Protección contra Inspección Comunal del Trabajo de Coronel

C.A. de Concepción rtp Concepción, diecinueve de octubre de dos mil veintidós.

VISTO:

En estos antecedentes Rol Corte 63.949-2022 comparece deduciendo recurso de protección Rodrigo Donoso Baraona, abogado, Cédula de Identidad N° RUT reservado, en representación de Rendic Hermanos S.A., empresa del giro supermercadista, Rut N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Coronel, representada por el Jefe de la Inspección Comunal don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la dictación de la resolución de multa N° 8146/2022/38 de 24 de junio de 2022, por la cual se le impuso la sanción de multa a beneficio fiscal de 60 UTM.

Señala que esta situación tuvo su origen en un acto administrativo anterior que sirvió de antecedente, el Ordinario N° 503 de 30 de marzo de 2022, suscrito por el Jefe del Departamento Jurídico y Fiscal de la Dirección del Trabajo, el que se originó en una solicitud formulada por la Federación Nacional de Sindicatos UNIMARC, en orden a “determinar la legalidad de las cláusulas contenidas en el anexo de contrato emitido por el empleador Rendic Hermanos S.A., y su validez en conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 N° 3 del Código del Trabajo, que en rigor agrega a los contratos de trabajo de sus dependientes la conformación del cargo “operador de tienda” y las distintas obligaciones que derivan de dicho anexo de contrato.”

Expresa que aquel acto constituye una actuación que aplica doctrina y consiste en entender que “No se otorga un mínimo de certeza a los trabajadores acerca de las labores a realizar en los supermercados.”

Refiere que el Ordinario 503 determinó, en síntesis, que la función de operador de tienda da cuenta de labores que no comparten la misma naturaleza, desde que el trabajador se obliga a prestar servicios en atención de clientes, reposición de mercadería, preparar pedidos e incluso en bodegas, las que resulta ser muy variadas para entender la existencia de funciones específicas. Añade que el ordinario concluyó que no se ajusta a derecho el cargo denominado “Operador de tienda”, al no otorgar un mínimo de certeza a los trabajadores acerca de las labores a realizar en los supermercados.

Indica que en virtud de la interpretación de las disposiciones contractuales llevadas a cabo por el Ordinario 503, se han iniciado más de 160 procesos de fiscalización respecto del recurrente, y es en éstos en que se encuadra el proceso de fiscalización llevado a cabo por la Inspección Comunal del Trabajo y que culminó con la dictación de la resolución en que se resolvió imponer una multa a la recurrente, fundada en el hecho infraccional de “no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios”.

Estima que la Resolución de la Inspección Comunal del Trabajo constituye una conducta arbitraria e ilegal en la medida que en ella se excede el correspondiente ámbito de competencia y carece de fundamento racional suficiente, cuando en ella se afirma que en el curso de la fiscalización al empleador Rendic Hermanos S.A., se habría constatado:

