nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Concepción, dieciseis diciembre de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparecieron nombre reservado, y Joaquín Andrés Contreras Roa, abogados, por sí y a favor de doña nombre reservado empleada, de nacionalidad venezolana, Pasaporte N°RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región Del Biobío, e interponen acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por don nombre reservado, Sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por la omisión ilegal y arbitraria en emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando las solicitud de residencia definitiva, solicitada por la recurrente de autos con fecha 20 de noviembre de 2021, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley 19.880.

Exponen que su representadA ingresó al país como turistas estando dentro del país deciden cambiar su condición migratoria, postulando al proceso de regularización migratoria, con el propósito de establecerse y desarrollar sus proyectos de vida en Chile.

Agregan que la recurrente, con fecha 20 de noviembre de 2021, realiza su postulación a la regularización correspondiente a través del sistema en línea de trámites extranjería, según consta en comprobante de solicitud N° 34782517 que se acompaña.

Sin embargo, señalan que, yras 9 meses y 6 días de yramitación, la recurrente no ha recibido ninguna respuesta por parte del servicio recurrido, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite en que habiendo por demás demorado, lo que constituye la omisión ilegal y arbitraria por la que se recurre en estos estrados.

Indican que, conforme a lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, y particularmente lo establecido en los artículos 7 y 27, se consagra el principio de celeridad, esto es, que el procedimiento sometido a dicho criterio se impulsará de oficio en todos sus trámites. Asimismo, y en concordancia con lo anterior, afirman que el artículo 9 de dicho cuerpo normativo, refiere al principio de economía procedimental, que establece que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Sostienen la improcedencia en la especie de la figura del “silencio administrtivo” , por cuanto el recurso de protección precisamente se establece en la Carta Fundamental como una garantía constitucional ante la violación, amenaza o perturbación por acciones u omisiones ilegales y arbitrarias a los derechos protegidos por el artículo 20 en relación con el artículo 19 de nuestra constitución. Alegan además que no puede el recurrido predisponer el agotamiento de la vía administrativa por frente la vía judicial, ya que ni constituyente ni el legislador señalan que sea necesario agotar la vía administrativa o que se debe recurrir por otra vía administrativa para restablecer el imperio de un derecho de rango constitucional. Tampoco es procedente, según indican, la causal de excepción prevista en el artículo 27 de la Ley 19.880, atendido a debe existir una imprevisión, situación que en la especie no se configura. Señalan jurisprudencia en apoyo de sus afirmaciones.— Piden tener por interpuesto Recurso de Protección en contra del recurrido por la omisión ilegal y arbitraria en emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando la solicitud de residencia definitiva, acogerlo a tramitación ordenando al recurrido que se pronuncie sobre la misma en un plazo no superior a 30 días corridos o el esta Corte estime conforme al mérito de autos y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.— Informó el Servicio Nacional de Migraciones, por intermedio de la abogada CAROLINA PÍA TAPIA FIERRO, solicitando el rechazo del recurso, en todas su partes, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías reconocidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, y protegidas por la presente acción.

En cuanto a la situación migratoria de la recurrente, señala que doña nombre reservado, ingresó por primera vez al país con fecha 17 de febrero de 2019, en calidad de turista; que con fecha 15 de julio de 2021 envía solicitud de residencia por correo, la cual no fue acogida; que el 20 de noviembre de 2021, solicitó ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública regularizar su situación migratoria en virtud del Proceso de Regularización contemplado en el artículo 8° transitorio de la Ley 21.325; y que con fecha 20 de noviembre de 2021, se dictó resolución exenta N° 21213960, se acogió a trámite la solicitud y se le otorgó un permiso de trabajo vigente mientras la su postulación se encuentre en trámite y en etapa de análisis.

En cuanto a la demora en la tramitación, sostiene que conforme al artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, que significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria, como ha sido reconocido en sentencias ejecutoriadas, no tratándose, además, de un plazo fatal.

De lo anterior colige que no se advierte ilegalidad o arbitrariedad verificables en el rezago que se describe en el libelo de protección concerniente a la resolución de la solicitud del interesado, toda vez que la Administración se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880.

