nombre reservado con GENDARMERÍA DE CHILE

C.A. de Concepción Concepción, dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTO:

En estos antecedentes, el abogado y Defensor Público Penitenciario, don nombre reservado, en favor del interno nombre reservado, actualmente privado de libertad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío, interpone recurso de protección en contra de Gendarmería de Chile, representada por el Director Regional del Biobío (S), Coronel de Gendarmería, nombre reservado, superior jerárquico institucional del presidente del Tribunal de Conducta del Complejo Penitenciario del Biobío, quien rechazó la solicitud del interno para ser incluido en las nóminas de internos postulantes al beneficio de libertad condicional para el proceso seguido en abril de 2024.

Señala que, con fecha 25 de marzo de 1988, mientras aún se encontraba vigente en nuestro sistema un procedimiento penal de corte inquisitivo, se le condenó a don nombre reservado, por parte del Primer Juzgado de Letras de Puerto Varas, a la pena única de presidio perpetuo. Lo anterior, debido a su participación en calidad de autor en el delito de robo con violencia, sucedido el 18 de septiembre de 1986 en la ciudad de Temuco y en el ilícito de robo con resultado de muerte, ocurrido el día 9 de octubre de 1986 en la ciudad de Frutillar. Que, a la fecha de la sanción impuesta, tal como se corrobora en la sentencia condenatoria del tribunal de Puerto Varas, su representado no había tenido contacto alguno con el poder punitivo del Estado, siendo favorecido en dicho proceso por la atenuante prevista en el artículo 11 N° 6 del Código Penal.

Refiere que, una vez iniciado el cumplimiento de su condena, nombre reservado comenzó un profundo proceso de reinserción realizando una serie de esfuerzos para mantener un buen comportamiento al interior del recinto penitenciario y participando de gran cantidad de actividades con el objeto de trabajar su integración a la sociedad. De esta forma, habiendo dado cumplimiento a sus 24 años de condena y debido a la satisfacción cabal de los requisitos impuestos en el Decreto N° 321 sobre Libertad Condicional, con fecha 14 de noviembre de 2012, por resolución N° 421-2012 de la Comisión de Libertad Condicional de la Región del Biobío, de manera unánime, por los integrantes de esta, decidió concederle el beneficio de libertad condicional a su representado. Estima que es relevante mencionar que su representado en el cumplimiento de su condena al interior del recinto penitenciario, de manera previa a su libertad condicional y desde el inicio de su sanción, participó de diversas instancias de aprendizaje y desarrollo de habilidades, entre las actividades realizadas, destaca la certificación obtenida por parte de éste por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en relación al curso denominado “curtiembre avanzada”, por el cual trabajó 155 horas. Asimismo, recibió certificaciones emitidas por la Subsecretaría del Trabajo, las cuales se otorgaron debido a la participación de nombre reservado en un curso de albañilería de 120 horas, así como en el curso “conductas laborales y empleabilidad”, en el cual invirtió 48 horas de trabajo. También indica que el señor nombre reservado cuenta con certificaciones por diversos estudios certificados por institución INFOCAP y del curso de 9 horas realizado por la Asociación Chilena de Seguridad denominado “construyo Chile”. Finalmente, como demostración más clara y completa del proceso de avances sociales, laborales y académicos de nombre reservado, precisa que, en el año 2010, luego de dos años de sacrificio y estudio, se tituló de la carrera de técnico en construcción, estudios de educación superior impartidos dentro del recinto penitenciario y aprobados con un promedio ponderado de 6,09. A mayor abundamiento, dice que debe tenerse en consideración que la transformación y los esfuerzos de su representado no solo se limitaron a cuestiones académicas y laborales, sino que abarcaron también todo tipo de cambios conductuales. En este orden de ideas, dice que no puede soslayarse el hecho de que durante los 24 años nombre reservado se encontró privado de libertad, previo a la concesión de su libertad condicional y solo fue sancionado por la comisión de faltas y vulneraciones al reglamento de establecimientos penitenciarios en una sola ocasión, situación ocurrida el 18 de mayo de 2006 y por la cual cumplió el castigo correspondiente. Que confirma lo enunciado, que la calificación de la conducta de su representado, mientras se encontraba privado de libertad entre 1986 y 2012, durante ese periodo, fue “Muy Buena”, todo lo cual demuestra que, a pesar del adverso contexto que significa la reclusión en un recinto penitenciario y los obstáculos que allí se tienen para mantener una buena conducta, nombre reservado realizó grandes esfuerzos y sacrificios para contrarrestar dichas situaciones, logrando con éxito absoluto llevar a cabo un proceso completo de cambios tendientes a su inserción en la sociedad. Que, desde su liberación, con fecha 14 de noviembre de 2012, para el cumplimiento en el medio libre de la pena impuesta, aquél fue controlado periódicamente con su firma en el registro de Gendarmería de Chile, de manera ininterrumpida, desde el 30 de noviembre del 2012 hasta el 22 de septiembre de 2016.

