nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE.

Concepción, veinticinco de noviembre dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REGIÓN DEL BIOBÍO PROVINCIAL LOS ÁNGELES, representada legalmente por su Director nombre reservado, fundado en los siguientes hechos: Expone que la Ley N° 20.305 otorgó a los funcionarios de la administración que ella señala, la posibilidad de acceder a un bono que tendría por objeto mejorar las pensiones magras y exiguas que los pensionados mantenían hasta la fecha de su publicación, beneficiándolo con un monto adicional mensual de por vida.

En razón de lo anterior, dice el actor, presentó la correspondiente solicitud para acceder a dicho beneficio ante la Municipalidad de San Rosendo, para tal efecto llenó la Solicitud de Bono Post Laboral y la ingresó a la oficina del DAEM de San Rosendo el 21 de octubre 2021. Dicho bono le fue otorgado por el Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Rosendo, según Decreto Alcaldicio N° 4642 del 29/11/2021; remitiéndose el oficio correspondiente a la Tesorería General de la República para su pago. Vale decir, la Municipalidad señalada en virtud de sus facultades legales y atribuciones especiales en la materia, estableció su derecho a percibir el bono post laboral, oficiando a los efectos a la recurrida; sin embargo, la recurrida se negó a pagarlo, sin que dicho decreto haya sido dejado sin efecto o invalidado de conformidad a lo establecido en la Ley 19.880, vale decir, se encuentra totalmente vigente y consecuencialmente, deviene en obligatorio.

Sostiene que Tesorero Provincial de Los Ángeles, procedió a rechazar el pago del referido bono, mediante ordinario 19420-TP-LANG, del 18/08/2022; cuestionando la causal de término de su relación laboral, actuación que se encuentra fuera de sus facultades legales; lo que le fue informado por el Jefe del DAEM, nombre reservado el 02 de Septiembre 2022, momento en el que tomó conocimiento del acto en contra del cual recurre.

Sostiene que la Excma. Corte Suprema ha resuelto que la actuación cuestionada implica avocarse a un asunto que se encuentra al margen de las facultades conferidas al servicio público que indica, el que debe ser resuelto por la judicatura que conoce de estos asuntos.

Estima que la recurrida se arrogó facultades propias y excluyentes de los Tribunales de Justicia cuyos roles menciona.

Considera que la Constitución Política garantiza el derecho a la integridad física y psíquica en el artículo 19 N° 1 y la igualdad ante la ley y el no ser tratado en forma discriminatoria por el estado o sus agentes como ocurre en la especie en el artículo 19 N° 2 y la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso 4, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, lo que no ha ocurrido en la especie.

Ha pedido se acoja este recurso, disponiendo que la recurrida Tesorería General, deberá cumplir con lo ordenado en el Decreto 2.283 de 30 de Mayo de 2022 del DEM de San Rosendo, haciéndole pago del bono establecido en la Ley 20.305, y lo demás conveniente para que éste cumpla con los derechos sociales que le benefician para el restablecimiento y protección de sus derechos, con costas.

INFORMÓ nombre reservado, TESORERO PROVINCIAL DE LOS ÁNGELES, quien afirma que recibió el Decreto Alcaldicio N° 4642, de 29 de noviembre del año 2021, emitido por la Ilustre Municipalidad de San Rosendo, mediante el cual, el municipio concedió a don nombre reservado, el bono a que se refiere la Ley N° 20.305.

A través del oficio Ordinario contenido en Minuta N° 8518-TP-LANG, de 27 de diciembre de 2021, la Tesorería Provincial de Los Ángeles devolvió dicho documento al referido Municipio así como también la documentación acompañada, relacionada con el beneficio Post-Laboral concedido al recurrente nombre reservado, con las observaciones correspondientes.

Posteriormente, recibió de parte de la I. Municipalidad de San Rosendo un nuevo Decreto Alcaldicio, signado con el número 2.283, de 30 de mayo del año 2022, mediante el cual nuevamente le concedía a don nombre reservado, el bono de la Ley N° 20.305; antecedentes que también fueron devueltos al referido Municipio, mediante Ordinario N° 19420-TP-LANG, de 18 de agosto de 2022, junto con la documentación soportante, dando cuenta de las observaciones detectadas a su respecto.

