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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 61100-202230 nov 2022

nombre reservado con ZENIT SEGUROS GENERALES S.A. Y OTRO

Fecha
30 de noviembre de 2022
Corte
Corte de Apelaciones de Concepción
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N° 61100-2022, sentencia de 30 de noviembre de 2022

Resumen

Se rechaza el recurso de protección deducido contra la aseguradora: el asunto exige interpretar el contrato de seguro y sus condiciones particulares, labor propia de los tribunales ordinarios, y el recurso no es declarativo de derechos ni sustituye esa vía.

Texto íntegro

C.A. de Concepción rtp Concepción, treinta de noviembre de dos mil veintidós.

VISTO:

En estos autos ingreso Corte Rol 61.100-2022 comparece deduciendo recurso de protección Lía González Castro, abogada, cuya individualización indica, en representación de don nombre reservado, número de cédula de identidad, profesión y domicilio que indica en su recurso y del Hospital Médico Veterinario nombre reservado E.I.R.L., en contra de Zenit Seguros Generales S.A., representada por don nombre reservado, ambos con domicilio en Santiago, y en contra de nombre reservado Liquidadores y Compañía S.P.A, representada por don nombre reservado.

Señala que don nombre reservado es dueño de la empresa Hospital Médico Veterinario nombre reservado E.I.R.L. Añade que el 7 de septiembre de 2019 en representación de la empresa, contrata un seguro de vehículo por intermediario de Banco Santander Chile S.A., con Zenit seguro S.A. para su camioneta marca SSANGYONKD/ MUSSO PICK UP, año 2019. Explica que el contrato de seguro se rige bajo las condiciones generales POL 120130214; POL 120130194 y condiciones particulares.

Relata que el 22 de abril de 2022 el recurrente iba conduciendo su camioneta y al pasar por debajo del paso nivel de la avenida Andalién en Concepción, por el temporal de lluvia y viento se detuvo bruscamente en medio de la calzada y al bajar del vehículo se encuentra con una inundación provocada por un temporal. Indica que se intentó comunicar con la aseguradora, ya que dentro de las prestaciones contratadas se encontraba el servicio de grúa, sin encontrar respuesta, para más tarde conseguir grúa para remolcar la camioneta hasta su casa.

Continúa señalando que el 24 de abril ingresó siniestro a la aseguradora, asignándosele el N°165876, posteriormente recibe un correo de la misma, en el que se le informaba que se asignó como liquidador a nombre reservado y el taller asignado para la reparación era Truck Service Ltda., así el 27 de abril contrato una grúa, para remolcar la camioneta hasta el taller. Relata que al día siguiente le informan desde el taller que el vehículo iba a ser trasladado a Automotriz Cordillera, representantes oficiales de la marca, ya que la camioneta aún está bajo garantía, traslado que iba a ser realizado por el liquidador Sr. nombre reservado, quien además se comunicaría con el recurrente para informarle de los daños y presupuesto.

Explica que pasada una semana se comunicó con Automotriz Cordillera, y se enteró que la camioneta no había sido ingresada, por lo que se comunicó con Truck Service desde donde le informan que el Sr. nombre reservado no había traslado la camioneta.

Por lo anteriormente expuesto, el recurrente se comunicó con Zenit quienes le comunican que se había designado un nuevo liquidador, a don nombre reservado, con quien no se pudo comunicar, lo que significó que su estado de salud mental se viera gravemente afectado, toda vez que era de vital importancia que la camioneta fuera reparada lo antes posible para que el motor no sufriera importantes daños.

Refiere que, ante la nula diligencia del nuevo liquidador, el 13 de mayo envía correo electrónico al ejecutivo del Banco Santander, informado el incumplimiento de la aseguradora y solicitando ayuda para obtener una respuesta, quienes le contestaron que comunicados con Zenit, éstos informaron que la camioneta ya se encontraba en la Automotriz Cordillera y que tenían 6 días hábiles para revisar, además le dieron el correo del liquidador don nombre reservado.