“NO ESPECIFICAR EN ANEXO DE CONTRATO DE TRABAJO LA DETERMINACIÓN PRECISA DE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS, RESPECTO DE LOS TRABAJADORES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: ANEXO DE CONTRATO DE TRABAJO DE FECHA 01/05/2021: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado; ANEXO DE CONTRATO DE TRABAJO DE FECHA 01/07/2021: nombre reservado; ANEXO DE CONTRATO DE TRABAJO DE FECHA 01/08/2021: nombre reservado, nombre reservado; ANEXO DE CONTRATO DE TRABAJO DE FECHA 01/09/2021: nombre reservado; AL SER AMBIGUO LO EXPUESTO Y NO EXISTIR CERTEZA JURÍDICA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: LA CLÁUSULA N®1 DE SUS RESPECTIVOS ANEXOS DE CONTRATOS DE TRABAJO ESTABLECE LA FUNCIÓN DE "OPERADOR DE TIENDA", SEÑALANDO TEXTUAL: EL CARGO COMPRENDE TODAS LAS ACCIONES QUE CONLLEVA LA OPERACIÓN DEL LOCAL ESTO ES ATENDER O ASISTIR AL CLIENTE EN SU COMPRA; VENDER, REPONER, TRASLADAR, ELIMINAR PRODUCTOS; DESECHAR, ASEAR, ORDENAR, RETIRAR Y CAMBIAR MERMAS; RECEPCIONAR, INVENTARIAR, PREPARAR, PESAR, ENVASAR Y/O GUARDAR TODO TIPO DE PRODUCTOS O MERCADERÍAS PERECIBLES Y NO PERECIBLES; HORNEAR, PREPARAR, CLASIFICAR, REFRIGERAR TODO TIPO DE PRODUCTOS PERECIBLES, ASÍ COMO TAMBIÉN MANTENER LAS INSTALACIONES EN PERFECTAS CONDICIONES DE ORDEN Y LIMPIEZA, ADEMÁS DE CAMBIAR PRECIOS Y RECEPCIONAR MERCADERÍA EN CASOS QUE CORRESPONDA. SE CONSTATA QUE NO SE CUMPLE CON OTORGAR UN MÍNIMO DE CERTEZA A LOS TRABAJADORES ACERCA DE LAS LABORES A REALIZAR EN LOS SUPERMERCADOS. TODO LO ANTERIOR EN CONTRAVENCIÓN A LA LEGISLACIÓN LABORAL, DE CONFORMIDAD A ORDINARIO N° 503 DE FECHA 30/03/2022 DE IA DIRECCIÓN DEL TRABAJO.”. (sic)

Añade que la resolución concluye, sin entregar otra fundamentación, que el recurrente habría infringido lo dispuesto en el artículo 10 N° 3, en relación con el artículo 506, ambos del Código del Trabajo, razón por la cual la sanciona con una multa. Añade que lo anterior es seguir "la doctrina” emanada del Ordinario 503.

Refiere que tal conclusión carece de fundamento y de toda base en los hechos, por ende deviene en arbitraria, toda vez que en el contrato de trabajo suscrito entre los trabajadores y Rendic se determina clara y específicamente en qué consiste el cargo de operador de tienda, por lo que no se observa elemento que permita justificar la interpretación que de él se hace en la resolución. Cita jurisprudencia de la Contraloría General de la República y doctrina en apoyo a sus dichos. Agrega que los artículos 16 y 41 de la Ley N° 19.880 apuntan a la posibilidad de conocimiento de los fundamentos y a la necesidad de que ellos existan y consten.

Continúa señalando que la resolución representa una conducta ilegal, por cuanto excede el marco jurídico de atribuciones que corresponde a la Inspección Comunal del Trabajo, lo que supone desconocer el principio de legalidad consagrado en el inciso 1° del artículo 7° de la Carta Fundamental.

Explica que la Inspección Comunal del Trabajo realizó una interpretación de una cláusula contractual, con lo cual ha excedido las atribuciones del referido ente público. Cita el artículo 18 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1976, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y el artículo 20 del mismo cuerpo normativo. Añade que las Inspecciones Comunales del Trabajo, gozan de las mismas facultades de las que goza la Dirección del Trabajo, dentro de las cuales no se encuentra la de interpretar contratos de trabajo. Agrega que en el mismo sentido lo establece el artículo 1°, letra b) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Considera que la resolución de la Inspección Comunal del Trabajo, ocasiona a la recurrente una perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio del derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, en particular a lo referido a ser juzgado por el tribunal señalado por la ley, consagrado en el inciso 5° del N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo a sus dichos. Reitera que la resolución supone la atribución por parte de un ente público de facultades de las que carece y que por su naturaleza corresponde a los Tribunales de Justicia, lo que representa una vulneración del derecho constitucional al que se ha hecho referencia.

