Protección contra Servicio de Impuestos Internos

C.A. Concepción.

Concepción, veintidós de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTO:

1°.- Comparece nombre reservado, empresario constructor civil, representante de la Sociedad Inmobiliaria Central Limitada, e interpone recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Explica que la mencionada sociedad adquirió el lote B- 24, de una superficie de 20.000 m2, cuyo rol de avaluo es 1272-86 de la comuna de Coronel; dicho contrato de compraventa es de fecha 11 de Junio de 2019 y corresponde al Folio n° 38910, Repertorio 2673 del año 2019 y cuya inscripción encuentra inscrita a Fojas 3804 n° 1765 en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de Coronel, con fecha 17 de Julio de 2019.

Añade que cuando se adquirió el inmueble por el recurrente de autos este no pagaba contribuciones, lo cual se proyectó desde el segundo semestre del año 2019, hasta el segundo semestre del año 2022, esto es, casi tres años, toda vez que en el primer semestre del año 2023, se realizó por parte de los recurridos una nueva valorización del terreno, comenzando con un cobro retroactivo, injustificado, arbitrario e ilegal, correspondiente al segundo semestre del año 2022.

Precisó que el primer cobro de contribuciones que recibe el recurrente es en enero de 2023 referente al segundo semestre del año 2022 e incluso con aplicación de multas, reajustes e intereses ascendiente a $1.905.214 a los cuales pidió la condonación lo cual al final de cuentas quedó en un monto de $1.742.482; con posterioridad en el mes de abril de 2023 solicitó nuevamente certificado de deuda; y el terreno lo había sobre avaluado en más de 140 millones de pesos, lo cual se tradujo en que debío pagar más la primera y segunda cuota correspondiente al año 2023; luego en el mes de noviembre realizó el pago por la tercera y cuarta cuota, las cuales ascendieron a un monto superior a los $4.000.000, correspondientes al segundo semestre del año 2023. Indica también que efectuó 3 presentaciones ante el Servicio de Impuestos Internos, las cuales fueron rechazadas (siendo una de ellas la franja de expropiación) y más aun aumentando los montos de pago de contribuciones siendo solo considerada una de ellas y para efectos del último cobro. Presentó un plano topográfico con un geo mesón académico que revelaba que la cota de terreno era menos a los 5 metros a la carretera y por ende era inviable que el terreno fuera valorizado en dicho valor y, por último, dice que swe hizo presupuesto de empresa de arquitectura para analizar y cotizar los costos asociados a realizar los rellenos, lo cual arrojó números negativos y por lo tanto inviable.

Califica que los aumentos han sido en extremo considerables; que con el correr del tiempo dicha situación ha cambiado drásticamente y sin respaldo ni justificación alguna afectándose así garantías constitucionales como la del debido proceso y el derecho de propiedad, toda vez que en la actualidad de manera arbitraria, antojadiza e ilegal asciende actualmente según consta además en el certificado de pago de contribuciones que acompaña.

Recalca que este aumento injustificado e ilegal no es ajustado a derecho y no cuenta con respaldo legal; esto debido a que en reiteradas oportunidades solicitó a Servicio de Impuestos Internos de la ciudad de Concepción el avalúo detallado, razón en el cual tampoco existía en la plataforma digital, es así que a través del formulario N° 2118 solicitó el certificado que fue conferido con fecha 22 de noviembre de 2023, según oficio 4169830 estableciendo un avaluó fiscal de $152.520.000 con una extensión de $ 35.573.052 con afectación a utilidad pública de 4.665 m2.

Afirma que la propiedad se encuentra sobre tasada y no cumple con los criterios objetivos de tasación por el servicio Impuesto Interno debido que para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto inmobiliario por la empresa sociedad central inmobiliaria estas deben contar con factibilidades técnica de Agua potable, Alcantarillado y tendido eléctrico, así lo establece el artículo 55 de la ley general de urbanismo y construcción, razón por la cual realizó varias presentaciones a dicho organismo estableciendo que la propiedad se encuentra sujeta a una expropiación afecta a utilidad pública de 4.665 m2 , que además cuenta con una cota de desnivel según plano topográfico de perfiles, en la cual para la realización de un mejoramiento de suelo se debería proceder un relleno cuyo costo es altísimo siendo inalcanzable su financiamiento para esta parte.

