RENDIC HERMANOS S.A con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE CORONEL

C.A. de Concepción rtp Concepción, veinte de diciembre de dos mil veintidós.

VISTO:

En estos autos ingreso Corte Rol 63911-2022, en vista conjunta con el Rol 63912-2022, compareció el abogado Rodrigo Donoso Barahona, en representación de Rendic Hermanos S.A., cuyo giro y domicilio indica, y deduce recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Coronel, representada por don nombre reservado, quien ha dictado la Resolución de Multa N° 8521/22/16, de 29 de junio de 2022, la que considera vulneratoria de las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3, 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Señala, como antecedente previo, que mediante el Ordinario N° 503, de 30 de marzo de 2022, suscrito por el jefe del Departamento Jurídico y Fiscal de la Dirección del Trabajo, el ente fiscalizador laboral respondió una consulta formulada por la Federación Nacional de Sindicatos UNIMARC, señalando que el cargo de operador de tienda da cuenta de labores que no comparten la misma naturaleza y trasgrede lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 10 del Código del Trabajo, que al describir los requisitos del contrato de trabajo, exige determinar la naturaleza de los servicios y precisar las funciones específicas que deben desarrollarse, sean alternativas o complementarias.

Explica que en razón de la dictación del Ordinario antes mencionado, la recurrida ha efectuado más de 160 procesos de fiscalización a su representada, aplicando en este caso una multa de 60 UTM por no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios.

Considera que la Resolución impugnada constituye un acto ilegal y arbitrario en tanto la Inspección del Trabajo ha excedido el ámbito de sus competencias, ejerciendo facultades que le corresponden a los Tribunales de Justicia en relación a la interpretación de los contratos de trabajo; y en segundo término sostiene que la Resolución que aplica la multa carece de fundamentos, aplicando la doctrina del Ordinario N° 503 pero sin decirlo expresamente.

Sostiene que la Resolución cuestionada vulnera la igualdad ante la ley y la no discriminación ya que la Inspección se “ha comportado como si pudiera ejercer atribuciones de las que carece”; enseguida indica que también ha sido trasgredido el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y el legítimo derecho a desarrollar cualquier actividad económica, eligiendo libremente la organización que le parezca más adecuada al logro de sus objetivos. Finalmente plantea que la conducta de la recurrida vulnera el derecho de propiedad de su representada por dos razones: porque asume atribuciones que no le corresponden, alterando disposiciones contractuales respecto a las cuales Rendic Hermanos tiene derechos y porque se excede en sus atribuciones interpretando cláusulas contractuales sin fundamento alguno.

Finaliza solicitando que se acoja el arbitrio cautelar deducido y se deje sin efecto la Resolución que aplicó la multa.

A folio 8 informó don nombre reservado, Inspector Comunal del Trabajo de Coronel, y señala que la fiscalización practicada a la recurrida tiene su origen en el Programa de Fiscalización establecido en Circular N°29, de 17 de mayo de 2022, desarrollado como consecuencia de denuncias presentadas por parte de trabajadores y organizaciones sindicales ante la formulación de un contrato/anexo de trabajo con un cargo denominado “Operador de Tienda”. Indica que en este contexto la fiscalizadora doña nombre reservado, se constituyó en las dependencias de Rendic Hermanos S.A, ubicadas en domicilio reservado, a fin de llevar a cabo el proceso de fiscalización correspondiente a Comisión Nº 0807/2022/315, y luego de las diligencias pertinentes, pudo constatar infracción laboral consistente en no especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza de los servicios de los trabajadores detallados en la Resolución de Multa Nº 8521/2022/16, lo que constituye infracción al artículo 10 N°3, en relación con el artículo 506 del Código del Trabajo.

Arguye que el recurso de protección no está destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de una resolución administrativa, como sucede justamente en el caso de autos, en la que se discute acerca del alcance de las atribuciones de la Inspección del Trabajo al imponerse la resolución de multa N° 8521/2022/16.

Hace presente que la recurrente, en paralelo al ejercicio de presente acción constitucional, el 27 de julio 2022 interpuso reclamo judicial en contra de la multa 8521/2022/16, dando origen a los autos RIT I-12-2022, seguidos ante el Segundo Juzgado del Trabajo de Coronel, actualmente en tramitación.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que resulta útil recordar, una vez más, que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Segundo: Que efectuadas estas consideraciones generales, cabe destacar que la acción cautelar interpuesta cuestiona la dictación de la Resolución de Multa N° 8521/22/16, de 29 de junio de 2022, a cuyo respecto la recurrente interpuso reclamación judicial que dio origen a los autos Rit I-12-2022, tramitados ante el Segundo Juzgado de Letras de Coronel, tenidos a la vista a folio 11, de manera que asunto no puede prosperar en esta vía cautelar toda vez que ya fue sometido al imperio del derecho, específicamente ante la judicatura laboral especializada como corresponde a la naturaleza del conflicto.