Refiere además, que mediante Decreto Alcaldicio N° 3737, de 30 de septiembre de 2021, dictado por la I. Municipalidad de San Rosendo, se dispuso el cese de funciones de don nombre reservado. En este, se precisó como causal de cese, la dispuesta en el artículo 72, letra d), del Estatuto Docente, vale decir, se produjo la terminación de su contrato como docente del sector municipal: “Por término del período por el cual se efectuó el contrato”.

Así entonces, de acuerdo con la Ley 20.305, en su artículo 2° señala los requisitos copulativos que debe reunir el solicitante para acogerse al beneficio pedido, así como los plazos dentro de los cuales debe efectuar dichos requerimientos. En tal sentido, las únicas causales de cese válidas para optar al bono post laboral son: I) Renuncia voluntaria; II) Obtención de pensión de vejez; III) Supresión del empleo y; IV) Por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo.

Por consiguiente, el recurrente no se encuentra en ninguna de dichas causales, de lo que colige que no le corresponde percibir el bono en cuestión.

Estima, que la Tesorería tiene la obligación de cumplir con el marco normativo, por lo que yerra el recurrente al precisar que la Tesorería General de la República no posee facultades para rechazar el pago del beneficio o que éstas sean discrecionales o que no pueda pronunciarse respecto de la procedencia del bono. En efecto, según se desprende del artículo 1° del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías y del artículo 8° de la Ley N° 20.305 que reproduce, sí cuenta con facultades. Por tal motivo –señala- al Servicio de Tesorerías deben necesariamente adjuntarse los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2° de la Ley en cuestión, por lo que no podrían adjuntarse documentos y/o antecedentes que manifiestamente contemplen irregularidades, defectos o incumplimientos a lo normativamente exigido.

Enseguida reproduce el artículo 5° de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y asevera que la Tesorería no puede ser tan solo un ente receptor y girador de las órdenes de pago, sobre todo cuando detectan sendas irregularidades que van en perjuicio directo de la labor de cuidado y custodia de las arcas fiscales. Criterio que ha sostenido incluso esta Corte, al conocer de una similar acción de protección intentada y que en lo particular ha dispuesto expresamente: "Que de lo dicho se sigue que el Servicio recurrido (Servicio de Tesorerías) se encuentra legalmente obligado a supervigilar el cumplimiento de las exigencias, requisitos o condiciones que hacen procedente el pago que se pretende, todo lo que se ve corroborado con el precepto del inciso primero del artículo quinto de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado” citando la causa Rol N°766-2013, Recurso de Protección.

De igual modo, reproduce el artículo 13° de la Ley N° 19.041 cuyas facultades fueron ampliadas por el artículo 5° de la Ley N° 20.636 de lo que colige que el Servicio de Tesorerías, en el ejercicio de la función fiscalizadora de los egresos no tributarios, le corresponde fiscalizar las leyes que conceden bonificaciones al retiro a los funcionarios públicos, municipales y de las Universidades del Estado, el cumplimiento de los requisitos referidos a los plazos en que deben cumplir la edad para jubilar, presentar postulaciones o cartas de solicitudes de renuncia voluntaria y cese de funciones, leyes que estén relacionadas con el bono post laboral, y que afecten los plazos de cese de funciones y de postulación. Encontrándose así asidero jurídico-legal a las atribuciones que el Servicio ejerció, todo con el objeto de velar única y exclusivamente por el interés fiscal.

