imposiciones, debiendo presentar Certificado de las Instituciones en el cual se especifique claramente en qué calidad jurídica estuvo contratada al inicio y término del período.

Sobre el particular, indica que, de esta información se le dio noticia a la recurrente mediante copia de correo electrónico, previa solicitud de la misma, quien respondió personalmente a lo requerido, sin entregar documentos adicionales a los que ya había presentado. Posteriormente, y también mediante correo electrónico, solicitó copia del Memorándum a través del que se solicitaron sus antecedentes al Nivel Central.

Añade que en la especie no concurren los requisitos de fondo para que prospere el recurso de protección, toda vez que no nos encontramos en presencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales alegadas por la recurrente y no es posible sostener que estemos frente a una actuación caprichosa de la autoridad, por el contrario, se debió y se debe estrictamente a razones legales, considerando circunstancias objetivas y en ningún caso arbitrarias.

Agrega que la Ley 20.305 de 2008, del Ministerio de Hacienda en su artículo 1, establece un bono de naturaleza laboral de $50.000 mensuales, para el personal que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley desempeñe un cargo de planta o a contrata y al contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos regidos por las normas que en dicho artículo contempla. Luego, para ser beneficiario del bono, se deben cumplir los requisitos copulativos que señala, sin que la recurrente cumpliera con el indicado en el N° 3 siguiente:

1. Encontrarse afiliado al sistema de pensiones establecido en el Decreto Ley N° 3.500/1980 y cotice por el ejercicio de la función pública, al 1°de enero de 2009.

2. Tener la calidad de funcionario de planta o a contrata o contratado conforme al Código del Trabajo, en algunas de las instituciones contempladas por la Ley N° 20.305 o en sus antecesores legales tanto a la fecha de postulación al bono, como con anterioridad al 1° de mayo de 1981. Lo anterior, sin perjuicio de los casos especiales establecidos en las leyes al retiro, que dicen relación con los plazos de postulación y que se deben realizar en forma conjunta.

3. Tener al 05 de diciembre de 2008, a lo menos 20 años de servicio en algunas de las instituciones contempladas por la Ley N° 20.305.

4. Tener cumplidos los 60 años de edad en el caso de las mujeres y 65 años en el caso de los hombres.

5. Si existe postulación conjunta a las leyes al retiro Nos. 20.589, 20.612, 20.648, 20.649, 20.652, 20.688, 20.692, 20.734, 20.755, 20807, 20.816 y 20.822 y a la ley del bono N° 20.305, se consideran los plazos y edades de las citadas leyes, y no es aplicable este requisito.

6. Cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo por alguna de las siguientes causales: renuncia voluntaria, obtención de pensión por vejez de conformidad al Decreto Ley N° 3.500 de 1980, por supresión del empleo o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades indicadas anteriormente.

7. Tener una tasa de reemplazo líquida estimada igual o inferior a 55% y acceder a una pensión de vejez líquida regida por el decreto ley N° 3.500, de 1980, igual o inferior al monto del límite máximo inicial de pensiones de las ex cajas de previsión fusionadas en el Instituto de Normalización Previsional, a que se refiere el artículo 9o de la ley N° 19.200, vigente a la fecha en que la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones solicite la información señalada en el inciso segundo del artículo 3°.

Expresa que no ha existido por parte del Servicio, acto u omisión, que haya vulnerado de modo alguno los derechos fundamentales que señala la parte recurrente, ello porque existieron razones objetivas que impidieron dar curso a la solicitud de la actora y que efectivamente escapan a toda decisión de la autoridad, que se fundan en que la funcionaria no cumplía o no acreditó el cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 2 de la citada Ley, esto es "Tener a lo menos 20 años de servicios en las instituciones señaladas en el artículo anterior o las que sean sus antecesores legales, a la fecha de la publicación de la presente ley", pues con los antecedentes presentados solo acreditó 13 de los 20 años exigidos por dicho cuerpo normativo y tan solo 1 año y 10 meses de imposiciones, desde el 9 de enero de 1979 al 2 de diciembre de 1979, acreditando solo por Certificado de Imposiciones Canaempu, siendo el único certificado adicional que pudo aportar la recurrente para acreditar antigüedad en el servicio público, según requisito legal establecido en la Ley N° 20. 305, no cumpliendo así con lo exigido.