Afirma que el 20 de mayo de 2022, recibe un mail de la asistente de nombre reservado Liquidadores y Cía. Ltda., en el cual se le comunica que se le ha designado como nuevo liquidador a Don nombre reservado y le solicita enviar los diversos documentos, ese mismo día el Sr. nombre reservado le informa que los daños que presenta vehículo en motor, por causa de aspiración de agua, no son sujetos a indemnización, por tanto, el siniestro no se encuentra con cobertura, adjuntando extracto de póliza, III. EXCLUSIONES Artículo 5: Exclusiones. El presente seguro no cubre 15) Los daños causados al motor como consecuencia de la aspiración de agua u otro líquido en su interior, por cualquier causa.

Expresa que al recibir el correo consultó la póliza respectiva, y en la parte de “Condiciones Particulares”, señala: 1.- DESCRIPCION DE LAS COBERTURAS. Las coberturas otorgadas en virtud de este seguro son las siguientes: (g) Daños Materiales a consecuencia de Riesgos de la Naturaleza. La Compañía cubrirá los daños del vehículo asegurado que directamente tengan por origen o fueran una consecuencia de erupción volcánica, salida de mar de origen no sísmico, inundación o avalancha, deslizamiento de tierra, huracán o ciclón; así como las pérdidas o daños que ocurran a causa de la situación anormal provocada por cualquiera de los hechos mencionados.

Relata que desde el 27 de abril hasta el 22 de mayo la camioneta siniestrada ha estado bajo la custodia de las diferentes liquidadoras y debido a la respuesta entregada por el señor nombre reservado y la falta de respuesta de la aseguradora y liquidadora para enviar el informe final de liquidación, documento indispensable para realizar las objeciones pertinentes, el recurrente se vio obligado a asumir el costo de la reparación de la camioneta de modo particular.

Refiere que actualmente el vehículo siniestrado fue reparado en taller Automotriz Codillera S.A., y el valor de la reparación del vehículo haciende a $12.038.173 monto que está asumiendo el recurrente toda vez que no podía esperar a que solucionara el conflicto del rechazo del siniestro.

Expresa que hasta la fecha el informe de liquidación no ha sido enviado, por lo que este se ha visto privado de ejercer las acciones respectivas, así el plazo para interponer el presente recurso no ha comenzado a computarse ya que el recurrente no ha tomado conocimiento efectivo a través de un informe de liquidación que cumpla con los requisitos legales, que informe los fundamentos del rechazo. Agrega que se enteró el 19 de mayo de 2022 de la designación del liquidador final por lo que el plazo para que emita y notifique el informe de liquidación venció con el 03 de julio de 2022, por lo que el presente Recurso de Protección ha sido interpuesto dentro de plazo legal.

Arguye que en este caso no existe controversia alguna ya que la ley y la normativa aplicable es clara en señalar la forma en que debe proceder la aseguradora en el cumplimiento de sus obligaciones, y tal como lo ha dicho la jurisprudencia, en orden a que para que exista un derecho de carácter indubitado este no debe ser controvertido, esto debido a que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa.

Sostiene que es de manifiesto que la recurrida ha incurrido en acciones ilegales y arbitrarias en la forma de proceder, por cuanto incumplió e hizo caso omiso al contrato legalmente celebrado por las partes a ley y a la normativa sectorial vigente que regulan el contrato de seguro, y si bien en la especie la liquidadora invocó una excepción excluida en la póliza de condiciones generales, esta exclusión no debía ser aplicada.

Agrega que el recurrente adicionalmente contrató seguro de asistencia al vehículo, y al ocurrir el siniestro intentó comunicarse con la aseguradora para solicitar servicio de grúa para remolcar el vehículo, intentando comunicarse en reiteras ocasiones sin obtener respuesta, cuando el servicio ofrecido y contratado por mi representado es un servicio de 24 horas.