Adicionó que al momento de realizar la venta de la propiedad y según las características propias del terreno es inviable el desarrollo de algún tipo de proyecto en el inmueble, y es por un inversionista o particular no estaría interesado en comprar una propiedad, donde se pagan altas contribuciones sobre un terreno que no tiene las características adecuadas para el desarrollo de proyecto inmobiliarios ni para fines recreativos o particulares, y esto provocaría una lesión enorme por no ser considerado un justo precio del inmueble, incluso parta la determinación del valor comercial, es extremadamente sobrevalorado el avaluó fiscal. Es así que además del perjuicio sufrido por el cambio de un uso de suelo de manera arbitraria por el servicio impuesto interno y sin un sustento en la determinación de la valorización le ha producido un detrimento económico y emocional en el pago de contribuciones, debido que tras la presentación de las Solicitudes realizadas en el servicio a la fecha 22 de noviembre de 2023 y la solicitud de certificado de avaluó detallado le otorgaron uno de manera provisoria de $ 152.250.000 millones de pesos documento que fue otorgado con fecha 22 de diciembre de 2023, sin embargo a través de la plataforma de servicios impuesto interno con fecha 12 de Enero 2024 es de $ 159.752.539 que son datos de contribuciones del segundo semestre del 2023, a la cual no condice con el certificado otorgado de manera manual por Servicio Impuesto Interno $ 152.250.000, además el actualizado con fecha 31/12/2023 es de $ 162.628.081.

Arguye que además, según las Normativas urbanísticas obtenidas a través del certificado Informes previos otorgado de la ilustre Municipalidad de Coronel se considera que la propiedad emplazada según las características técnicas elaborado por un tasador para determinar el objeto de la venta de la propiedad comercial se pudo determinar varios parámetros, según la profesional Técnico Constructor y Estudiante de Ingeniería en Construcción tasadora Agrícola y nombre reservado rut RUT reservado, para la determinación de la tasación se deben establecer parámetros de objetividad solicitando a la empresa Sociedad Central Inmobiliaria limitada el avaluó detallado con el tipo de línea , ya que con el cambio de uso de suelo de manera arbitraria, debía corroborar el tipo de línea a en donde el representante legal al solicitarlo a través de la página web esta no se encontraba disponible, concurrió a las en las dependencia de ubicadas en domicilio reservado, donde se otorgó un certificado que no se condice en la plataforma vía web de consulta de Bienes y Raíces de la página con otro valor distinto. Además estableciendo que el plano topográfico determina tres tipos de perfiles del suelo estableciendo un desnivel de la propiedad a la cual para desarrollo de algún tipo de proyecto se requerirá un relleno y que los costos son excesivos, para determinar un valor comercial del inmueble.

Argumenta, también, que la propiedad no se encuentra con factibilidad técnica para desarrollar un proyecto inmobiliario debido que para un sistema de alcantarillado o fosa séptica , y de potabilización de agua potable, se debe considerar que la propiedad en época de invierno y por las característica de desnivel, presenta inundaciones frente a las altas precipitaciones y que el suelo probablemente se encuentre con saturación por presencia de agua, razón por la cual se debería realizar una mecánica de suelo, además de las consideraciones de desarrollo un sistema de captación de agua y de la potabilización se requiere hacer estudio para obtener agua para el consumo Humano aumentando los costos.

