nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA (SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES)

C.A. de Concepción Concepción, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós.

VISTO:

Comparecieron los abogados Pablo Daniel Peñaloza Parra y Joaquín Andrés Contreras Roa, por sí y a favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, menor de edad, domiciliados en domicilio reservado, e interponen acción de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado por nombre reservado (sic), por la omisión de pronunciamiento sobre las solicitudes de permanencia definitiva, de 06 de mayo de 2020, 19 de mayo de 2021 y 09 de septiembre de 2021, vulnerando con ello el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 de Ley 19.880.

Exponen que los recurrentes ingresaron al país en calidad de turistas y estando dentro del mismo decidieron cambiar su condición migratoria a residentes temporarios por visa otorgada, según consta de estampados que acompañan, con el propósito de establecerse y desarrollar sus proyectos de vida en chile. Afirman que con fechas 06 de mayo de 2020, 19 de mayo de 2021 y 09 de septiembre de 2021, los recurrentes ingresaron sus solicitudes del beneficio migratorio de permanencia definitiva, según consta en comprobantes de solicitudes Nº 30123462, Nº 2301960, N°4556309 y N°2962382 que se acompañan.

Destacan que en el caso de nombre reservado, en virtud del vencimiento de su visa de residencia temporaria, antes de realizar su solicitud de permanencia definitiva, se calculó la sanción pecuniaria que le fue aplicada, mediante Resolución Exenta Nº 8861 de fecha 17 de abril de 2020, y posteriormente, con fecha 04 de mayo de 2020, realizó el pago correspondiente, todo lo cual se evidencia de comprobante que se acompaña. Asimismo, con ocasión a la solicitud ingresada, éste fue notificado por el servicio recurrido, con fecha 21 de abril de 2021, que debía subsanar documentos, otorgándosele un plazo de 5 días hábiles para cumplir con lo requerido, por lo que remitió la documentación solicitada, dando cumplimiento con el plazo otorgado, Hacen presente que a la fecha los recurrentes no han recibido ninguna respuesta por parte del servicio recurrido, ni se han liberado las ordenes de giro correspondientes al beneficio solicitado, lo que los mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado y que han transcurrido 10 meses y 12 días en relación a la solicitud realizada por la recurrente nombre reservado; 1 año, 2 meses y 2 días respecto de la solicitud ingresada por la recurrente nombre reservado; y 2 años, 2 meses y 15 días en lo que concierne a las solicitudes realizadas por los recurrentes nombre reservado y nombre reservado.

Indican que, conforme a lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, y particularmente lo establecido en los artículos 7 y 27, se consagra el principio de celeridad, esto es, que el procedimiento sometido a dicho criterio se impulsará de oficio en todos sus trámites. Asimismo, y en concordancia con lo anterior, afirman que el artículo 9 de dicho cuerpo normativo, refiere al principio de economía procedimental, que establece que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Solicitan tener por interpuesto el presente recurso en contra de la recurrida, por la omisión ilegal y arbitraria en la falta de emisión de las resoluciones exentas que ponen fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando las solicitudes de permiso de permanencia definitiva de los recurrentes, acogerlo ordenando al recurrido que se pronuncie sobre las mismas, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Informó el Servicio Nacional de Migraciones, por intermedio del abogado Francisco Javier Errázuriz Quiroz, solicitando el rechazo del recurso, en todas sus partes, dado que consta que nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana, ingresó al país con fecha 08 de marzo de 2019 por el paso habilitado Aeropuerto nombre reservado; que, mediante Resolución Exenta N° 4.654, de fecha 17 de abril de 2019, de la Gobernación Provincial de Concepción, se le otorgó visación temporaria en calidad de titular por el periodo de un año, con vigencia hasta el día 24 de abril de 2020; que, mediante Resolución Exenta N° 2.129, de fecha 11 de marzo de 2020, de la Gobernación Provincial de Concepción, se le otorgó autorización para trabajar por el período de 4 meses, con vigencia hasta el día 11 de julio de 2020; que, mediante Resolución Exenta N° 3.294, de fecha 03 de julio de 2020, de la Gobernación Provincial de Concepción, se le otorgó visación temporaria en calidad de titular por el periodo de un año, con vigencia hasta el día 17 de octubre de 2021; que el 09 de septiembre de 2021 la recurrente solicitó ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública el beneficio del permiso de permanencia definitiva; y, que el 09 de marzo de 2022 se dictó Resolución Exenta N° 22133076, en el que se aprueba avance en el estado de trámite de la solicitud de permanencia definitiva, señalando que se encuentra en “estudio preliminar”, lo que implica a) verificación de cumplimiento normativo para acceder al beneficio impetrado, junto al estudio en el que se revisa el cumplimiento de plazos de acuerdo a la actual normativa legal vigente y b) realización del estudio preliminar de toda la documentación en general y particular de las solicitudes, de conformidad a circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021.