Añade que nombre reservado fue contratado por la empresa Constructora Altos del Valle Blanco en el cargo de albañil, entre el 10 de enero de 2012 y el 13 de agosto de 2021. A pesar del cumplimiento de la ejecución de la libertad condicional concedida a su representado, pero con fecha 20 de septiembre de 2016, la Comisión de Libertad Condicional decidió revocar el beneficio otorgado a nombre reservado, toda vez que estimó haberse incurrido en la causal del artículo 35 número 1 del Decreto 2442 que fijaba el texto del ahora derogado reglamento de la ley de Libertad Condicional. Lo anterior, fundando en la solicitud realizada con fecha 06 de septiembre de 2016, por el jefe de Centro de Apoyo para la Integración Social Concepción, en atención a la existencia de una nueva condena en su contra, por la que fue sentenciado a una pena de multa de un tercio de unidad tributaria mensual.

Que en contra de dicha decisión revocatoria se interpuso recurso de amparo, en virtud del cual, la Excelentísima Corte Suprema decidió dejar sin efecto la revocación sufrida por parte de nombre reservado y que si bien el máximo tribunal estimó, con fecha 16 de noviembre de 2016, que en estos antecedentes no concurrían los presupuestos para hacer procedentes la revocación de libertad condicional, manifestando que su representado posee una “escasa entidad delictiva” y esta no hacía concurrir el supuesto de aplicación de las normas de revocación. A mayor abundamiento, dice que la excelentísima Corte Suprema, indicó que, de los “antecedentes allegados al recurso, aparece que el amparado nombre reservado cuenta con un trabajo estable como albañil en la Empresa Constructora Altos del Valle Blanco S.A; ha realizado diversos cursos de capacitación y posee un título profesional técnico universitario en construcción, lo que evidencia su capacidad para desenvolverse en el mundo laboral que permite concluir al tenor del artículo 36 del Decreto Supremo N° 2442, que no es merecedor de la revocación de la libertad condicional.” Y refiere que el recurrente, lejos de desmotivarse por una revocación que el máximo tribunal declaró improcedente, al recuperar su libertad, nuevamente retomó el ejercicio del control administrativo de su libertad condicional de la misma manera en que lo había hecho previo a su revocación. Posteriormente, con fecha 27 de abril de 2017, a través de la resolución N° 4 de la Comisión de Libertad Condicional, nuevamente se le revocó el beneficio concedido el 14 de noviembre de 2012 a su representado, indicando que concurrieron los presupuestos de revocación establecidos en la causal presente en el artículo 7° del Decreto Ley N° 321 de 1925, además de lo establecido en el artículo 35 número 1 del actualmente derogado Decreto 2442, reglamento de la Ley de Libertad Condicional. Comenta. Asimismo, afirma que nombre reservado fue condenado, el 9 de diciembre de 2016, por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa, como autor del delito de conducción en estado de ebriedad, sin haber obtenido licencia de conducir, en grado de consumado, perpetrado el día 06 de junio de 2015, en la comuna de Concepción. Que atendida la extensión de la pena temporal impuesta al sentenciado y considerando que este cumplía con los requisitos propuestos por el artículo 11 de la Ley N° 18.216, modificada por la Ley N° 20.603, se le impuso como pena sustitutiva de la privativa de libertad, la de prestación de servicios en beneficio de la comunidad por un lapso de 81 horas. De esta manera, su representado satisfizo completamente aquello que le fue indicado por el tribunal sobre el cumplimiento de su sanción penal, más aún, con fecha 16 de mayo de 2017, se informó por parte de don nombre reservado, Jefe de Unidad de Centro de Reinserción Social de Concepción, que nombre reservado cumplió satisfactoriamente la pena sustitutiva que se le impuso, indicando que “el referido ha sido un gran aporte a los trabajos y mantenciones que se debían hacer. Cumple los días y fechas acordadas en el plan de actividades demostrando proactividad y responsabilidad en las tareas asignadas”. Respecto a la condena a la que fue sancionado don nombre reservado con fecha 9 de diciembre de 2016 y que motivó la revocación de su libertad condicional, el 27 de abril de 2017, al señor nombre reservado se le reconoció en dichos autos la atenuante dispuesta en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, además, luego de ser condenado, se le concedió la pena sustitutiva de prestación de servicios en beneficio de la comunidad para la ejecución de su sanción, cuestión que, como se demostró, cumplió a cabalidad y con gran dedicación. De esta manera, luego del cumplimiento de su pena sustitutiva y con real incomprensión sobre su situación procesal, nombre reservado continuó con su vida laboral, ejerciendo sus funciones de albañil para la empresa Constructora Altos del Valle Blanco S.A. Así las cosas, indica que luego de ser habido y con motivo de la revocación de su libertad condicional, con fecha 16 de julio de 2021, nombre reservado hizo ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío para dar cumplimiento efectivo a la pena a la que había sido condenado inicialmente en 1988 por parte del Juzgado de Letras de Puerto Varas. Que allí, ha registrado hasta la fecha de interposición de esta acción una conducta calificada como “Muy Buena”, según da cuenta el propio registro de conducta de Gendarmería de Chile, continuando con la actitud colaborativa e interesada en los procesos de reinserción manifestadas desde su primera privación de libertad. En la actualidad, de acuerdo con la ficha única de condenado emitida el 11 de octubre de 2022 por Gendarmería de Chile y acompañada, es posible apreciar que de acuerdo a los antecedentes entregados por el ente administrativo se indica en el documento que el tiempo mínimo o la fecha requerida por el interno para acceder a la libertad condicional es el día 31 de diciembre de 2099. Por su parte, agrega también que el tiempo mínimo para poder acceder por parte de don nombre reservado a un beneficio intrapenitenciario es el día 31 de diciembre de 2099. Complementa lo anterior la observación realizada por Gendarmería de Chile en que se expresa que es “imposible calcular tiempo mínimo y TMBI según oficio N° 162 de fecha 11-03-2017”.