En cuanto a todos los criterios de tasación la normativa establece a través de la Resolución Exenta SII N°128 del 29 de diciembre del 2017 y sus posteriores modificaciones, En la plataforma digital de Servicio Impuesto Interno se establece un paso a paso se indica que la información catastral de la propiedad se indica el Código homogéneo AH, donde se ubica el bien raíz y el valor del terreno correspondiente , expresado en moneda nacional, el AH corresponde a la sectorización que el SII realiza para cada comuna del país en áreas con características urbanas comunes, como el uso de suelo, infraestructura vial ,accesibilidad, equipamiento, urbano, densificación , entre otras. En este caso el certificado de avaluó detallado no establece el tipo de línea y el tipo de AH para determinar cual es el valor del m2 fiscal, según el catastro de planos y precios del servicio Impuesto Interno.

En consiguiente se debe aplicar un coeficiente corrector que estan definido en la misma tabla de precios del terreno. Además se aplican diferentes tipos de ajustes dependiendo ajuste de frente- fondo, ajuste de Altura y ajuste por casos excepcionales en este caso opera cuando el bien raíz presenta minusvalía debidamente respaldada por los medios de prueba que demuestren objetivamente la condición menor del valor del inmueble, como así mismo la situación o le factor que origina la pérdida del valor , producto de la características particulares o de alguna condición en particular que le afecte y de algunos que ameritan este punto corrector que lo amerita , a la cual se determina a el valor del área de homogénea en el cual se emplaza según la tabla que esta establecida .

Es así que después de la presentación del representante Legal de Sociedad Central Inmobiliaria Limitada es que se determinó el área objeto a afectación publica, se consideró la disminución efectuada con la presentación sin que el organismo correspondiente lo haya considerado es así Conforme a los hechos antes mencionados en el presente recurso de protección y del análisis de las presentaciones ante el S.I.I., así como también de las resoluciones pronunciadas por este organismo es que S.S.I. podrá constatar que todos y cada uno de los procederes por parte de las recurridas de autos han sido arbitrarias e ilegales en todas y cada una de sus actuaciones hasta el día de hoy.

Cuando se refiere a la vulneración de garantías constitucionales afirma que “La actuación arbitraria e ilegal del Comité de Agua Potable Rural de Talcamavida(sic) ha generado una clara vulneración de la garantía consagrada en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la cual reconoce el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. En el caso que nos ocupa, la amenaza y perturbación a mi legítimo ejercicio de este derecho se ha concretado mediante una serie de acciones y omisiones por parte del Comité que se revelan como arbitrarias e ilegales.”.

En definitiva pide que el recurso presentado sea acogido a tramitación, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección en el ejercicio de sus derechos constitucionales, y en definitiva ordenar que se deje sin efecto los actos arbitrarios e ilegales se ordene el reintegro de todo lo pagado en exceso por el contribuyente desde la fecha de la adquisición del predio por parte de la empresa Sociedad Central Inmobiliaria limitada con los reajustes interese y multas que procedan en conformidad a la ley tributaria y a la ley general de urbanismo y construcción; se ordene por esta Corte la realización de todos los estudios que en conformidad al debido proceso debieron realizarse desde un comienzo por los recurridos de estos autos y así arribar a un avalúo acorde a la realidad y no a uno antojadizo como el realizados y finalmente se les Condene en Costas personales, procesales y ejemplificadoras por las vulneraciones realizadas desde el año 2019 en adelante.

2°.- Informó nombre reservado, DIRECTORA REGIONAL (S) de la VIII DIRECCIÓN REGIONAL CONCEPCIÓN del recurrido SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, solicitando que se rechace el recurso interpuesto, pues si bien el recurrente denuncia que el supuesto acto ilegal o arbitrario se traduciría en la “infracción a las normas que regulan la materia”, no individualiza la normativa infringida. Asimismo, señala, en la página 8 de su líbelo, que “habría una ilegalidad y arbitrariedad por el “Comité de Agua potable Rural de Talcamavida”.