Puntualiza que la resolución de la Inspección Comunal del Trabajo que priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio del derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación arbitraria en materia económica, consagrados, respectivamente, en los N° 2° y 22° del artículo 19 de la Carta Magna, ya que se ha alterado gravemente el trato que, conforme al ordenamiento vigente corresponde que reciba la recurrente de parte de la autoridad administrativa, desde el momento que la autoridad se ha comportado como si pudiera ejercer atribuciones de las que carece.

Acusa que se ha vulnerado el legítimo ejercicio del derecho de propiedad de la recurrida consagrado en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política, ya que la resolución se asumen atribuciones que exceden las que son propias de los entes administrativas y se viene a alterar disposiciones contractuales válidas y vigentes, es decir se afecta su derecho de propiedad, porque se la priva de las cláusulas contractuales que ha pactado y que constan en el respectivo contrato. Dice que la afectación del derecho constitucional antes señalado se produce, en segundo lugar, desde el momento que la recurrida ha excedido sus atribuciones, interpretando disposiciones contractuales y sin fundamentación, ha impuesto una multa sin entregar tampoco antecedentes que permitan tener por justificada la cuantía de ésta.

Pide que se acoja el recurso de protección en todas sus partes y, en consecuencia, deje sin efecto la referida resolución, con costas.

Informó Misel nombre reservado, Inspector Comunal del Trabajo de Coronel, quien señala que el recurso de protección se ha interpuesto en contra de la resolución de multa N° 8146/2022/38 de 24 de junio de 2022 cursada al recurrente Rendic Hermanos S.A., producto de una fiscalización efectuada por la Inspección Comunal del Trabajo de Coronel, proceso a cargo de la fiscalizadora doña nombre reservado, fiscalización que tiene origen en el Programa de Fiscalización establecido en Circular N°29 del 17 de mayo de 2022, la que fue generada producto de denuncias dirigidas a este Servicio por parte de trabajadores y organizaciones sindicales por la formulación de un contrato/anexo de trabajo con un cargo denominado “Operador de Tienda”. Explica que la fiscalizadora se constituyó en en las dependencias de Rendic Hermanos S.A, ubicadas en domicilio reservado, a fin de llevar a cabo la fiscalización correspondiente a Comisión Nº 0807/2022/313, y luego de las diligencias pertinentes, pudo constatar infracción laboral consistente en no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios de los trabajadores detallados en la Resolución de Multa Nº 8146/2022/38, lo que constituye infracción al artículo 10 N°3, en relación con el artículo 506 del Código del Trabajo. Añade que la multa fue notificada mediante correo electrónico de 04 de julio de 2022, entendiéndose practicada legalmente dicha notificación el 07 de julio del año en curso, según dispone el artículo 508 del Código del Trabajo.

Continúa alegando la improcedencia del recurso de protección, toda vez que éste no está destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de una resolución administrativa, como sucede en el caso de autos, además la Excma. Corte Suprema ha resuelto que el recurso de protección no es la el camino idóneo para reclamar contra multas impuestas por la autoridad administrativa de orden laboral. Añade que existen otras acciones para la impugnación de las resoluciones de multa ya sea a través de la vía administrativa o haciendo uso de la acción ordinaria de reclamación ante el Juzgado laboral.

Refiere que la recurrente, en paralelo al ejercicio de esta acción constitucional, interpuso el 27 de julio 2022 reclamo judicial en contra de la multa 8146/2022/38, ante el Segundo Juzgado del Trabajo de Coronel, RIT I-15-2022, y que actualmente se encuentra en tramitación, lo que demuestra la improcedencia de la acción constitucional desde que el propio recurrente ha optado por la vía ordinaria. Agrega que si bien es cierto que la acción constitucional es sin perjuicio de otros derechos que pueda hacer valer el afectado ante la autoridad o los tribunales correspondientes, en la especie se recurre en contra de un acto administrativo que tiene una acción especialmente prevista para su revisión, dado que no genera un conflicto constitucional que deba ser conocido por esta vía. Cita jurisprudencia en apoyo a sus dichos.