Finalmente, a la fecha de presentación de esta acción constitucional, precisa que han transcurrido al menos 35 años desde que el amparado fue condenado por el Juzgado de Letras de Puerto Varas y que, de acuerdo a lo dispuesto por el propio organismo penitenciario, se encuentra imposibilitado para poder postular nuevamente al beneficio de libertad condicional. En este orden de ideas, dice que atendida su situación actual, carece de sentido para él seguir realizando acciones de reinserción, toda vez que no existe posibilidad alguna de volver a acceder a la libertad, afectando gravemente los fines que en un estado de derecho se han decretado para las sanciones penales. De esta manera, considera que se torna en abiertamente arbitraria la resolución adoptada por Gendarmería de Chile y que impide a nombre reservado volver a postular a la libertad condicional, pues en la sesión del Tribunal de Conducta extraordinario del Complejo Penitenciario del Biobío celebrado el 11 de marzo de 2024 con la finalidad para sancionar las postulaciones a la Libertad Condicional de abril de 2024, se rechazó la postulación de la recurrente presentada mediante oficio N°352-2024.

Estima que el presente caso se vulneró la garantía contenida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por lo que pide que se acoja este recurso deducido declarando la arbitrariedad del acto denunciado, ordenando dejar sin efecto la resolución antes individualizada y, particularmente, se disponga que Gendarmería de Chile y, por su intermedio al Tribunal de Conducta del Complejo Penitenciario del Biobío incorpore al recurrente nombre reservado en las nóminas de internos postulantes al beneficio de libertad condicional para el proceso seguido en abril de 2024.

Informó el Jefe del Complejo Penitenciario Biobío (S), nombre reservado, indicando que nombre reservado, es un interno condenado por el Primer Juzgado de Letras de Puerto Varas, en causa Rol N° 32512-0, a la pena de presidio perpetuo por los delitos robo de especies y robo con violencia, y robo de especies con resultado de muerte. Añade que inició el cumplimiento de su condena con fecha 21 de enero de 1989 y cuya fecha de término no está prevista, toda vez que, se trata de una cadena perpetua. Que en el año 2012, le fue concedida la libertad condicional y reingresó al Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío, el 2 de julio de 2021, por revocación de la libertad condicional a cumplir el saldo de su condena.

