RENDIC HERMANOS S.A con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE TOME

Concepción, veintiséis de octubre de dos mil veintidós.

VISTO:

En estos antecedentes se presenta el abogado don Rodrigo Donoso Baraona, en representación de Rendic Hermanos S.A., ambos domiciliados en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Tomé, representada por el Jefe de la Inspección Comunal, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado. Ello, por los actos ilegales y arbitrarios que denuncia, consistentes en la dictación de la Resolución de Multa (S) N° 8055/22/1, de 15 de junio de 2022, suscrita por la Inspección Comunal del Trabajo, por medio de la cual se impuso a su representada la sanción de multa a beneficio fiscal de 60 UTM.

Indica que dicha resolución surgió de un acto administrativo anterior, que sirvió de antecedente a la resolución cuestionada. Se trata del Ordinario Nº 503, de 30 de marzo de 2022, suscrito por el Jefe del Departamento Jurídico y Fiscal de la Dirección del Trabajo, que se originó en una solicitud formulada por la Federación Nacional de Sindicatos UNIMARC, en orden a “determinar la legalidad de las cláusulas contenidas en el anexo de contrato emitido por el empleador Rendic Hermanos S.A., y su validez en conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 Nº 3 del Código del Trabajo, que en rigor, agrega a los contratos de trabajo de sus dependientes la conformación del cargo “operador de tienda” y las distintas obligaciones que derivan de dicho anexo de contrato.” Tal Ordinario 503 determinó en su página 5: “En el caso concreto, como se dijo, la función “operador de tienda” incluida en los anexos, da cuenta de labores que no comparten la misma naturaleza, desde que el trabajador se obliga a prestar servicios en atención de clientes, reposición de mercadería, preparar pedidos e incluso en bodegas, entre otras, que de tal modo, resultan ser muy variadas para entender la existencia de funciones específicas a desarrollar, aun cuando éstas se encuentren explicitadas una a una en el contrato de trabajo.” Y, a partir de ello concluyó en página 6: “En consecuencia, de conformidad a lo expuesto, disposiciones legales y jurisprudencia administrativa citadas, cumplo con informar a Ud. que no se ajusta a derecho el cargo denominado “Operador de tienda”, conforme al contenido expuesto en el presente informe, al no otorgar un mínimo de certeza a los trabajadores acerca de las labores a realizar en los supermercados.”

Indica el recurrente, que a raíz de la interpretación de las disposiciones contractuales llevadas a cabo a través del referido Ordinario 503, se han iniciado hasta la fecha, más de 160 procesos de fiscalización respecto de Rendic, entre los que se encuadra el proceso de fiscalización llevado a cabo por la Inspección Comunal del Trabajo recurrida, que culminó con la dictación de una resolución, y por medio de la cual resolvió imponer una multa a su representada, fundada en el supuesto hecho infraccional consistente en: “No especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios”.

Estima que la Inspección Comunal del Trabajo ha excedido su ámbito de competencia al interpretar cláusulas contractuales y, en virtud de ello, imponer una multa a su representada, que carece de todo fundamento racional suficiente, por lo que, a su entender, es arbitraria e ilegal. Al respecto sostiene que la recurrida no entrega ninguna otra fundamentación y que solamente señala que su representada habría infringido lo dispuesto en el artículo 10 N° 3, en relación con el artículo 506, ambos del Código del Trabajo. Que, contrariamente a lo que se establece en la resolución, en el Contrato de Trabajo suscrito entre los trabajadores allí individualizados y Rendic, se determina clara y específicamente en qué consiste el cargo de “Operador de Tienda”, así como también los lugares en que deben prestarse los servicios asociados al mismo, de manera que no observa elemento alguno que permita justificar la interpretación que de él se hace en la referida resolución y respecto de la cual la Inspección Comunal del Trabajo no proporciona mayor fundamentación que permita comprender la interpretación efectuada; sólo ha concluido que dicha cláusula no cumple con la normativa vigente, por lo que se vulnera lo dispuesto en el artículo 19 N° 2, 3, 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República. Añade que desde el momento en que se inicia un proceso de fiscalización en contra de su representada a través del procedimiento, se avoca a la interpretación de una cláusula contractual contenida en el Contrato de Trabajo suscrito entre Rendic y sus trabajadores, arribando a la conclusión de que la misma infringe la normativa actualmente vigente.