Sostiene que lo expresado por la recurrente no es efectivo por cuanto la resolución de multa que se impugna no constituye de manera alguna un acto arbitrario e ilegal que afecte las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, sino que refiere al ejercicio de facultades propias con que cuentan los fiscalizadores de la Dirección del Trabajo, fundada debidamente en los hechos y el derecho, toda vez que la resolución de multa cursada por la fiscalizadora Nadia Ávila Millán se ajusta a los hechos constados y al derecho, y ha sido cursada luego de la fiscalización realizada a la recurrente que incluyo revisión documental, entrevistas a muestra de trabajadores y representante del empleador, conforme instruido en Manual del Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo, aprobado por Res. Exenta Núm. 1.241 de 28 de septiembre de 2021, constatándose que los contratos de trabajo y anexos revisados contemplan un cargo de “Operador de Tienda” y “Operador de Producción”, que suponen la realización de una serie de funciones descritas sin que se precise de manera cierta la naturaleza de los servicios a los que se obligan sus dependiente, ello respecto de los trabajadores que se individualizan y conforme el detalle consignado en la resolución de multa, además se establece con claridad la infracción que dicho hecho constituye: “no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios.”, y la norma infringida y sancionadora es el articulo 10 N° 3 y 506 del Código del Trabajo.

Hace presente que la resolución de multa es el acto terminal de un procedimiento administrativo que conlleva una serie de actos trámites, todos los cuales permiten sustentar la decisión final de sancionar. Añade que esas actuaciones se encuentran contenidos en las distintas piezas del expediente administrativo de la Comisión Nº Nº 0807/2022/313, y cobra relevancia el Informe de Exposición suscrito por el fiscalizador actuante, en el que se reflejan todas las actuaciones realizadas en el curso de la fiscalización efectuada al recurrente y que fundan la decisión de sancionar. Por lo anterior, señala que el acto administrativo se encuentra debidamente fundado en los hechos y el derecho conforme a las exigencias del artículo 16 y 41 de la Ley 19.880.

Expone que la resolución de multa N° 8146/2022/38, se enmarca en lo dispuesto en el artículo 1º del D.F.L N.º 2 de 1967, norma que dispone que corresponde a la Dirección del Trabajo, “la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral”, función que cumple a través de las respectivas Inspecciones. Agrega que las funciones de fiscalización e interpretativa que tiene la Dirección del Trabajo, surgen del artículo 505 del Código del Trabajo y del artículo 1° del D.F.L. N°2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, y tales facultades consisten en explicar el sentido de un texto legal sometido a su análisis y acoger la tesis del recurrente, significaría desconocer o desvirtuar la labor inspectiva de la Dirección del Trabajo, impidiendo a ese órgano el ejercicio de su función ante una conducta que vulnera la ley. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo a su tesis.

Refiere que para el presente caso la resolución de multa fue cursada a la recurrente luego de llevarse a cabo el procedimiento administrativo de fiscalización, y que tal como indica el Informe de Exposición incluyó una serie de actuaciones entre ellas entrevistas a representante del empleador, a una muestra de trabajadores y revisión documental de contratos de trabajo y anexos de estos, entre otros, lo que condujeron al fiscalizador a establecer la existencia de infracción al artículo 10 N°3 del Código del Trabajo que establece como una de las estipulaciones mínimas que debe contener el contrato individual de trabajo la relativa a señalar la naturaleza de los servicios, lugar de desempeño y la delimitación de funciones que debe realizar el trabajador en cumplimiento de sus labores, desde que pudo establecer que la cláusula contenida en los contratos de trabajo y anexos revisados de los trabajadores debidamente individualizados se pacta la función de operador tienda, que contiene una serie de funciones que comprende todas las acciones que conlleva la operación del local, y en tal sentido la fiscalizadora aplica la norma vigente y la doctrina del Servicio contenida entre otros en el dictamen N°2302/129 del 03.05.99, que expresa que el artículo 10 N° 3 del Código del Trabajo el legislador exige conocer con exactitud y sin lugar a dudas la labor o servicio que el dependiente se obligada a efectuar para el respectivo empleador, sin que ello importe pormenorizar todas las tareas que involucran los servicios contratados. Añade que la determinación de la naturaleza de los servicios exigida por el artículo 10 N°3 entre las estipulaciones mínimas de un contrato de trabajo, significa establecer clara y precisamente las labores específicas para las cuales ha sido contratado el trabajador, en el mismo sentido el Ordinario Nº503, del 30 de marzo de 2022, el que analizando la cláusula “Operador de Tienda” concluye que dichas estipulaciones no cumplen con la normativa laboral.