Agrega que la Contraloría General de la República, a modo de zanjar una serie de situaciones a lo menos irregulares que se estaban y se siguen planteando a propósito del bono post-laboral, resolvió mediante el Dictamen N° 3931-2011, que el Servicio de Tesorerías tiene atribuciones no sólo para revisar los antecedentes relativos a los requisitos de tiempo computable y edad para acceder al bono, contemplados en los numerales 2 y 4 del artículo 2° de la citada Ley N° 20.305, respectivamente, sino que también para verificar el resto de las exigencias establecidas en ese texto legal para los mismos fines. Además, señala que si el Servicio de Tesorerías detecta el incumplimiento de algunos de los requisitos para tener derecho al beneficio del bono, puede devolver los antecedentes del caso al servicio respectivo, a fin de que éste practique una nueva evaluación de los mismos o con el objeto de que se complementen aquéllos, absteniéndose de pagar éste, en conformidad con los principios de eficiencia y coordinación con que deben actuar los organismos públicos, según lo dispuesto en el artículo 5° de la ley N° 18.575. En ese contexto, señala, que no constituye una excusa para soslayar el cumplimiento de la exigencia contenida en ese precepto, el desconocimiento de las normas y plazo denunciado por el Servicio de Tesorerías, toda vez que acorde con lo previsto en el artículo 8° del Código Civil, nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia.

Alega también, que el recurrente no posee un derecho indubitado, para la interposición del recurso de protección, toda vez que del Decreto Alcaldicio N° 2283, de la Ilustre Municipalidad de San Rosendo, se colige que el pago del citado bono sólo procederá, siempre y cuando, se acrediten todos los requisitos legales para impetrarlo.

Estima, que el beneficio que se pretende obtener mediante esta acción no se aviene con la naturaleza del recurso de protección y cita al efecto un fallo de la Excma. Corte Suprema dictado en causa rol N°3926-2012, de 8 de agosto de 2012, al dar por sentado en esta misma materia, en el considerando sexto, “que el recurso de cautela de garantías constitucionales constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, lo cual no ocurre en el caso de autos. En efecto, los hechos que sirven de justificación al recurso se producen en el marco del otorgamiento de beneficio por parte de la autoridad sin que se cumplan los requisitos legales, no advirtiéndose entonces en el obrar del Tesorero Municipal un actuar arbitrario e ilegal”.

En estas particulares circunstancias se hace inoficioso emitir pronunciamiento respecto las garantías de carácter constitucional invocadas en el recurso.” Estima el recurrido, que el Servicio no ha cometido ningún acto arbitrario o ilegal, que haga procedente el presente recurso, como supone la recurrente, porque no ha obrado de manera antojadiza y sin fundamento, sino que lo ha hecho en virtud de las normas antes citadas y de las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República.

INFORMÓ EDUARDO REVECO QUEZADA, en representación de la MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO, quien expone, que el recurrente don nombre reservado, ingresó a ese servicio en calidad de Director del Establecimiento Liceo C-72 Isidora Aguirre Tupper, el 17 de octubre de 2016, habiendo obtenido el cargo a través de concurso público, refrendado por el Decreto Alcaldicio N° 3992 de fecha 14 de octubre de 2016.

Terminado el periodo de 5 años, conforme lo dispuesto en el artículo 32 bis, 34 y siguientes del citado cuerpo normativo (sic), se puso término a la relación laboral por la causal allí expresada, esto es, vencimiento del plazo de nombramiento, refrendado por el Decreto Alcaldicio N° 3981 de fecha 18 de octubre de 2021, que adjunta.

Conforme lo anterior -dice el informante- la relación laboral de la Municipalidad con el recurrente fue de funcionario de planta de la dotación docente municipal, grado directivo, con plazo fijo de vencimiento.

Afirma además, que una vez terminada la relación laboral, el 21 de octubre de 2021, el recurrente ingresó al DAEM San Rosendo la solicitud de postulación al bono post laboral, concedido por la Ley 20.305, la que se tramitó debidamente, dictándose el decreto alcaldicio N° 4642 de 29 de noviembre de 2021, en el entendido que es precisamente a la Tesorería General de la Republica a quien corresponde evaluar y calificar su procedencia. Lo anterior conforme a instrucciones generales, por las cuales todas las solicitudes se tramitan, obteniendo previamente tan solo el certificado de tasa de reemplazo liquida para dictar el decreto respectivo. (Énfasis agregado).

Explica que lo anterior fue rechazado primeramente por la TGR, por las siguientes razones: 1) No cumplía con el requisito de haber presentado la solicitud de bono y cese de funciones dentro de los 12 meses siguientes a cumplir 65 años; 2) no acompañó documento que acredite pago de cotizaciones previsionales de diciembre de 2008; 3.) no acreditó la calidad jurídica planta, código del trabajo, interino.