Sostiene que la recurrida injustificadamente se ha negado enviar el informe de liquidación, para lo que según dispone el decreto Ley N°1055 en su artículo 23, tiene 45 días para hacerlo, lo que no ha ocurrido a la fecha de la interposición del presente recurso.

Acusa que se ha vulnerado el derecho a la vida, integridad física y psíquica consagrado en el N°1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que debido a la nula respuesta del servicio de grúa contratado, el recurrente estuvo expuesto largas horas de la noche el día del siniestro a la intemperie, al frio y a la lluvia hasta la espera del servicio de grúa que tuvo que asumir por cuenta propia.

También, señala, se ha afectado la igualdad ante la ley consagrada en el N°2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto se ha visto privado de obtener una respuesta integra y completa de su siniestro, de acuerdo a la normativa sectorial vigente y se ha visto privado de ejercer las acciones legales pertinentes.

Agrega que se ha vulnerado la garantía del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, toda vez que ha sido juzgado previamente por la aseguradora y liquidadora sin respetar el procedimiento legal establecido al efecto. Asimismo, se han vulnerado las garantías de los números 16 y 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que por las demoras injustificadas, ilegales y arbitrarias de la recurrida, el recurrente se ha visto privado de ejecutar libremente su trabajo ya que no ha podido realizar atenciones veterinarias a domicilio.

Finalmente señala que se ha vulnerado su derecho de propiedad del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que la finalidad de celebrar el contrato de seguro, tienen por objeto la indemnización de los daños sufridos por el asegurado y pueden recaer sobre cosas corporales, derechos o sobre un patrimonio y al incumplir las obligaciones legales el recurrente ha visto afectado su patrimonio ya que debido al actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, ha tenido que desembolsar grandes cantidades de dinero lo que ha afectado gravemente su patrimonio.

Solicita hacer lugar al recurso de protección, con expresa condena en costas, ordenando a las recurridas a: 1. Emitir informe de liquidación respectivo; 2. Que la aseguradora restituya el monto de $12.038.173, que mi representada y la empresa se vieron obligadas a pagar ante la negativa injustificada de emitir informe de liquidación y ante la negativa de cumplir con la obligación legalmente asumida por la recurrida.

Informó Neva Benavides Hernández, abogado, en representación de la recurrida Zenit Seguros Generales S.A., señalando que no ha habido un acto arbitrario o ilegal por parte de Zenit Seguros Generales S.A., toda vez que el rechazo del siniestro se funda, por una parte, en la conclusión a la que se arribó el liquidador oficial de seguros luego de un proceso de investigación en que se determinó que el motor del vehículo se dañó como consecuencia directa de la aspiración de agua, y por otra se encuentra completamente acreditado que el motor aspiró agua luego de que el asegurado transitara por un paso bajo nivel inundado por temporal de lluvia.

Indica que consta que la fecha del informe de liquidación que rechazó la cobertura es el 1 de junio de 2022, decisión que no fue impugnada por el asegurado dentro del plazo establecido en el artículo 26 del Decreto N°1055, que regula el procedimiento de liquidación, por lo tanto, el recurso es manifiestamente extemporáneo, además, el recurrente pretende configurar artificialmente un plazo alegando no haber tenido conocimiento efectivo del rechazo del siniestro, sin embargo, es claro que si lo tuvo, tanto así que alega haber reparado el vehículo por su cuenta en el intertanto.

Sostiene que no hay una vulneración de derechos fundamentales que pueda ser objeto de un recurso de protección, sino una controversia civil sobre la cobertura de un seguro y la interpretación de las cláusulas del contrato, que debe ser conocida por la justicia ordinaria en un juicio de lato conocimiento. En consecuencia, estima que el recurso de protección es completamente improcedente por no tratarse de un derecho indubitado sino un conflicto civil entre partes.

