nombre reservado con MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

C.A. de Concepción Concepción, quince de diciembre de dos mil veintidós.

VISTO:

Compareció el abogado Camilo Salvador Samson Jara, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, por nombre reservado, venezolano, e interpone acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, con domicilio en domicilio reservado, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública con domicilio en domicilio reservado, por la omisión ilegal y arbitraria respecto de la solicitud de permanencia definitiva, que transgrede las garantías establecidas en el artículo 19 N° 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que, el 1 de julio de 2021, el recurrente solicitó ante el Departamento de Extranjería y Migración, hoy Servicio Nacional de Migración, la regularización extraordinaria, según lo dispuesto por el artículo 8º transitorio de la Ley 21.325. Que, asimismo se le otorgó un permiso para desarrollar actividades lícitas remuneradas, sin embargo, hasta el día de hoy, su solicitud no ha tenido respuesta de parte de la autoridad administrativa, pese a las múltiples peticiones de respuesta e información que ha presentado el afectado.

Considera que la recurrida incurre en una demora al dilatar un procedimiento administrativo que, de conformidad con el artículo 27 de la Ley Nº 19.880 no debe exceder el plazo de 6 meses, sin que exista fecha estimada para que se dicte la resolución final. Estima, asimismo, que la autoridad, por tanto, ha incurrido en una demora culpable, lo que ha dado nacimiento a este recurso, ya que existe un trato desigual para con él, dejándolo en indefensión, sin entregarle una respuesta respecto a su situación migratoria. De esta manera, plantea, además, que la autoridad se aleja de los criterios humanitarios al mantener en la indefinición la situación migratoria del afectado y que desatiende que el recurrente, ha mantenido un comportamiento intachable e irreprochable, por ende, merece un procedimiento justo que le permita permanecer de manera legal y estable en el territorio nacional.

Pide se resuelva sin mayor dilación y tramitación la solicitud de permanencia definitiva de su representado, mediante el decreto de una resolución exenta con estricto apego a derecho. Se otorgue la regularización extraordinaria para restituir los derechos perturbados. Con costas.

Informó el Servicio Nacional de Migraciones, por intermedio de la abogada Carolina Pía Tapia Fierro, indicando que consta que el extranjero recurrente ingresó al territorio nacional, con fecha 1 de agosto de 2017, por el aeropuerto nombre reservado. Que con fecha 1 de julio de 2021, el recurrente solicitó acogerse al proceso de regularización extraordinario establecido en el artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería y mediante la Resolución Exenta N° 21085595, de fecha 1 de julio de 2021, del Departamento de Extranjería y Migración, la solicitud del recurrente se acogió a trámite y se le otorgó un permiso de trabajo, mientras su petición se encontrara en trámite. La solicitud de regularización del recurrente se encuentra actualmente en trámite, en etapa de análisis resolutivo y la autoridad migratoria no ha dictado orden de abandono, de expulsión o alguna sanción que amenace, perturbe o prive la libertad personal y la seguridad individual del recurrente.

Detalla que el recurrente mantienen situación migratoria regular en el territorio nacional, pudiendo hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste. En consecuencia, su representado entiende que no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección. Asimismo, al tener el recurrente acceso a un certificado de permanencia definitiva en trámite, su cédula de identidad se encuentra vigente, es también un documento suficiente para acreditar su situación migratoria regular.

Aduce, que según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria.

En otro orden de ideas, sostiene que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicten un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación, más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, no es la interposición de esta acción, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo.

Arguye, finalmente, que en virtud de los artículos 8, 38, 43 y 45 todos de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, estando en tramitación la solicitud del extranjero, éste mantiene una situación migratoria regular en el territorio nacional, por lo que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que se le pueda imputar a la recurrida, por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, acorde a lo anotado en la parte expositiva precedente, el recurrente tilda de ilegal y arbitraria la omisión de la recurrida de pronunciarse acerca de su solicitud, y que fue presentada el 1 de julio de 2021, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado hasta la fecha.

TERCERO: Que de los antecedentes fluye que son hechos incontrovertidos los siguientes:

1.- Que en la fecha más arriba anotada el recurrente presentó su solicitud, mediante los canales digitales establecidos por la autoridad migratoria;

2.- Que tal solicitud fue acogida a trámite.

3.- Que su trámite se encuentra en la etapa de "análisis resolutivo".

