nombre reservado con CORPORACIÓN EDUCACIONAL NEWENTUN

C.A. de Concepción xsr Concepción, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparece el abogado don Ricardo Ponce Soto, en representación de don nombre reservado, profesor, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la CORPORACIÓN EDUCACIONAL NEWENTUN, en adelante “la Corporación” o “el Colegio”, representada legalmente por doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, El acto ilegal y arbitrario en que funda el recurso, lo hace consistir en la expulsión de su representado de su calidad de miembro de la Corporación, con vulneración de sus derechos contemplados en el artículo 19 Nºs 3 y 4 de la Constitución.

Expone que la recurrida es una Corporación Educacional de derecho privado sin fines de lucro, que surge en noviembre de 2016, como continuadora del Establecimiento Educacional “PITÁGORAS” y que se constituye con 4 profesores de ese establecimiento -uno de ellos el recurrente- y con las señoras nombre reservado y nombre reservado, eligiendo en Asamblea General Ordinaria Nº1 de 18/11/2016, como Administrador de la Corporación al actor, y a la Sra. nombre reservado como presidente.

Afirma que recién el 30 de junio de 2022, su representado se enteró mediante un correo electrónico que le envió una socia y miembro del Directorio de la Corporación, que en cesión del Comité de Ética realizada el 28 de junio de 2019, reunida a instancias de doña nombre reservado, se decidió su destitución por 4 de sus miembros, lo que lo lleva a suponer que se le quiso aplicar lo previsto en el artículo 8 letra d) de los Estatutos de la Corporación, esto es, que: “La calidad de socio se pierde por acuerdo del comité de ética adoptado por inhabilidad física o moral, por haber comprometido el socio el honor o los intereses de la corporación, o por incumplimiento grave de las obligaciones con la corporación”. Sin embargo, indica que el artículo 11º de los Estatutos, establece que la Corporación sesiona en asambleas generales ordinarias y extraordinarias, y que a su turno el artículo 13º, los reclamos en contra de los directores deben ser vistos en Asamblea General extraordinarias.

Dice que la gravedad de la sanción -expulsión- requería de una debida fundamentación y justificación del ejercicio de la potestad disciplinaria, exigencia que no se cumplió en la decisión adoptada, la que además se aplicó sin que hubiese existido un procedimiento previo que le hubiere permitido defenderse, con lo cual se infringió el principio de contradicción.

De esta forma, indica que en la expulsión de su representado se incurrió en diversas infracciones, a saber, la expulsión se adoptó por un órgano disciplinario inexistente, lo que sustenta en que pese a su calidad de socio fundador e integrante del Directorio, nunca supo de la existencia ni conformación de un “Comité de Ética”, ya que si bien el artículo 8 letra d) de los Estatutos, nunca se había constituido por lo que desconocía su formación y procedimiento, estimando que la reunión de un grupo de socios que analizó y juzgó su comportamiento constituía una “comisión de facto” sin competencia ni atribución alguna, además que de haber existido, se habría incumplido lo dispuesto en el artículo 14 de estos Estatuto, por no haber citado a sus miembros en la forma dispuesta en ellos.

Añade que con fecha el 30/08/2018 el recurrente fue desvinculado de su cargo de Administrador de la Corporación, por la causal del artículo 161 inciso 1º del Código del Trabajo, y a pesar de ello, en el Acta que se le adjuntó al correo que le enviaron el 30 de junio pasado, se describen una serie de faltas graves que le imputó la Comisión de Ética en la sesión del 28 de junio de 2019, esto es, un año después de haber sido despedido por la recurrida, lo que además de difamar gravemente su honra se referían a actos que habrían ocurrido cuando ya no trabajaba para Corporación.

Por otra parte, expresa que el artículo 1º de los Estatutos establece que “La Corporación Educacional se regirá por las disposiciones del D.F.L. Nº 2.998 del Ministerio de Educación, y de manera supletoria por las normas del título XXXIII del Libro Primero del Código Civil y por los presentes Estatutos.” En este sentido, sostiene que conforme al artículo 553 del Código Civil, el cargo de órgano de administración es incompatible con el de órgano disciplinario.

Sostiene que el actuar de la recurrida ha amenazado, perturbado y vulnerado los derechos fundamentales del recurrente consagrados en el artículo 19 Nº 3 y 4 de la Constitución Política de la República, al establecer sanciones y aplicar un poder sancionatorio sin apego a la Constitución, las leyes y al propio estatuto de la Corporación recurrida.