Estima que por lo relatado no parece atendible sostener que el fiscalizador se haya excedido en sus atribuciones, puesto que, al inspeccionar, indagar, examinar e imponer la multa actuó dentro del ámbito de las facultades que le confiere la ley, cumpliendo con una obligación que esa misma ley le impone y sustentado en las razones que se consigna en la resolución respectiva. Cita jurisprudencia de esta Corte de Apelaciones que reconocen la legalidad de fondo del actuar de la fiscalizadora.

Expone que se debe considerar lo dispuesto en el artículo 2º del Código del Trabajo, que otorga al Estado la misión de amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y de velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios, labor que corresponde cautelar a la Dirección del Trabajo y en cuya virtud ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral.

Indica que en virtud del principio de legalidad, consagrado en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, la Dirección del Trabajo debe velar por el cumplimiento de la ley laboral y en caso de autos no cabe duda que el funcionario de la Inspección del Trabajo ha actuado en ejercicio de sus facultades específicas de fiscalización laboral, ya que ha fiscalizado el cumplimiento de los derechos laborales, en ejercicio de la función pública que el ordenamiento jurídico le ha encomendado, así no puede haber arbitrariedad ni ilegalidad en la actuación denunciada, desde que existe un preciso mandato legal que las permite y no aparece que se actúe fuera de los marcos razonables cuando se fiscaliza la existencia de una obligación legal.

Estima que los hechos descritos en esta acción, así como el actuar del fiscalizador no constituyen un acto arbitrario e ilegal que afecten las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, toda vez que no ha existido acto arbitrario ni ilegal, sino el ejercicio de facultades propias de fiscalizar e interpretar el cumplimiento de la legislación laboral y de sancionar ante la constatación de infracción a aquella. Respecto a la supuesta afectación al artículo 19 Nº 3 inciso 5° de la Constitución, sostiene que no ha sucedido en la especie, toda vez que la fiscalizadora de ese Servicio actúa en virtud de las atribuciones que la propia ley le ha conferido, correspondiéndole constatar, el cumplimiento de la normativa laboral, y sancionar tras constatar infracción a la normativa laboral, quedando siempre a salvo la posibilidad del afectado de recurrir ante los tribunales, dado que la actuación carece del efecto de cosa juzgada, por ello no puede entenderse que se haya vulnerado aquella garantía constitucional, máxime si se considera que la multa actualmente se encuentra reclamada ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Coronel, Rol I-15-2022.

Respecto a que la actuación del recurrido ha vulnerado su derecho a desarrollar toda actividad económica consagrado en el artículo 19 N°21 de la Constitución, reitera que la resolución recurrida se funda en una actuación legal por parte de la autoridad administrativa, de modo que no se produce la afectación denunciada.

En cuanto a la supuesta afectación a la igualdad ante la ley, el artículo 19 N° 2 y a la no discriminación arbitraria en materia económica, consagrado en el artículo 19 N°22, señala que el recurrente no explicó de qué forma el trato discriminatorio lo es en sí mismo, ya que para ello se requeriría compararse con otro usuario que haya estado en la misma situación que él y que esa autoridad haya resuelto a su respecto algo distinto.