Sostiene que Gendarmería de Chile no ha cometido ningún acto contrario a derecho que produzca como consecuencia dejar fuera del proceso de postulación al beneficio de libertad condicional al amparado, por cuanto, según lo dispone el artículo 1° de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, este es un Servicio Público dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley, entre estas funciones se encuentra la de determinar los cómputos de condena de las personas que se encuentran sujetas a su custodia. Lo anterior es armónico con lo establecido en el artículo 348, inciso 1° y 2° del Código Procesal Penal. Todo ello concordado con lo señalado en el artículo 468, incisos 1° y 2° del mismo cuerpo legal. De todo lo expresado infiere que queda claramente establecido que el organismo encargado de determinar los cómputos de pena es Gendarmería de Chile, en virtud de lo establecido en el artículo 7° inciso 2° de la Constitución Política de la República. Asevera que Gendarmería de Chile, por mandato legal, aplica la normativa vigente para el cálculo de cómputos, no correspondiéndole a la Institución que representa interpretar la ley, lo que es plenamente armónico con lo establecido en el artículo 3° letra b) de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, D.L. N° 2859/1979. Adiciona que conforme con lo establecido en el artículo 3° letra a) del D. N° 338, que establece el Reglamento del D.L. N° 321, en concordancia con lo establecido en los artículos 2° número 1) y 3°, inciso tercero, del cuerpo legal citado, se exige que para postular al beneficio de libertad condicional el interno debe haber cumplido la mitad de la condena, con excepción de los delitos que la ley de libertad condicional señala, en que tal exigencia es elevada a 2/3 de la pena. Que en este caso el condenado y amparado lo fue a cadena perpetua, esto es, en el año 1989. Cita, en lo pertinente, el Reglamento del D.L. N° 321, correspondía al Decreto N° 2442 de 1926. Hace presente que en el Acta N° 2 del Tribunal de Conducta Ordinario, de 12 de marzo de 2024, el defensor penitenciario y recurrente en este caso solicitó postular al citado protegido de autos al beneficio de libertad condicional. Respecto de la solicitud el tribunal de conducta resolvió que el mencionado interno no cumple con el requisito de tiempo mínimo establecido en el artículo N° 7 del D.L. N°321, a saber, la mitad del saldo de la condena adeudada por revocación de la libertad condicional, por encontrarse condenado a presidio perpetuo. El acta se fundamenta en que para poder incluirlo en la nómina debe necesariamente haber cumplido la mitad del saldo que adeuda de condena, no obstante, al estar condenado a presidio perpetuo no se puede determinar una fecha exacta de cumplimiento de la mitad de la misma.

Así, tras los antecedentes aportados, considera que Gendarmería de Chile ha actuado dentro del ámbito de sus facultades, dando cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, no conculcando en lo absoluto derechos ni las garantías que se reclaman, establecidos y resguardados por la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales vigentes y ratificados por el Estado de Chile, tal como lo previenen los artículos 4° y 6° del D.S. N° 518, por lo que pide que se rechace el presente recurso, en todas sus partes, y se ratifique el hecho de que Gendarmería de Dirección Regional Chile ha actuado en pleno ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias y con estricto apego a las normas consagradas en la Constitución Política, respetando plenamente el estado de derecho que nos rige.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de tutela ante un acto u omisión arbitrarios o ilegales que cauce privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción constitucional que se examina la existencia de un acto u omisión que sea ilegal, esto es, contrario a la ley, o que sea arbitrario, es decir, sin razón o fundamento y producto del mero capricho de quien incurre en esa conducta, que debe producir como consecuencia alguna de las situaciones o efectos que se han indicado respecto de las garantías protegidas.

2.- Que la parte recurrente interpone recurso de protección en contra de Gendarmería de Chile, representada por el Director Regional del Biobío (S), Coronel de Gendarmería, nombre reservado, superior jerárquico institucional del presidente del Tribunal de Conducta del Complejo Penitenciario del Biobío, quien rechazó la solicitud del interno para ser incluido en la lista de postulación a la libertad condicional para el presente semestre, en un acto arbitrario e ilegal que vulnera las garantía constitucional del artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, y echan por tierra todo su proceso de reinserción social en prisión por 35 años, sin darle luz a una solución, por la sola razón de no poderse calcular el tiempo mínimo de la condena, al haber sido condenado a presidio perpetuo.

Por su parte Gendarmería de Chile informó que nombre reservado, es un interno condenado por el Primer Juzgado de Letras de Puerto Varas, en causa Rol N° 32512-0, a la pena de presidio perpetuo por los delitos robo de especies y robo con violencia, y robo de especies con resultado de muerte. Añade que inició el cumplimiento de su condena con fecha 21 de enero de 1989 y cuya fecha de término no está prevista, toda vez que, se trata de una cadena perpetua y que en el año 2012, le fue concedida la libertad condicional y reingresó al Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío, el 2 de julio de 2021, por revocación de la libertad condicional al cumplir el saldo de su condena. Hace presente que en el Acta N° 2 del Tribunal de Conducta Ordinario, de 12 de marzo de 2024, el defensor penitenciario y recurrente en este caso, solicitó postular al citado protegido de autos al beneficio de libertad condicional. Respecto de la solicitud el tribunal de conducta resolvió que el mencionado interno no cumple con el requisito de tiempo mínimo establecido en el artículo N° 7 del D.L. N°321, a saber, la mitad del saldo de la condena adeudada por revocación de la libertad condicional, por encontrarse condenado a presidio perpetuo. El acta se fundamenta en que para poder incluirlo en la nómina debe necesariamente haber cumplido la mitad del saldo que adeuda de condena, no obstante, al estar condenado a presidio perpetuo no se puede determinar una fecha exacta de cumplimiento de la mitad de la misma.

