nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Concepción, nueve de noviembre de dos mil veintidós.

Visto:

nombre reservado, Licenciado en Derecho, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en favor de nombre reservado, Pasaporte Nº RUT reservado, analista de sistemas informáticos, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado legalmente por don nombre reservado, o quien haga las veces de tal, con domicilio en domicilio reservado, por infringir las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1, 2, 9 inciso final, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que su representado se encuentra en Chile desde enero del año 2022, específicamente en la ciudad de Coronel, con un manifiesto ánimo de ejercer derechos civiles en Chile, por lo que ha intentado tramitar su solicitud de visa, no recibiendo jamás respuesta alguna. En tal sentido, durante el año en curso, inició la tramitación de una solicitud de visa sujeta a contrato, enviando todos los antecedentes por Correos de Chile, ya que ingresó al país en enero de este año, es decir, antes que se promulgara el Reglamento de Extranjería de fecha 12 de febrero en curso.

Precisa que el recurrente envió la carpeta con antecedentes al Departamento del Servicio Nacional de Migraciones, con fecha 13 de abril del presente año, según daría cuenta comprobante de Correos de Chile que acompaña. Sin embargo, hasta ahora el Servicio Nacional de Migraciones no se ha pronunciado al respecto, omisión que ha traído menoscabo, perjuicio y vulneración de los derechos civiles de su representado.

Explica que el actor al ingresar en la página web del Departamento de Extranjería y Migración, en Autoconsulta con los datos de su pasaporte, no se visualiza ningún trámite, como si no existiese solicitud alguna. No obstante ello, en la misma página el código del envío de correos señala lo siguiente “Se informa que se ha recepcionado carta con código 3082424383362. Dentro de los próximos días podrá consultar nuevamente por el estado del trámite de su solicitud”. Agrega que dicha situación se ha repetido durante 6 meses, y el estado de trámite de la solicitud, es imposible de seguir, aun cuando la carpeta en sobre enviado por correo certificado, fue recibido según antecedentes de seguimiento en la página de Correos de Chile por la funcionaria nombre reservado, con fecha 18-04-2022.

Sostiene que ante la imposibilidad de ver el avance del trámite en línea, el recurrente de autos desconoce si tiene que presentar una nueva solicitud o le van a cobrar una multa. Lo anterior, produce vulneración y menoscabo a su representado, porque cada vez que necesita hacer un trámite, sea este bancario, en instituciones de salud públicas o privadas, o cualquier otro tramite personal, le hacen saber los funcionarios o empleados de tales instituciones que debe exhibir el comprobante de tramitación de su visa, e inclusive para trabajar.

Estima que la omisión de la autoridad recurrida, de más de seis meses, conculca las garantías de los numerales 1, 2, 9 inciso final, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 la Ley 19.880.

Solicita que se acoja el arbitrio deducido, declarando arbitraria e ilegal la evidente omisión del Servicio Nacional de Migraciones, disponiendo el otorgamiento de la respectiva visa temporaria, a fin que el recurrente pueda tramitar la cédula de identidad para extranjeros ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, ya que su representado cumplió́ con todos los requisitos legales exigidos para tal efecto o, en subsidio, que se adopten las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho, todo ello con expresa condenación en costas.

Informa Carolina Pía Tapia Fierro, abogada de la Dirección Regional del Biobío del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando desde ya el rechazo en todas sus partes del recurso, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías reconocidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala en cuanto a la situación migratoria del recurrente nombre reservado, que el extranjero ingresó por primera vez al país con fecha 16 de enero de 2022, enviando por carta el 13 de abril de 2022, una solicitud de visa por primera vez, no obstante existir en la plataforma del Servicio el link para dicha tramitación bajo el nombre de Solicitud de Residencias Temporales para Extranjeros dentro de Chile.

Expresa que el 21 de octubre de 2022, se le solicitó al extranjero que presentara su contrato de trabajo con vigencia suficiente o un nuevo contrato, en ambos casos notariados, en su defecto carta explicativa. Sin embargo, no consta que haya remitido dicha información. Agrega que su solicitud actualmente se encuentra en trámite.

En consecuencia, esa autoridad entiende que no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección, ya que la solicitud del recurrente aún se encuentra en trámite. Así, queda asentado el hecho de que actualmente la libertad personal del recurrente no se encuentra en lo absoluto amenazada, restringida o conculcada por alguna acción u omisión de este Servicio, cumpliéndose lo establecido en los artículos 38 y 45, este último en relación con el artículo 43, todos de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería.

Concluye que su representada ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no existiendo acto u omisión arbitrario o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, por tanto no existe perturbación alguna en los derechos del extranjero, toda vez que la solicitud del recurrente se encuentra actualmente en tramitación y su situación migratoria es regular.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

2.- Que, la acción constitucional de que se trata dice relación con la dilación que se atribuye a la recurrida, quien no se ha pronunciado mediante un acto terminal acerca de la solicitud de visa sujeta a contrato de la parte recurrente, que ponga fin al procedimiento y que se refiera al fondo de su petición de visa en Chile. Por lo anterior, se pide la adopción de las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, a fin que se proceda a la resolución de su solicitud.