CUARTO: Que, el abogado Rubén Gutiérrez Ayala, funcionario del Instituto de Previsión Social, continuador y sucesor legal del Instituto de Normalización Previsional, informa que de acuerdo a sus registros, la actora sólo posee como periodos impositivos vigentes 1 año, 10 meses y 25 días entre enero de 1978 y diciembre de 1979, en el que se indica como empleador a E.T.C. (Empresa de Transportes Colectivos del Estado).

Así, ignoran su situación particular en el año 1981.

QUINTO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio y tampoco se persigue a través de su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o administrativa del ofensor.

SEXTO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

SÉPTIMO: Que, acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes-protegidas; es aquello producto del mero capricho de quien incurre en él; es la no existencia de razones que justifiquen una actuación o voluntad no gobernada por la razón: Vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos, o bien, acciones u omisiones que “pugnan con la lógica y la recta razón contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por los principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad.

Acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos). Antijurídico. Contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil. Privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o limites no aceptables para su ejercicio y amenaza la representación cierta que el derecho será privado o perturbado.

OCTAVO: Que, en síntesis, el acto impugnado a través del recurso de protección es la negativa de la recurrida Dirección Nacional de Vialidad a tramitar y otorgarle a la actora el nombre reservado laboral, Ley 20.305, reuniéndose, en su concepto, todos los requisitos legales para ello.

NOVENO: Que, cabe señalar que no resulta procedente ejercer la acción constitucional de protección, cuando lo pretendido es la impugnación de actos intermedios que, por tanto, no contienen una decisión definitiva y forman parte de un procedimiento complejo. Sobre el particular, resulta pertinente recordar que, en la dogmática, el acto trámite o intermedio es un “presupuesto de la decisión de fondo. Son actos previos a la resolución que ordenan el procedimiento, como son, por ejemplo: los actos de incoación, de instrucción, comunicaciones, notificaciones. No son impugnables en sede administrativa, salvo que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión” (Rojas, nombre reservado, Notas sobre el procedimiento administrativo establecido en la Ley Nº 19.880, en Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado, 11 (2004), citado en LEPPE GUZMÁN, Juan Pablo. Actos intermedios y recurso de protección ambiental. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 2013, n.41, pp. 561-574), o bien, “son actos trámites aquellos que se dictan dentro de un procedimiento administrativo y que dan curso progresivo al mismo. Actos terminales o decisorios son aquellos en los que radica la resolución administrativa, es decir, la decisión que pone fin al procedimiento. Se trata de la resolución que pone fin al procedimiento administrativo y en la que se contiene la decisión de las cuestiones planteadas por los interesados o por la propia Administración Pública” (Jorge Bermúdez Soto. Derecho Administrativo General. Editorial Thomson Reuters. 2014, páginas 142-143).

La distinción anotada resulta importante, en tanto el artículo 15 del mismo cuerpo legal limita las posibilidades de impugnación de los actos trámite, al establecer: “Principio de impugnabilidad. Todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados en esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales.

Sin embargo, los actos de mero trámite son impugnables sólo cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión La autoridad que acogiere un recurso interpuesto en contra de un acto administrativo, podrá dictar por sí misma el acto de reemplazo”.

DÉCIMO: Que, no cabe duda que, en el presente caso, el acto censurado reviste precisamente la calidad de trámite o intermedio y, en consecuencia, atendido aquello que se viene razonando, no resulta impugnable, de modo que, la presente acción cautelar no puede prosperar, en tanto no concurre el presupuesto favorable a esta acción, esto es, que el acto denunciado tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales cautelados mediante este recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Falla del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección intentado por nombre reservado en contra de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

Oportunamente dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del citado Auto Acordado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Jordán.

ROL 7.859-2021 Protección.-