Así, tras los antecedentes aportados, considera que Gendarmería de Chile ha actuado dentro del ámbito de sus facultades, dando cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, no conculcando en lo absoluto derechos ni las garantías que se reclaman, establecidos y resguardados por la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales vigentes y ratificados por el Estado de Chile, tal como lo previenen los artículos 4° y 6° del D.S. N° 518, por lo que pide que se rechace el presente recurso, en todas sus partes, y se ratifique el hecho de que Gendarmería de Dirección Regional Chile ha actuado en pleno ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias y con estricto apego a las normas consagradas en la Constitución Política, respetando plenamente el estado de derecho que nos rige.

3.- Que, la regulación de la libertad condicional en nuestro país, se encuentra normada en el Decreto N° 321 del Ministerio de Justicia. El artículo 1° señala que “la libertad condicional es un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad y a quien se le concediere, demuestra, al momento de postular a este beneficio, avances en su proceso de reinserción social”. Por su parte, el artículo 2° del mismo cuerpo normativo, manifiesta que podrán acceder a ella aquellas personas condenadas a una pena privativa de libertad de más de un año de duración, siempre que hayan cumplido el periodo de tiempo establecido en el Decreto Ley para postular, cuenten con conducta intachable durante el cumplimiento de la condena y con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería de Chile, que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia, con el fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad.

Además de lo expuesto, en el artículo 3° del Decreto Ley N° 321, en relación con las condiciones de postulación de aquellas personas condenadas a penas de presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado, se establece que los primeros solo podrán postularse una vez cumplidos veinte años de privación de libertad, mientras que los segundos una vez que hubieren cumplido cuarenta años de privación de libertad efectiva. Posteriormente, el artículo 4° de la norma en comento, define el órgano ante el cual se ejecutará la postulación, esto es, una Comisión de Libertad Condicional, la cual funcionará en la Corte de Apelaciones respectiva, durante los primeros quince días de los meses de abril y octubre de cada año, previo informe de Gendarmería de Chile. Asimismo, se agrega en el artículo 5° del Decreto Ley N° 321, las funciones que tendrá la institución mencionada, estas son “conceder, rechazar y revocar, en su caso, el beneficio, mediante resolución fundada”.

4.- Que, en este caso, cobra relevancia el artículo 7° del Decreto Ley N° 321 que dispone que si, “la persona en libertad condicional fuere condenada por cualquier delito, o incumpliere las condiciones establecidas en su plan de intervención individual, sin justificación suficiente, Gendarmería de Chile deberá, dentro del plazo de tres días, informar de ello a la Comisión de Libertad Condicional, para que ésta se pronuncie dentro del plazo de quince días, respecto de la continuidad o revocación de la libertad condicional. En caso de revocación del beneficio, la Comisión ordenará el ingreso de la persona al establecimiento penitenciario que corresponda, con el fin de que cumpla el tiempo que le falte para completar su condena, y sólo después de haber cumplido la mitad de ese tiempo podrá volver a postular a la libertad condicional, en las mismas condiciones y con las obligaciones señaladas en este decreto ley”.

5.- Que la norma transcrita precedentemente, tiene vinculación con este caso, ya que nombre reservado cumplió cada una de las instancias propuestas por el Decreto para el desarrollo de la libertad condicional, desde que fue condenado en el año 1988, comenzando un proceso de reinserción participando de una serie de instancias y actividades que, paulatinamente, fueron demostrando los avances con los que, el año 2012, obteniendo el título técnico en construcción, por lo que se hizo merecedor del beneficio de libertad condicional, logrando retomar su libertad luego de 24 años de privación de aquella. Sin perjuicio de lo expuesto, con fecha 20 de septiembre de 2016, la Comisión de Libertad Condicional, fundada en las atribuciones que el ordenamiento jurídico le otorga y se explicitan en el artículo 5° del Decreto Ley N° 321 del Ministerio de Justicia, le revocó la libertad condicional obtenida con anterioridad al haber sido condenado por nuevo delito ese mismo año, situación prevista como causal de revocación por el artículo 7° de la norma en análisis.

6.- Si bien, no es posible negar la ocurrencia de la hipótesis de hecho que motivó la aplicación del artículo 7° del Decreto N° 321, no puede olvidarse que el valor principal y que orienta la libertad condicional se subentiende a partir de la propia redacción de las disposiciones anteriores, pues, como puede constatarse, todas estas apuntan a que el objetivo de esta institución dice relación con la reinserción social de quienes acceden a ella.

Así, se puede observar que, en la legislación penitenciaria chilena, se establece como objetivo principal de la privación de libertad, la rehabilitación y posterior reinserción a la sociedad de los sujetos recluidos en los centros penitenciarios, por lo que el hecho que el recurrente haya cometido un delito mientras cumplía la libertad condicional, no anula ni revierte los avances trabajados y obtenidos en su proceso de desistimiento delictivo o de reinserción, en los términos del decreto.