Asimismo consta que nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ingresó al país el 13 de enero de 2017 por el paso habilitado Aeropuerto nombre reservado; que mediante Resolución Exenta N° 60.640, de fecha 14 de marzo de 2017, del Departamento de Extranjería y Migración se otorgó autorización para trabajar por el período de 4 meses, con vigencia hasta el día 17 de mayo de 2017; que, mediante oficio Reservado N° 2.333 del Departamento de Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile se informó sobre la denuncia por contrato falso respecto a una solicitud de visa sujeta a contrato de la extranjera, siendo esta rechazada mediante resolución Exenta N° 221.619 de fecha 16 de agosto de 2017, ordenando además el abandono del país en el plazo de 15 días, desde la notificación de la referida Resolución Exenta; que con fecha 16 de abril de 2018 la extranjera presentó recurso administrativo de reconsideración y mediante Oficio Ordinario N° 17.120, de 07 de febrero de 2019 se requirieron documentos para resolver lo relativo a la visa, entre ellos: 1. copia de pasaporte vigente y 2. certificado de vigencia notarial del contrato de trabajo con remuneración actualizada; que con fecha 25 de mayo de 2018 la extranjera postuló al proceso de regularización migratoria contemplado para ese año y mediante Resolución Exenta N° 51.483 de fecha 22 de febrero de 2019, del Departamento de Extranjería y Migración se regularizó la situación migratoria de la extranjera en el país, otorgándosele una visación temporaria en calidad de titular por el periodo de un año, con vigencia hasta el día 20 de mayo de 2020; que mediante Resolución Exenta N° 213.609, de fecha 10 de diciembre de 2020, del Departamento de Extranjería y Migración, se prorrogó la visación temporaria en calidad de titular por el periodo de un año, con vigencia hasta el día 20 de mayo de 2021; que con fecha 19 de mayo de 2021 la recurrente solicitó, ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el beneficio del permiso de permanencia definitiva; y que el 08 de marzo de 2022, se dictó Resolución Exenta N° 22129769 en que se aprueba avance en el estado de trámite de la solicitud de permanencia definitiva, señalando que se encuentra en “evaluación intermedia”.

Asimismo consta que nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ingresó al país el 13 de enero de 2017 por el paso habilitado, Aeropuerto nombre reservado; que mediante Resolución Exenta N° 221.619, de fecha 16 de agosto de 2017, del Servicio Nacional de Migraciones, se rechazó solicitud de visa y se ordenó el abandono del país en el plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la presente resolución; que con fecha 09 de noviembre de 2017, la extranjera interpuso recurso de reconsideración administrativa en contra de la resolución anteriormente mencionada; que, mediante Resolución Exenta N° 327.520, de fecha 09 de noviembre de 207, se dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 221.619 y se otorgó visación temporaria en calidad de titular por el periodo de un año, con vigencia hasta el día 11 de noviembre de 2018; que, mediante Resolución Exenta N° 138.928, de 24 de mayo de 2019, se le otorgó visación temporaria en calidad de titular por el periodo de un año, con vigencia hasta el día 22 de marzo de 2020; que con fecha 17 de enero de 2021 la recurrente solicitó ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública el beneficio del permiso de permanencia definitiva; y que el 07 de enero de 2022, se dictó la Resolución Exenta N° 22030355, en el que se aprueba avance en el estado de trámite de la solicitud de permanencia definitiva, señalando que se encuentra en “evaluación intermedia”, lo que incluye a) Análisis documental que implica validación de forma, vigencia y legalización -si fuese necesario-, además de la petición de información a instituciones externas, específicamente a las policías y Servicio Registro Civil e Identificación, sobre la existencia o no de antecedentes delictuales; y b) la evaluación analítica de documentos electrónicos o en papel, legalizados o apostillados, según corresponda, de conformidad a circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021.

