Protección contra Compín Subcomisión Biobío

C.A. de Concepción xsr Concepción, doce de abril de dos mil veintitrés.

Vistos:

En folio 1, comparece el abogado don Nicolás Deus Martínez, “en representación convencional de doña nombre reservado, cedula nacional de identidad numero NUM000, con domicilio en domicilio reservado” (sic) y deduce recurso de protección en contra de la Compín Subcomisión Biobío, persona jurídica de derecho público, ignora su representante, con domicilio en domicilio reservado, y contra de la Superintendencia de Seguridad Social, SUSESO, persona jurídica de derecho público, representada por su superintendente don Claudio Reyes Barrientos, domiciliados en domicilio reservado, que confirma el rechazo de la licencia médica, por no acreditar el vínculo laboral, con el fin que esta Corte adopte las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y brindarle la debida protección, acogerlo a tramitación y, en definitiva, dar lugar en todas sus partes, y ordenar que se modifique dicha resolución en orden a autorizar dicha licencia médica.

Funda su acción en que el 1 de diciembre de 2021, empieza a prestar servicios con contrato a plazo fijo en SERVIPRO SpA y el 2 de enero de 2022, celebró contrato de trabajo como encargado de logística.

En abril de 2022, comenzó con algunos síntomas de cefalea, por lo cual consulta con un médico y se enteró que se encontraba con cefalea debido a la tensión, siguió realizando sus labores, sin embargo, luego de consultar profesionales, se le emitieron licencias N°s. NUM002, NUM003 y NUM004, que le otorgaron reposo por un total de 63 días a contar del 05/04/2022.

La recurrida, mediante resolución exenta N° NUM001 de 02/09/2022, rechazó las licencias médicas y no pagó el subsidio porque no existe vínculo laboral, según se desprende de la resolución, la que cita, confirmando lo obrado por la Subcomisión Concepción, porque no procede el pago del subsidio de dichas licencias médicas.

Argumenta que la razón que otorga la Superintendencia obedece a consideraciones generales y meramente formales, no haciéndose cargo: I) del contrato de trabajo donde consta que realiza labores cumpliendo con todos los elementos de la relación laboral que indica el del Código del Trabajo; II) pago de cotizaciones previsionales por el empleador. III) certificado de antigüedad laboral. Respecto a esto la Superintendencia en su resolución escuetamente señala “en efecto, la jurisprudencia citada a este recurso establece que la obligación de fundar las resoluciones por parte de la administración consiste justamente en hacerse cargo de cada uno de los antecedentes aportados estableciendo el valor y la consideración que será de cada uno o, por el contrario, explicar los motivos que llevan a restarles el mérito respectivo. Esto no ocurre con la resolución recurrida, ya que solo se hacen referencias generales, frases escuetas y vagas como la mencionada en el párrafo anterior, frases que no pueden ser consideradas como una argumentación razonable que permita cumplir con el estándar mínimo exigible a la Administración del Estado. Además, todo lo anterior torna la decisión en incomprensible para el administrado, pues no se determina el antecedente concreto que motiva el rechazo de la licencia y la consideración por el cual no se permite establecer la existencia de una relación laboral.

Señala que la resolución emitida por dicho órgano del Estado es arbitraria e ilegal, ya que el estándar aplicado para el rechazo no es más que caprichoso y arbitrario, pues la Compin y la Superintendencia de Seguridad Social aplican un estándar por sobre lo legal arrogándose facultades jurisdiccionales que no tienen y decretando la inexistencia de la relación laboral, lo que a la luz de los antecedentes expuestos ante ambos organismos, se da ampliamente acreditada con la documentación aportada.

Refiere el principio de fundabilidad de los actos administrativos y que la resolución recurrida carece de elementos en orden a fundar la decisión de rechazar las licencias médicas, porque se limitó a señalar que no se tiene por acreditado el vínculo laboral, estimando conculcadas las garantías establecidas en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Carta Fundamental, según explica.

En folio 5, don nombre reservado, presidente regional de COMPIN Región del Biobío, indica que el paciente inicia reposo médico continuo, por patologías psiquiátricas desde el 05.04.2022 al 03.07.2022, acumulando un total de 84 días de reposo. La Compin autorizó las licencias médicas y fueron derivadas a la Unidad de Subsidios, que verifica el derecho a subsidio, según las facultades del artículo 21 letras c) y d) del DS 3/84, de “solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador” y “Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.

Añade que el personal fiscalizador visitó las dependencias de la empresa SERVIPRO Inversiones SpA, a fin de obtener los antecedentes que indica, se registró el ingreso de documentos por el empleador, los que no permiten el registro de ingreso de huella laboral concreta como encargado de supervisión y logística. Añade que las planillas de declaración y pago simultáneo de obligaciones previsionales, no registran a trabajador recurrente, en el período de licencias médicas y que no es posible establecer la existencia de vínculo laboral efectivo entre el trabajador y la empresa.