Enfatiza que lo que se persigue por medio de este recurso es que esta Corte se pronuncie sobre la interpretación del contrato de seguro y sobre la aplicación de sus condiciones, evitando el correspondiente procedimiento dispuesto en la ley para resolver estas materias. Sostiene que requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar que los derechos se encuentren indubitados, lo que no ocurre en el presente caso.

Expresa que, si bien no se individualiza correctamente el contrato de seguro, cuyo cumplimiento se está solicitando, este correspondería a una póliza de seguro contratada por Hospital Veterinario con Zenit Seguros Generales S.A., vigente al día 22 de abril de 2022, pero recurrente se refiere en su escrito a otra póliza y acompaña el certificado de cobertura de un contrato con vigencia hasta el 7 de septiembre de 2021, es decir no vigente a la época del siniestro.

Sin perjuicio de lo anterior, la póliza vigente a la época del siniestro es la Póliza N°4469339 con vigencia desde el 10 de septiembre de 2021 hasta el 10 de septiembre de 2023, la que está compuesta tanto por las Condiciones Generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero, POL 120160325, como por las Condiciones Particulares del mismo.

Explica que entre las coberturas contratadas se encuentra la de daños al vehículo asegurado y en el artículo 5 de la póliza señala que son riesgos no comprendidos dentro de la cobertura “Los daños causados al motor como consecuencia de la aspiración de agua u otro líquido en su interior, por cualquier causa”. Agrega que el 24 de abril de 2022 el señor nombre reservado declaró ante la aseguradora que al pasar por el paso bajo nivel que se encontraba con agua, la camioneta se paró bruscamente teniendo que ser remolcada a su domicilio.

Relata que, recibida la denuncia, la recurrida inició el procedimiento de liquidación, la que tiene por fin, según lo dispone el artículo 61 del DFL N° 251, determinar la ocurrencia del siniestro, si el riesgo está bajo cobertura, y el monto de la indemnización a pagar en caso de ser procedente. Añade que la liquidación la realizó nombre reservado Liquidadores y Cía. SpA.

Continúa señalando que el 1 de junio de 2022 se emitió el Informe final de liquidación en el cual se estableció que el siniestro no cuenta con cobertura en la póliza toda vez que el daño por aspiración de agua por el motor se encuentra expresamente excluido de cobertura en la póliza, específicamente en el artículo 5 de la POL120160325. Indica que el informe de liquidación no fue impugnado por el asegurado, por lo que el proceso de liquidación llegó a su fin con la emisión del informe señalado con fecha 1 de junio de 2022.

Alega la extemporaneidad del recurso, toda vez que de acuerdo con lo señalado en el recurso el acto impugnado es el rechazo de la cobertura de la que tuvo conocimiento el 20 de mayo de 2022, adicionalmente existe informe de Liquidación de 1 de junio de 2022 y el recurso se interpuso el 25 de julio de 2022, por lo que resulta evidente que fue interpuesto totalmente fuera de plazo, atendido lo dispuesto en el Acordado que regula el procedimiento de la acción de protección. Añade que el recurrente intenta justificar la extemporaneidad en la circunstancia de no haber tomado formalmente conocimiento de los hechos hasta la fecha por cuanto no existiría un informe de liquidación, lo cual estima falso y abusivo, ya que el recurrente acompaña en su presentación una factura de fecha 30 de junio de 2022 además de expresar que el día 20 de mayo de 2022 recibió un correo electrónico de los liquidadores informándole que el siniestro no contaba con cobertura en la póliza.

Sostiene que no ha existido un acto arbitrario o ilegal por parte de la recurrida, ya que el rechazo de la cobertura del siniestro se ha basado en las conclusiones del Informe de Liquidación emitido por los liquidadores oficiales de seguros, el cual a su vez se funda en los hechos acreditados durante el proceso de liquidación y en la aplicación de las normas contractuales acordadas por las partes. Hace presente, que de acuerdo a lo señalado por el Decreto N°1055, la liquidación en este caso fue realizada por un tercero independiente de la compañía aseguradora y no directamente por esta última.

