RENDIC HERMANOS S.A con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE CORONEL

C.A. de Concepción Concepción, miércoles veintiséis de octubre de dos mil veintidós.

VISTO:

Compareció el abogado Rodrigo Donoso Baraona, en representación de Rendic Hermanos S.A., ambos domiciliados en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Coronel, representada por el Jefe de esta Inspección, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios que denuncia.

Señala que la recurrida incurrió en la realización de una conducta arbitraria e ilegal consistente en la dictación de la Resolución de Multa (S) N° 8146/22/39, de 24 de junio 2022, suscrita por la Inspección Comunal del Trabajo, por medio de la cual se impuso a su representada la sanción de multa a beneficio fiscal de 60 UTM y que le fue notificada el 4 de julio de 2022, mediante correo electrónico enviado por la recurrida. Explica que para entender la arbitrariedad e ilegalidad de la Resolución, resulta necesario hacer referencia a un acto administrativo anterior, el que sirvió de antecedente a ésta, y se trata del Ordinario Nº 503, de 30 de marzo de 2022, suscrito por el Jefe del Departamento Jurídico y Fiscal de la Dirección del Trabajo, que se originó en una solicitud formulada por la Federación Nacional de Sindicatos UNIMARC, en orden a: “determinar la legalidad de las cláusulas contenidas en el anexo de contrato emitido por el empleador Rendic Hermanos S.A., y su validez en conformidad a lo dispuesto en el Art. 10 Nº 3 del Código del Trabajo, que en rigor, agrega a los contratos de trabajo de sus dependientes la conformación del cargo “operador de tienda” y las distintas obligaciones que derivan de dicho anexo de contrato.”. Que ese Ordinario 503 determinó (en su página 5): “En el caso concreto, como se dijo, la función “operador de tienda” incluida en los anexos, da cuenta de labores que no comparten la misma naturaleza, desde que el trabajador se obliga a prestar servicios en atención de clientes, reposición de mercadería, preparar pedidos e incluso en bodegas, entre otras, que de tal modo, resultan ser muy variadas para entender la existencia de funciones específicas a desarrollar, aun cuando éstas se encuentren explicitadas una a una en el contrato de trabajo.”. Y, a partir de ello, concluyó que (página 6): “En consecuencia, de conformidad a lo expuesto, disposiciones legales y jurisprudencia administrativa citadas, cumplo con informar a Ud. que, no se ajusta a derecho el cargo denominado “Operador de tienda”, conforme al contenido expuesto en el presente informe, al no otorgar un mínimo de certeza a los trabajadores acerca de las labores a realizar en los supermercados.”.

Hace presente que en virtud de la interpretación de las disposiciones contractuales llevadas a cabo a través del referido Ordinario 503, se han iniciado más de 160 procesos de fiscalización respecto de Rendic, entre los cuales se encuadra el proceso de fiscalización llevado a cabo por la Inspección Comunal del Trabajo recurrida que culminó con la dictación de una resolución, y por medio de la cual resolvió imponer una multa a su representada, fundada en el supuesto hecho infraccional consistente en: “No especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios”.

Estima que la Inspección Comunal del Trabajo ha excedido su ámbito de competencia al interpretar cláusulas contractuales y, en virtud de ello, imponer una multa a su representada que carece de todo fundamento racional suficiente, por lo que, a su entender, es arbitraria e ilegal. Al respecto sostiene que la recurrida no entrega ninguna otra fundamentación y que solamente señala que su representada habría infringido lo dispuesto en el artículo 10 N° 3, en relación con el artículo 506, ambos del Código del Trabajo. Que contrariamente a lo que se establece en la resolución, en el Contrato de Trabajo suscrito entre los trabajadores en ella individualizados y Rendic, se determina clara y específicamente en qué consiste el cargo de “Operador de Tienda”, así como también, los lugares en que deben prestarse los servicios asociados al mismo, de manera tal que no observa elemento alguno que permita justificar la interpretación que de él se hace en la referida resolución y respecto de la cual la Inspección Comunal del Trabajo no proporciona mayor fundamentación. Que la recurrida no entrega fundamento alguno que permita comprender la interpretación efectuada y sólo ha concluido que dicha cláusula no cumple con la normativa vigente.