Indicó que, de acuerdo con el Catastro de Bienes Raíces de ese Servicio, el inmueble ubicado en Ruta Patagual km 15 lote b-24, Fundo Santa Rosa en la comuna de Coronel, tiene asignado el Rol de avalúo N°1272-86 de la comuna de Coronel y, se encuentra registrado a nombre de la Sociedad Inmobiliaria Central Limitada, Rut N°RUT reservado

El referido bien raíz pertenece a la Segunda Serie de Bienes Raíces No Agrícolas, se encuentra ubicado en un área rural, figura con destino de Sitio Eriazo y posee una superficie de 20.0000 metros cuadrados.

Con fecha 13 de febrero del año 2020 se emitió la Resolución Exenta SII A08.2020.00003603, que incluyó en el Catastro de Bienes Raíces el predio objeto de autos, en cuanto el Conservador de Bienes Raíces de Coronel informó a este Servicio, a través del Formulario N°2890, sobre “Declaración sobre enajenación e inscripción de bienes raíces” de fecha 17.07.2019, que: (i) Por escritura pública de fecha 11.06.2019, doña nombre reservado, vendió a la recurrente, el predio objeto de autos. (ii) El inmueble fue inscrito a nombre del comprador en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coronel, a fojas 3804, número 1765, correspondiente al año 2019.

Señaló que la referida resolución incluyó al inmueble en el Rol de Avalúo y Contribuciones, a partir el 01.01.2020, señalando expresamente que “el bien raíz tendrá un avalúo de $38.257.543, monto en moneda del primer semestre de 2020, quedando afecto del pago de contribuciones”.

Producto del proceso general de Reevalúo de Bienes Raíces no Agrícolas correspondiente al año 2022, se determinó un nuevo avalúo para el inmueble ya referido, Rol de Avalúo 1272-86, de la comuna de Coronel, según el siguiente desglose:

Dice que el nuevo avalúo fiscal del predio fue debidamente informado al contribuyente y el rol de Avalúo correspondiente fue exhibido en las dependencias de la Municipalidad de Coronel, durante 30 días seguidos, en conformidad al artículo 6° de la Ley N°17.235, sobre Impuesto Territorial. Recalcó que la recurrente no interpuso un Recurso de Reposición Administrativa ante el SII, ni presentó un reclamo ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, dentro de los 180 días siguientes, en contra de la tasación efectuada, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 149 del Código Tributario.

Adicionó que el 16 de mayo del año 2022, la recurrente, mediante Formulario N°2118, folio 3547976, solicitó la modificación del avalúo del terreno del inmueble, la revisión y modificación de las exenciones de Impuesto Territorial y la revisión de la serie a la cual pertenece el bien raíz. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 20.07.2022, el Jefe del Departamento de Avaluaciones de la VIII Dirección Regional Concepción, emitió el Oficio Ordinario N° 492022OFI104183, informando al recurrente que “Revisados los antecedentes tenidos a la vista, se verificó que solo corresponde acceder a lo solicitado respecto de iniciar proceso de modificación de avalúo de terreno, reconociendo exención tributaria para Franja Afecta a Utilidad Pública, según Certificado de Informaciones Previas que adjunta y Articulo 99 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, no verificándose errores en la información catastral o de aplicación de normas de tasación fiscal vigente, respecto de la serie no agrícola y ubicación rural, actualmente registrada. Lo anterior, a contar del 01-01-2022, con giros a regularizar en diciembre de 2022, según artículo 13, 19 y 20 de la Ley 17.235. 3”. Asimismo, el acto administrativo mencionado señala que, una vez procesada la información en el Sistema de Bienes Raíces de este Servicio, se modificará el avalúo y/o contribución a través de una resolución posterior.

Expresa luego que lo anteriormente mencionado fue materializado en la Resolución Exenta N°A08.2022.00020026 de fecha 10 de agosto de 2022, que modifica, a partir del 01.01.2022, el avalúo del bien raíz de autos, de $148.610.246 a $141.855.535, en cuanto se consideró en la tasación del predio, una exención de impuesto parcial correspondiente a la franja de afectación a utilidad pública de 4.665m2 de terreno.