Indica que respecto a la perturbación del derecho a la vida e integridad física y psíquica que acusa el señor nombre reservado, indica que el hecho de que el asegurado tuvo que esperar largo tiempo expuesto al frio no puede ser considerado una vulneración al referido derecho, además no consta que el asegurado haya solicitado la grúa a la recurrida.

En relación con el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, lo que afirma el asegurado no es efectivo, lo que hizo el liquidador fue precisamente liquidar el siniestro de acuerdo con las normas legales y reglamentarias que rigen el procedimiento de liquidación. Continúa señalando que respecto a la libertad de trabajo y desarrollo de actividad económica, el rechazo del siniestro no ha privado al asegurado de ejecutar libremente su actividad económica, el argumento es insostenible, más si se considera que alega haber reparado el vehículo con anterioridad a la presentación del presente recurso.

Por último, y en lo relativo al derecho de propiedad, estima que el recurrente no tienen un derecho de propiedad sobre la eventual indemnización del seguro, así en un contrato de seguro el derecho del asegurado a ser indemnizado no procede a todo evento, solo existirá indemnización cuando el riesgo esté cubierto por ésta. Asimismo, no hay derechos adquiridos en un contrato de seguro.

Explica que para que proceda la acción de protección es indispensable que el derecho invocado se encuentre indubitado, que no exista controversia en cuanto a la existencia de este, y en la especie no estamos frente a un derecho indubitado, ya que existe una clara controversia entre el asegurado y la recurrida en relación con la procedencia de la cobertura del contrato de seguro y la aplicación de las cláusulas establecidas en el contrato.

Alega que el recurso de protección no es la vía idónea resolver la presente controversia, ya que se refiere a una diferencia suscitada entre las partes en relación con la interpretación del contrato de seguro y con el cumplimiento de este, asunto que debe discutirse en un juicio de lato conocimiento ante el tribunal competente, así, estima que esta Corte carece de competencia para conocer y pronunciarse, mediante el Recurso de Protección, sobre una materia que, de conformidad al contrato y la ley que regula la materia, quedó entregada a la decisión de un árbitro y/o de la Justicia Ordinaria en un juicio de lato conocimiento.

Concluye señalando que, por lo antes relatado, esta Corte no se encuentra en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, toda vez las alegaciones de la parte recurrente exceden con mucho el ámbito de un recurso de protección.

Informó nombre reservado, en representación de nombre reservado Liquidadores y Compañía SpA., quien señala que su representada tiene la calidad de liquidadora oficial de seguros debidamente registrada en la Comisión para el Mercado Financiero. Explica que el artículo 61 del DFL N° 251, dispone que la liquidación de los siniestros amparados por un seguro podrán practicarla las compañías directamente o encomendarla a un liquidador registrado en la Superintendencia.

Relata que, una vez recibida la asignación del caso, la recurrida dio inicio al procedimiento de liquidación el que concluyó inequívocamente que el siniestro no contaba con cobertura en la póliza contratada. Expone que el siniestro corresponde a daños en el motor del vehículo como consecuencia de la aspiración de agua por el motor y el propio asegurado declaró que al pasar por un paso bajo nivel que se encontraba con agua, la camioneta se paró bruscamente debiendo ser remolcada hasta su domicilio.

Refiere que el 20 de mayo de 2022 se informó al recurrente el rechazo y señala que de acuerdo con los antecedentes y una vez analizadas las disposiciones establecidas en la póliza de vehículos motorizados inscrita bajo el código POL120160325 y sus adicionales, el siniestro en cuestión no cuenta con cobertura en la póliza contratada. Añade que tras la inspección del vehículo y el análisis de los antecedentes declarados se determinó que el daño presentado en el motor se debe a la aspiración de agua que ingresó al motor y sus componentes, lo que no se encuentra cubierto según lo estipulado en las condiciones generales de la POL120140295, según el artículo 5.2 de la póliza.