Pide acoger el recurso, y que se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida que deje sin efecto lo resuelto por la Comisión de Ética, esto es, la destitución y expulsión de en su calidad de socio y Director del recurrente, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1) correo electrónico de 01/07/2022, informando al recurrente de su supuesta destitución de la Corporación; 2) copia de escritura pública de 21/08/2019, que contiene la resolución del Comité de Ética; 3) estatutos de la Corporación Newentún; 4) finiquito del contrato de trabajo suscrito con fecha agosto de 2018; 5) certificado de 01/07/2022 del Servicio de Registro Civil de Concepción, en el que aparece el recurrente como miembro de la Corporación.

INFORMA POR LA RECURRIDA EL ABOGADO DON ANDRÉS GAVILÁN ZURITA.

Alega en primer término la extemporaneidad de la acción deducida. Señala que para justificar que la presente acción se interpuso dentro del plazo establecido en al Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de los recursos de protección, el recurrente afirma que recién se enteró de su expulsión de la Corporación el 30/06/2022, a través del correo electrónico que le envió doña nombre reservado, con el siguiente tenor:

“Estimado nombre reservado, junto con saludar, y dada la falta de respuesta por parte de la señora nombre reservado y del resto de los miembros de la Corporación durante toda una semana, y aunque no me corresponde informar respecto del estado, memorias y balances de la Institución, debo señalarte que en el juicio laboral que me obligó la señora nombre reservado a iniciar, luego de mi desvinculación, aquella presentó por medio de su defensa un acta reducida a escritura pública donde aseveran de tu expulsión hacia el año 2019, acto que me era desconocido hasta esta fecha, porque yo sólo participé de una sesión celebrada durante el año 2017 a propósito de tu desvinculación. Para mi sigues siendo miembro de la Corporación, pero este antecedente, que adjunto a este correo, y que de seguro no conoces, tal y como yo hasta este año en que tuvo lugar mi juicio laboral, puede darte las opciones de consultar en particular de tu situación dentro de la Institución...”

Sin embargo, el apoderado de la recurrida sostiene que el contenido de este correo no es creíble en atención a las siguientes consideraciones: porque la Sra. nombre reservado, hasta antes de su desvinculación de la Corporación a fines de 2021, era la Directora Académica del Centro de Educación de Adultos Newentún y, al igual que el actor, fue miembro del directorio de la Corporación desde su constitución, lo que hacía imposible creer que no se hubiese dado cuenta que desde el año 2019 el Sr. nombre reservado no participaba de las sesiones del directorio a las que ella no faltaba. Además, de los documentos que se acompañan consta que la Sra. nombre reservado firmó las citaciones que se hicieron a los directores para la Constitución del Comité de Ética el 28 junio de 2019, que determinó la destitución del recurrente como socio de la Corporación Educacional Newentún. Así las cosas, los antecedentes acompañados por su parte desvirtúan la tesis del recurrente que sólo se enteró el 30 de junio de este año que había sido destituido de la Corporación el 28 de junio de 2019, es decir, 3 años después del acto por el cual reclama.

En cuanto al fondo, pide el rechazo del recurso por no haber existido de parte de su representada ningún acto arbitrario o ilegal en contra del recurrente, afirmando que la pérdida de su calidad de socio se debió a sus propios actos según lo prescrito en los Estatutos de la Corporación, y respecto de lo cual la decisión del Comité de Ética sólo dejó en evidencia que su actuar comprometió los intereses de la recurrida, determinando su expulsión.

Sobre este punto, refiere que desde que se constituyó la Corporación el año 2016, el Sr. nombre reservado fue contratado como Administrador General con una jornada laboral de 44 horas cronológicas, advirtiendo ya en marzo de 2017 diversos errores en el desempeño de su gestión, tales como en el pago de cotizaciones, en gastos de recursos sin respaldo ni justificación que incluso durante un tiempo dejaron a los trabajadores -en su mayoría profesores- sin caja de compensación de asignación familiar por no haber realizado los pagos a la entidad previsional respectiva tras el cambio de persona jurídica, además de errores en el pago de sueldos, pagos de horas a un valor más alto sólo para él, abandono de su jornada laboral, pago de multas e intereses que su representada debió pagar en varias oportunidades debido a sus yerros y negligencia, todo lo cual le fue debidamente representado al recurrente y que finalmente determinó que se le pusiera término a su contrato de trabajo a fines de agosto de 2018.

Arguye que lo anterior demuestra que la pérdida de la calidad de socio del recurrente fue resultado de su propio actuar negligente y culpable y no producto de la arbitrariedad de su mandante, ni tampoco de un actuar ilegal puesto que se le aplicó lo establecido en el artículo 8 letra d) de los Estatutos de la Corporación Educacional Newentún.