Asimismo, se detalla el nuevo cálculo de las contribuciones semestrales:

Semestre Nueva contribución semestral ($)

2022-1 580.275 2022-2 352.081 Indica que, posteriormente, con fecha 17 de agosto del año 2022, la recurrente presentó el Formulario N°2118, folio N°3659399, reconsiderar el Oficio Ordinario N°492022OFI104183, que modificó el avalúo fiscal del predio Rol N°1272-86, de la Comuna de Coronel, en cuanto el terreno es inundable.

Como consecuencia de esta solicitud, con fecha 05.10.2022, el Servicio emitió el Oficio Ordinario N°492022OFI124516, señalándole que “Revisados los antecedentes tenidos a la vista, se verificó que solo corresponde acceder a lo solicitado respecto de Modificar el Avalúo de Terreno según fue comunicado en OFICIO ORD.492022OFI104183 del 20-07-2022, no verificándose errores en la información catastral o de aplicación de normas de tasación fiscal vigente, respecto de la inundación mencionada en presentación comunica que, no consta que esté acreditado objetivamente la eventual minusvalía que ésta pudiera ocasionar sobre el inmueble objeto de solicitud y tampoco figura como causal de ajuste excepcional al valor fiscal del terreno, según regula la Resolución 143 de 2021”

Tras ello y con fecha 31 de enero de 2023, la recurrente presentó el Formulario N°2118, folio N°3852029, solicitando la “máxima retroactividad en la aplicación de la exención para FAUP (Franja de Afectación a Utilidad Pública)”.

Como consecuencia de lo anterior, el 04 de Mayo de 2023, el Jefe del Departamento de Avaluaciones de la VIII Dirección Regional Concepción, emitió el Oficio Ordinario N°492023OFI175268, informando al recurrente que “Revisado el registro de tasación predial del inmueble rol 1272-86 se ha constatado error de transcripción y copia que será corregido a contar del 01-01-2022, misma vigencia del error, según artículo 10 letra a de la Ley 17.235, sobre Impuesto Territorial. De este modo, se reconocerá la ubicación rural del bien raíz además de hacer efectiva la exención parcial del giro por la Franja de Afectación Pública que lo grava”. Asimismo, el acto administrativo mencionado, señala que, una vez procesada la información en el Sistema de Bienes Raíces de este Servicio, se modificará el avalúo y/o contribución a través de una resolución posterior.

Como consecuencia de lo anteriormente señalado, el Servicio rectificó, en forma centralizada, los giros de impuestos territorial emitidos para el año 2022, y, actualmente, se encuentra vigente, el proceso rectificación o recálculo de los giros emitidos para el año 2023 que generará en junio del año 2024 (conforme con lo dispuesto en el artículo 19 Ley N°17.235) la rebaja de contribuciones, descargándose las cuotas 1, 2, 3 y 4 de 2023 con cargo de dos giros semestrales de reemplazo, cuotas 6 y 7 con fecha de vencimiento 30 de junio de 2024, modificándose así todos los giros emitidos con error de transcripción y copia en proceso centralizado de recalculo.

Agregó que con fecha 24 de abril del año 2023, la recurrente presentó el Formulario N°2118, folio N°3935971, reiterando su solicitud de “considerar sector inundable en el avalúo del terreno”.

Como consecuencia de lo anterior, con fecha 13 de junio de 2023, el Jefe del Departamento de Avaluaciones de la VIII Dirección Regional Concepción, emitió la Resolución Exenta SII N°492023194130, que rechazó la solicitud, en cuanto el valor unitario del terreno determinado para el Área Homogénea (AH) XBB159, donde se ubica el inmueble reconoce que las condiciones de drenaje del terreno vinculadas al estero.