Considera que la resolución aludida vulnera lo dispuesto en el artículo 19 N° 2, 3, 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República y que desde el momento que se inicia un proceso de fiscalización en contra de su representada y, a través del procedimiento, se avoca a la interpretación de una cláusula contractual contenida en el Contrato de Trabajo suscrito entre Rendic y sus trabajadores, arribando a la conclusión de que la misma infringe la normativa actualmente vigente. Afirma que la recurrida no sólo se está inmiscuyendo en el campo que le es ajeno, sino que está alterando la regla constitucional fundamental a la que se ha venido haciendo referencia en orden a que es a la ley a quien corresponde regular las actividades económicas, y, por consiguiente, según se ha establecido de manera general y uniforme, es a los Tribunales de Justicia y no a entidades administrativas resolver las cuestiones de interpretación sobre cláusulas contractuales en el marco de la ley.

Pide, en consecuencia, que se acoja el recurso y se deje sin efecto la referida resolución administrativa; con costas.

Informó Misel nombre reservado, Inspector Comunal del Trabajo de Coronel, expresando que el recurso de protección de autos se ha interpuesto en contra de la Resolución de Multa N° 8146/2022/39, de fecha 24 de junio de 2022, cursada al recurrente Rendic Hermanos S.A., producto de una fiscalización efectuada por la Inspección Comunal del Trabajo de Coronel, proceso a cargo de la fiscalizadora dependiente de dicha oficina doña nombre reservado. Añade que dicha fiscalización tiene su origen en el Programa de Fiscalización establecido en Circular N° 29, de 17 de junio de 2022, la que fue generada producto de denuncias dirigidas al servicio que representa por parte de trabajadores y organizaciones sindicales por la formulación de un contrato/anexo de trabajo con un cargo denominado “Operador de Tienda”. Que la fiscalizadora nombre reservado, se constituyó en las dependencias de Rendic Hermanos S.A, ubicadas en domicilio reservado, a fin de llevar a cabo el proceso de fiscalización correspondiente a Comisión Nº 0807/2022/314, y luego de las diligencias pertinentes, pudo constatar infracción laboral consistente en no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios de los trabajadores detallados en la Resolución de Multa Nº 8146/2022/39, lo que constituye infracción al artículo 10 N° 3, en relación con el artículo 506 del Código del Trabajo. La multa fue notificada mediante correo electrónico de fecha 04 de julio de 2022, remitido a la casilla registrada en la página web de la Dirección del Trabajo, entendiéndose practicada legalmente dicha notificación el 07 de julio de 2022, según dispone el artículo 508 del Código del Trabajo.

Por otra parte, sostiene que el recurso de protección no está destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de una resolución administrativa, como sucede en el caso de autos, en el que se discute acerca del alcance de las atribuciones del servicio que representa, al imponerse la resolución de multa N° 8146/2022/39, por lo que a su entender no puede ser utilizado como un sustituto procesal de acciones y procedimientos ordinarios existentes en la legislación. Que inclusive la recurrente, en paralelo al ejercicio de presente acción constitucional, interpuso, con fecha 27 de julio 2022, reclamo judicial en contra de la multa 8146/2022/39, ante el Segundo Juzgado del Trabajo de Coronel, RIT I-14-2022 y que actualmente se encuentra en tramitación. Lo anterior, dice que demuestra la improcedencia de la acción constitucional desde que el propio recurrente ha optado por la vía ordinaria dispuesta por el ordenamiento jurídico laboral efectuando las misma alegaciones entorno a una supuesta “Manifiesta extralimitación de las facultades de la Dirección del Trabajo al interpretar el Contrato de Trabajo” solicitando se deje sin efecto la multa, mismo argumento y petición expresada en la acción de protección de autos.

Alega asimismo que en este caso no existe acto arbitrario e ilegal, por cuanto la resolución de multa es el acto terminal de un procedimiento administrativo que conlleva una serie de actos trámites, todos los cuales permiten sustentar la decisión final de sancionar. Adiciona que en estas actuaciones, en el caso en análisis, se encuentran contenidas las distintas piezas del expediente administrativo de la Comisión Nº 0807/2022/314. En este sentido, dice que cobra relevancia el Informe de Exposición suscrito por el fiscalizador actuante, en el que se reflejan todas las actuaciones realizadas en el curso de la fiscalización efectuada al recurrente y que fundan la decisión de sancionar.

De esta forma, afirma que el acto administrativo se encuentra debidamente fundado en los hechos y el derecho conforme a las exigencias de los artículos 16 y 41 de la Ley 19.880, debiendo descartarse que haya sido dictada por mero capricho, sin motivación, pues ella se enmarca en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del D.F.L Nº 2 de 1967.

