nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA (SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES)

Concepción, veinte de diciembre de dos mil veintidós.

Visto y teniendo presente:

1.- En estos autos rol ingreso Corte 70.564-2022 Protección, Alexandra Del Rio Madrid, Abogada, cédula nacional de identidad número RUT reservado, por sí y a favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, soltera, administrativo, cédula de identidad extranjera número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, recurre de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración, dependiente del Ministerio del Interior y seguridad Pública, por la omisión ilegal y arbitraria en la emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando solicitud de permiso de permanencia definitiva, solicitada el 17 de enero de 2021, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, es decir, Igualdad ante la Ley; libertad de trabajo, su libre elección y libre contratación; el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales; de manera de restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880.

En síntesis, sostiene que nombre reservado, de nacionalidad venezolana, administrativo, ingreso al país en calidad de Turista, estando dentro del país cambio su condición migratoria a residente temporario por visa temporaria otorgada, con el propósito de establecerse y desarrollar sus proyectos de vida en chile. En ese sentido, el 17 de enero de 2021, antes del vencimiento de su visa Temporaria, la recurrente presenta solicitud para obtener el beneficio migratorio de permanencia definitiva, ante el Departamento de Extranjería y Migración, hoy Servicio Nacional de Migración. Según consta en comprobante de solicitud N°17421495. Sin embargo, a la fecha la recurrente, no ha recibido ninguna respuesta por parte del servicio recurrido, ni se ha liberado la orden de giro correspondiente al beneficio solicitado, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado. Aunado a lo anterior, la recurrida al aprobar la tramitación de su solicitud, debe estimarse que establece el curso de procedimiento migratorio de orden administrativo, el cual no se encuentra regulado a plenitud de la norma migratoria, lo que implica la aplicación de la Ley 19.880 de manera subsidiaria o residual, al tratarse de una norma de carácter general. En ese sentido, debe considerarse que los actos y plazos procesales se encuentran revestidos por el principio de legalidad, de tal manera, que los mismos no pueden verse relajados sino únicamente en aquellos casos que dispone la propia ley, y, aun así, por razones de seguridad jurídica debe la autoridad dictar una resolución motivada que informe sobre las razones del no cumplimiento.

En conclusión, que la omisión de la recurrida resulta pluriofensiva, en virtud de la afectación de sus derechos fundamentales; la cual resulta arbitraria, por cuanto se ventila a través de un dilatado procedimiento con la incertidumbre que conlleva al desconocerse la oportunidad de su resolución; e ilegal, toda vez que desaplica normas sustanciales que regulan los procedimientos administrativos, siendo que estos, sólo de manera excepcional pudieran exceder el plazo de 6 meses. De esta manera la autoridad se aleja de los criterios humanitarios al mantener en la indefinición la situación migratoria del afectado. La recurrida desatiende que nombre reservado, luego de haber pasado más de 2 años en el país, ha tenido un comportamiento intachable, por ende, merece un procedimiento justo que le permita permanecer de manera legal y estable en el territorio nacional, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por lo demás demorado.

Pide que se ordene al recurrido que se pronuncie sobre la solicitud del recurrente, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

2.- Luego informa Carolina Pía Tapia Fierro, abogada de la Dirección Regional del Biobío del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo en todas sus partes de la misma, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías reconocidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, y protegidas por la presente acción.

En síntesis, señala que respecto de la situación migratoria de la recurrente, consta que ingreso al país el 11 de febrero de 2019, por paso fronterizo Chacalluta; que el 17 de enero de 2021, presentó ante este Servicio solicitud de permanencia definitiva; que el 5 de diciembre de 2021, se dictó RESOLUCIÓN EXENTA N°21281582, certificándose que su trámite se encuentra en la etapa de "Evaluación intermedia". Evaluación intermedia, lo que incluye a) Análisis documental que implica validación de forma, vigencia y legalización -si fuese necesario-, además de la petición de información a instituciones externas, específicamente a las policías y Servicio Registro Civil e Identificación, sobre la existencia o no de antecedentes delictuales; y b) la evaluación analítica de documentos electrónicos o en papel, legalizados o Apostillados, según corresponda.

3.- El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

4.- En este caso, el recurrente tilda de ilegal y arbitraria la omisión de la recurrida de pronunciarse acerca de su solicitud de otorgamiento de residencia definitiva, y que fue presentada el 17 de enero de 2021, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado hasta la fecha.

