Protección contra Tesorería Regional del Biobío

C.A. de Concepción Concepción, tres de julio de dos mil dieciocho.

VISTO:

nombre reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Tesorería Regional del Biobío, con domicilio en domicilio reservado, y del Servicio de Impuestos Internos, con domicilio en domicilio reservado, y se ordene dejar vigente la declaración de impuestos ya cancelada al SII del año 2017, que cesen las acciones de retención de bienes de su propiedad y se regularice en el sistema de declaración del SII 2017, vulnerándose las garantías de los numerales 3 y 24 del artículo 19 del Constitución Política de la República Explica que habiendo presentado su declaración de rentas el 2017 ante el SII, se presentó una rectificación de la misma por su contadora, la cual fue aceptada por el Servicio, y pagada, sin embargo, la recurrida acciona por el cobro y pago de la primera declaración.

Indica que luego, el 21 de marzo pasado su contadora presenta reclamación y petición folio 77318519551, ante fiscalizadores del Servicio, señalando que sobre el mismo periodo existen dos declaraciones vigentes en su sistema, y que le estaban cobrando ambas, y que la primera estaba totalmente pagada, y sobre la segunda ya se le efectuaron embargos, no obstante ello, a 3 meses de su presentación, no tiene respuesta, y Tesorería sigue ejecutando acciones en su contra.

El actuar es arbitrario e ilegal, porque el Servicio acepta el pago de su rectificación de su declaración, pero deja vigente la anterior en el sistema enviando el cobro a Tesorería y esta continúa actuando en su contra sin solicitar aclaración al SII.

Informando Tesorería General de la República señala que se ha ejercido en el expediente administrativo Rol 10.693-2017 de nombre reservado la acción de cobro ejecutivo en contra del recurrente, por deuda de impuesto fiscal contenida en el F.22 folio 226148577, en donde el 23/10/2017 el recurrente fue notificado de encontrarse en mora de pago de impuesto fiscal F.22 folio 226148577 por $18.239.221, fue requerido de pago y al no verificarse, se le embargó $1.394.635 que mantenía depositados en las cuentas N°[cuenta reservada] y 53670093651 ambas del Banco Estado y $766.376 que mantenía en la cuenta corriente N°[cuenta reservada] del Banco Santander. Asi también el 30 de mayo de 2018 procedió a trabar embargo sobre dineros depositados en la cuenta N°[cuenta reservada] sin resultados positivos, dictando al efecto la resolución de ampliación del embargo la cual fue primero notificada por cédula en su domicilio y luego al Banco Estado.

Afirma que el problema que plantea el recurrente es una reclamación de impuestos, lo que no es propio de un recurso de protección, no siendo el recurso de protección la vía idónea para impugnar resoluciones judiciales, como en este caso sería la resolución que decreto la ampliación del embargo.

También informa el Servicio de Impuestos Internos solicitando el rechazo del recurso por cuanto si bien el 24/04/2017 el recurrente dentro de plazo legal presento declaración de impuestos anuales a la renta AT 2017, mediante F.22 folio 226148577, respecto del cual se inició procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias, originando el expediente administrativo rol N°10.963-2017 donde se procedió a embargar los dineros que el actor mantenía en sus cuentas corrientes. Luego su contadora presentó ante el Banco Santander una declaración rectificatoria por medio del cual determinó y pagó un impuesto de $3.102.712.

Señala que se presentó ante el Servicio solicitud administrativa mediante F.2117 folio N°77318549551 en el cual pidió anulación F.22 folio N°595007 y de los giros asociados a este, adjuntando propuesta rectificatoria que da un total a pagar igual a la declaración primitiva, y el 29/05/218 el Servicio por resolución exenta N°732 accedió íntegramente a lo solicitado por el contribuyente acogiendo la declaración rectificatoria F.22 folio 51609847 que reemplazó la primitiva declaración de impuestos anuales a la renta AT 2017, y la posterior presentada ante el Banco Santander, además de ordenar la devolución al recurrente por parte de la Tesorería de $2.886.244 por concepto de impuestos a la renta AT 2017 pagado indebidamente o en exceso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

2°) Que el recurrente hacen consistir el acto que tilda de ilegal y arbitrario en la decisión de la Tesorería General de la Republica de disponer el embargo de sus bienes en un procedimiento ejecutivo donde se persigue el pago de impuestos que ya se encuentran pagados y que fueron motivo de sus declaraciones. Alude para ello un error en las declaraciones incorporadas por el servicio.

Por su parte la recurrida controvierte la supuesta ilegalidad y arbitrariedad, por cuanto fue el propio recurrente quien hizo una rectificación de declaración errónea ante una institución bancaria, lo que significó un doble cobro del impuesto en un juicio ejecutivo donde debió hacer valer sus derechos.

3°) Que, en primer término y frente a la denuncia de extemporaneidad, ha de considerarse que el recurso de autos fue deducido dentro del plazo que señala el Auto Acordado que rige la materia, ya que se ataca -en concreto- la ampliación del embargo decretada el 30 de mayo de 2018, fecha desde la cual ha de computarse el plazo en cuestión, puesto que dicho acto es el que denuncia arbitrario e ilegal.

4°) Que, en cuando al fondo es preciso considerar que la naturaleza propia de esta acción constitucional y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente este arbitrio para discutir y resolver materias propias de un procedimiento declarativo, como en el caso de autos, donde la materia propuesta a esta Corte incide en un procedimiento ejecutivo para el pago de impuestos adeudados, tribunal tributario ante quien deben ser expuestas las excepciones y defensas que estiman asistirles.

5º) Que en efecto, el recurrente debió hacer uso de las herramientas legales que el procedimiento ejecutivo le confiere siendo improcedente que ello se quiera llevar a cabo por medio de la presente acción cautelar, destinada a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales afectados estén indubitados.

6°) Que, asimismo, resulta claro que dicha vía fue la utilizada por el recurrente, por cuanto a la fecha, la situación acontecida con la doble declaración y rectificación se encuentra aclarada por el Servicio de Impuestos Internos, quien determinó con la última declaración de impuesto, la suma correctamente adeudada, eliminando el doble cobro de impuesto y devolviendo al recurrente lo pagado en exceso, razón por la cual incluso el recurso perdió oportunidad al estar solucionado el motivo del reclamo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- que se rechaza la alegación de extemporaneidad.

II.- que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Carola Rivas Vargas.

N°Protección-6075-2018.