Finalmente, consta que nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ingresó al país el 13 de enero de 2017 por paso habilitado, Aeropuerto nombre reservado; que, mediante Resolución Exenta N° 70.153, de fecha 23 de marzo de 2017, del Departamento de Extranjería y Migración, se otorgó autorización para trabajar por el periodo de 4 meses, con vigencia hasta el día 17 de mayo de 2017; que, mediante oficio Reservado N° 2.333 del Departamento de Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile se informó sobre la denuncia por contrato falso respecto a una solicitud de visa sujeta a contrato del extranjero, siendo esta rechazada mediante resolución Exenta N° 221.632 de fecha 16 de agosto de 2017, ordenando además el abandono del país en el plazo de 15 días, desde la notificación de la referida Resolución Exenta; que el 14 de noviembre de 2017 el extranjero presentó recurso administrativo de Reconsideración, que es resuelto mediante Resolución Exenta N° 31.238 de fecha 30 de enero de 2019, dejándose sin efecto la Resolución Exenta antes mencionada y la orden de abandono del país, otorgándose una nueva visación temporaria, en calidad de titular, por el periodo de un año; que, con fecha 02 de mayo de 2018, el extranjero postuló al proceso de regularización migratoria contemplado para ese año y mediante Resolución Exenta N° 41.877 de fecha 12 de febrero de 2019 se regularizó su situación migratoria en el país, otorgando una visación temporaria en calidad de titular por el periodo de un año, con vigencia hasta el día 22 de marzo de 2020; que con fecha 28 de abril de 2021 el recurrente solicitó ante el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública el beneficio del permiso de permanencia definitiva; y que el 05 de diciembre de 2021, se dictó Resolución Exenta N° 21253061, en el que se aprueba avance en el estado de trámite de la solicitud de permanencia definitiva, señalando que se encuentra en “análisis avanzado”, que incluye a) análisis de documentos fundantes y evaluación económica del solicitante; b) generación y solicitud de orden de giro para pago de derechos, si corresponde; c) análisis documental avanzado de acuerdo a la actividad económica declarada de cada solicitante. Por ejemplo, liquidaciones de remuneraciones, certificado de cotizaciones, boletas de honorarios, pagos de IVA mensual, balances, declaraciones de impuesto a la renta, entre otros; y d) acreditación de vínculos familiares mediante documentos idóneos cuando sea pertinente, de conformidad a circular N° 12 del Servicio Nacional de Migraciones, de fecha 24 de noviembre de 2021.

En otro orden de ideas, sostiene que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicten un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación, más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, no es la interposición de esta acción, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo. Asimismo, afirma que la vía judicial ha vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley de los demás solicitantes de permisos de residencia, por cuanto la consecuencia directa de la interposición de estos recursos es la urgencia aplicada en responder a este reducido universo de casos, a fin de cumplir los requerimientos judiciales, esto es, dando prioridad a quienes recurren en desmedro de las más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad migratoria en la actualidad.

