nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

C.A. de Concepción jvm Concepción, trece de junio de dos mil veintidós.

VISTO:

En estos autos ingreso Corte Rol 6968-2022, compareció el abogado Víctor Muñoz Torres deduciendo recurso de protección en nombre y a favor de don nombre reservado contra la I. Municipalidad de Lota, representada por su Alcalde don Víctor Marchant Ulloa, acusando la comisión de un acto ilegal y arbitrario al dictar el Decreto Alcaldicio N° 966, de 28 de febrero del año en curso, por medio del cual se dispuso la no renovación de la contrata de su representado.

Explica que don nombre reservado se desempeña como funcionario municipal, en forma continua e ininterrumpida, desde el 13 de junio de 2019, cumpliendo labores como nutricionista a contrata en el Centro de Salud Familiar Dr. Sergio Lagos Olave, siendo objeto de sucesivas prórrogas o renovaciones, siendo la de fecha 28 de enero de 2021 con vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año. Indica que con posterioridad a ello siguió prestando servicios de manera normal durante los meses de enero y febrero del presente año, hasta que el día 25 de febrero de 2022 el señor nombre reservado fue citado, en horas de la tarde, a una reunión informal con el jefe del Cesfam donde se desempeñaba y con el jefe del Departamento de Salud municipal de Lota, quienes le informaron verbalmente que trabajaría solo hasta el 31 de marzo de 2022 y que no iba a continuar en su cargo , sin darle al recurrente motivo ni razón alguna de tal determinación.

Agrega que con posterioridad a ello, por Decreto Alcaldicio N° 966, de 28 de febrero de 2022, dictado por el Alcalde titular de Lota don nombre reservado, se dispuso la no renovación de la contrata y la mantención en el cargo hasta el 30 de marzo pasado.

Hace presente que el Decreto contra el que se recurre hace alusión, a su vez, al Decreto Alcaldicio N° 705, de 17 de febrero de 2022, cuya existencia desconocía totalmente.

Señala que el acto recurrido incluye como motivación un supuesto ausentismo laboral que no es efectivo.

Considera que la decisión adoptada por la autoridad administrativa recurrida es un acto administrativo totalmente arbitrario e ilegal que lesiona, conculca, perturba y afecta indebidamente los derechos y garantías constitucionales del actor, especialmente las consagradas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, vulnerando también la confianza legítima en que seguiría desempeñando sus labores normalmente.

Arguye que la decisión administrativa impugnada aparece desprovista de todo motivo o fundamento válido y real para dejar sin efecto, o poner término o disponer la no renovación de la contrata del actor, razón por la cual solicita que se acoja el arbitrio deducido y se ordene dejar sin efecto la decisión que ha dispuesto la desvinculación de su representado, debiendo ser reintegrado a sus labores; ordenándose mantener al recurrente en su cargo a contrata y por ende la renovación de la misma, y pagarle todas las remuneraciones, emolumentos y demás prestaciones y beneficios devengados durante el tiempo en que haya estado separado del servicio.

Informó la abogada María Bustos López, en representación del municipio de Lota, y señala que el mediante decreto N° 705, de 17 de febrero de 2022, se aprobó el nombramiento del recurrente, “en calidad de Plazo Fijo con vigencia hasta el 30 de marzo de 2022” y que, a su vez, por medio del Decreto Alcaldicio N° 966, de 28 de febrero pasado, se dispuso la no renovación de la citada contrata debido, entre otras cosas, a su alto ausentismo laboral, lo que afecta directamente la atención de usuarios, dado que implica reagendar o reasignar las horas de atención, lo que genera reclamos y molestia de la comunidad, afectando la satisfacción usuaria y percepción de calidad del servicio.

Hace presente que la autoridad administrativa tiene la facultad para poner término a la contrata de un funcionario que goce del principio de confianza legítima, por medio de una decisión escrita particular que cumpla, como en este caso, con el deber legal de fundamentación.