Luego de reingresada por el interesado una nueva solicitud, tramitada por esa municipalidad, fue igualmente rechazada por la TGR, aduciendo que el interesado “no tiene derecho al beneficio post laboral por cuanto, la causal por término del periodo por el cual fue contratado articulo 72 letra d) Ley 19.070, no se considera dentro de las causales de cese contempladas en la Ley 20.305, además, no acredita haber cesado dentro de los doce meses siguientes al cumplimiento de los 65 años de edad”. Situación informada por tesorería a través de ordinario minuta 19420/TP-LANG.- Y finaliza destacando que, la Municipalidad de San Rosendo tan solo se ha limitado a recoger la solicitud, tramitar la tasa de reemplazo y dictar el decreto respectivo, sin pronunciarse sobre el fondo; en el entendido que es prerrogativa exclusiva de la TGR evaluar sus antecedentes y procedencia, de conformidad a la Ley.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de tutela ante un acto u omisión arbitrarios o ilegales que cauce privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción constitucional, la existencia de un acto u omisión que sea ilegal, esto es, contrario a la ley, o que sea arbitrario, es decir, sin razón o fundamento y producto del mero capricho de quien incurre en esa conducta, que debe producir como consecuencia, alguna de las situaciones o efectos que se han indicado respecto de las garantías protegidas.

SEGUNDO: Que, en el caso de que se trata quien recurre de protección ha tildado de ilegal y arbitraria la decisión adoptada por la Tesorería General de la República, Provincial Los Ángeles, por negarse a pagar el Bono establecido en la Ley N° 20.305 que le “fuera concedido” mediante Decreto Alcaldicio N°4642 de 29 de noviembre de 2021 emitido por la Municipalidad de San Rosendo, careciendo de facultades la recurrida para negarle tal beneficio.

TERCERO: Que, por su parte, el Servicio recurrido ha manifestado que en uso de las facultades que las normas que invoca le otorgan, no pagó el Bono Post laboral, impetrado por el actor nombre reservado en atención a que la causal de cese de sus funciones fue la contemplada en el artículo 72 letra d) del Estatuto Docente, vale decir, “por el término del período por el cual se efectuó el contrato”. En consecuencia no cumplía los requisitos establecidos en la Ley 20.305.

En relación con sus facultades, ha manifestado que el Estatuto Orgánico de Tesorerías, la Ley 20.305 en su artículo 8°; la Ley 18.575 en su artículo 5° y el artículo 13 de la Ley 19.041 le entregan las potestades fiscalizadoras de los egresos no tributarios, entre otros, lo que además, ha sido refrendado por la Contraloría General de la República mediante el Dictamen N° 3931-2011 que reprodujo, en parte.

CUARTO: Que, a su turno, el Alcalde de la Municipalidad de San Rosendo informó que el recurrente ingresó a dicho servicio el 17 de octubre de 2016 en calidad de Director del Liceo C-72 y terminado el periodo de cinco años, conforme a lo dispuesto en la norma que cita, se puso término a la relación laboral por el vencimiento del plazo de nombramiento, refrendado por el Decreto Alcaldicio N°3981 de 18 de octubre de 2021.

Adujo, que luego de rechazado por la Tesorería General de la República el Decreto Alcaldicio N° N°4642 de 29 de noviembre de 2021 se volvió a emitir un nuevo Decreto Alcaldicio N° 2283 que también fue rechazado por la Tesorería por las razones que explica.

Para luego sostener, que la Municipalidad de San Rosendo tan solo se había limitado a recoger la solicitud, tramitar la tasa de reemplazo y dictar el decreto respectivo, sin pronunciarse sobre el fondo; en el entendido que es prerrogativa exclusiva de la Tesorería General de la República, evaluar sus antecedentes y procedencia, de conformidad a la Ley.