Añade que el recurso de protección no es la vía idónea para alegar una falta de respuesta de la administración, sino la figura del silencio administrativo negativo, establecido en el artículos 65 de la Ley N° 19.880, y que la recurrente no ha solicitado la debida certificación ante este Servicio que su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo establecido por la Ley N° 19.880, pudiendo hacerlo.— En cuanto a la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley invocada por la recurrente, indica que el sostenido aumento en la interposición de acciones constitucionales, tanto de acciones de protección como amparos, con el objeto de acelerar la tramitación de una solicitud ante esta autoridad migratoria, estimados en aproximadamente más de trece mil recursos de protección y amparo presentados entre el año 2021 y 2022, de los cuales más del 80% corresponden a denuncias por el tiempo de tramitación de solicitudes de permisos de residencia, y que dada la urgencia y prioridad que ha de imprimirse a los requerimientos judiciales, ello redunda en desmedro de las más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad migratoria en la actualidad, ante el reducido grupo cde privilegiados que se constituyen por esta vía. De este modo, la salvaguarda del principio de la igualdad ante la ley en esta materia se satisface mediante la aplicación de los procedimientos administrativos en la forma prevista por la misa Ley N° 19.880 para la obtención de un acto de autoridad, evitando así la creación de grupos privilegiados.

Concluye solicitando se rechace la acción de protección en todas sus partes, por no existir ni haber existido acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la autoridad recurrida que pueda haber privado, perturbado o amenazado de manera alguna las garantías constitucionales incoadas por el recurrente, reiterándose que el actuar de la autoridad migratoria ha sido en todo momento conforme a la Constitución, leyes y reglamentos vigentes aplicables, no siendo procedente su condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

2°.- Que, acorde a lo anotado en la parte expositiva precedente, la recurrente tilda de ilegal y arbitraria la omisión de la recurrida de pronunciarse acerca de su solicitud de otorgamiento de residencia definitiva, y que fuera presentada con fecha 20 de noviembre de 2021, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado hasta la fecha.

3°.- Que de los antecedentes fluye que son hechos incontrovertidos los siguientes:

a) Que el 20 de noviembre de 2021 la recurrida presentó solicitud de permiso de permanencia definitiva como consta de como consta en el comprobante de solicitudes N° 34782517, agregado a los autos;

b) Que el mismo 20 de noviembre de 2021 se dictó Resolución Exenta N° 21213960, en se acogió dicha soliciotud a trámite.— c) Que la solicitud se encuentra en trámite, en etapa de análisis.— 4°.- Que, ahora bien, lo primero que cabe advertir es la aplicación al presente caso de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880, conforme al cual: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

En este entendido, se evidencia desde luego la efectividad de lo afirmado en el recurso, comoquiera que no se ha emitido acto administrativo terminal alguno que se pronuncie sobre las solicitudes de permiso de permanencia definitiva de los recurrentes, habiendo transcurrido, desde la data de presentación de las respectivas solicitudes hasta la fecha de interposición del recurso de autos, más de un año, lo que no sólo desde una mirada normativa sino también desde una perspectiva de racionabilidad, resulta excesivo.

Nada se acreditó, por otro lado, en lo concerniente al supuesto caso fortuito de que se habla en el informe del órgano administrativo recurrido.

5°.- Que, la anotada omisión constituye, también, una vulneración de los principios de celeridad y conclusivo que se establecen en los artículos 7° y 8° de la aludida Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos. En efecto, en virtud del primero se establece que el procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites; y, en el segundo, se prescribe que todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo.

6°.- Que, en consecuencia, y teniendo presente el escenario descrito, el órgano recurrido –actualmente el Servicio Nacional de Migraciones (Ley N°21.325) ha incurrido en un comportamiento, según lo dicho, ilegal, y, además, arbitrario, que atenta contra la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, desde que su actuación –o más bien falta de actuación- importa una discriminación en perjuicio de los recurrentes en relación con otras personas que, en condiciones jurídicas equivalentes, pudieron razonablemente haber obtenido la decisión de sus solicitudes dentro de los plazos razonables que confiere la ley.

Lo anterior no se altera por el hecho que la autoridad haya avanzado los procedimientos administrativos de que se trata a una etapa de “evaluación intermedia”, ya que esto último lo vino a materializar mucho tiempo después de la data de ingreso de las correspondientes solicitudes.

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, en cuanto se ordena que dicho Servicio, deberá pronunciarse, mediante un acto administrativo terminal, respecto de la solicitud de permanencia definitiva presentada por la recurrente, dentro del plazo de sesenta días hábiles administrativos de ejecutoriada que sea la presente sentencia y previo pago de los derechos que, en su caso, fueren procedentes.

Dicho órgano administrativo deberá informar oportunamente a esta Corte, acerca de la decisión que se adopte. Ofíciese al efecto una vez que este fallo quede firme.

Dése oportuno cumplimiento al numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sergio Gabriel Galaz Ramírez.

No firma el ministro señor Rodrigo Cerda San Martín, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con permiso.

Rol N° 66314-2022 Protección.