A mayor abundamiento, hace presente que tal resolución de multa es el acto terminal de un procedimiento administrativo que conlleva una serie de actos trámites, todos los cuales permiten sustentar la decisión final de sancionar. Afirma que es relevante el Informe de Exposición y Fiscalización de fecha 29 de junio de 2022, suscrito por el fiscalizador actuante, en el que se reflejan todas las actuaciones realizadas en el curso de la fiscalización efectuada al recurrente y que fundan la decisión de sancionar. Es por ello que cree que el acto administrativo se encuentra debidamente fundado en los hechos y el derecho conforme a las exigencias del artículo 16 y 41 de la Ley 19.880, descartando que se haya sido dictada por mero capricho, sin motivación. En consecuencia, estima tampoco existe vulneración de garantía constitucional alguna.

Pide el rechazo del recurso por improcedente y por no existir actuación arbitraria o ilegal que importe privación, perturbación o amenaza de derecho constitucional alguno, por parte del recurrido por cuanto ha actuado dentro del marco legal y la órbita de sus competencias, en uso de atribuciones y prerrogativas que le son propias. Todo ello con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, mediante la presente acción constitucional, se impugna la Resolución de Multa (S) N° 8146/2022/39, de fecha 24 de junio de 2022, dictada por la Inspección Comunal del Trabajo, por medio de la cual se impuso a la sociedad recurrente una sanción de multa a beneficio fiscal ascendente a 60 UTM.

Sostiene la recurrente que tal acto es arbitrario e ilegal, por cuanto en su dictación la Inspección Comunal del Trabajo ha excedido su ámbito de competencias al interpretar cláusulas contractuales y, en virtud de ello, imponerle una multa que carece de todo fundamento.

TERCERO: Que, desde luego, preciso se hace destacar que la recurrida alegó que en paralelo al ejercicio de la acción constitucional de que aquí se trata, el 27 de julio de 2022 la misma recurrente interpuso reclamo judicial en contra de la aludida Resolución de Multa N° 8146/2022/39, reclamo que fue interpuesto ante el Juzgado de Letras de Coronel, originando la causa RIT I-14-2022, la que actualmente se encuentra en tramitación.

Además, sostuvo la procedencia de la multa impuesta, justificándola tanto en los hechos como en el derecho.

CUARTO: Que, cotejados los antecedentes aparece que el presente recurso fue ingresado a esta Corte el 3 de agosto de este año, y, que, efectivamente en de una forma paralela, la sociedad recurrente ingresó un reclamo judicial en contra de la misma multa –conforme al artículo 503 del Código del Trabajo.

Por consiguiente, a la fecha de interposición del recurso en comento, la recurrente ya había formalizado su reclamación, ingresándolas con data 22 de julio de este año, esto es, ya había acudido ante una sede judicial, poniendo allí en discusión la procedencia de la multa que aquí también discute, lo que significa que la materia mencionada ya se encontraba sometida al imperio del derecho.

QUINTO: Que en relación a lo anterior, no está demás hacer notar que lo que postula el recurrente es dejar sin efecto una multa administrativa impuesta por la Inspección Comunal del Trabajo, lo que excede la naturaleza tutelar, urgente y no declarativa de derechos del recurso de protección, en el entendido que el ordenamiento jurídico contempla las acciones concretas para tal fin, que conllevan un procedimiento que posibilita el debate con latitud e igualdad de oportunidades, así como el establecimiento preciso del objeto del pleito y la recepción formal de probanzas.

SEXTO: Que, la naturaleza propia de esta acción constitucional, descrita precedentemente, y el procedimiento principalmente inquisitivo dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente este arbitrio para discutir y establecer hechos que, de la forma como han sido propuestos por el recurrente, no se encuentran indubitados y están, como se indicó más arriba, sometidos ya al imperio del derecho a través del reclamo judicial de la multa correspondiente, a manos del órgano que constitucionalmente le corresponde examinarla.

SÉPTIMO: Que, en estas condiciones, el recurso no habrá de prosperar, puesto que no resulta ser la vía idónea para resolver la materia propuesta.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que SE RECHAZA, con costas, la acción de protección deducida en representación de Rendic Hermanos S.A. en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Coronel.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro titular César Gerardo Panés Ramírez.

No firma el ministro Juan Ángel Muñoz López, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de licencia médica.

Rol N° 63.948 -2022 – Protección.-