Finalmente dijo que, con fecha 22.11.2023, el recurrente efectúo una nueva presentación administrativa, Formulario N°2118, folio 4169830, solicitando “certificado de avalúo tiene sistema de tasación padre e hijo y otorgar certificado detallado de OT (Orden de trabajo) 3852029 respuesta a ligar es una franja de expropiación utilidad pública”, que genera certificado especial provisional por modificación en trámite.

Considerando que actualmente se encuentra vigente el proceso de modificación de avalúo individual indicado precedentemente se emitió, con fecha 22 de diciembre de 2023, un “certificado de avalúo fiscal provisional”, que señala el valor fiscal de referencia a utilizar en trámites propios del contribuyente relacionados con el avalúo fiscal vigente ($152.520.000). Tal como lo señala el referido certificado, esa certificación es provisoria , en cuanto se encuentra en trámite una modificación del catastro de bienes raíces de la serie no agrícola con vigencia 01.01.2022, la que se verá reflejada en el rol de reemplazo a emitirse en junio de 2024.

Finalmente, señaló que los giros de impuesto territorial emitidos el año 2022, como consecuencia del proceso de reavalúo de Bienes Raíces no agrícolas del año 2022, se les aplicó el beneficio del Alza Gradual establecido en el Artículo 3 de la Ley 17.235, que consiste en que el nuevo valor de las contribuciones aumentará de manera gradual, partiendo por un incremento del 25% en el primer semestre.

También agregó que, no obstante lo señalado precedentemente, la acción de protección no es la vía idónea para conocer de la materia sometida al conocimiento de esta Corte, pues el objetivo del recurso de protección es someter al imperio del derecho las acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que importen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de aquellas garantías constitucionales indicadas en el artículo 20, de la Constitución Política de la República, a través de un procedimiento urgente y excepcional, por ello se señala que esta acción constitucional está reservada para la tutela urgente y privilegiada de derechos fundamentales vulnerados y/o amenazados. Pues bien, arguye, en el caso de autos, el recurrente solicita “(...) Anular o invalidar la resolución impugnada por ilegal, así como los giros individualizados en el cuerpo del escrito, por vicio en su emisión y notificación al haberse emitido y practicado a una persona fallecida” (sic) lo que constituye una materia que dice relación con la existencia de una supuesta “ilegalidad” del cobro de Impuesto Territorial y la declaración de nulidad de éste, materia que debe ser conocida por medio de un procedimiento declarativo, de lato conocimiento, ya sea administrativo o jurisdiccional, toda vez que, para resolverla, se debe entrar a determinar si corresponde dejar sin efecto los giros que señala; situación que no se condice con la naturaleza eminentemente cautelar de la acción de autos.

Expone al respecto que el legislador ha establecido diversos procedimientos declarativos especiales, no siendo el recurso de protección, de naturaleza cautelar, la vía idónea para estos efectos. En efecto, dice, varios son los procedimientos administrativos y judiciales para reclamar de lo resuelto por el Servicio, citando al efecto los previstos en el artículo 124, 149 y 150 del Código Tributario; así como los previstos en los artículos 10 y 17 de la Ley N°17.235. De manera que ha sido el propio legislador quien, expresamente, ha establecido procedimientos de lato conocimiento y declarativos para conocer de estas materias, los que deben ser iniciados por los contribuyentes en los plazos y forma prescritos por la ley. Así las cosas, sostiene, mediante su acción el recurrente pretende desnaturalizar el sentido del recurso de protección, que es de naturaleza cautelar, convirtiéndolo en un procedimiento declarativo, cuestión que pugna con la naturaleza de este.

Negó, asimismo, la existencia de alguna actuación ilegal o arbitraria de parte del servicio recurrido ya que, dijo, solo ha cumplido con los mandatos legales que le son atingentes, citando la normativa específica que estima aplicable al presente caso para la determinación del impuesto territorial.