Considera que lo reclamado por el actor es materia de un juicio laboral, y por ende debe ventilarse en dicha sede, y no a través de un recurso de protección.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Segundo: Que para una adecuada decisión del asunto planteado, conviene tener presente las siguientes circunstancias fácticas:

a) Según consta en el certificado extendido por el jefe del Departamento de Salud del municipio recurrido, del 24 de junio de 2020, don nombre reservado se desempeñó como nutricionista, bajo la modalidad de contrato a honorarios, entre el 1 de abril de 2017 y el 30 de junio de 2019;

b) Por Decreto Alcaldicio N° 1945, de 25 de junio de 2019, se aprobó el nombramiento de don nombre reservado, en calidad nutricionista de Reemplazo, desde el 13 de junio al 14 de julio de 2019;

c) Por Decreto Alcaldicio N° 2584, de 7 de agosto de 2019, se aprobó el nombramiento de don nombre reservado, en calidad nutricionista de Reemplazo, por el período comprendido entre el 1 de agosto y el 10 de octubre de 2019;

d) Por Decreto Alcaldicio N° 4372, de 11 de diciembre de 2019, se aprobó el nombramiento de don nombre reservado, en calidad nutricionista de Reemplazo, por el período comprendido entre el 11 de octubre y el 31 de diciembre de 2019;

e) Por Decreto D.S.M. N° 150, de 9 de enero de 2020, se aprobó el nombramiento de don nombre reservado, en calidad nutricionista a plazo fijo, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020;

f) Por Decreto D.S.M. N° 1462, de 9 de julio de 2020, se aprobó el nombramiento de don nombre reservado, en calidad nutricionista a plazo fijo, por el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2020;

g) Por Decreto D.S.M. N° 2114, de 29 de septiembre de 2020, se aprobó el nombramiento de don nombre reservado, en calidad nutricionista a plazo fijo, por el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2020;

h) Por Decreto D.S.M. N° 2424, de 6 de noviembre de 2020, se aprobó el nombramiento de don nombre reservado, en calidad nutricionista a plazo fijo, por el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2020;

i) Por Decreto D.S.M. N° 3005, de 14 de octubre de 2020, se aprobó el nombramiento de don nombre reservado, en calidad nutricionista a plazo fijo, por el período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2020;

j) Por Decreto D.S.M. N° 256, de 28 de enero de 2021, se aprobó el nombramiento de don nombre reservado, en calidad nutricionista a plazo fijo, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021;

k) Por Decreto N° 966, de 28 de febrero de 2022, se dispuso la no renovación de la contrata del recurrente, haciendo alusión al alto ausentismo laboral y al hecho de haberse contratado sus servicios hasta el 30 de marzo de 2022 o hasta que sus servicios sean necesarios.

Tercero: Que así las cosas, en el caso examinado se encuentra establecido que el recurrente prestó servicios en un establecimiento de atención primaria de salud municipal y por tanto se encontraba regido por las disposiciones de la Ley N° 19.378 que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, normativa según la cual, el personal que presta servicios en este tipo de establecimientos de salud primaria, puede ser contratado a plazo fijo o indefinido, considerándose funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario.

En relación a lo anterior, y de acuerdo a los decretos alcaldicios incorporados a la carpeta digital, el actor prestó servicios bajo distintas modalidades de contratación, principiando con un contrato a honorarios, pasando luego por la modalidad “de reemplazo” hasta llegar a los contratos a plazo fijo, por períodos inferiores a un año, completando casi tres años de trabajo ininterrumpido.

Cuarto: Que en este punto del análisis, conviene recordar que la vinculación del actor con el municipio de Lota es de carácter estatutario, aplicándose la normativa contenida en la Ley N° 19.378, y en lo no regulado expresamente, las disposiciones del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, según lo prescribe el artículo 4° de la citada Ley.

Que en esta línea de razonamiento, el artículo 48 de la Ley N° 19.378 establece que “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: a) Renuncia voluntaria, la que deberá ser presentada con a lo menos treinta días de anticipación a la fecha en que surtirá efecto, plazo que podrá ser reducido por acuerdo de las partes. Se podrá retener la renuncia, por un plazo de hasta treinta días, contado desde su presentación, cuando el funcionario se encuentre sometido a sumario administrativo del cual emanen antecedentes serios de que pueda ser privado de su cargo, por aplicación de la medida disciplinaria de destitución; b) Falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias, establecidos fehacientemente por medio de un sumario; c) Vencimiento del plazo del contrato; d) Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, en relación con la función que desempeñen en un establecimiento municipal de atención primaria de salud; e) Fallecimiento; f) Calificación en lista de Eliminación o, en su caso, en lista Condicional, por dos períodos consecutivos o tres acumulados; g) Salud irrecuperable, o incompatible con el desempeño de su cargo, en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.883; h) Estar inhabilitado para el ejercicio de funciones en cargos públicos o hallarse condenado por crimen o simple delito, con sentencia ejecutoriada, e i) Disminución o modificación de la dotación, según lo dispuesto en el artículo 11 de la presente ley. En este caso, el afectado que se encuentre desempeñando funciones en la dotación municipal de salud en virtud de un contrato indefinido, tendrá derecho a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la municipalidad respectiva, con un máximo de once años. Al invocar esta causal de término de la relación laboral respecto de un funcionario, en la dotación referida al artículo 11, no se podrá contemplar un cargo vacante análogo al del funcionario afectado con la terminación de su contrato. Tampoco podrá contratarse, en el respectivo período, personal con contrato transitorio para desempeñarse en funciones análogas a las que cumplía el funcionario al que se aplique esta causal”