Arguye que en virtud del artículo 41 del Decreto Ley N°1.094, de 1975, Ley de Extranjería; artículos 80 y 125 del Decreto Supremo N°597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería y actualmente artículos 38 y 45, este último en relación con el artículo 43, todos de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, estando en tramitación la solicitud de los extranjeros, éstos mantienen una situación migratoria regular en el territorio nacional, por lo que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que se le pueda imputar a la recurrida, por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, acorde a lo anotado en la parte expositiva precedente, los recurrentes tildan de ilegal y arbitraria la omisión de la recurrida de pronunciarse acerca de su solicitud de otorgamiento de residencia definitiva, y que fueron presentadas con fecha con fecha 06 de mayo de 2020, 19 de mayo de 2021 y 09 de septiembre de 2021, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado hasta la fecha.

TERCERO: Que de los antecedentes fluye que son hechos incontrovertidos los siguientes:

1.- Que con fecha 06 de mayo de 2020, 19 de mayo de 2021 y 09 de septiembre de 2021, los recurrentes presentaron su solicitud de permiso de permanencia definitiva, mediante los canales digitales establecidos por la autoridad migratoria;

2.- Que tales solicitudes fueron acogidas a trámite y se emitió comprobante de “permiso de permanencia definitiva en trámite”; y, 3.- Que respecto de cada solicitante dicha petición se encuentra en el estado de tramitación que en cada caso se informó por la autoridad recurrida.

CUARTO: Que, en relación a la improcedencia de la acción constitucional planteada por la parte recurrida, aduciendo que lo que corresponde es alegar por la vía administrativa el silencio de la autoridad, ello ha de ser desestimado, habida consideración que lo discutido en esta sede constitucional, es la afectación de derechos fundamentales por un acto u omisión de un órgano del Estado que se estima ilegal o arbitrario, materia que esta Corte está autorizada para examinar, sin perjuicio de otras acciones que puedan ser ejercidas por la actora, conforme lo establece expresamente el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que dicho lo anterior, lo primero que cabe advertir es la aplicación al presente caso de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880, conforme al cual: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de seis meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

En este entendido, se evidencia desde luego la efectividad de lo afirmado en el recurso, comoquiera que no se ha emitido acto administrativo terminal alguno que se pronuncie sobre las solicitudes de permiso de permanencia definitiva de los recurrentes, habiendo transcurrido, desde la data de presentación de la solicitud respectiva hasta la fecha de interposición del recurso de autos, un tiempo que, no sólo desde una mirada normativa sino también desde una perspectiva de racionabilidad, resulta excesivo.

SEXTO: Que, la anotada omisión constituye, también, una vulneración de los principios de celeridad y conclusivo que se establecen en los artículos 7° y 8° de la aludida Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos. En efecto, en virtud del primero se establece que el procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites; y, en el segundo, se prescribe que todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, y teniendo presente el escenario descrito, el órgano recurrido –actualmente el Servicio Nacional de Migraciones (Ley N°21.325) ha incurrido en un comportamiento, según lo dicho, ilegal, y, además, arbitrario, que atenta contra la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, desde que su actuación –o más bien falta de actuación- importa una discriminación en perjuicio de los recurrentes en relación con otras personas que, en condiciones jurídicas equivalentes, han obtenido la decisión de sus solicitudes dentro de los plazos razonables que confiere la ley.

Lo anterior no se altera por el hecho que la autoridad haya avanzado el procedimiento administrativo de que se trata a una etapa de “estudio preliminar” “evaluación intermedia” o “análisis avanzado”, ya que esto último lo vino a materializar mucho tiempo después desde la data de ingreso de la respectiva solicitud.

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción opuesta por la recurrida, y;

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en cuanto se ordena que el Servicio Nacional de Migraciones, deberá pronunciarse, mediante un acto administrativo terminal, sobre la solicitud de permanencia definitiva planteada por los recurrentes, dentro del plazo de sesenta días hábiles administrativos, luego de ejecutoriada que sea la presente sentencia y previo pago de los derechos que fueren procedentes.

Dicho órgano administrativo deberá informar oportunamente a esta Corte, acerca de la decisión que se adopte. Ofíciese al efecto una vez que este fallo quede firme.

Dése oportuno cumplimiento al numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro don Juan Ángel Muñoz López.

Rol N° 60.364-2022- Protección.