CUARTO: Que la recurrida aduce que lo que corresponde en este caso es alegar por la vía administrativa el silencio de la autoridad, empero ello ha de ser desestimado, habida consideración que lo discutido en esta sede constitucional, es la afectación de derechos fundamentales por un acto u omisión de un Órgano del Estado que se estima ilegal o arbitrario, materia que esta Corte está autorizada para examinar, sin perjuicio de otras acciones que puedan ser ejercidas por el actor, conforme lo establece expresamente el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, dicho lo anterior, lo primero que cabe advertir es la aplicación al presente caso de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880, conforme al cual: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.”.

En este entendido, se evidencia desde luego la efectividad de lo afirmado en el recurso, comoquiera que no se ha emitido acto administrativo terminal alguno que se pronuncie sobre las solicitudes de permiso de permanencia definitiva del recurrente, habiendo transcurrido, desde la data de presentación de la solicitud respectiva hasta la fecha de interposición del recurso de autos, un tiempo que, no sólo desde una mirada normativa sino también desde una perspectiva de racionabilidad, resulta excesivo.

SEXTO: Que, la anotada omisión constituye, también, una vulneración de los principios de celeridad y conclusivo que se establecen en los artículos 7° y 8° de la aludida Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos. En efecto, en virtud del primero se establece que el procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites; y, en el segundo, se prescribe que todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, y teniendo presente el escenario descrito, el órgano recurrido –actualmente el Servicio Nacional de Migraciones (Ley N°21.325) ha incurrido en un comportamiento, según lo dicho, ilegal, y, además, arbitrario, que atenta contra la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, desde que su actuación –o más bien falta de actuación- importa una discriminación en perjuicio del recurrente en relación con otras personas que, en condiciones jurídicas equivalentes, han obtenido la decisión de sus solicitudes dentro de los plazos razonables que confiere la ley.

Lo anterior no se altera por el hecho que la autoridad haya avanzado el procedimiento administrativo de que se trata a una etapa de “análisis resolutivo”, ya que esto último lo vino a materializar mucho tiempo después desde la data de ingreso de la respectiva solicitud.

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en cuanto se ordena que el Servicio Nacional de Migraciones deberá pronunciarse, mediante un acto administrativo terminal, sobre la solicitud planteada por el recurrente, dentro del plazo de treinta días hábiles administrativos, luego de ejecutoriada que sea la presente sentencia y previo pago de los derechos que fueren procedentes.

Dicho órgano administrativo deberá informar oportunamente a esta Corte, acerca de la decisión que se adopte. Ofíciese al efecto una vez que este fallo quede firme.

Acordada contra el voto del abogado integrante Marcelo Matus Fuentes, quien fue de la opinión de rechazar la acción constitucional intentada, ya que no existe en este caso la vulneración ilegal, así como tampoco arbitraria, de la garantía constitucional de igualdad ante la ley denunciada por los recurrentes. En efecto, es cierto que la recurrida ha demorado la revisión de los antecedentes de los recurrentes en los términos a que se refiere la normativa citada en este fallo, pero con igual claridad se observa que existen razones que justifican la reprochada demora, toda vez que es un hecho notorio que el número de solicitudes de Permanencia Definitiva que la recurrida ha recibido en los dos últimos años aumentó significativamente, lo que se constata por el progresivo aumento del ingreso de recursos de protección que a esta Corte le ha correspondido resolver en igual periodo, todos fundados en la demora de la recurrida en tramitar solicitudes de Permanencia Definitiva; siendo razonable entender que este aumento excepcional de solicitudes provoque que los tiempos de respuesta del Estado de Chile, actuando a través del órgano competente, se extiendan. Esta demora entonces, en opinión del disidente, no constituye per se una afectación ilegal del derecho fundamental invocado por los recurrentes de autos, ya que, como se ha constatado, ellos cuentan con una situación migratoria al día que les permite mantenerse y desarrollar dentro del país las actividades que dicha situación legal les autoriza. Asimismo entiende, que en este caso no existe una vulneración arbitraria a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, comoquiera que también es un hecho notorio, que la recurrida ha dado igual trato a todas las personas que se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica en que actualmente están los recurrentes.

Dese oportuno cumplimiento al numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministro Mauricio Danilo Silva Pizarro y el voto en contra, su autor.

Rol N° 78.195-2022- Protección.-