Pide que se acoja el recurso en todas sus partes, y en consecuencia, se deje sin efecto la referida resolución, con costas.

Informó doña nombre reservado, abogada, por la recurrida Inspección Comunal del Trabajo de Tomé, solicitando rechazar el presente recurso por improcedente y por no existir actuación arbitraria o ilegal que importe privación, perturbación o amenaza de derecho constitucional alguno por parte de su representada, por cuanto ha actuado dentro del marco legal y la órbita de sus competencias, en uso de atribuciones y prerrogativas que son propias, con costas.

En primer lugar, opone excepción de caducidad, ya que la acción de protección fue interpuesta en contra de la Resolución de Multa N° 8055/2022/1, de 15.06.2022, notificada por correo electrónico con fecha 23.06.2022, entendiéndose legalmente notificada el 29.06.2022, por lo que la acción de protección está caducada, pues el plazo para interponer el presente recurso venció el 30.07.2022, y la recurrente lo interpuso el 07.09.2022.

En subsidio de la alegación anterior, opone excepción de litis pendencia, por cuanto con fecha 30.05.2022, se dio inicio a una fiscalización a Rendic Hermanos S.A., en virtud de un programa de fiscalización, generándose la Comisión de Fiscalización N° 0806/2022/77, a cargo de la fiscalizadora nombre reservado, en ejercicio de las facultades fiscalizadoras establecidas en el DFL N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Circulares, Instrucciones Internas y órdenes de servicio.

Refiere que la fiscalizadora pudo constatar una infracción laboral, que dio origen a la Resolución de Multa Nº 8055/2022/1, de 15.06.2022, notificada por correo electrónico con fecha 23.06.2022, por no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios, respecto de los trabajadores que en ella se detallan (operador de tienda: que incluye 26 funciones), lo que constituye una infracción al artículo 10 N°3, en relación con el artículo 506 del Código del Trabajo.

Indica que con fecha 13.07.2022, la empresa Rendic Hermanos S.A., presentó reclamación judicial en contra de la resolución de multa ya citada, en el Juzgado Laboral de Tomé. No obstante ello, el 07.09.2022, la empresa recurrente interpuso acción de protección ante esta Corte, en contra de la Resolución de Multa Nº 8055/2022/1, de 15.06.2022, notificada por correo electrónico con fecha 23.06.2022, entendiéndose legalmente notificada con fecha 29.06.2022, y en ésta acción pide, en definitiva, se deje sin efecto dicha resolución, misma pretensión que solicitó en el Juzgado Laboral de Tomé el 13.07.2022, originándose la causa RIT I-3-2022, actualmente en tramitación. En consecuencia, afirma que se verifican en el caso de autos, los requisitos de la excepción de litis pendencia que establece el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, es decir, mismas partes de un proceso con idéntica materia, pero en juicios diversos.

En subsidio de las excepciones anteriores, informa, solicitando que el recurso sea rechazado en todas sus partes y declarado improcedente, con costas.

Hace presente que el recurso de protección constituye una acción cautelar de naturaleza extraordinaria y excepcional, encaminada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, no estando destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de una resolución administrativa, como sucede en el caso de autos, en que se discute acerca del alcance de las atribuciones de ese Servicio al imponer la Resolución de Multa N° 8055/2022/1.