Tercero: Que sin perjuicio de lo anterior, y sólo a mayor abundamiento, en cuanto a la afirmación efectuada por la recurrente en orden a que la Inspección del Trabajo carecería de las facultades para interpretar contratos o resolver contiendas laborales, cabe recordar que con fecha 30 de mayo de 1967 se promulgó el DFL N° 2, que dispone la reestructuración y fija funciones de la Dirección del Trabajo, persiguiendo alcanzar un adecuado desarrollo económico y social del país, y en el entendido que es función primordial del Estado velar por la correcta aplicación de las leyes que garantizan los derechos sociales de los trabajadores; a cuyo efecto se dejó claramente establecido, ya en el preámbulo de dicha normativa, cuál era la finalidad de dicho organismo “creado por ley para supervigilar la aplicación de esas leyes y realizar las demás funciones tendientes a asesorar al Supremo Gobierno en el desarrollo de la política social”.

Cuarto: Que en concordancia con lo anterior, el artículo 1° del citado DFL N° 2, establece cuáles son, en particular y sin perjuicio de otras que le encomienden leyes generales o especiales, las funciones de la Dirección del Trabajo, entre las que se cuentan, la fiscalización de la aplicación de la legislación laboral y la fijación, de oficio o a petición de parte, por medio de dictámenes, el sentido y alcance de las leyes del trabajo. Por su parte, el artículo 505 del Código del Trabajo le encomienda la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación justamente a la Dirección del Trabajo;

Quinto: Que así las cosas, no sólo porque la normativa que fija las atribuciones del organismo fiscalizador laboral es prístina en cuanto se le encomienda la interpretación de las leyes del trabajo con una generalidad y amplitud que ciertamente se condice con la finalidad cautelar que el marco legal impone al Servicio aludido, sino porque no existe ninguna posibilidad de que dicha institución cumpla su mandato legal sin realizar una actividad interpretativa, es que no existe infracción de ley alguna en la conducta desplegada por la recurrida.

Sexto: Que con el objeto de dar sustento a las afirmaciones antes vertidas, cabe tener presente que la expresión “interpretar” tiene, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, diversos significados que resultan aplicables al asunto que convoca a esta Corte, entre los que se cuentan los siguientes: explicar o declarar el sentido de algo y principalmente el de un texto; explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos; determinar el significado y alcance de las normas jurídicas. Así las cosas, es claro que el único modo en que la Dirección del Trabajo y sus Inspecciones Comunales pueden cumplir el imperativo de fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral es mediante la fijación del sentido y alcance de las normas que rigen la materia y la explicación, a la luz de esas normas, de las acciones desplegadas por las partes que intervienen en una relación laboral.

Séptimo: Que lo anterior en caso alguno implica una invasión de prerrogativas jurisdiccionales, especialmente aquellas contempladas en la letra a) del artículo 420 del Código del Trabajo, que radica en los tribunales de esta especialidad, la competencia para resolver las cuestiones relacionadas con la interpretación y aplicación de los contratos individuales y colectivos de trabajo.

Una correcta y armónica interpretación de la normativa en comento, nos lleva a concluir que la tarea fiscalizadora de la Dirección del Trabajo implica necesariamente una labor intelectual interpretativa con el objeto de discernir si una determinada conducta empleadora se ajusta a la norma cuyo cumplimiento se fiscaliza; pudiendo todo ello ser revisado por la judicatura laboral, en aquéllos casos en que el Código del ramo establece la procedencia del respetivo reclamo.

Octavo: Que por otra parte y en cuanto al fundamento de la sanción aplicada, no cabe efectuar ninguna consideración con el objeto de no invadir las prerrogativas de la judicatura especializada que se encuentra abocada justamente al análisis de la multa aplicada a la recurrente, en los autos RIT I-12-2022 ya citados.

Por esta consideraciones y visto además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de los recursos de protección y sus modificaciones, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido en estos autos.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra Nancy Bluck Bahamondes.

No firma la ministra suplente señora Claudia Montero Céspedes, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, en razón de haber cesado en su suplencia y retornado a su tribunal de origen.

N°Protección-63911-2022.