7.- Que si bien cabe admitir, que para algún sector, el precepto legal en cuestión al regular un beneficio para el sujeto que cumple una pena privativa de libertad, tendría una naturaleza administrativa, calificándola como propia de un derecho administrativo penitenciario y no propia del derecho penal en una dimensión de ejecución, estableciendo con ello una limitación al ámbito del derecho penal, con sus principios y garantías sólo hasta el momento de la condena o imposición de las penas, de modo que la ejecución y cumplimiento de las mismas corresponde a una dimensión jurídica diferente, de naturaleza meramente administrativa, como se ha señalado precedentemente. En este sentido, se ha señalado que el derecho penal sustantivo no le toca un solo pelo al delincuente, sino que es en la ejecución de la pena donde las personas pierden su personalidad y sociabilidad (Carlos Künsemüller, La judicialización de la ejecución penal, Revista de Derecho PUCV, XXVI, 2005, pp. 113- 123).

8.- Que sin embargo, la anterior calificación de la ejecución de las penas como función estrictamente administrativa, en la que incurre parte de la doctrina jurídica nacional y en los consecuentes yerros jurisprudenciales, constituye una contradicción y negación profunda de la función, tanto de la pena como del régimen penitenciario, desde que se le niegan a los condenados derechos y garantías fundamentales, en especial los relativos a la legalidad de las penas y al régimen de libertad a los que pueden optar aquellos. Aún más, la negación en la práctica penitenciaria nacional, de los fines resocializadores o de reinserción social de la pena, como consecuencia de las condiciones materiales de la ejecución de una condena privativa de libertad, explican los argumentos doctrinarios y jurisprudenciales a favor de una perspectiva meramente administrativa. Refuerza lo que se viene señalando, lo afirmado por la profesora nombre reservado, quien indica que, quienes defienden la posición de que la actividad penitenciaria forma parte del derecho administrativo, tomando como referencia para ello, a autores del derecho alemán o español olvidan que "en esos países rige el principio de legalidad de la actividad penitenciaria y además existe un órgano jurisdiccional con competencia exclusiva sobre la misma, por lo que no resulta posible la equiparación. En efecto, en Chile no concurren tales circunstancias en el ámbito de la ejecución de las penas privativas de libertad, a pesar que la doctrina nacional sostiene que este principio, consagrado en el artículo 19 N° 3 incisos 6° y 7° de la Constitución Política, debería abarcar todas las fases de manifestación de la práctica punitiva estatal -conminación, adjudicación y ejecución de las penas y medidas de seguridad-, en tanto ella constituye una potencial fuente de afectación de derechos constitucionales" (nombre reservado, "La insostenible situación de la ejecución de las penas privativas de libertad: ¿vigencia del Estado de derecho o estado de naturaleza?". Polít. crim. Vol. 13, NQ 26, diciembre 2018, pp. 904-95)

9.- Que, en el caso que nos ocupa, por una resolución administrativa se le niega al recurrente la posibilidad de ser incluido en la nómina de postulantes, a pesar de haber transcurrido 35 años desde su condena, 24 de los cuales los cumplió en prisión efectiva, con avances objetivos en su proceso de reinserción social, en base a los dispuesto en el artículo 7 inciso segundo del Decreto ley N° 321 del Ministerio de Justicia que dispone que “en caso de revocación del beneficio, la Comisión ordenará el ingreso de la persona al establecimiento penitenciario que corresponda, con el fin de que cumpla el tiempo que le falte para completar su condena, y sólo después de haber cumplido la mitad de ese tiempo podrá volver a postular a la libertad condicional, en las mismas condiciones y con las obligaciones señaladas en este decreto ley”.

10.- Que, sin embargo, de acuerdo con la redacción actual de la norma y con la interpretación que el ente administrativo hace de esta, dicha situación no es posible, al haber sido condenado a presidio perpetuo en 1988, y, como expresamente lo indica la ficha única de condenado emanada por Gendarmería de Chile, no tiene posibilidad de que se le calcule el tiempo mínimo requerido para postular nuevamente a la libertad condicional, pues no es posible estimar, según se expresa, el saldo que le resta para llevar a cabo el cumplimiento de su condena, situación que tiene como consecuencia directa su exclusión absoluta e indefinida de dicho beneficio.