Indica que las conclusiones del rechazo cuentan con fundamentos técnicos y contractualmente claros y debidamente acreditados, y lo señalado por el recurrente en cuanto a que tendría una cobertura adicional de daños a consecuencia de riesgos de la naturaleza no es correcto, ya que es manifiesto en el contrato que esa cobertura no comprende daños como consecuencia de aspiración de agua.

Alega que el recurrente reconoce que tomó conocimiento del rechazo con fecha 20 de mayo de 2022, y el recurso fue interpuesto una vez cumplido el plazo de 30 días dispuesto para la acción de protección de derechos fundamentales, por lo que el recurso fue interpuesto en forma extemporánea, razón suficiente para ser rechazado. Sostiene que no ha existido un acto arbitrario o ilegal por parte de nombre reservado Liquidadores de Seguros SpA., toda vez que el siniestro no tiene cobertura conforme a las condiciones contractuales acordadas entre las partes y la póliza de seguro no cuenta con cobertura para el riesgo de aspiración de agua u otros líquidos por parte del motor, por cualquier causa.

Luego de señalar que no ha habido privación, perturbación o amenaza de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°1, N°2, N°3, N°16 y 21, sostiene que no estamos en presencia de un derecho indubitado, ya que en la especie existe debate en relación con la procedencia de la cobertura del contrato de seguro y la aplicación de las cláusulas establecidas en el contrato, además de que el recurso de protección no es la vía judicial para solicitar la declaración de derechos subjetivos ni el pago de una indemnización de perjuicios, pretensión que, estima, constituye un abuso de la acción constitucional de protección de derechos fundamentales.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección de derechos y garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, para que la acción constitucional de la especie sea acogida, es necesario el cumplimiento de ciertos requisitos copulativos. Dichos requisitos se desprenden del desglose del referido artículo 20 que consagra el recurso de protección, y se consideran como tales, los siguientes; i) que existan actos u omisiones arbitrarios o ilegales; ii) que dichos actos u omisiones arbitrarios o ilegales produzcan privación, perturbación o amenaza; y iii) que, tal privación, perturbación o amenaza conculque el legítimo ejercicio de los derechos y garantías contempladas en dicha disposición. Del mismo modo, doctrinariamente se han agregado otros, como consta de lo expresado por la Excma. Corte Suprema, en causa rol 41-2017: “La acción o recurso de protección requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria; b) la afectación, expresada en la privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto; c) relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado”.

Tercero: Que, en relación a las alegaciones de extemporaneidad efectuada tanto por la recurrida Zenit Seguros Generales S.A., como por nombre reservado Liquidadores y Compañía SpA, afirmando esta última que el recurrente tomó conocimiento del informe final de liquidación el 20 de mayo de 2022, y al sostener la primera, que la fecha el informe de liquidación del seguro que rechazó la cobertura solicitada por el recurrente es de fecha 1 de junio de 2022, por lo que al deducir el recurso con fecha 25 de julio de 2022, se ha deducido fuera de los 30 días contados desde tal data conforme dispone el Auto Acordado de la materia.

Sin embargo, de la pretensión de las recurridas, de los antecedentes aparejados al recurso no resulta clara la fecha en que formalmente tomó conocimiento el recurrente del informe final de que se trata, y es dicho acto el que se estima ilegal o arbitrario. Conforme a lo anterior la alegación de extemporaneidad intentada por la recurrida será desestimada.

Cuarto: Que, en cuanto al fondo del asunto sometido a esta sede jurisdiccional, y para entender cumplidos los requisitos de procedencia de esta clase de acción constitucional, no basta únicamente con aducirlos, sino que es estrictamente necesario acompañar antecedentes suficientes que permitan a los sentenciadores de grado, valorando los antecedentes de acuerdo a sana crítica, alcanzar la convicción sobre la existencia y realidad de los actos u omisiones arbitrarios e ilegales denunciados, que son los que habrían producido privación, perturbación o amenaza en los derechos cuya conculcación se estima.