Respecto de la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, sostiene que no se ha podido ver amenazada ni perturbada pues si bien la imposición de una multa administrativa significa una disminución del patrimonio, lo cierto es que dicha limitación se encuentra regulada legalmente por cuanto la autoridad administrativa está facultada para imponer sanciones frente al incumplimiento de la normativa laboral conforme a lo dispuesto en el artículo 503 del Código del Trabajo, la que ha sido aplicada dentro de los márgenes que establece el artículo 506 y 506 quater tal como se expresa en el Informe respectivo.

Solicita que se rechace el recurso por improcedente y por no existir actuación arbitraria o ilegal que importe privación, perturbación o amenaza de derecho constitucional alguno por parte del recurrido por cuanto ha actuado dentro del marco legal y la órbita de competencias, en uso de atribuciones y prerrogativas que son propias, con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:

Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, mediante la presente acción cautelar se impugna la Resolución de Multa N° 8146/2022/38, de 24 de junio 2022, suscrita por la Inspección Comunal del Trabajo de Coronel, por medio de la cual se impuso a la actora una sanción de multa a beneficio fiscal ascendente a 60 UTM.

Sostiene la recurrente que tal acto es arbitrario e ilegal, por cuanto en su dictación la Inspección Comunal del Trabajo ha excedido su ámbito de competencias al interpretar cláusulas contractuales y, en virtud de ello, imponerle una multa que carece de todo fundamento.

TERCERO: Que, la primera alegación que hace la recurrida fue que en paralelo al ejercicio de la presente acción constitucional, el 27 de julio de 2022 la recurrente interpuso reclamo judicial en contra de la aludida multa 8146/2022/38, reclamo que fue interpuesto ante el Segundo Juzgado del Trabajo de Coronel, originando la causa RIT I-15-2022, la que actualmente se encuentra en tramitación.

Adicionalmente sostuvo la procedencia de la multa impuesta, justificándola en los hechos y en el Derecho.

CUARTO: Que, cotejados los antecedentes aparece que el presente recurso fue ingresado a esta Corte el 3 de agosto de 2022; y, que previamente, el 27 de julio del presente año se había ingresado por la recurrente un reclamo judicial en contra de la misma multa, el cual fue admitido a tramitación, en procedimiento monitorio.

Por consiguiente, a la fecha de interposición de la presente acción cautelar no sólo se había acudido por la recurrente ante una sede judicial ordinaria para discutir allí la procedencia de la multa que aquí también se impugna, sino que, incluso, la autoridad administrativa reclamada ya había sido emplazada a dicha litis, encontrándose pendiente de resolución tal asunto.

QUINTO: Que, en la especie, como se dijo, se pretende dejar sin efecto una multa administrativa impuesta por la Inspección Comunal del Trabajo, lo que excede la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa del recurso de protección, en el entendido que el ordenamiento jurídico contempla las acciones concretas para tal fin, que conllevan un procedimiento que posibilita el debate con latitud e igualdad de oportunidades, así como el establecimiento preciso del objeto del pleito y la recepción formal de probanzas.

SEXTO: Que, la naturaleza propia de esta acción constitucional, descrita precedentemente y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente este arbitrio para discutir y establecer hechos que, de la forma como han sido propuestos por el recurrente, no se encuentran indubitados y están sometidos al imperio del Derecho a través del reclamo judicial de la multa correspondiente, a manos del órgano que constitucionalmente le corresponde examinarla.

SÉPTIMO: Que, en estas condiciones, el recurso no puede prosperar puesto que no resulta ser la vía idónea para resolver la materia propuesta.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida en representación de Rendic Hermanos S.A. en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Coronel.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro Carlos Aldana Fuentes, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y al acuerdo del mismo, por encontrarse con dedicación exclusiva al conocimiento y fallo de causas por violaciones de derechos humanos.

Rol 63.949-2022 Protección. Vista conjunta con la rol N° 63.910-2022 Protección.