11.- Que, Gendarmería de Chile entiende que no es posible calcular aritméticamente el saldo de condena de una persona sometida a presidio perpetuo, lo que se deduce que, a su juicio, en general, ninguna de las personas en las mismas condiciones que el recurrente podrá jamás acceder a dicho beneficio, toda vez que lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto N° 321 impediría en términos prácticos que se puedan cumplir los requisitos. Sin embargo, tal interpretación y consecuencia, es contraría con el principio de resocialización de la pena, principio que tiene una jerarquía superior a la finalidad técnica del derecho penitenciario en el cómputo de plazos, cuando es evidente que por el tiempo que lleva en prisión el recurrente, ha cumplido en demasía el tiempo mínimo, sin que una omisión fáctica/normativa –imposibilidad de calcular la mitad del saldo de pena- pueda racionalmente justificar la exclusión del recurrente del proceso de postulación a la libertad condicional y en definitiva su exclusión de un proceso de reinserción social, ya que ello implicaría vaciar de contenido preventivo y de una finalidad legitima su privación de libertad, transformándola en un simple encierro de por vida.

Además, la negativa de Gendarmería para dar curso a la solicitud de postulación a la libertad condicional, cumpliendo el recurrente con todos los requisitos, careciendo solamente de la fecha de cumplimiento mínimo sin mayor fundamento que el meramente formal, es contraria a la Constitución Política de la República y tratados internacionales ratificados por nuestro país y que se encuentran vigentes, por lo que se transforma en imperioso, buscar una interpretación de esta norma que se encuentre en armonía con la Constitución y dichos tratados internacionales.

12.- Que, la Constitución Política de la República establece en su artículo 1 inciso primero que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, agregando en su inciso cuarto que “el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.

En este caso en particular, se advierte que la interpretación que se hace del artículo 7 del Decreto Ley N° 321 en atención a la situación del recurrente es abiertamente atentatoria contra lo dispuesto en la primera norma de nuestra carta fundamental.

En este sentido, cabe recordar lo señalado por don nombre reservado (nombre reservado, nombre reservado, Derecho Penal. Parte general, 7- ed., Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005, p. 719), en el sentido que la pena de presidio perpetuo calificado introducida a nuestro ordenamiento, es “una pena privativa de libertad vergonzosa, inexplicable en la legislación de una sociedad civilizada, e incapaz de cumplir cualquiera de los fines que pueden atribuirse a la sanción punitiva”, confirmando lo que en su momento planteaban Politoff, Matus y Ramírez sobre que esta sanción “requiere una revisión urgente para que nuestro sistema de penas cumpla efectivamente los fines que se declaran, entre ellos, el de rehabilitación y reinserción social, que parecen muy lejanos si lo que se pretende es que el condenado “cumpla de por vida” y “efectivamente”, lo que se evidencia con claridad en este caso, al no poderse calcular el tiempo mínimo por haber sido condenado a presidio perpetuo.

De esta manera, si la más reconocida doctrina nacional concuerda sobre la idea de que es cuestionable la constitucionalidad de la pena de presidio perpetuo que posee escasas, pero reales posibilidad de libertad, más aún lo será aquella pena perpetua que impide de manera cabal y completa esta situación, atentándose de manera flagrante y clara con la disposición constitucional en análisis.

Así al impedir si quiera la posibilidad de postular nuevamente al beneficio de libertad condicional en los términos expresados por el artículo 7 del Decreto Ley N° 321 del Ministerio de Justicia, al recurrente, se le afecta el valor principal que le otorga su calidad de persona con este acto, esto es, su dignidad, degradando y restringiendo su categoría de persona a través de un acto ilegal y arbitrario.

Por otra parte, cabe destacar que el artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República dispone que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, lo que en este caso se vulnera. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de diciembre de 1966, manifiesta en su artículo 10, Apartado 3 que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San nombre reservado Rica de diciembre de 1969, regula en su artículo 5 el Derecho a la Integridad Personal, expresándose el número 2 que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, mientras que en el número 6 del mismo artículo indica “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.”

De lo anterior, se vislumbra que el ordenamiento jurídico internacional concuerda con el hecho de que el fin de las penas privativas de libertad son la resocialización/readaptación y que, mientras esta se ejecuta debe hacerse siempre con respeto irrestricto a la dignidad de los seres humanos, por lo que una pena que impida a una persona condenada volver a ser parte de la sociedad nuevamente, de difícil manera puede afirmarse que sea una que contribuya a los fines planteados.

En definitiva una interpretación sistemática y teleológica de las reglas que consagra el D.L N° 321 conlleva considerar, que dicho que cuerpo normativo otorga a los condenados a presidio perpetuo, incluso calificado, y a quienes se ha revocado el beneficio de libertad condicional, el derecho a ser postulado nuevamente al mismo, por lo que en caso alguno una instrucción o normativa de carácter jerárquicamente inferior a la ley puede establecer una forma de afectación de ese derecho, como lo es por cierto la imposibilidad de calcular el tiempo mínimo requerido para ser postulado a la libertad condicional. Que, si bien no se desconoce que en la hipótesis de un condenado a presidio perpetuo al que le ha sido revocado la libertad condicional, resulta difícil, por no decir, imposible, calcular el tiempo que le faltaría para completar su condena y, luego de ello, la mitad de ese tiempo, para poder volver a postular a dicho beneficio, no es menos cierto, que de ello no puede concluirse que se encuentre vedado por la ley el derecho que tendrían los condenados que se hallen en la aludida situación, para solicitar por segunda vez la libertad condicional, de modo entonces que no resulta legal ni respetuoso de sus derechos fundamentales negarles tal derecho.