Además, señala que el Sr. nombre reservado fue desvinculado del establecimiento el 30 de agosto de 2018 y que el Comité de Ética que decidió su destitución fue convocado nueves meses después de esa fecha y de haber dejado de ejercer su cargo de Director. Respecto a la citación del Comité de Ética, refiere que el texto de los Estatutos no señala ninguna formalidad, por lo que los Directores, siendo todos ellos desconocedores de leyes o procedimientos reglados, procedieron según lo que la prudencia y transparencia les aconsejó, acordando constituir el Comité en asamblea extraordinaria para estos efectos el 28 de junio de 2019, tras lo cual, este órgano resolvió dar de baja a la calidad de socio del recurrente por los hechos ya referidos y que aparecen descritos en las actas y documentos que se acompañan.

Finalmente, expresa que al momento de interponer el recurso el actor no se encontraba ejerciendo un derecho indubitado por lo que es imposible e improcedente acceder a lo solicitado por éste en el recurso el que en consecuencia debe ser rechazado. En efecto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 21, los Estatutos de la Corporación, un Director está imposibilitado para desempeñar su cargo cuando no asiste a sesiones por un periodo de seis meses consecutivo, y en este caso el actor se había alejado desde que fue despedido como trabajador el año 2018, por lo que al momento de interponer esta acción constitucional ya no estaba en posesión de su cargo por no haber asistido a sesión alguna por un periodo de más de seis meses consecutivos.

Agrega que en este tipo de Corporaciones, creadas por la ley 20.845, el registro de ellas lo lleva el Mineduc, y que este Ministerio, una vez que tomó concomimiento de la pérdida de la calidad de socio del Sr. nombre reservado, procedió a quitarle esa calidad en la plataforma que lleva para estos efectos en el mes de mayo de 2022, lo que conforme que al momento de interponer el recurso no se encontraba en posesión ni ejerciendo el derecho que reclama le ha sido privado o conculcado.

Pide por tanto el rechazo del recurso por no haber incurrido su representada en ningún acto ilegal o arbitrario y, consecuentemente, por no haber vulnerado los derechos fundamentales invocados por el recurrente.

Acompaña al informe: 1) Copias de Actas de Asambleas Generales Ordinarias de la Corporación Educacional Newentún correspondientes a la Nº 2 de 18/114/2016 y Nº 4 de 28 de junio de 2017; 2) Copias de reuniones extraordinarias de 19 y 20 de junio de 2017; 3) Citación a Directores nombre reservado y nombre reservado para asistir Asamblea Extraordinaria para constituir Comité de Ética el 28 de junio de 2019; 4) Copia de Acta de Asamblea Extraordinaria en la que conforma el Comité de Ética de fecha 28 junio de 2019 con copia de la resolución del Comité de Ética de la Corporación Educacional Newentún, de esa misma fecha 28; 4) Copia de Anexo de Contrato de 1 de diciembre de 2016 del recurrente y copia del finiquito de fecha 30/08/2018; 5) Copia de certificado de Directores y Representante Legal de la Corporación Educacional Newentún, emitido por la Secretaría Regional Ministerial de Educación Región del Biobío con fecha 2 de septiembre de 2022.

INFORMA POR LA SEREMI DE EDUCACIÓN, DOÑA ELIZABETH CHÁVEZ BRAVO.

Señala, en lo pertinente, que mediante Resolución Exenta Nº 2455 de fecha 14 de diciembre de 2017, se aprobaron por esa Secretaría Regional los estatutos de la Corporación Educacional Newentún, inscrita bajo el Nº 990 en el Registro de Personas Jurídicas Educacionales sin fin de lucro, a cargo del Ministerio de Educación, cuya representante legal es doña nombre reservado; posteriormente, por Resolución Exenta Nº 67 de 18/01/2017, se aprobó conforme al artículo 2º transitorio de la Ley 20.845, la transferencia de la calidad de sostenedor del Establecimiento Educacional Centro de Educación y Adultos Pitágoras, hoy Centro de Educación Integrada de Adultos Newentún, RBD, Nº 17.701-8, de la comuna de Concepción, a la mencionada Corporación, la que quedó como única sostenedora del establecimiento a contar de la fecha de dictación del acto administrativo.

Señala que por presentación de 5/07/2022, doña nombre reservado, en su calidad de representante legal de la Corporación Educacional Newentún, comunicó a esa Secretaría Regional que, por Resolución del Comité de Ética de la Corporación de fecha 28/06/2019, se expulsó de la entidad a don nombre reservado, ocurriendo lo propio con doña nombre reservado por Resolución de 31/05/2022, ambas debidamente reducidas a escritura pública, requiriendo la eliminación en el registro de las personas individualizadas, solicitud de la que se tomó nota en el registro en el mes de septiembre del presente año.