Asevera que la resolución fue adoptada por la autoridad sin haberse agotado la instancia administrativa, no repuso ante COMPIN por rechazo de licencias médicas y pretende a través de esta acción se constituya una nueva instancia de revisión de las circunstancias técnicas a considerar para el rechazo o autorización de las licencias médicas, sin siquiera presentar antecedentes clínicos que permitan reevaluar la decisión.

Hace presente que el recurso de protección no es la vía idónea para el ejercicio de los derechos del recurrente, según explica. En folio 11, don nombre reservado, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, pide el rechazo de la acción, con costas.

Alega la improcedencia de la acción, porque la materia dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, artículo 19 N°18 de la Carta Fundamental, no amparado por la acción cautelar de autos.

Además, la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

En cuanto al fondo expone que el 28 de junio 2022, el actor reclamó ante esa Superintendencia, porque la Subcomisión Concepción – COMPIN Región del Biobío, no le ha pagado el subsidio por incapacidad laboral correspondiente a las tres licencias médicas de autos y que consta en el Listado Maestro de Licencias Médicas de FONASA que la Subcomisión, no pagó el subsidio debido a que según la fiscalización, el interesado no acredita vínculo laboral y que mediante la resolución exenta N° NUM001, de 2 de septiembre de 2022, cuyo texto cita, previa solicitud de informe de su parte y del estudio de los antecedentes, la Superintendencia de Seguridad Social, confirmó lo obrado por la Subcomisión Concepción, “por cuanto no procede el pago del subsidio de las licencias médicas N°s. NUM002, NUM003 y NUM004”.

Refiere el derecho licencia médica y su marco regulador, sus facultades en la materia, la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad y la ausencia de derecho vulnerados.

En el folio 16, don nombre reservado, representante de SERVIPRO Inversiones SpA, informa que le sorprendió ver que se desconozca las licencias médicas por presumir que el Sr. nombre reservado no trabaja para su empresa y que a fin de esclarecer los hechos que rodean el vínculo contractual existente entre el Sr. nombre reservado y la empresa que representa, señala que nombre reservado, es trabajador de la empresa SERVIPRO Inversiones SpA desde el 1 de diciembre de 2021, según consta en el contrato de trabajo que se acompañara, cuyas labores indica y que se encuentra contratado bajo el artículo 22 del Código del Trabajo, realizando sus funciones principalmente en terreno y no en el domicilio de la empresa, que es donde se encuentran las oficinas, que generalmente no se encuentra en las oficinas de la empresa, sin embargo, posee una supervigilancia por teléfono. En su calidad de empleador, tomó conocimiento de que el Sr. nombre reservado presentó licencias médicas y que no presentó objeción para que se tomara el descanso correspondiente, les dio la tramitación habitual y terminada la licencia médica, el Sr.

nombre reservado volvió a trabajar y que es trabajador actual de dicha empresa.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Acerca de la improcedencia de la acción alegada alegada: 1°.- Que acerca de la alegación de improcedencia de la acción planteada por la Superintendencia de Seguridad Social, atendido que las garantías que se invocan como afectadas por el actuar de los recurridos, se encuentran dentro de la enumeración prevista en el artículo 20 de la Constitución Política, aquélla ha de ser desestimada.

En lo relativo al fondo: 2°.- Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, en lo pertinente, dispone: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidas en el artículo 19” podrá ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para que ésta adopte “de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”. 3°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en dicha norma, constituye una acción constitucional de urgencia, autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que la misma enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Así, resulta requisito indispensable de la acción constitucional de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto de una voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho y que provoque algunas de las situaciones o efectos indicados, afectando a una o más de las garantías protegidas por el constituyente. 4°.- Que se entendió que el recurso se dedujo a favor de nombre reservado (folio 2) y la recurrente hace consistir el acto arbitrario e ilegal en que sustenta su acción, en que el acto recurrido debe ser declarado ilegal y arbitrario en cuanto la razón que otorga la Superintendencia a su resolución para rechazar las licencias médicas obedece a consideraciones generales y meramente formales, no haciéndose cargo de los aspectos que indica.

La decisión de la superintendencia recurrida, en tanto, confirmó “lo obrado por la Subcomisión Concepción, por cuanto no procede el pago del subsidio de las licencias médicas N°s. NUM002, NUM003 y NUM004”. Esta decisión se ha fundado en: “Que, mediante presentación de 28/06/2022, ha recurrido a esta Superintendencia don nombre reservado, R.U.N. NUM005, reclamando en contra de la Subcomisión Concepción, por cuanto no le ha pagado el subsidio por incapacidad laboral correspondiente a las licencias médicas N°s. NUM002, NUM003 y NUM004, que otorgaron reposo por un total de 63 días a contar del 05/04/2022.

Que, en la especie, consta en el Listado Maestro de Licencias Médicas de FONASA, que la citada Subcomisión no pagó el subsidio debido a que según fiscalización, el interesado no acredita vínculo laboral.

