nombre reservado con I.MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN

Concepción, siete de mayo de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece Eduardo Alberto Vivanco Manríquez, abogado, en favor de nombre reservado, docente jubilado, recurriendo de protección en contra de la Municipalidad de Hualpén, representada por su Alcalde, Miguel Rivera Morales, por la omisión antijurídica, ilegal y arbitraria de no dar cumplimiento al Oficio N°E222593/2025 de la Contraloría Regional del Biobío —que ordenó expresamente el pago de las remuneraciones devengadas por el recurrente durante los meses de enero y febrero de 2025— y su posterior silencio frente al requerimiento contenido en el Oficio N° OF44157/2026, conductas que vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 1°, 2° y 24° de la Constitución Política de la República.

Señala que su representado se acogió a la bonificación por retiro voluntario, fijándose el cese de sus funciones para el 31 de diciembre de 2024, y que de acuerdo con la normativa legal vigente, le correspondía percibir las remuneraciones de los meses de enero y febrero de 2025 por concepto de prórroga legal del contrato. No obstante, la municipalidad recurrida omitió dicho pago, ante lo cual el recurrente acudió a la Contraloría Regional del Biobío.

Indica que el órgano contralor, mediante el antedicho Oficio N°E222593/2025, ordenó expresamente a la Municipalidad regularizar la situación y pagar dichas remuneraciones y que pese a ello, y a requerimientos posteriores como el Oficio N°OF44157/2026, la recurrida persistió en su omisión.

El recurrente enfatiza la urgencia de estos fondos debido a que padece cáncer de próstata en etapa avanzada, requiriendo el dinero para costear tratamientos oncológicos vitales, alegando una clara vulneración al derecho a la vida, igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Pide se acoja el presente recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión de la Municipalidad de Hualpén de cumplir el Oficio N°E222593/2025 de la Contraloría Regional del Biobío; se ordene a la recurrida que, en el plazo perentorio e improrrogable que esta Corte fije —que el recurrente solicita no exceda de cinco días hábiles atendida la urgencia derivada de su estado de salud—, proceda a pagar íntegramente las remuneraciones devengadas correspondientes a los meses de enero y febrero de 2025, calculadas conforme a todos los componentes remuneracionales acreditados en las liquidaciones de sueldo de diciembre de 2024, esto es, $3.076.312 brutos (equivalentes a dos mensualidades de $1.538.156 cada una), o la suma que esta Corte determine en definitiva.

Además, solicita que se ordene que las sumas a pagar sean reajustadas conforme al IPC correspondiente al período comprendido entre la fecha de exigibilidad de cada remuneración y el día del pago efectivo, con más el interés máximo convencional para operaciones no reajustables calculado desde las respectivas fechas de exigibilidad, de conformidad con el artículo 63 del Código del Trabajo; con costas.

Informó la Municipalidad de Hualpén a través de las abogadas Priscila Riffo García y Marianela Barriga Moraga, solicitando el rechazo del recurso.

Argumentan que no ha existido una conducta omisiva contumaz, sino que la entidad en comento estuvo realizando las gestiones administrativas necesarias para el cumplimiento.

Detallan que, mediante Decreto DAEM N°135 de fecha 16 de marzo de 2026, se ordenó el pago de $3.201.656 por las remuneraciones adeudadas.

Finalmente, aseveran que con fecha 2 de abril de 2026, se realizó directamente la entrega material al recurrente del Cheque N°82318, según consta en acta de entrega y comprobante de pago.

Por lo expuesto, piden tener por evacuado el informe, y rechazar el recurso, por cuanto su representada realizó acciones tendientes para dar cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría General de la Republica en cuanto al pago reclamado con fecha anterior a la interposición del presente recurso y de su notificación, no existiendo actuación arbitraria o ilegal, ni amenaza o vulneración de ningún tipo a los derechos constitucionales invocados.

Informó la Contraloría Regional del Biobío, señalando, en síntesis, que tras su intervención y requerimientos, el municipio informó través de su Oficio Ord. N°214, de 16 de marzo de 2026, que a esa fecha se encontraba en proceso de firma el Decreto Alcaldicio que autorizaba el pago de $3.201.656, al señor de la nombre reservado, por concepto de remuneraciones correspondientes a los meses de enero y febrero de 2025.

Concluye el órgano de control que el problema planteado se encontraba en vías de solución al momento de su informe, razón por la que este Organismo de Control no emitiría, por ahora, un pronunciamiento sobre el particular.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye propiamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

2°.- Que, es requisito indispensable para la plausibilidad de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, esto es, un evento contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o bien un evento que sea arbitrario, es decir, producto del mero capricho o voluntad infundada de quien incurre en él, y que provoque algunas de las consecuencias que se han enunciado, afectando a una o más de las garantías constitucionales expresamente protegidas por la Constitución, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

3°.- Que, en la especie, el recurso se fundó en la omisión por parte de la Municipalidad de Hualpén de pagar al recurrente las remuneraciones de enero y febrero de 2025, a pesar de existir una orden administrativa de la Contraloría General de la República en orden a realizar dicho pago.

4°.- Que, de los antecedentes acompañados por la parte recurrida y confirmados en lo pertinente por el informe del Órgano Contralor, consta que con posterioridad a la interposición del recurso, pero con anterioridad a esta sentencia, la Municipalidad de Hualpén procedió a dictar el acto administrativo de pago y a entregar efectivamente al recurrente el Cheque N°82318 el día 2 de abril de 2026, por la suma total de $3.201.656.

5°.- Que, teniendo presente este escenario, resulta que la acción de protección ha perdido evidentemente su objeto, dado que la pretensión principal del recurrente -obtener el pago de sus remuneraciones devengadas- ya ha sido satisfecha por la administración municipal.

6°.- Que, en consecuencia, el recurso de autos ha perdido oportunidad, puesto que no existe actualmente ninguna medida que esta Corte deba o pueda adoptar razonablemente para restablecer el imperio del derecho, toda vez que la omisión impugnada ha cesado mediante el pago efectivo de lo adeudado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en estos autos a nombre de don nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Hualpén.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra titular Viviana Alexandra Iza Miranda.

Rol N°6.542-2026- Protección.