QUINTO: Que, de acuerdo con lo señalado por las partes en sus respectivos escritos, y con los antecedentes incorporados al recurso, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

a) Mediante Decreto Alcaldicio N°4642 de 29 de noviembre de 2021 suscrito por el Alcalde de la Municipalidad de San Rosendo, le “concedió” a nombre reservado un bono de naturaleza laboral durante el año 2021 correspondiente a $ 75.154 y le ordena a la Tesorería General de la República el pago de dicho beneficio contemplado en la Ley 20.305 a contar del mes siguiente a la fecha de cese de funciones, además de los reajustes pertinentes.

b) Mediante oficio N° 8518- TP-LANG de 27 de diciembre de 2021 la Tesorería General de la República devolvió al Municipio de San Rosendo, el Decreto Alcaldicio señalado en la letra a) que antecede porque: 1) No cumple con el requisito de haber presentado la solicitud de bono post laboral y cesar funciones dentro de los 12 meses siguientes al cumplimiento de los 65 años de edad, (cumplió la edad el 17/08/2015), conforme la norma general establecida en la Ley 20.305. 2) No acompañó documento que acredite el pago de cotización de diciembre de 2008. 3) No acreditó la calidad jurídica (planta, contrata, código del trabajo, interino) a contar del 31/12/1981 y la fecha de inicio y término (día, mes, año) bajo la cual se desempeñó en cada una de las instituciones en las que trabajó desde el 05/10/ 1978 hasta el 17 /10 /2021.

c) Mediante Decreto Alcaldicio N°2.283 de 30 de mayo de 2022 suscrito por el Alcalde de la Municipalidad de San Rosendo, se “concedió” (por segunda vez) a nombre reservado el bono de naturaleza laboral cuyo valor durante el año 2021 corresponde a $75.154. Y dispone el pago del referido beneficio contemplado en la Ley 20.305 por la Tesorería General de la República, más los reajustes que señala.

d) Mediante oficio N° 19420-TP-LANG de 18 de agosto de 2022 la Tesorería Provincial Biobío- Los Ángeles devolvió al Jefe de Finanzas del Departamento de Educación de la Municipalidad de San Rosendo, el Decreto referido en la letra c) precedente, comunicándole, que don nombre reservado no tiene derecho al beneficio de Bono Post Laboral por cuanto la causal de término de sus servicios fue la prevista en el artículo 72 letra d) de la Ley 19.070, “el término del periodo por el cual fue contratado” y además, no acreditó haber cesado en sus funciones dentro de los 12 meses siguientes al cumplimiento de la edad.

e) Por Decreto Alcaldicio N° 3737 de 30 de septiembre de 2021 suscrito por el Alcalde de la Municipalidad de San Rosendo, se fijó el cese de funciones de don nombre reservado a contar desde el 18 de octubre de 2021 “por el término del plazo convenido” y se ordenó el pago de la indemnización correspondiente.

SEXTO: Que, la Ley N° 20.305 que Mejora las Condiciones de Retiro de los Trabajadores del Sector Público con Bajas Tasas de Reemplazo de sus Pensiones, estableció en su artículo 1° un bono de naturaleza laboral de $50.000 mensuales para el personal que a la fecha de entrada en vigencia de la ley desempeñase un cargo de planta o a contrata y al contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos regidos por los cuerpos legales que señaló determinadamente, entre los que se encuentran las Municipalidades;

Ahora bien, al precisar quiénes pueden acceder a dicho beneficio, señaló: “El personal mencionado en el inciso anterior tendrá derecho al bono siempre que se encuentre afiliado al Sistema de Pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, y cotice en dicho sistema por el ejercicio de su función pública y cumpla con los requisitos del artículo 2°.

Por su parte el artículo 2° estableció:

“Para tener derecho al bono del artículo anterior será necesario cumplir con los siguientes requisitos copulativos:

1.) Tener las calidades mencionadas en el inciso primero del artículo 1° en los referidos organismos o en sus antecesores legales, tanto a la fecha de la postulación para acceder al bono como con anterioridad al 1 de mayo de 1981;

2.) Tener a lo menos 20 años de servicios en las instituciones señaladas en el artículo anterior o las que sean sus antecesores legales, a la fecha de la publicación de la presente ley.