Conforme a lo indicado, y según lo dispuesto en el artículo 58 A y siguientes del D.F.L Nº 2 del año 1998 y al Decreto Supremo Nº 364 del año 2015, ambos del Ministerio de Educación, esta cartera de Estado carece de facultades para emitir un pronunciamiento respecto del correcto o incorrecto cumplimiento de los estatutos por parte de los asociados a la corporación educacional en comento.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1º Que, la acción constitucional de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aún en grado de amenaza, los derechos y garantías protegidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 del mismo texto constitucional; otorgándose a la Corte de Apelaciones respectiva competencia para adoptar todas las medidas conducentes dirigidas a lograr que cese la privación, perturbación o amenaza.

Tal acción constitucional constituye una vía de urgencia, autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que la misma enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Así, resulta requisito indispensable de esta acción constitucional, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley; o arbitrario, es decir, producto de una voluntad no gobernada por la razón, sino por el capricho y que provoque algunas de las instituciones o efectos indicados, afectando a uno o más de los derechos y garantías protegidas por el constituyente.

2º.- Que en primer término, cabe consignar que el recurso se deduce en contra de la Corporación Educacional Newentún, representada legalmente por doña nombre reservado, indicando como acto arbitrario e ilegal la sesión del “Comité de Ética de la Corporación”, realizada el 28 de junio de 2019, en la cual se acordó la destitución del recurrente como miembro y socio de la Corporación recurrida.

Sostiene el actor que sólo mediante el correo electrónico que le envió doña nombre reservado, socia y miembro del Directorio de la Corporación recurrida con fecha 30 de junio de 2022, recién se enteró de la reunión del Comité de ética y de su expulsión.

3º.- Que los argumentos y el correo electrónico en los que el recurrente sostiene que la interposición de la presente acción lo fue dentro de plazo no resultan suficientes, por no ser efectivas las afirmaciones que se consignan en dicha comunicación por la persona que las emite, esto es, la Sra. nombre reservado.

La falta de credibilidad de la información se asienta no sólo en la circunstancia que la Sra. nombre reservado -al igual que el recurrente- fue miembro del directorio de la Corporación desde la constitución del mismo, y que en dicho carácter suscribió la citación de los Directores para asistir a Asamblea Extraordinaria de fecha 28 de junio de 2019 con el fin de constituir el Comité de Ética, destinado a revisar la situación del actor, sesión en la que se determinó su destitución como socio y miembro del directorio. Cabe señalar que, además, la Sra. nombre reservado fue la Directora del establecimiento hasta su desvinculación a fines del 2021. En este sentido, en su calidad de miembro activo del Directorio de la Sra. nombre reservado, no resulta creíble que no haya sabido de la decisión adoptada sobre la destitución del actor y, consecuentemente, el sólo mérito de este correo electrónico es insuficiente para dar por acreditado que el actor sólo supo de su expulsión en la fecha en que recibió esta comunicación.

4º.- Que, en consecuencia, al interponerse la presente acción de protección con fecha 29 de julio de 2022, sólo cabe concluir que el recurso resulta extemporáneo, ya que a esa fecha había transcurrido con creces el plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ocurrencia del hecho que lo motivó, esto es, la sesión del Comité de Ética de fecha 29 de junio de 2019 que dispuso su expulsión de la Corporación.

5º.- Que, por otra parte, como ya se indicado, la presente acción cautelar, está destinada a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales afectados estén indubitados, situación que no acontece en este caso en que de acuerdo a lo señalado en el artículo 21 de los Estatutos de la Corporación, el actor dejó de estar en posesión del cargo de Director por no haber asistido a ninguna sesión por un periodo superior a seis meses consecutivos, toda vez que desde que fue despedido del cargo de Administrador el 30 de agosto de 2018, no consta que haya participado en las asambleas de la Corporación, 6º.- Que atendido lo concluido precedentemente, es innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se indican como conculcadas y a ponderar los demás antecedentes acompañados por las partes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el interpuesto en representación de don nombre reservado, en contra de la Corporación Educacional Newentún, representada legalmente por doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y oportunamente archívese.

Se deja constancia que en el estudio de los antecedentes se hizo uso de lo previsto en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Redacción de la ministra Viviana Alexandra Iza Miranda.

Aunque concurrió a la vista y al acuerdo de la causa y redactó la sentencia, no firma la ministra señora Iza, por estar haciendo uso de licencia médica.

N°Protección-62538-2022.