Afirma que la Resolución de Multa Nº 8055/2022/1 no constituye de manera alguna un acto arbitrario e ilegal que afecte las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, sino que se refiere al ejercicio de facultades propias con que cuentan los fiscalizadores de la Dirección del Trabajo fundada debidamente en los hechos constatados por la fiscalizadora doña nombre reservado y el derecho, habiendo sido cursada luego de la fiscalización realizada a la recurrente que incluyó revisión documental, entrevistas a muestra de trabajadores y representante del empleador, conforme a lo instruido en el Manual del Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo, aprobado por Res. Exenta Núm. 1.241, de 28 de septiembre de 2021, publicada en el Diario Oficial el 01.10.2021 y Circular Nº 29, de 17.05.2022, del Departamento de Inspección, constatándose que los contratos de trabajo y anexos revisados contemplan un cargo de “Operador de Tienda”, y “Operador de Producción”, que suponen la realización de una serie de funciones descritas, sin que se precise de manera cierta la naturaleza de los servicios a los que se obligan sus dependientes. Asimismo, se establece la infracción que dicho hecho constituye, cual es, “no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios.”, y la norma infringida-sancionadora: “Articulo 10 N° 3 y 506 del Código del Trabajo”.

Manifiesta que la resolución de multa es el acto terminal de un procedimiento administrativo que conlleva una serie de actos trámites, todos los cuales permiten sustentar la decisión final de sancionar. Estas actuaciones, se encuentran contenidos en las distintas piezas del expediente administrativo de la Comisión Nº 0806/2022/77, que adjunta. De esta forma, el acto administrativo se encuentra debidamente fundado en los hechos y el derecho conforme a las exigencias del artículo 16 y 41 de la Ley 19.880, descartándose que haya sido dictada por mero capricho y sin motivación.

Argumenta que la resolución de multa N° 8055/2022/1, cursada a la recurrente, se enmarca en lo dispuesto en el artículo 1º del D.F.L Nº 2 de 1967, que dispone que corresponde a la Dirección del Trabajo, entre otras funciones “la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral”, función que, de acuerdo con la misma normativa laboral, cumple a través de las respectivas Inspecciones. En igual sentido, el artículo 505 inciso 1º del Código del Trabajo, a su vez dispone: “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo (…)”.

Expresa que la fiscalizadora se ha limitado a aplicar la norma vigente y la doctrina del Servicio contenida entre otros en el dictamen N°2302/129 del 03.05.99, que expresa que en el artículo 10 N° 3 del Código del Trabajo el legislador exige conocer con exactitud y sin lugar a dudas la labor o servicio que el dependiente está obligado a efectuar para el respectivo empleador, sin que ello importe pormenorizar todas las tareas que involucran los servicios contratados, ya que el aludido principio de la ejecución de buena fe, le confiere el alcance relativo a la naturaleza de la obligación o lo que la ley o costumbre determine. De consiguiente, la determinación de la naturaleza de los servicios exigida por el artículo 10 N°3 entre las estipulaciones mínimas de un contrato de trabajo, significa establecer clara y precisamente las labores específicas para las cuales ha sido contratado el trabajador. Asimismo, se considera el pronunciamiento contenido en Ordinario Nº503, del 30.03.2022, en la que analizando precisamente la cláusula “Operador de Tienda” concluye que dichas estipulaciones no cumplen con la normativa laboral por cuanto no se ajustan a derecho cláusulas genéricas o amplias que podrían dejar en el arbitrio del empleador las labores a desarrollar, o bien, que señalen funciones indeterminadas o cualquier otra que no otorgue certeza al dependiente de las tareas específicas que se obliga a realizar.

Por otro lado, refiere que se debe considerar lo dispuesto en el artículo 2º del Código del Trabajo, que junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, además, la de velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que corresponde cautelar en representación del Estado a la Dirección del Trabajo y en cuya virtud, especialmente en lo que al presente recurso interesa, ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral.

En síntesis, señala que en este caso, existen otras acciones específicas para la impugnación de las resoluciones de multa, como por ejemplo la acción ordinaria de reclamación ante el Juzgado Laboral que regula el artículo 503 del Código del Trabajo. Agregando que, los hechos descritos en este recurso, así como el ejercicio de las facultades legales por parte de la fiscalizadora de ese Servicio, no han afectado de manera alguna las garantías constitucionales señaladas como argumento de su acción, por lo que el presente recurso de protección, no puede sino ser rechazado.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

2.- Que, mediante la presente acción cautelar se impugna la Resolución de Multa (S) N° 8055/22/1, de 15 de junio de 2022, suscrita por la Inspección Comunal del Trabajo de Tomé, por medio de la cual se impuso a la actora una sanción de multa a beneficio fiscal ascendente a 60 UTM.