3.) Tener una tasa de reemplazo líquida estimada igual o inferior a 55% y acceder a una pensión de vejez líquida regida por el decreto ley N° 3.500, de 1980, igual o inferior al monto del límite máximo inicial de pensiones de las ex cajas de previsión fusionadas en el Instituto de Normalización Previsional, a que se refiere el artículo 9° de la ley N° 19.200, vigente a la fecha en que la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones solicite la información señalada en el inciso segundo del artículo 3°. (…)

4.) Tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años de edad tratándose de las mujeres.

5.) Cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo, en las instituciones señaladas en el artículo 1º, sea por renuncia voluntaria, por obtener pensión de vejez de conformidad con el decreto ley Nº 3.500, de 1980, por supresión del empleo o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades señaladas en el número anterior, según corresponda.

SÉPTIMO: Que, los antecedentes acompañados al recurso permiten constatar que el recurrente nombre reservado de 72 años de edad cumplidos, cesó en sus funciones a contar desde el 18 de octubre de 2021 término que se produjo por “el vencimiento del plazo de nombramiento”, contemplado en el artículo 72 letra d) del Estatuto de los Profesionales de la Educación, que dispone: “Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: (…) d) Por término del período por el cual se efectuó el contrato.

La referida causal no se encuentra contemplada en el artículo 2° de la Ley 20.305.

Y además, presentó la solicitud de bono post laboral el 21 de octubre 2021.

De los hechos antes constatados se sigue que el actor, no presentó la solicitud del bono post laboral y cese de funciones dentro de los 12 meses siguientes de haber cumplido 65 años de edad.

OCTAVO: Que, por consiguiente, el recurrente al efectuar la petición del bono post laboral no cumplía con las exigencias copulativas contenidas en el artículo 2° antes reproducido, de manera que a su respecto, mal pudo el Alcalde de San Rosendo “Concederle” el mencionado beneficio, como tampoco “Ordenar” que la Tesorería General de la República se lo pagase; error que la mencionada autoridad edilicia solo vino a reconocer al evacuar el informe en este recurso, en cuanto destacó, que “solo se había limitado a recoger la solicitud, tramitar la tasa de reemplazo y dictar el decreto respectivo, sin pronunciarse sobre el fondo; en el entendido que es prerrogativa exclusiva de la Tesorería General de la República, evaluar sus antecedentes y procedencia, de conformidad a la Ley” .

NOVENO: Que, por otra parte, en cuanto a que la recurrida carece de facultades para resolver como lo hizo en el caso en cuestión, cabe recordar que el artículo 13 de la Ley 19.041 ordena: “Corresponderá al Servicio de Tesorerías requerir todos los antecedentes necesarios que justifiquen los egresos de carácter no tributarios que deba efectuar en el ejercicio de sus funciones, tales como (…)

En el inciso segundo, la citada norma dispone: “En el ejercicio de esta potestad, el Servicio de Tesorerías podrá solicitar el respaldo de la documentación original que justifica tales operaciones; requerir información a los organismos que estime pertinente; verificar domicilios del destinatario del egreso y cualquiera otra acción que asegure el correcto cumplimiento del egreso en resguardo del interés fiscal, en especial suspender o rechazar el pago respectivo cuando los antecedentes lo ameriten”.

DÉCIMO: Que, así las cosas, el acto que el recurrente atribuyó a la Tesorería General de la República, Provincial Biobío – Los Ángeles, que tildó de arbitrario e ilegal, al devolver en dos oportunidades los antecedentes que le fueran remitidos por el Municipio de San Rosendo, negándose a pagar al recurrente el bono post laboral, no es ilegal ni arbitrario, puesto que se ajustó a la normativa vigente sobre la materia, al no reunir el actor los requisitos copulativos que la ley establece, decisión que fue adoptada al amparo de las facultades que la ley ha otorgado a dicho Servicio.

UNDÉCIMO: Que, debido a que el recurso será desestimado, no se considera necesario hacer un análisis de las garantías constitucionales que se dicen vulneradas.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso interpuesto por don nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República, Provincial Biobío – Los Ángeles.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Redacción de la ministra Valentina Salvo Oviedo.

No firma el ministro señor Rodrigo Cerda San Martín, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente con permiso.

Rol N° 68.728 -2022 PROTECCIÓN.