5.- Que de los antecedentes fluye que son hechos incontrovertidos los siguientes:

- Que el 17 de enero de 2021 la recurrente solicitó el beneficio del permiso de permanencia definitiva;

- Que 5 de diciembre de 2021 dictó la Resolución Exenta N°21281582, certificándose que el trámite se encuentra en la etapa de "Evaluación intermedia".

6.- La recurrida aduce que lo que corresponde es alegar por la vía administrativa el silencio de la autoridad, sin embargo, ello ha de ser desestimado, habida consideración que lo discutido en esta sede constitucional es la afectación de derechos fundamentales por un acto u omisión de un órgano del Estado que se estima ilegal o arbitrario, materia que esta Corte está autorizada para examinar y esto, sin perjuicio de otras acciones que puedan ser ejercidas por la actora, conforme lo establece expresamente el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

7.- Dicho lo anterior, lo primero que cabe advertir es la aplicación al presente caso de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880, conforme al cual: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

En este entendido, se evidencia desde luego la efectividad de lo afirmado en el recurso, comoquiera que no se ha emitido acto administrativo terminal alguno que se pronuncie sobre la solicitud de permiso de permanencia definitiva del recurrente, habiendo transcurrido, desde la data de presentación de la solicitud respectiva hasta la fecha de interposición del recurso de autos, un tiempo que, no sólo desde una mirada normativa sino también desde una perspectiva de racionabilidad, resulta excesivo.

8.- La anotada omisión constituye, también, una vulneración de los principios de celeridad y conclusivo que se establecen en los artículos 7° y 8° de la aludida Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos. En efecto, en virtud del primero se establece que el procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites; y, en el segundo, se prescribe que todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo.

9.- En consecuencia, y teniendo presente el escenario descrito, el órgano recurrido –actualmente el Servicio Nacional de Migraciones (Ley N°21.325) ha incurrido en un comportamiento, según lo dicho, ilegal, y, además, arbitrario, que atenta contra la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, desde que su actuación –o más bien falta de actuación- importa una discriminación en perjuicio del recurrente en relación con otras personas que, en condiciones jurídicas equivalentes, han obtenido la decisión de sus solicitudes dentro de los plazos razonables que confiere la ley.

Lo anterior no se altera por el hecho que la autoridad haya avanzado el procedimiento administrativo de que se trata a una etapa de “evaluación intermedia”, ya que esto último lo vino a materializar mucho tiempo después desde la data de ingreso de la respectiva solicitud.

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, sólo en cuanto se ordena que el Servicio Nacional de Migraciones deberá pronunciarse, mediante un acto administrativo terminal, sobre su solicitud de permanencia definitiva, dentro del plazo de treinta días hábiles administrativos, luego de ejecutoriada que sea la presente sentencia y previo pago, por parte de los recurrentes, de los derechos que fueren procedentes.

Dicho órgano administrativo deberá informar oportunamente a esta Corte, acerca de la decisión que se adopte. Ofíciese al efecto una vez que este fallo quede firme.

Acordada contra el voto del abogado integrante Marcelo Matus Fuentes, quien fue de la opinión de rechazar la acción constitucional intentada, ya que no existe en este caso la vulneración ilegal, así como tampoco arbitraria, de la garantía constitucional de igualdad ante la ley denunciada por los recurrentes. En efecto, es cierto que la recurrida ha demorado la revisión de los antecedentes de los recurrentes en los términos a que se refiere la normativa citada en este fallo, pero con igual claridad se observa que existen razones que justifican la reprochada demora, toda vez que es un hecho notorio que el número de solicitudes de Permanencia Definitiva que la recurrida ha recibido en los dos últimos años aumentó significativamente, lo que se constata por el progresivo aumento del ingreso de recursos de protección que a esta Corte le ha correspondido resolver en igual periodo, todos fundados en la demora de la recurrida en tramitar solicitudes de Permanencia Definitiva; siendo razonable entender que este aumento excepcional de solicitudes provoque que los tiempos de respuesta del Estado de Chile, actuando a través del órgano competente, se extiendan. Esta demora entonces, en opinión del disidente, no constituye per se una afectación ilegal del derecho fundamental invocado por los recurrentes de autos, ya que, como se ha constatado, ellos cuentan con una situación migratoria al día que les permite mantenerse y desarrollar dentro del país las actividades que dicha situación legal les autoriza. Asimismo entiende, que en este caso no existe una vulneración arbitraria a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, comoquiera que también es un hecho notorio, que la recurrida ha dado igual trato a todas las personas que se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica en que actualmente están los recurrentes.

Dése oportuno cumplimiento al numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Marcelo Matus Fuentes.

Rol N°70.564-2022, Protección.-