Quinto: Que, en el caso de autos, la recurrente de la especie tilda de arbitrario e ilegal la negativa de la aseguradora recurrida de indemnizar daños en vehículo en particular la camioneta del recurrente por agua, al cruzar un paso bajo nivel en un día de lluvia, explica que el vehículo entró a taller, informándole más tarde que el seguro no respondería de los daños y reparación por las exclusiones contenidas en el contrato de seguro. Refiere además que las condiciones particulares de su seguro cubren hechos de la naturaleza.

En su caso la Compañía de Seguros recurrida explica que entre las coberturas contratadas en el seguro se encuentra la de daños al vehículo asegurado y en el artículo 5 de la póliza se señalan que son riesgos no comprendidos dentro de la cobertura los daños causados al motor como consecuencia de la aspiración de agua u otro líquido en su interior por cualquier causa. Refiere que el 24 de abril de 2022, el recurrente declaró a la aseguradora que al pasar por el paso bajo nivel que se encontraba con agua, la camioneta se detuvo repentinamente teniendo que ser remolcada a su domicilio. De esta forma, el informe final de 1 de junio de 2022, concluyó que el siniestro denunciado, no cuenta con cobertura de la póliza de seguros tomada, toda vez que el daño por aspiración de agua se encuentra expresamente excluido de la misma.

A su turno informando en estos antecedentes la recurrida nombre reservado liquidadores Cia. Ltda., refiere que una vez recibida la asignación del caso se dio inicio al procedimiento de liquidación el que concluyo inequívocamente que el siniestro no contaba con la con cobertura en la póliza contratada, y expone que el siniestro corresponde a daños en el motor del vehículo como consecuencia de aspiración de agua por motor, y el propio asegurado declaró que pasó por un bajo nivel que se encontraba inundado y que la camioneta se detuvo debiendo ser remolcada.

Sexto: Que, en este particular escenario fáctico, y considerando el ámbito de competencia de la acción constitucional de Protección aparece determinado un ámbito restringido de esta acción constitucional, de naturaleza de emergencia y cautelar, resulta evidente que para decidir el asunto sometido la decisión jurisdiccional esta corte debiera interpretar el contrato de seguro, y decidir sobre la aplicación de sus particulares condiciones, y ocurre que por la naturaleza ya especificada de este tipo de acción constitucional no puede transformarse en un sustituto jurisdiccional, ni reemplazar la labor respectiva que tienen los tribunales ordinarios establecidos en la ley.

Conforme a lo que se viene indicando es claro que el recurrente de la especie se presenta sin poseer un derecho indubitado. En ese mismo sentido es claro que el recurso de protección no es declarativo de derechos, sino que, por el contrario, la labor encomendada a las cortes de apelaciones, por el constituyente, es el restablecimiento de un derecho del que el recurrente es titular indiscutido, y respecto del cual ha sido despojado ilegal o arbitrariamente o, al menos, perturbado en su legítimo ejercicio, aún en grado de amenaza.

Séptimo: Que, atendido lo reflexionado en los motivos precedentes, el recurso interpuesto no participa de ninguno de los presupuestos o requisitos que se consignaron para dar lugar a la protección impetrada, razón por la que ésta debe ser rechazada.

Por estas consideraciones, lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada, Lía González Castro, abogada, en representación de don nombre reservado, y del Hospital Médico Veterinario nombre reservado E.I.R.L., en contra de Zenit Seguros Generales S.A., representada por don nombre reservado.

Se previene que la ministra Nancy Bluck Bahamondes concurre al fallo teniendo únicamente presente que el asunto discutido dice relación con la interpretación de la póliza de seguro, de manera que excede el ámbito de aplicación del recurso de protección.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Rafael L. Andrade Díaz, y la prevención, su autora.

N°Protección-61100-2022.