Tras ello señaló las razones que explican lo decidido respecto de la situación de la recurrente de autos, afirmando que tal contribuyente ha efectuado cuatro solicitudes de modificación individual del avalúo del predio de autos, todas estas han sido resueltas por el Servicio en virtud de la normativa legal vigente, agregando que se encuentra vigente un proceso de modificación individual de avalúo, en el que se deben considerar el destino rural del predio. En este contexto, concluyó, no puede existir ilegalidad o arbitrariedad alguna en el actuar de ese Servicio.

En consecuencia, recalcó, el actuar del Servicio no constituye una acción u omisión arbitraria ni ilegal, como denuncia el recurrente, toda vez que ha actuado en el ejercicio de las atribuciones que le concede la ley, en particular de las normas establecidas en la Ley N°17.235, por lo que la presente acción debe ser rechazada.

Como consecuencia de lo anterior negó la existencia de una afectación de garantías constitucionales.

En definitiva, solicitó el rechazo de la acción interpuesta, con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, acorde a lo anotado en la parte expositiva precedente, el recurrente sostiene que el servicio recurrido habría incurrido en una serie de conductas que califica como ilegales y arbitrarias, con motivo del procedimiento de determinación del avalúo de un bien raíz que adquirió con la finalidad de desarrollar un proyecto inmobiliario y de la consiguiente determinación del respectivo impuesto territorial que debe pagar por dicho inmueble, haciendo valer diferentes antecedentes en relación a la cabida, ubicación y características del predio, así como a una supuesta situación de inundabilidad del mismo y a una faja de expropiación que le afectaría.

El Servicio de Impuestos Internos recurrido informó negando la existencia de alguna actuación ilegal o arbitraria de su parte, la cual -dijo- se ha ajustado a la normativa aplicable y facultades legales que ostenta en la materia, la cual, además, es reclamable a través de los diversos procedimientos administrativos y judiciales que menciona.

TERCERO: Que, el presente es un procedimiento especial, breve y de urgencia, destinado a obtener protección de ciertas garantías constitucionales que son señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que requiere la existencia de una situación de hecho que amerite otorgar la protección solicitada. Es decir, debe justificarse plausiblemente la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal que justifique el otorgamiento del amparo constitucional que se pide.

CUARTO: Que, reiteradamente se ha dicho que la presente no es una vía declarativa de derechos, sino una que –atendida su calidad de ser un procedimiento breve y urgente- requiere de la existencia de un derecho indubitado para que pueda prosperar.

No corresponde, por ello, que en la presente sede cautelar esta Corte indague o declare la efectiva existencia de las conductas supuestamente ilegales de parte del Servicio recurrido con respecto de la sociedad inmobiliaria recurrente, en los que habría incurrido al determinar el referido avalúo; ni tampoco que se refiera a cuáles son los antecedentes de hecho, inherentes al caso concreto del predio mencionado en autos, que habrían de ser pertinentes de considerar para resolver respecto del correcto avalúo fiscal de tal inmueble, toda vez que ello está reservado a ser discutido en un procedimiento declarativo, en el cual las partes concernidas tengan la posibilidad de debatir adecuadamente con amplias facultades de rendir pruebas y de presentar sus alegaciones ante un órgano administrativo o un tribunal competente para conocer del asunto.

QUINTO: Que, así las cosas, resulta razonable concluir que no puede establecerse la existencia de alguna actuación arbitraria o ilegal por parte del Servicio recurrido, como tampoco la existencia de alguna vulneración de una garantía constitucional que esta Corte deba proteger por esta vía cautelar.

SEXTO: Que, por consiguiente, no concurriendo los presupuestos para que pueda prosperar la presente acción constitucional, ella será desestimada.

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el representante de la Sociedad Inmobiliaria Central Limitada en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Juan Ángel Muñoz López.

Rol N°762-2024 - Protección.

� La resolución que modifica el avalúo y que señalara las rectificaciones para los giros correspondientes al año 2023, sólo podrá emitirse una vez concluya el proceso de reevalúo anual de sitios no edificados que se desarrolla cada primer semestre de cada año, según Artículo 3 de la Ley 17.235.