Sostiene la recurrente que tal acto es arbitrario e ilegal, por cuanto en su dictación, la Inspección Comunal del Trabajo ha excedido su ámbito de competencias al interpretar cláusulas contractuales y, en virtud de ello, imponerle una multa que carece de todo fundamento.

3.- Que, la primera defensa que levantó la recurrida fue que la acción de protección está caducada, ya que fue interpuesta en contra de la Resolución de Multa N° 8055/2022/1, de 15.06.2022, notificada por correo electrónico con fecha 23.06.2022, entendiéndose legalmente notificada el 29.06.2022, por lo que el plazo para interponer el presente recurso venció el 30.07.2022, y la recurrente lo interpuso el 07.09.2022.

Seguidamente, alegó la litis pendencia, ya que en paralelo al ejercicio de la presente acción constitucional, el 13 de julio de 2022 la recurrente interpuso reclamo judicial en contra de la aludida multa 8055/2022/1, ante el Juzgado Laboral de Tomé, originando la causa RIT I-3-2022, que le fue notificada el 25 de julio de 2022, la que actualmente se encuentra en tramitación.

Adicionalmente sostuvo la procedencia de la multa impuesta, justificándola en los hechos y en el Derecho.

4.- Que, cotejados los antecedentes, aparece que el presente recurso fue ingresado a esta Corte el 07 de septiembre de 2022 y, que previamente, el 13 de julio del presente año, fue ingresado por la recurrente, un reclamo judicial en contra de la misma multa, el cual junto con su respectivo proveído fue notificado el 25 de julio de 2022, a la Inspección Comunal del Trabajo de Tomé.

Por consiguiente, a la fecha de interposición de la presente acción cautelar, no sólo se había acudido por la recurrente ante una sede judicial ordinaria para discutir allí la procedencia de la multa que aquí también se impugna, sino que, incluso, la autoridad administrativa reclamada ya había sido emplazada a dicha litis, encontrándose pendiente de resolución tal asunto.

5.- Que, además de encontrarse pendiente el asunto ante la vía judicial pertinente, debe entenderse que al estar sometido al imperio del derecho por la ruta normal de esta materia, -el reclamo interpuesto-, lo resuelto por la recurrida no tiene la urgencia para resolverse por esta Corte, necesitándose un conocimiento de todos los antecedentes y defensas, lo que por esta acción constitucional, no es posible.

6.- Que, en efecto, en este caso, como se dijo, se pretende dejar sin efecto una multa administrativa impuesta por la Inspección Comunal del Trabajo, lo que excede la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa del recurso de protección, en el entendido que el ordenamiento jurídico contempla las acciones concretas para tal fin, que conllevan un procedimiento que posibilita el debate con latitud e igualdad de oportunidades, así como el establecimiento preciso del objeto del pleito y la recepción formal de probanzas.

7.- Que, la naturaleza propia de esta acción constitucional, descrita precedentemente, y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente este arbitrio para discutir y establecer hechos que, de la forma como han sido propuestos por el recurrente, no se encuentran indubitados y están sometidos al imperio del Derecho a través del reclamo judicial de la multa correspondiente, ante un órgano que constitucionalmente le corresponde examinarla.

8.- Que, en estas condiciones, el recurso no puede prosperar puesto que no resulta ser la vía idónea para resolver la materia propuesta.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara.

Que, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida en representación de Rendic Hermanos S.A. en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Tomé.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra interina Antonella Farfarello Galletti.

No firma la ministra Matilde Esquerré Pavón, no obstante haber concurrido a la causa de la causa y al acuerdo, por encontrarse con licencia médica.

Rol N°67.109-2022 Protección.