3.- Que, al informar la recurrida, alega que no ha existido acto u omisión ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado en momento alguno aquellas garantías constitucionales reconocidas por la Carta Fundamental por cuanto, en su concepto, las actuaciones de la autoridad fueron realizadas según las normas especiales del procedimiento previstas en el Decreto Ley N°1.094 y el Decreto Supremo N°597, actualmente bajo la Ley N° 21.325 y su reglamento Decreto Supremo N° 296, además de aplicar supletoriamente aquellas disposiciones establecidas en la Ley N°19.880, no existiendo en consecuencia derechos constitucionales de la parte recurrente que hayan sido vulnerados o conculcado.

En efecto, expresó que con fecha 21 de octubre de 2022, se le solicitó al extranjero que presentara contrato de trabajo con vigencia suficiente o nuevo contrato, en ambos casos notariados, en su defecto carta explicativa, no constando que haya remitido dicha información y encontrándose su solicitud aún en trámite.

4.- Que, en la especie, se está ante una tramitación administrativa llevada a cabo conforme a los artículos 125 y 135 del Decreto Supremo N° 597, Reglamento de la Ley de Extranjería, Decreto Ley N°1.094, materias actualmente bajo el imperio de la normativa contenida en la Ley 21.325 y su Reglamento.

Igualmente, los antecedentes proporcionados por las partes, apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, habilitan para concluir que en la especie se trata una persona que solicitó visa sujeta a contrato, el 13 de abril de 2022; y que recién el 21 de octubre de 2022, se le solicitó al extranjero que presentara contrato de trabajo con vigencia suficiente o nuevo contrato, no constando que haya remitido dicha información y sin que a la fecha de interposición de este recurso -07 de septiembre de 2022-, exista una resolución final acerca de la solicitud.

5.- Que, sin perjuicio de lo informado por la recurrida, en cuanto a que la solicitud de la persona recurrente se encuentra aún en trámite y pendiente de resolución, lo cierto es que precisamente se ha recurrido en contra de la demora o tardanza en pronunciarse mediante un acto administrativo terminal acerca de la solicitud de visa sujeta a contrato del actor.

6.- Que, si bien la permanencia definitiva de la parte recurrente se encuentra en actual tramitación, y por tanto, éste se encuentra de manera regular en el país, de acuerdo a los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que norman las bases de la tramitación administrativa que rige los actos de los órganos de la Administración del Estado, en casos como el presente, el procedimiento debe impulsarse por la autoridad con la finalidad específica de hacer expeditos los trámites que deben cumplirse para arribar a una oportuna decisión, evitando la dilación del procedimiento. Lo anterior pese a las circunstancias de hecho que ha vivido el país, lo que si bien es explicación hábil para aceptar un retraso, no lo es al punto de entender a estas alturas, uno de la magnitud del que se trata.

7.- Que la Excma. Corte Suprema de Justicia ha manifestado, en causa Rol N° 49.865-2021, lo siguiente: “Cuarto: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente...”

8.- Que, en consecuencia, atendida la fecha de la solicitud y el tiempo transcurrido hasta la presentación del recurso, se concluye que no se ha dado aplicación a los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad previstos en la Ley N° 19.880, alterando la tramitación de la solicitud de visa sujeta a contrato del recurrente, y afectando a la parte solicitante en términos tales que a pesar del tiempo transcurrido, no se ha resuelto el fondo de su petición administrativa, pronunciándose solo transcurridos más de seis meses desde la presentación de la solicitud, -y con posterioridad a la interposición del recurso-, sobre la necesidad de acompañar documentos para avanzar en la tramitación de la solicitud; no cumpliendo la autoridad con emitir un pronunciamiento en forma oportuna, en los términos que establece la ley.

9.- Que, en razón de todo lo señalado, resulta pertinente acoger esta acción de protección, pues la conducta de la recurrida deriva en arbitraria y contraria a la normativa vigente, al dilatar en forma reiterada el pronunciamiento acerca de la visa sujeta a contrato, no existiendo antecedente alguno que lo justifique; así como tampoco que el recurrente haya tomado conocimiento de lo resuelto con posterioridad a la interposición de este recurso, vulnerando así el derecho de igualdad ante la ley establecido en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República de Chile, específicamente a través de la dilación de pronunciamiento respecto de la solicitud de visa sujeta a contrato.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, solo en cuanto se ordena al Director del Servicio Nacional de Migraciones, o a quien actualmente haga las veces de tal, se le informe al recurrente de la resolución dictada con fecha veintiuno de octubre pasado, en razón de que no hay constancia de su notificación, a fin que pueda cumplir lo solicitado o ejercer los derechos que correspondan, debiendo comunicar a esta Corte el debido cumplimiento de lo resuelto.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra interina Antonella Farfarello Galletti.

Rol 67.163-2022- Protección.