13.- Que, en virtud de lo expuesto, la presente acción constitucional será acogida en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido, en favor del interno nombre reservado en contra de Gendarmería de Chile. representada por el Director Regional del Biobío (S), Coronel de Gendarmería, nombre reservado, al ser el superior jerárquico institucional del presidente del Tribunal de Conducta del Complejo Penitenciario del Biobío, dejándose sin efecto la resolución adoptada en sesión del Tribunal de Conducta del Complejo Penitenciario del Biobío, celebrada el 11 de marzo de 2024, en la cual se rechazó la posibilidad de que el interno individualizado, pudiera acceder a la postulación al beneficio de la libertad condicional y ,en su lugar, se ordena a Gendarmería de Chile y, por su intermedio al Tribunal de Conducta del Complejo Penitenciario del Biobío a incorporar al recurrente nombre reservado en las nóminas de internos postulantes al beneficio de Libertad Condicional para el proceso seguido en abril de 2024.

Se previene que la ministra Nancy Bluck Bahamondes concurre al fallo teniendo únicamente presente las siguientes consideraciones:

1.- Que nombre reservado fue condenado a presidio perpetuo como autor de los delitos de robo con violencia y robo con resultado de muerte, dando inicio al cumplimiento de dicha sentencia el 21 de enero de 1989;

2.- Que luego de permanecer privado de libertad durante 24 años, obtuvo la Libertad Condicional el 14 de noviembre de 2012;

3.- Que por sentencia de 9 de diciembre de 2016 nombre reservado fue condenado a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo como autor del delito de conducción en estado de ebriedad sin haber obtenido licencia de conducir;

4.- Que por resolución de 27 de abril de 2017 la Comisión de Libertad Condicional le revocó dicha libertad, reingresando el condenado a cumplir la pena impuesta, el 2 de julio de 2021;

5.- Que según el artículo 7° del Dl 321, “Si la persona en libertad condicional fuere condenada por cualquier delito, o incumpliere las condiciones establecidas en su plan de intervención individual, sin justificación suficiente, Gendarmería de Chile deberá, dentro del plazo de tres días, informar de ello a la Comisión de Libertad Condicional, para que ésta se pronuncie dentro del plazo de quince días, respecto de la continuidad o revocación de la libertad condicional.

En caso de revocación del beneficio, la Comisión ordenará el ingreso de la persona al establecimiento penitenciario que corresponda, con el fin de que cumpla el tiempo que le falte para completar su condena, y sólo después de haber cumplido la mitad de ese tiempo podrá volver a postular a la libertad condicional, en las mismas condiciones y con las obligaciones señaladas en este decreto ley.”

6.- Que, así las cosas, si la persona en Libertad Condicional es condenada por cualquier delito, la Comisión respectiva puede revocar la libertad condicional, situación en la que precisamente se encuentra el recurrente de autos, quien debió reingresar a cumplir la pena de presidio perpetuo, originalmente impuesta, como consecuencia de haber incurrido en el delito de conducción en estado de ebriedad;

7.- Que sin perjuicio de lo anterior, especial atención merece en el caso examinado, la parte final del citado artículo 7°, que obliga al sentenciado a completar la mitad del saldo de condena que le falta para cumplir su pena antes de volver a postular a la Libertad Condicional; norma que a entender de esta ministra resulta inaplicable al recurrente, toda vez que supone una pena con duración limitada, único caso en el que se pueden realizar cálculos numéricos como la determinación de cuál es la mitad del saldo de la pena, lo que no resulta posible tratándose del presidio perpetuo;

8.- Que así las cosas, lleva razón Gendarmería de Chile cuando afirma que la situación del postulante nombre reservado no está regulada en la Ley y por lo mismo no es admisible que pretenda aplicar, por analogía, una disposición reglamentaria -la parte final del artículo 7°- que claramente no está prevista para el caso del presidio perpetuo, privando al sentenciado de su derecho a postular a la Libertad Condicional sin ningún sustento normativo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactó la ministra Matilde Esquerré Pavón.

No firma la ministra Nancy Bluck Bahamondes, quien concurrió a la vista y al acuerdo de la causa, por encontrarse ausente y haciendo uso de permiso.

ROL N° 7404- 2024 Protección.