Quinto: Que en el caso examinado, la Municipalidad recurrida, confundiendo el régimen de contratación a plazo fijo con el de las contratas, decidió la “no renovación de la contrata” del actor y agregó como sustento de dicha decisión, un supuesto ausentismo laboral, en circunstancias que el contrato del recurrente, a plazo fijo, sólo podía terminar por las causales del ya mencionado artículo 48, es decir, y en lo que resulta pertinente a este recurso, por vencimiento del plazo convenido o por razones disciplinarias establecidas en el correspondiente sumario (falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento de las obligaciones funcionarias).

De esta manera, lo razonado basta para acoger el arbitrio deducido, en tanto la conducta de la recurrida no sólo es ilegal sino que también arbitraria, al pretender aplicar una causal disciplinaria sin incoar el respectivo sumario, privando al afectado de su derecho a defenderse de la imputación de ausencias injustificadas o ausentismo laboral, lo que implica una vulneración a la garantía del debido proceso.

Por otra parte, en lo que concierne al vencimiento del plazo pactado, cabe recordar que el actor niega haber tenido conocimiento oportuno del Decreto N° 705, en cuya virtud se le nombró por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2022. De esta manera, al no haberse acreditado por parte de la recurrida, que dicho Decreto haya sido notificado a don nombre reservado, y teniendo presente que dicha actuación está fechada el 17 de febrero de 2022, bien pudiera estimarse que el último contrato a plazo fijo sólo fue una manera de sanear la irregular situación del recurrente, quien se encontraba prestando servicios sin contrato.

Sexto: Que como corolario de lo anterior, cabe recordar que la contratación del actor deriva de los Decretos Alcaldicios que fijaron las dotaciones requeridas para el adecuado funcionamiento del Servicio en el que se desempeña don nombre reservado; dotaciones que siendo anuales hacen exigible que el municipio recurrido tenga claridad, al inicio de cada año calendario, de las contrataciones que será necesario celebrar y de la duración de éstas; lo que no se observa en el caso del recurrente, en tanto éste presenta diversos contratos, ya sea de reemplazo, o a plazo fijo, de diversa duración, sin que el municipio de Lota haya explicado dicha situación, lo que refuerza la arbitrariedad del acto recurrido, que no explicita cuáles son las razones, relacionadas con las necesidades de dotación, que explicarían ni la duración del último contrato del señor nombre reservado ni su término.

Séptimo: Que a mayor abundamiento, cabe recordar que en lo no regulado por el estatuto especial, rigen las normas del Código del Trabajo, tanto en lo que se refiere a las consecuencias que acarrea la segunda renovación de un contrato a plazo fijo –como en el caso del actor- como a los efectos de una contratación sin acto administrativo que la regule y que fije sus condiciones, como ocurre con el período comprendido entre el 1 de enero y el 17 de febrero de 2022 o entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022, según se estime que el actor fue notificado o no del contenido del decreto N° 705; materias todas que exceden los límites del recurso de protección, siendo de competencia de la judicatura laboral, en un procedimiento de lato conocimiento.

Octavo: Que lo decidido no se ve alterado por la opinión emitida por la Contraloría General de la República, al desestimar el reclamo formulado por el recurrente, en tanto dicha opinión no es vinculante para esta Corte.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge el recurso de protección deducido por el abogado Víctor Muñoz Torres, en representación de don nombre reservado, dejándose sin efecto el Decreto N° 966, de 28 de febrero de 2022, y debiendo la recurrida regularizar la contratación del actor, en los mismos términos en que se desempeñaba al momento de su irregular desvinculación, disponiendo el pago íntegro de todas las remuneraciones que le corresponden por el tiempo que permaneció desvinculado de la Municipalidad recurrida.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactada por la ministra Nancy Bluck Bahamondes.

N°Protección-6968-2022.