Que, al respecto, esta Superintendencia debe expresar que, de la definición de licencia médica contenida en el inciso primero del artículo 1°, del D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, se puede concluir que, además de permitir la recuperación de la salud del trabajador, sus objetivos son justificar la ausencia al trabajo y otorgar un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral, circunstancias que hacen inadmisible la licencia respecto de un trabajador cuyo vínculo laboral no se encuentra acreditado.

Que, el vínculo laboral entre empleador y trabajador, necesario en toda relación laboral, debe comprobarse mediante la existencia de huellas laborales materiales y concretas que den cuenta del desarrollo de las labores, no bastando la sola exhibición de documentos formales, como lo son el contrato de trabajo, liquidaciones de remuneración y planillas de pago de cotizaciones, más aún si ellos resultan ser dubitados en el proceso de fiscalización.

Que, precisamente, las gestiones de fiscalización tienen por objeto evitar el pago improcedente de un subsidio por incapacidad laboral derivado del uso de una licencia médica, a quien no detente realmente la calidad de trabajador.

Que, en la especie, se advierte que en su presentación el interesado no aporta antecedentes que permitan hacer variar lo resuelto, por lo que se confirma que no procede el pago del subsidio de las licencias médicas N°s. NUM002, NUM003 y NUM004” (folio 1 N°2, folio 11 N° 1 y 2). 5°.- Que la Superintendencia de Seguridad Social, conforme a la ley N° 16.395, constituye una institución fiscalizadora pública estatal a quien corresponde la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren. Sus decisiones, en tanto órgano de la administración, deben ser fundadas según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 de la ley N° 19.880, que prescribe: "... Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos..." 6°.- Que según se desprende del tenor de la resolución recurrida, ésta contiene una fundamentación clara y precisa, conforme a las facultades de las que se encuentra investida la Superintendencia de Seguridad Social, toda vez que se ha confirmado el rechazo de las licencias médicas de autos, de acuerdo a las motivaciones ya transcritas, estableciendo en definitiva que el recurrente carece de un vínculo laboral debidamente acreditado para los efectos de autorizar dichas licencias médicas, lo que determina entonces que el actor carece de un presupuesto esencial para autorizar dichas licencias en esta sede, esto es, de un derecho indubitado en el que pueda ser amparado a través de la acción en análisis, la que entonces no puede prosperar. 7°.- Que, en efecto, resulta ineludible que como se desprende del artículo 1° del D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica tiene dos objetivos esenciales: a.- permitir la ausencia justificada al trabajo o el uso de descanso de protección a la maternidad; y b) el otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral, finalidades que resultan improcedentes en el caso de licencias médicas presentadas por una persona cuya calidad de trabajador no aparezca suficientemente acreditada.

La ley dispone que debe acreditarse la realización efectiva de una actividad laboral bajo vínculo de subordinación y dependencia y es por ello que cuestionada esa calidad por la recurrida, resulta innecesario mayores fundamentos para la decisión recurrida, como los aspectos de hecho que reclama la recurrente y que inciden en la calificación de la relación que invoca, cuestión que resulta ajena al ámbito de la competencia de los órganos administrativos recurridos. La calidad de trabajador inherente a toda relación laboral, debe comprobarse mediante la constatación de huellas laborales materiales y concretas que den cuenta del desarrollo efectivo de labores para el empleador, más allá de la documentación formal acompañada; pues en este caso, no obstante que se acompañaron documentos relativos a su calidad de trabajador de SERVIPRO Inversiones SpA (folios 1,16), éste nada señala acerca de algunos de los aspectos cuestionados por la recurrida, tales como que el recurrente no figure en las planillas de declaración y pago simultáneo de obligaciones previsionales, durante el período de las licencias médicas de autos. 8°.- Que, en consecuencia, es improcedente conocer y resolver esta materia por medio de la presente acción cautelar, la que se encuentra destinada a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales afectados estén indubitados, lo que no acontece en el caso propuesto, conforme se ha establecido en los fundamentos precedentes. 9°.- Que atendido lo concluido es innecesario el análisis de las garantías constitucionales que se indican como conculcadas y ponderar los demás documentos e informes evacuados. 10.- Que el recurrente ha tenido motivos plausibles para litigar por lo que no será condenado en costas. Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se decide:

I.- Que se rechaza la alegación de improcedencia de la acción planteada; y II.- Que se rechaza la acción de protección interpuesta por el abogado don Nicolás Deus Martínez, a favor de nombre reservado, en contra de la Compín Subcomisión Biobío y de la Superintendencia de Seguridad Social; todo lo anterior, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó Camilo Álvarez Órdenes, ministro titular.

Aunque concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el abogado integrante Sergio Gabriel Galaz Ramírez, por haber cesado en su cargo.

N°Protección-69493-2022.